Adán Jesús Ortega Muro

Expediente 616/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 41 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
616/2023
Año
2023
Actuaciones
41
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Adán Jesús Ortega Muro
  • María Natalia Assemat Romero y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana; y en atención a lo que solicita, instrúyase a la oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que realice las gestiones necesarias para autorizar la vinculación del expediente electrónico del presente juicio de amparo a efecto de que esté en aptitud de consultarlo desde el SISE de ese juzgado, previo ajuste en su sistema y así pueda obtener todas las actuaciones que obren autos; con fundamento en las políticas de intercomunicación e interconexión entre los órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación, conforme los artículos 5, 25, 26, 74 y 75 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Abogado General de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California, en sustitución del Director de la Facultad de Medicina, Campus Mexicali, por medio del cual remite las constancias requeridas mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngasele por ofrecidas las pruebas documentales que anexa, sin perjuicio de hacer referencia de ellas en la audiencia constitucional respectiva. Con la cual deberá formarse, aparte, el tomo I de pruebas, en el que se respete el folio, sello y rúbrica de la autoridad remitente; mismo que queda a disposición de las partes para su consulta en el recinto de este juzgado, pues con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, en relación con el 22 del Acuerdo General 12/2020, del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; existe imposibilidad material para la digitalización íntegra de la totalidad las constancias del juicio de origen, debido a la calidad de ciertas imágenes contenidas, como ocurre en el caso de anotaciones y firmas autógrafas, y sellos, por mencionar algunos ejemplos, en los que en el proceso de escaneo se pierden ese tipo de datos debido a la baja saturación de tinta, que en físico sí se puede apreciar, pero digitalizado ya no. De modo que, no se puede garantizar que el proceso de digitalización para el expediente electrónico, se realice de manera íntegra, para la eficaz consulta de las partes en el presente sumario constitucional, de ahí tal determinación con el objeto de que no queden estado de indefensión. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, particularmente el acuerdo de catorce de junio del año en curso, en el cual se recibió el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director de la Facultad de Medicina, Campus Mexicali, de la Universidad Autónoma de Baja California, con sede en esta ciudad, al cual anexó copia certificada de actuaciones que integran el procedimiento de responsabilidad instruido en contra del quejoso ********************, de cuyo tomo I de pruebas se desprende que se encuentra incompleto. ********************Se devuelve tomo para su regularización********************En consecuencia, a fin de estar en posibilidad de resolver en definitiva el presente juicio, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio que contenga transcripción del presente auto, devuélvase el tomo I de pruebas a la autoridad responsable, a fin de que se sirva ordenar a quien corresponda se realice el cotejo y compulsa de la copia certificada con el original, para efecto de que se integren todas y cada una de las constancias realizadas, pues de inicio no se advierte que obre en el legajo de la copia certificada, la notificación al quejoso del acto reclamado - resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dentro del procedimiento sancionador-, tampoco obran glosadas demás notificaciones hechas a las partes a lo largo del procedimiento, asimismo, no se observa el llamamiento realizado a las denunciantes derivado de la reposición del procedimiento, las actuaciones relativas al juicio de amparo anterior.********************Lo que se cita a manera enunciativa y no limitativa, pues este juzgado desconoce en realidad qué es lo que hace falta; o bien, informe el impedimento legal que tenga para ello; para lo cual se otorga el plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de su notificación.********************En la inteligencia, que de hacer caso omiso a lo aquí solicitado en el término que para tal efecto se le concede, se podrá imponer una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo.********************Diferimiento de audiencia constitucional********************En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.********************NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    AVISO. Se procede a notificar por medio de lista el proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés a la parte quejosa, en virtud de no haber acudido al local del juzgado dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a la entrega del aviso respectivo en su domicilio procesal, con el fin de notificarse del contenido de dicho auto, el cual establece lo siguiente: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por el quejoso Adán Jesús Ortega Muro, mediante el cual, entre otras cuestiones, promueve ampliación de demanda, por autoridades y actos, ya que señala como autoridades responsables al 1) Director de Calidad y Educación en Salud del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California y al 2) Director General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud Federal, ambos de esta ciudad, a las que les atribuye como actos reclamados 1) el oficio SGS-DCES-1230-2021 de uno de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el primero en mención; y, 2) la baja en el Sistema Nacional de Residencias Medicas. En tales condiciones, se debe señalar que la estructura procesal de la ampliación de demanda, se funda en el artículo 17 Constitucional y 111 de la Ley de Amparo, la cual debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por la parte quejosa; en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicha quejosa, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad estrechamente