Adan Morales García
Expediente 981/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Adan Morales García
- Junta Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VISTA LA CERTIFICACIÓN DE LA QUE SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL TERMINO CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFESTARA LO QUE A SU INTERES CONVINIERA, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE*******EN LA QUE SE CONCEDIÓ AL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A***POR LO QUE SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA****SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LA MISMA****LA INFORMACION ES PUBLICA Y ESTARA A DISPOSICION DE LAS PARTES CUANDO LO SOLICITEN****
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AGRÉGUESE LOS PRESENTES AUTOS EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR.... MEDIANTE EL CUAL EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO.... REMITE COPIAS CERTIFICADAS DE DIVERSAS CONSTANCIAS...... EN ESAS CONDICIONES PARA DETERMINAR LO PROCEDENTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICE..... DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS SIGUIENTES AL QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN QUE DEL PRESENTE PROVEÍDO SE HAGA MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA....APERCIBIDAS QUE DE NO HACERLO ASÍ DENTRO DEL LAPSO INDICADO, ESTE JUZGADO FEDERAL EMITIRÁ UN AUTO EN EL QUE SE PRONUNCIARÁ ACERCA DEL CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR...
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VISTA LA CERTIFICACION DE CUENTA...DE LA QUE SE ADVIERTE QUE NINGUNA DE LAS PARTES INTERPUSO RECURSO DE REVISION EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN ESTOS AUTOS....EN LA QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL..SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA...CON APOYO EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE...REQUIERASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE TRES DÍAS...REMITA COPIAS CERTIFICADAS DE LAS...SE APERCIBE CON MULTA...
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Acto seguido, el secretario hace relación de constancias de autos entre las cuales destacan el escrito inicial de demanda, auto admisorio, constancia de notificación a las autoridades responsables. A continuación, se abre el período probatorio y el secretario da cuenta con la prueba documental ofrecida por la autoridad responsable. El Juez acuerda: Con fundamento en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la prueba documental ofrecida por la autoridad responsable. En lo que refiere a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, consistente en la instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, dado que tales medios de convicción se refieren a la designación sobre las pruebas recabadas en el juicio; al respecto, ilustrativamente se invoca el criterio sostenido por el Otrora Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS.- Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos". A continuación se procede a abrir el periodo de alegatos. Se hace constar que la parte quejosa ni el Agente del Ministerio Público de la adscripción formularon alegatos El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior certificación para los efectos legales conducentes. Cerrado el período de alegatos, se declaran vistos los autos para dictar la siguiente sentencia. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 981/2019-VII-1, promovido por Adán Morales Garcia, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Antecedentes: Del trámite del juicio de amparo. Presentación de la demanda: veinte de junio de dos mil diecinueve (foja 1 a 6). Admisión: mediante auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo fojas (7 a 14). Emplazamiento al agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito: veinticinco de junio de dos mil diecinueve (foja 16). C O N S I D E R A C I O N E S: Primero. Competencia Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en el Estado de Tabasco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza laboral y la autoridad responsable reside en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. La fecha señalada en auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral 4429/2014. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, aceptó el acto reclamado; lo que se corrobora con las constancias que acompañó como apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada del auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 4429/2014 de su índice, la que por ser documento público se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, se tiene por acreditada la existencia del acto reclamado por la quejosa. CUARTO. Al no existir causas de improcedencia aducidas por las partes, ni advertirse alguna cuyo examen deba analizarse de oficio en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de fondo del presente juicio constitucional. QUINTO. La parte quejosa aduce que el acto reclamado es violatorio de sus garantías contenidas en el artículo 17 constitucional, en razón de que al señalar una fecha lejana para la audiencia de conciliación demanda y excepciones en el expediente laboral 4429/2014 del índice de la responsable, impide el acceso a una justicia pronta y expedita. Es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, el concepto de violación alegado, de acuerdo a las siguientes consideraciones. En principio, es menester hacer referencia al contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El precepto en análisis pertenece a la especie de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos del derecho fundamental concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XV, mayo de 2002, página: 299, la cual dispone: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De estos atributos, el que resulta útil para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Del texto constitucional se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral. Conforme a lo anterior, y apreciado el precepto constitucional en análisis (17 constitucional), en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, faltó al derecho fundamental de administración de justicia pronta cuando no tramite ni resuelva los juicios laborales en los plazos y términos que la propia Ley Federal del Trabajo prevé. El precepto en cita decreta la obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia, esto es, de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes, la naturaleza expeditiva de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta en el caso concreto en que la autoridad no desarrolla el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no le da seguimiento diligentemente, sino con dilación o demora, implicando un perjuicio a la parte más vulnerable, como lo es el actor, aquí quejoso, por el hecho de que no se le administre justicia dentro de los plazos establecidos en las normas jurídicas. Ahora bien, el quejoso aduce como motivo de disenso, que se trasgrede en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, pues la autoridad responsable ha señalado una fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, sin respetar el derecho fundamental relativo a la administración de justicia pronta y expedita. Asimismo, de las constancias que acompañó la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a su informe justificado, se advierte que se incumplió con el principio de justicia pronta, como a continuación se verá. El siete de junio de dos mil diecinueve, la junta responsable difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones señalada para esa data, señalando las once horas del dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, para la celebración de la misma. Para mayor abundamiento es pertinente señalar que el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo esencialmente señala: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor..." Del numeral citado, es claro que la junta laboral señalada como responsable tiene la obligación de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del procedimiento laboral correspondiente, dentro de los quince días siguientes al en que haya recibido el escrito de demanda; siendo que para el caso, de la fecha del acuerdo relativo de siete de junio de dos mil diecinueve, a la del señalamiento de la audiencia descrita (once horas del dieciocho de octubre de dos mil diecinueve), se señaló mas de cuatro meses después. Con lo anterior es indiscutible la diferencia entre el término que expresa la ley laboral en el artículo en comento, y el plazo señalado por la responsable para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; lo cual se traduce en una irregularidad en la administración de justicia. Conforme a esto, basta que la omisión o el retardo de la autoridad se prolongue más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y resolución del juicio o procedimiento respectivos, para actualizar la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución de un resultado. CONCLUSIÓN Y EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. En consecuencia, resulta procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la responsable deje insubsistente el auto de siete de junio de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 4429/2014, únicamente en la parte que contiene el señalamiento de la audiencia de conciliación demanda y excepciones (once horas del dieciocho de octubre de dos mil diecinueve); y proceda a dictar otro en el que señale nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia respectiva que no resulte excesiva para su desahogo; restituyendo así al impetrante de garantías en el goce de la garantía tutelada por el artículo 17 constitucional; lo anterior, tomando en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, y en consideración a la etapa procesal en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. SEXTO. LEY DE TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles integrados a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos allegados a este asunto sólo fueron utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y a su vez, los mismos son protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten están a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que ante la falta de oposición a la publicación de datos sus personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la última ley en cita y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, conlleva su consentimiento para que en las resoluciones dictadas se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Por lo expuesto y fundado, y, con apoyo, además, en los artículos 17, 18, 61, 63, 74, 75, 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Adán Morales García, en contra de los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por las consideraciones y fundamentos vertidos en el considerando quinto de esta sentencia.
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