Adán Loubet García
Expediente 498/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Adán Loubet García
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta de la que se desprende: [1] En el libro de registro de correspondencia que se lleva en la Oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron el auto de veintitrés de junio del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que las partes fueron notificadas el veinticuatro siguiente, quedando comprendido dicho plazo del veintisiete de los propios mes y año al once de los cursantes; [2] no existen documentos originales ni tomo de pruebas que devolver a las partes, y [3] las actuaciones que integran tanto al expediente físico como el electrónico, son coincidentes en su totalidad. En consecuencia, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, ARCHÍVESE el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DEPURABLE, toda vez que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados.
- Principal
De conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tienen recibidos los oficios signados por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación y por instrucciones del Titular de dicha dependencia y por el Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, ambos con sede en esta ciudad, por medio del cual rinden informe relativo a la suspensión de plano. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Sobreseimiento fuera de audiencia. Con el contenido de los informes de cuenta, relacionados con la documental que anexa la autoridad citada en segundo orden, se evidencia la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; Del precepto transcrito, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; entendiéndose como tales cuando han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violentado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior, en términos de las razones dadas en la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 171537, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." Expuesto lo anterior, en la especie Abraham Guillermo Herrera López promovió la demanda de amparo que nos ocupa en representación del directo quejoso Adán Loubet García, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, que hizo consistir en la privación ilegal de la libertad e incomunicación Así, en auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, se concedió al directo quejoso la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados para efecto de que de manera inmediata cesara su detención, y las responsables lo pusieran en libertad o a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que éste último determinara lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención. Ahora, mediante los oficios de cuenta, el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación y por instrucciones del Titular de dicha dependencia y el Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, ambos con sede en esta ciudad, rindieron su informe en relación a la suspensión de plano aquí concedida, y este último ofreció, una prueba documental, consistente en copia certificada del oficio con número de folio 487406 de veintiuno de junio del año en curso, en el que el Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, decretó la inmediata libertad del directo quejoso por cumplimiento de arresto. Así, del informe rendido por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación y por instrucciones del Titular de dicha dependencia, en esta localidad, así como del análisis de la documental pública de mérito ?la cual merece valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°? se desprende (i) que el quejoso Adán Loubet García fue detenido a las ocho horas con veintitrés minutos del veinte de junio del año en curso, por realizar en flagrancia conductas ilícitas contra la tranquilidad y seguridad de las personas, alterando el orden público y (ii) que fue puesto en libertad a las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del veintiuno de junio de dos mil veintiuno. En esa tesitura, la obtención de libertad por parte del directo quejoso, pone de manifiesto la consumación irreparable de la detención reclamada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque incluso de otorgarse la protección constitucional, por la propia naturaleza de esos actos, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, volumen 75, sexta parte, página 16, registro 254735, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACION DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Sostiene el quejoso haber sido detenido e incomunicado con motivo de la investigación de probables hechos delictuosos, pero a la fecha se encontraba gozando de su libertad, en estas condiciones debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, puesto que, por la propia naturaleza de esos actos, sería imposible restituir al quejoso en el gozo de las garantías que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar esos actos, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la detención y la incomunicación sufridas por el quejoso. Al expresar el recurrente que su representado goza de una libertad precaria, plena de incertidumbre que lo imposibilita para defenderse, claramente revela el temor de que ese mismo quejoso sea perturbado en el futuro, pero la existencia de dicho estado emocional no se opone a considerar que la detención y la incomunicación en sí mismas han concluido definitivamente. Si con motivo de nuevos actos de las autoridades responsables, el quejoso fuere perturbado y estimare que se violan las garantías individuales en su perjuicio, esos actos serían distintos de los reclamados en esta controversia y, en todo caso, podrían ser reclamados en diverso juicio constitucional; pero debe reiterarse que los que en este amparo reclama, definitivamente han dejado de producir efectos y se han consumado en forma irreparable." En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo promovido por Abraham Guillermo Herrera López, en favor del directo quejoso Adán Loubet García, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad y otras autoridades.