vinculados con los reclamados inicialmente, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos previsto en la ley de la materia a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. Al respecto el artículo 111 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." De lo antes reproducido se obtiene que la demanda de amparo podrá ampliarse cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la ley de la materia. Del mismo modo, resulta conveniente señalar que respecto al tema de la ampliación a la demanda en amparo indirecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 121/2016 (10a.), con datos de localización, rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU AMPLIACIÓN PARA COMBATIR, MEDIANTE NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LOS VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS NOVEDOSOS VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE. La ampliación de demanda de amparo indirecto constituye un medio para salvaguardar derechos fundamentales y resulta acorde con diversos principios. Aunado a ello, el artículo 111 de la Ley de Amparo condiciona su procedencia, por lo que hace a los actos novedosos vinculados con los reclamados inicialmente, a que se presente dentro de los plazos legales y a que no se haya celebrado la audiencia constitucional y, paralelamente, otorga al quejoso la prerrogativa de optar por promover una nueva demanda, en caso de no ampliarla. Por tanto, decretar la improcedencia de la ampliación de la demanda, con base en que esos nuevos actos se reclamen por vicios propios, a pesar de que no sea uno de los requisitos aludidos, equivale a imponer en su perjuicio una restricción y una obligación que ese ordenamiento jurídico no contempla. Además, el hecho de que dichos actos se combatan por vicios propios no justifica la inexistencia de la vinculación entre ellos, pues: a) ésta depende de los hechos del caso, y no de la manera en que se controviertan; b) una vez admitida la ampliación, nada impide que el análisis de constitucionalidad se realice respecto de cada uno de ellos de manera independiente; y, c) se trata de una cuestión que, en tanto influye en el estudio de fondo, no debe impactar en la fijación de la litis. Finalmente, como el artículo citado no establece restricción alguna para formular nuevos conceptos de violación en relación con los actos novedosos objeto de la ampliación, no existe impedimento legal alguno para hacerlo." De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia citada, se observa que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó además de lo destacado, lo siguiente: -Que la materia de la contradicción de tesis se circunscribe en determinar si procede la ampliación de demanda de amparo indirecto para impugnar, mediante nuevos conceptos de violación, los vicios propios de los actos novedosos que se encuentren vinculados con los inicialmente reclamados. -Que la litis en el juicio de amparo indirecto se fija en torno a la demanda, los actos reclamados y el informe justificado, en tanto es posible que por medio de éste se den a conocer los fundamentos y motivos de los actos reclamados, se haga referencia a otros vinculados ineludiblemente con ellos, o bien, se notifique acerca de la participación de autoridades diversas. -Dado que se puede tener conocimiento de otros actos, vinculados con los reclamados en la demanda inicial, o de la intervención de autoridades distintas de las señaladas como responsables, por economía procesal también es necesario que se esté en posibilidad de ampliar la demanda para incorporar tales elementos novedosos a la litis constitucional. Que la ampliación de demanda permite formular nuevos conceptos de violación para plantear una litis constitucional completa, integrada por los actos reclamados inicialmente y por los novedosos que se encuentren relacionados con ellos, ya sea que se conozcan mediante el informe justificado o por cualquier otro medio; al tiempo que permite al órgano jurisdiccional analizar la constitucionalidad de las actuaciones impugnadas y, en ese orden, estar en posibilidad de dictar una resolución sobre la totalidad de la pretensión de la parte quejosa. Que la ampliación de demanda es una institución jurídica acorde con los principios de concentración y economía procesal, congruencia, exhaustividad y recurso judicial efectivo; y tiene la finalidad de incorporar a la litis constitucional los actos novedosos estrechamente vinculados con los reclamados inicialmente. Que por ello, permite estudiar de manera conjunta su constitucionalidad, resolver sobre ella en una sola sentencia y evitar que la parte quejosa deba promover un nuevo juicio de amparo para impugnar de forma independiente cada acto novedoso, por lo que también elimina el riesgo consiguiente de dictar resoluciones contradictorias. Que en relación con el juicio de amparo indirecto, la procedencia de la ampliación de demanda no está condicionada a formalismos excesivos ni desproporcionales, pues únicamente se sujeta a tres requisitos: 1) Que los actos novedosos por los que se intenta ampliar la demanda de amparo se encuentren vinculados con los inicialmente reclamados; 2) Que el escrito respectivo se presente dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; y, 3) Que la audiencia constitucional no se haya celebrado. Que el artículo citado prevé expresamente la posibilidad de que la parte quejosa promueva una nueva demanda de amparo indirecto para combatir actos de los que no tenía conocimiento; y, en este sentido, configura una prerrogativa a su favor: optar por ampliar su demanda cuando estos actos novedosos guarden vinculación con los reclamados inicialmente, presente el escrito respectivo dentro de los plazos legales y no se haya celebrado la audiencia constitucional; o bien, optar por presentar una nueva. La exigencia de que los actos novedosos guarden estrecha relación con los impugnados en la demanda inicial, se establece como un requisito de procedencia de la ampliación de demanda de amparo indirecto, tiene influencia en la fijación de la litis y obliga a los órganos jurisdiccionales tanto a verificar que entre los actos reclamados exista una vinculación cercana como a argumentar