Adán Martínez Flores

Expediente 657/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
657/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Adán Martínez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Uruapan, Michoacán, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Adán Martínez Flores, Ángel Cesar Martínez Martínez y Francisco Hernández García, por propio derecho, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Secretaria de Gobernación, y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 657/2019-IV; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ADMISIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y VXV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes reclaman lo siguiente: ... SUSPENSIÓN DE OFICIO. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado para el efecto de que las autoridades administrativas, en caso de no haberse llevado a cabo el traslado, se abstengan de realizarlo; o bien, en caso de haberlo efectuado, restituyan a los peticionarios de garantías al lugar donde se encontraban antes de su reubicación. Lo anterior, tiene sustento, en virtud que el juicio de amparo ha de ser una herramienta eficaz en la protección y restauración de los derechos humanos, por ello, en el artículo 147, párrafo segundo, de la ley de la materia, se ampliaron los efectos de la suspensión, para que en los casos en que la naturaleza del acto reclamado lo permita, esa figura sirva como medida restitutoria provisional de los derechos afectados por determinado acto y así evitar que el proceso constitucional autónomo pierda su materia al haberse consumado la afectación irremediable a los derechos de los quejosos. De ahí que la medida deba concederse con efecto restaurativo, a fin de restablecer a los quejosos en el goce del derecho humano vulnerado, a efecto de que se les reincorpore al centro de reclusión en el cual se encontraban, pues de no paralizarse el acto reclamado, se corre el riesgo que se sufra en su totalidad la violación alegada y no se cumpla con el objetivo de la suspensión de plano. Se invoca en esta parte por identidad de razón, la tesis I.10o.P.1 P (10a.) de contenido: ... A mayor abundamiento, el acto participa de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora en caso de permitir la continuación del acto, que permite conceder la suspensión en esos términos, al advertirse que la autoridad emisora del traslado carece de competencia constitucional para ordenarlo, pues el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Federal, vigente a partir de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, prevé que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CLXVI/2014 (10a.) visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 824, registro 2006256, estableció que con la entrada en vigor de la reforma de la Constitución de dieciocho de junio de dos mil ocho, se generó un cambio sustancial, en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, como el traslado de internos, que corresponde a las autoridades judiciales. Ahora bien -consideró la Sala-, la interpretación realizada por el Pleno respecto a que la autoridad judicial era la competente para autorizar el traslado de un sentenciado de un centro de reclusión a otro, debía extenderse a la orden de traslado que se emitía en la fase o etapa de proceso, pues el tiempo de la prisión preventiva era parte de la pena de prisión que se imponía, toda vez que aquél se restaba a los años, meses y días de la pena que en definitiva se imponía al sentenciado para compurgar. En ese sentido -aludió la Sala-, si el periodo de duración de la prisión preventiva se resta de la pena impuesta en sentencia definitiva, entonces todo lo relacionado con las condiciones en que se lleve a cabo la prisión preventiva, como el lugar en donde estará preventivamente privado de su libertad, debe ser autorizado por el juez del proceso o de la causa penal. Por último, determinó que la orden de traslado emitida por el director de un centro de reclusión, cuando el interno se encuentre en prisión preventiva durante la etapa procesal del juicio, debe ser autorizada por el juzgador que instruya el proceso. ... AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, toda vez que en los párrafos que anteceden se concedió la suspensión de plano. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles. ... Notifíquese.

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