- Principal
RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Vista la razón actuarial levantada por la Actuaria adscrita en la que hace constar que el directo quejoso Adán Loubet García, fue notificado personalmente del auto de veintiuno de junio del año en curso, y ratificó la demanda de amparo; en consecuencia se provee: ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En términos de los numerales 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, constitucionales, 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción VI, 108, 112, 115, y demás relativos de la ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a partir del tres de agosto de este año, se exhorta a las partes, con la finalidad de que realicen los trámites necesarios para continuar el presente sumario bajo el esquema de "juicio en línea". SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, el que deberán rendir dentro de los quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se solicita. De acuerdo a lo que establece el ordinal 117 de la Ley de Amparo, las responsables al rendir su informe justificado, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, asimismo, acompañar, en su caso, copia certificada, completa y legible de las constancias conducentes para apoyarlo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y con fundamento en lo que dispone el precepto 260, fracción II, de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Además, de expresar un hecho falso o de negar la verdad, al rendir el informe de que se trata, incurrirán en el delito contemplado en el arábigo 262 de la legislación reglamentaria invocada, sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la anotada Unidad de Medida y Actualización, y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público. Con la finalidad de agilizar el expediente en que se actúa, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que pueden remitir el informe que les fue requerido vía correo electrónico oficial a la dirección electrónica 8jdo12cto@correo.cjf.gob.mx o fax al número telefónico 6699826690, previa confirmación del mismo con el secretario de guardia. En el mismo orden de ideas, se hace del conocimiento de las autoridades federales, estatales o municipales, que en el presente juicio tengan la calidad de responsable o tercera interesada y que deseen incorporarse al concentrado de correos electrónicos institucionales de la entidades federativas y dependencias locales para la práctica de notificaciones que puedan realizarse en los términos de lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo, o bien, modificarlo, que podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación respectiva al correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables, así como los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale la parte quejosa, en el entendido de que negarse a recibir dichos memoriales se harán acreedores a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se le hace de su conocimiento que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, solo deberán notificarse por oficio en su residencia oficial, además del auto de inicio, las resoluciones que por su importancia y trascendencia así lo ameriten, conforme a las reglas previstas para la práctica de las notificaciones de carácter personal. De manera que los autos, resoluciones, decretos o providencias que no reúnan esos requisitos, se notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, tal y como lo dispone el artículo 29 de la propia legislación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." DENOMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que se corregirá sin mayor proveído la denominación de aquellas autoridades responsable y tercera interesada que hayan sido señaladas de manera incorrecta, siempre que su denominación correcta sea de obvia y evidente constatación, o cuando la autoridad responsable informe su denominación o domicilio correcto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura el acceso a la tutela jurisdiccional de manera pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que informa, la tesis XXVII.3o.17 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mayo de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." CAUSAS DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. Asimismo, con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes del juicio, que en caso de que tengan conocimiento de que en el asunto que nos ocupa se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten; pues, de no hacerlo, conforme a lo que disponen los numerales 238 y 251 del ordenamiento legal en cita, se harán acreedoras a una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. TERCERO INTERESADO. De momento no se advierte su existencia. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. INGRESO A LAS INSTALACIONES. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3°, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19 y los diversos que regulan su vigencia. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo que nos ocupa, previa razón que por su entrega se deje asentada en autos. AUTORIDAD NO LLAMADA A JUICIO. Del escrito inicial de demanda se desprende que se señaló como autoridad responsable al Tribunal de Barandilla de la Secretaría de Seguridad Pública, en esta ciudad, sin embargo, constituye un hecho notorio para el suscrito que dicha autoridad no existe en esta localidad, en virtud de que ha sido reiterado en diversos asuntos de similar naturaleza que se tramitan en este juzgado; por tanto, se tiene a la autoridad en mención como no llamada al juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo presentada por Abraham Guillermo Herrera López en favor del directo quejoso Adán Loubet García, contra los actos que reclama del Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a diversos preceptos constitucionales, el Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 493/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y se reserva proveer en torno a la admisión de la demanda, hasta en tanto esta sea ratificada. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La privación ilegal de la libertad e incomunicación de que es objeto el directo quejoso. SUSPENSIÓN DE PLANO. Del contenido integral del libelo constitucional, se desprende lo siguiente: 1. La demanda de amparo es promovida por conducto de una tercera persona. 2. Se reclama que el directo quejoso Adán Loubet García, se encuentra privado de su libertad fuera de procedimiento e incomunicado en los separos del Centro de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Pública con sede en esta ciudad y, refiere la promovente, es objeto de malos tratos por parte de las responsables. En consecuencia, atendiendo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló el promovente, se presume la privación de la libertad fuera de procedimiento, de la que podría ser objeto el directo agraviado; actos que se encuentran comprendidos en el artículo 15, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 22 constitucional; por tanto, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por lo que las autoridades responsables deberán SUSPENDER INMEDIATAMENTE la ejecución de los aludidos actos. Asimismo, de encontrarse Adán Loubet García, en calidad de detenido en relación con la comisión de un delito, deberá cesar su detención (i) poniéndolo en libertad o (ii) a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que éste último determine lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención, dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del numeral 16 constitucional lo permite; o bien, sea consignado a las autoridades judiciales competentes para la incoación del proceso criminal relativo, dejándolo a su disposición en las instalaciones del centro penitenciario que corresponda. De lo contrario, si la detención del directo quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, las responsables deberán ponerlo en INMEDIATA LIBERTAD, de conformidad con el ordinal 164 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si su detención deriva de un acto emitido en un proceso penal y/o ejecución de pena de prisión, la suspensión únicamente tendrá por efecto que cesen la incomunicación o posibles golpes de que pudiera ser objeto el directo quejoso. SOLICITUD DE INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Como lo establece el artículo 209 de la ley de la materia, las autoridades señaladas como responsables deberán informar sobre el cumplimiento dado a esta determinación, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que reciban el oficio que derive del presente acuerdo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se harán acreedoras a una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite el presente proveído, anteriormente reseñada. Asimismo, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, para que haga del conocimiento del directo agraviado el presente proveído, para lo cual deberá constituirse en los separos del Centro de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, a fin de lograr su comparecencia y en el acto de la diligencia, lo requiera para que manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo presentada en su favor, o bien, lo haga por escrito en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la misma Ley de Amparo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada su demanda, y quedarán sin efecto las providencias dictadas, conforme a lo previsto en los propios precepto y ordenamiento legal invocados. Asimismo, deberá dar fe de su estado físico En la inteligencia de que en caso de no encontrar a en el lugar donde se indica, el actuario deberá agotar los medios a su alcance para constatar si en los libros de gobierno internos de las autoridades responsables, existe registro a nombre del directo quejoso, y en caso de no hallarlo, deberá constituirse en cualquier dependencia y centro de reclusión que cuente con celdas o separos dentro de esta localidad, a fin de llevar a cabo lo encomendado en este auto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Teniente Azueta, número 1502- local A, colonia Centro y como autorizada para tal efecto a la licenciada Marina de Lourdes Ortiz Vázquez. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). Bajo esas premisas, se tiene señalado el correo electrónico herrera.abogados@outlook.com así como el número de teléfono 6691218254, como medios no oficiales de comunicación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19 cuando se restablezcan las labores y mientras no continúe vigente el diverso Acuerdo General 13/2020. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.
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