Adan Mejia Hernández

Expediente 1764/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1764/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Adan Mejia Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual informa los actos que ha realizado a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto téngase por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a Carlos Salvador Ávila Mariscal, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente proveído, remita copia certificada de las constancias de emplazamiento realizado a los terceros llamados a juicio Sindicato de Trabajadores de Industrias y Comercios del Estado de Morelos e Instituto Mexicano del Seguro Social, en el juicio laboral 206/2012.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo promovida por Adán Mejía Hernández, contra actos del Juez Penal de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Ahora, se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". El quejoso señaló como acto reclamado en esencia la orden privativa de libertad girada en su contra, consistente en orden de aprehensión, presentación y/o comparecencia. Al respecto, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del primero de los artículos trascritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos establecidos para ello. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Apoya lo anterior en vía de orientación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 57/2008-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Al resolver la contradicción de tesis que originó la citada jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Además, el Máximo Tribunal enunció que es clara la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, la esencia del artículo 18 de la ley de la materia, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, se sustenta, entre otros supuestos, en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Acotado lo anterior, en la especie, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que por esta vía combate desde el treinta de mayo de dos mil dieciocho, ya que así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda de amparo. En esa tesitura, la confesión expresa de la parte quejosa hace prueba plena respecto del conocimiento de la controversia génesis del acto reclamado y, por ende, desde ese momento tuvo oportunidad de promover el juicio constitucional. Apoya a lo anterior, en lo conducente el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 199 del Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, segunda parte-1, julio a diciembre de 1989, correspondiente a la octava época que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA. De la interpretación del artículo 21 de la Ley de Amparo, se llega al convencimiento de que como el legislador establece diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, el juzgador que previene de la demanda no debe invariablemente empezar a contar dicho término al día siguiente de cualquiera de los tres medios que se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, tales como: la notificación, el conocimiento, o la confesión, sino que es necesario que haga distinciones en cada caso concreto. De otra suerte hubiera sido suficiente con que el legislador dispusiera que el término de quince días empezaría a contarse al día siguiente de aquel en que por cualquier medio o circunstancia el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. En tal virtud, la misma diferencia específica entre los conceptos utilizados por el legislador en la enumeración de las tres formas por medio de las cuales el quejoso se puede enterar legalmente de un acto de autoridad, debe servir al juzgador para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Desde luego, la notificación legal del acto reclamado, ha de prevalecer sobre el conocimiento del mismo cuando mediando aquélla el quejoso, que ha sido parte en el procedimiento del que emanó el acto reclamado, pretende hacerla a un lado por convenirle más a sus intereses expresar que ha tenido conocimiento del acto de autoridad en determinada fecha y no prueba que la notificación del mismo sea ilegal o no la controvierte en ninguna forma. Sólo a falta de notificación, el cómputo del término ha de iniciarse a partir de que el quejoso manifiesta haber tenido conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, la tercera fórmula expresada por el legislador en el artículo 21 en comento dice: "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos". Aunado, a que resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento del acto que dice le agravia, prepondera sobre cualquier otra fórmula empleada en la Ley, ya que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 el propio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, el cual establece: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio". En esas condiciones, se colige que el promovente del amparo, tuvo conocimiento pleno de la existencia del acto que por esta vía constitucional reclama, desde el día treinta de mayo de dos mil dieciocho, como el mismo lo precisa en el capítulo de su demanda de amparo que denomina "ANTECEDENTES". Así pues, al realizar el cómputo del plazo que tuvo el quejoso para presentar su demanda de amparo, se advierte que aquél transcurrió en exceso, pues su demanda la presenta hasta el día treinta de octubre de dos mil dieciocho, toda vez que transcurrió del treinta y uno de mayo al veinte de junio de dos mil dieciocho, mediando como días inhábiles los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de junio del año en curso, por ser sábados y domingos, de donde se advierte que cuando menos desde esa fecha el impetrante estuvo en aptitud de promover este juicio de amparo, y si la demanda de amparo fue presentada hasta el día treinta de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, es inconcuso que resulta extemporánea. Lo que hace que se ponga de manifiesto que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado fue consentido en razón de que no promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto por la ley de la materia, tal y como lo establece el numeral antes referido y el diverso 17 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, basta con que el quejoso haya expresado la fecha, sin que medie coacción o violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir de la fecha en que se hizo sabedor del acto reclamado, tomando en cuenta que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que fue enterado del acto reclamado con fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, por tanto, como se adelantó, resulta NOTORIAMENTE EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA DE AMPARO presentada por Adán Mejía Hernández. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos numerales 17 y 113 de la citada legislación, procede DESECHAR la demanda de amparo intentada por Adán Mejía Hernández, por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Es aplicable también al caso, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 30/994, publicada en la página 40, del Anexo al Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente, al terminar el año de mil novecientos noventa y seis, que aparece bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO". Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica para los efectos de oír y recibir notificaciones. Se tiene por autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista Héctor Raúl Román Delgado, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por autorizado a José Carlos Cedillo Muñoz, únicamente para oír y recibir notificaciones por no cumplir con dicha formalidad, y por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que señala para tal efecto.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el dictamen pericial de Roberto González Salgado, perito oficial designado por este Juzgado, agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales conducentes; en consecuencia, requiérase al perito mencionado, para que dentro del término de tres días, contado a partir del momento en que quede legalmente notificado de este auto, se presente en las instalaciones de este Tribunal Federal debidamente identificado con original y copia de documento oficial vigente con fotografía a ratificar el dictamen pericial de cuenta. Apercibido que de no cumplir con lo anterior o no informar dentro del mismo lapso el impedimento legal o material que tuviere para no hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238 y 239, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Por lo anterior, gírese oficio a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional notifique personalmente al perito oficial Roberto González Salgado. NOTIFÍQUESE.

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