Adán Miguel Castro.

Expediente 266/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
266/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
25/04/2018

Partes del expediente

  • Adán Miguel Castro.
  • Jueza de Control del Distrito Judicial de Asunción Nochixtlán, Oaxaca.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos se advierte, se concedió medida cautelar a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido; este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo y la resolución emitida y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 266/2018; y, R E S U L T A N D O: I.- Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta población, ADÁN MIGUEL CASTRO, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a sus derechos humanos contenidos en el artículo 1, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, de quien reclamó: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- a).- De la ordenadora y ejecutora: El acuerdo de fecha dos de marzo del dos mil dieciocho, dictado dentro de la causa penal 197/2017, emitido por la jueza de control del Distrito Judicial de Asunción Nochixtlán, Oaxaca." II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. Por cuestión de turno, dicha demanda fue remitida a este órgano jurisdiccional, la cual se radicó el trece de marzo de dos mil dieciocho, con el número 266/2018, ordenándose admitir a trámite, solicitar su informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza penal y que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado en el presente juicio de amparo: 1. El acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 197/2017, por la Juez de Control del Distrito Judicial de Nochixtlán, Oaxaca, instruida en contra del quejoso como probable responsable en la comisión del delito equiparado a la violación tumultuaria, mediante el cual no accedió a la ampliación del término concedido para la investigación complementaria por un mes y medio más. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Juez de Control del Distrito Judicial de Nochixtlán, Oaxaca, aceptó el acto que se le atribuye. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 305, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, correspondiente a la Materia Común, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con la reproducción de un disco DVD, del que se imprimió un archivo en formato PDF ahí contenido (fojas 18 - 51); prueba documental a la que se le concede pleno valor probatorio con apoyo en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acude en apoyo la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostenida al resolver la contradicción de tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, registro 2004362, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. Causas de Improcedencia. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El precepto legal citado establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ..." Atento a lo anterior, el auto de dos de marzo de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 197/2017, por la juez responsable, en el que se niega a acceder a la ampliación del término concedido para la investigación complementaria, que aquí le reclama el quejoso, debió combatirse mediante el recurso de revocación previsto en los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: ".Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." Lo anterior, dado que es una resolución de mero trámite que no afecta ni amenaza directa o indirectamente un bien supremo como la libertad; además que sus efectos se reflejan únicamente al modo en que se sustancia el procedimiento; de ahí que no tiene mayor carácter que el de ser regulatorio del trámite de la investigación judicializada. Luego, dicho medio de defensa está previsto en una ley formal y material, tal como lo es el indicado Código Nacional de Procedimientos Penales que rige el acto reclamado. Además, debe destacarse que dicho recurso es accesible al quejoso, en la medida que es imputado en el procedimiento natural; de modo que goza de legitimación en la causa y en el procedimiento para poder hacer uso del recurso de revocación, así como de todos los medios de defensa previstos en el citado ordenamiento, que, como se dijo, regula el procedimiento que se le instruye. Finalmente, dicho medio de impugnación tiene el alcance de transformar la resolución reclamada, dado que en términos de los artículos invocados, su objeto será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda; lo que implica el alcance que tiene para transformar la situación jurídica generada por el auto que se impugna, y en caso de considerarlo oportuno, el órgano jurisdiccional podrá anularlo o darle otro sentido jurídico. Además, el acto que se reclama no se ubica en alguno de los casos de excepción a que se refiere el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues no se trata de un acto que importe privación de la vida, deportación, destierro o cualesquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna. En estas circunstancias, si el quejoso no agotó el diverso medio ordinario de defensa susceptible de revocar, nulificar o modificar el acto que por esta vía constitucional se combate, resulta innegable que no se agotó el principio de definitividad; y por consiguiente el juicio constitucional que se resuelve es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial la tesis VI.2o.50 P, visible en la página 475, del tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, respectivamente, dicen: RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA PENAL, OBLIGACIÓN DE AGOTARLOS CUANDO NO ATACAN LA LIBERTAD PERSONAL DE LA AGRAVIADA. Si la resolución reclamada fue dictada en un proceso penal, por virtud de la cual se requirió a la hoy quejosa que restituyera provisionalmente el inmueble en controversia a la ofendida, y ésta no ataca la libertad personal de la agraviada, debió combatirla a través del recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, requisito indispensable que debió agotar la recurrente previamente a interponer la tramitación del juicio de garantías, por lo cual sí debió hacer valer ante el juez de la causa los medios ordinarios de defensa que la ley otorga, por lo que en esas condiciones se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así también, se invoca en apoyo la jurisprudencia número 986, emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 678, del tomo VI, parte TCC, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Séptima Época, con número de registro 394942, que es del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Atento a lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. QUINTO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ADÁN MIGUEL CASTRO, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta y anexos remitidos vía postal y correo electrónico por la Juez de Control del Distrito Judicial de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, en el que precisa que rindió su informe previo, toda vez que el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia en el presente incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.

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