Adan Martinez Gonzalez

Expediente 588/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
588/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
20/07/2018

Partes del expediente

  • Adan Martinez Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    ... HA CAUSADO ESTADO... ARCHÍVESE...; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN...

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de julio de dos mil dieciocho. 1. RADICACIÓN Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en esta ciudad y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-588/2018-2. 2. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda se advierte que los quejosos señalan como acto reclamado: ".la resolución de fecha 19 de junio del año 2018; mediante la cual, el Magistrado de la Séptima Sala Penal la modificación de la resolución del juez de control sobre la exclusión de medios de prueba, emitida en audiencia intermedia de fecha 22 veintidós de mayo del 2018, dos mil dieciocho, dentro del proceso penal 55/2017, instruida en contra de Moisés Huante Correa, por el hecho que la ley señala como delito de Feminicidio, cometido en detrimento de la víctima de iniciales L.M.M.; mediante el cual admite medios de prueba.". Ahora de los antecedentes de la demanda en estudio, se aprecia que en la causa penal aludida la defensa ofreció diversos medios de convicción, los cuales el juez responsable determinó excluirlos, inconforme con ello se interpuso recurso de apelación del cual conoció la Séptima Sala Penal responsable, quien modificó la resolución de exclusión de prueba, para ordenar admitir la probanza que había sido excluida y se insertara en el auto de apertura a juicio oral. Acto respecto del cual el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia prevista por los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley en comento, los cuales textualmente señalan: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley." "ARTICULO 107. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivo tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/90, que dio origen a la jurisprudencia número 189, definió a los actos de imposible reparación, como aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Dicha tesis es visible en la página 154, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, del texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable", los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Ahora bien, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación en atención al numeral transcrito, debe entenderse como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que la afectada obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Luego, del análisis del escrito de demanda de amparo, se advierte que los quejosos señalan como acto reclamado, la resolución de diecinueve de junio del año en curso, mediante la cual, el Magistrado responsable modificó la resolución del Juez de Control sobre la exclusión de medios de prueba, emitida en audiencia intermedia el veintidós de mayo pasado, dentro del proceso penal 55/2017, para ordenar admitir la probanza que había sido excluida y se insertara en el auto de apertura a juicio oral; esto es, que el acto reclamado constituye un acto procesal que no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, pues la resolución en comento no incide en los derechos sustantivos de la parte quejosa. En base en esas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, de lo expuesto se obtiene que en el particular, la resolución que modificó la de primera instancia a efecto de admitir pruebas y se inserten en el auto de apertura a juicio oral, en el proceso penal número 55/2017, no es susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, toda vez que de la lectura del libelo constitucional, no se advierte que dichas violaciones sean de las que causen a las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, sino que sólo produce efectos intraprocesales, dado que no se ha dictado sentencia en el citado juicio de origen, misma que sería la que en su momento podría llegar a causar un perjuicio en contra de las partes, pues hasta este momento este juzgado no advierte afectación a derechos sustantivos. Como se ve, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues del mismo se advierte que en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, virtud a que en modo alguno, otorga a éste, la característica de irreparabilidad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que en el presente caso, existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan, si el agraviado obtiene sentencia favorable a sus intereses en el juicio de donde emana el acto reclamado, ya que de llegar a ocurrir ésto último, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte quejosa. En el caso, es necesario referir que el artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el amparo directo contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa a la parte quejosa, se precisa esto, en virtud de que aun en el caso de que la sentencia que se llegara a dictar en el expediente de origen fuera adversa a los intereses del quejoso, éste tiene oportunidad de hacer valer la violación de la que ahora se duele en el juicio de amparo directo, de conformidad, además, con los artículos 170 y 172 de Ley de Amparo. En consecuencia, en el caso concreto el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos del quejoso, si se atiende a que la determinación del magistrado responsable de modificar la resolución de primera instancia a efecto de admitir pruebas y se inserten en el auto de apertura a juicio oral, en el proceso penal número 55/2017, no le causa un perjuicio de imposible reparación, entendidos éstos, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que únicamente se afecten derechos adjetivos o procesales, que pueden ser reparados si obtiene sentencia definitiva favorable, o en su caso hacer valer dicha violación en el amparo directo que se promueva en su oportunidad. Tiene aplicación la jurisprudencia, aplicada por identidad jurídica, consultable en la página 394, aplicada por identidad de razón, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA VIOLACION PROCESAL TRATANDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley". Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que enseguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente." Así como la diversa tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia Común consultable en la página 1891 del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS DESECHA O ADMITE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). El desechamiento y admisión de pruebas son, por regla general, reclamables junto con la sentencia definitiva en el juicio de amparo directo, pues no concurren circunstancias de irreparabilidad trascendentes en el procedimiento, que dependan para el dictado de la sentencia o para asegurar la continuación del trámite del juicio natural. Este criterio debe seguir rigiendo, salvo casos específicos, en términos del artículo 160, fracción VI, de la Ley de Amparo para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de México, pues las reglas a seguir para la procedencia del juicio de garantías, hasta este momento, siguen siendo las mismas; consecuentemente, contra la resolución que admite o desecha pruebas documentales en la audiencia intermedia es improcedente el amparo indirecto, pues además de que no constituye un acto de ejecución irreparable, el artículo 421 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México prevé que procederá la reposición del procedimiento cuando el tribunal de apelación advierta que hubo alguna violación procesal que haya afectado los derechos de alguna de las partes y que hubiera trascendido al sentido de la resolución, de modo que mediante la promoción del recurso ordinario respectivo el quejoso tiene la posibilidad de reparar dicha violación en una instancia ulterior si es que tal proceder trasciende al resultado del fallo, lo que implica que no desaparece la posibilidad de obtener un fallo definitivo favorable." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 107, a contrario sensu; se DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. 3. TRANSPARENCIA. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. 4. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, dado que tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversa persona que señala, virtud a que no cumple con los lineamientos que establece ese numeral. 5. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.

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