sobre la existencia o inexistencia de esa relación (para lo cual deben exponer las razones que justifiquen su decisión). Que el análisis de constitucionalidad de los actos novedosos impugnados por vicios propios el cual queda sujeto a la existencia de un vínculo patente con los reclamados inicialmente se refiere al estudio de fondo del asunto y obliga a los órganos jurisdiccionales a pronunciarse respecto de la regularidad constitucional de cada uno de ellos. Que la determinación de la vinculación entre los actos reclamados es una cuestión previa al examen de su regularidad constitucional, porque influye en la fijación de la litis; mientras que la impugnación por vicios propios de los que sean novedosos es posterior, en tanto influye únicamente en la metodología que debe aplicarse para llevar a cabo dicho análisis. Que la vinculación entre los actos combatidos está en función de los hechos y las particularidades del caso concreto. Sin que ello signifique que la ampliación de demanda de amparo indirecto proceda siempre contra los actos novedosos que se reclamen por vicios propios; por lo contrario, la determinación de la existencia o inexistencia de la vinculación entre éstos y los reclamados inicialmente, y el consecuente pronunciamiento sobre la procedencia de la ampliación, debe realizarse de conformidad con los hechos y las particularidades del caso concreto y con independencia de que aquéllos se impugnen por vicios propios. En el caso, los actos reclamados en la ampliación de demanda motivo de estudio en este apartado, consisten en 1) el oficio de uno de octubre de dos mil veintiuno y, 2) la baja en el Sistema Nacional de Residencias Medicas; que les atribuye al 1) Director de Calidad y Educación en Salud del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California y al 2) Director General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud Federal, ambos de esta ciudad; que -dice- son novedosos a raíz de los informes previos rendidos por las autoridades responsables en el incidente de suspensión derivado del presente juicio, pues hasta entonces se enteró de la existencia del oficio emitido por el Director de Calidad y Educación en Salud del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California. Ahora bien, a efecto de estar en aptitud de verificar la vinculación estrecha entre los actos reclamados en la demanda de amparo y la ampliación de la misma, conviene reiterar, que el acto reclamado en el escrito inicial de demanda consiste, como ya se señaló, es la resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dictada en el procedimiento sancionador identificado con el oficio 464 2023-1, en el que se le impuso la sanción de expulsión definitiva, emitida por el Director de la Facultada de Medicina Campus Mexicali, de la Unidad Autónoma de Baja California, asimismo, se tuvo a la parte quejosa ampliando de la demanda de amparo respecto de las autoridades responsables 1) Director del Hospital General de Tijuana, Baja California y 2) Jefe de Enseñanzas e Investigación del Hospital General de Baja California, por el acto reclamado consistente en el oficio de ocho de junio de dos mil veintitrés, en el que se asentó la imposibilidad de permitirle continuar con sus estudios de residencia médica en dicho nosocomio. Ahora bien, como antecedente del acto reclamado en la demanda de amparo inicial, consistente en la resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dictada en el procedimiento sancionador identificado con el oficio 464 2023, en el que se le impuso la sanción de expulsión definitiva, emitida por el Director de la Facultada de Medicina Campus Mexicali, de la Unidad Autónoma de Baja California, se debe señalar que si bien ésta se emitió con posterioridad a la sentencia dictada en el juicio de nulidad 14/2021 por el Tribunal Universitario, lo cierto es que la misma no es una consecuencia directa de tal resolución de nulidad, pues esa determinación tuvo como efectos dejar insubsistente el oficio 1016 2021 y que el Director de la Facultad de Medicina emitiera un nuevo procedimiento sancionador, el cual una vez instruido, culminó con la sentencia sancionadora. De lo anterior, se advierte con toda claridad, que entre la litis de su escrito inicial de demanda y la ampliación de demanda que nos ocupa, no se acredita la relación o vinculación de causa efecto con los actos reclamados primigenios, o con la causa eficiente de los mismos; es decir, no existen datos objetivos que pongan de manifiesto la vinculación con los actos reclamados primeramente señalados, para que así puedan formar parte de la litis constitucional, en tanto que con independencia de lo realmente novedoso que fue para el quejoso el contenido del oficio de uno de octubre de dos mil veintiuno, en el que se informó que el impetrante causó baja del Sistema Nacional de Residencias Médicas de la Federación, el once de octubre de dos mil veintiuno, por determinación del Director de calidad y educación en salud del Instituto de Servicios de salud pública del Estado de Baja California, debido a que estaba retirado el aval de la UABC, para que siguiera desempeñado su residencia, cancelándose el pago de su beca a partir de esa fecha; lo cierto es que no es una consecuencia directa e inmediata de la resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, contenida en el oficio 464 2023-1, dictada por el Director de la Facultad de Medicina, Campus Mexicali, acto reclamado en la demanda de amparo- sino del cumplimiento de la resolución de nulidad dictada por el Tribunal Universitario el dos de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente de nulidad 14 2021. Por tanto, al no surtirse los supuestos del artículo 111 de la Ley de Amparo para tenerle por ampliada la demanda de amparo en este juicio de amparo, en acatamiento a la jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.)1 , corresponde darle el tratamiento de una nueva demanda de amparo. 1 "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO.Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio Remisión de escrito de ampliación a Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad En consecuencia, mediante oficio que se gire con transcripción del presente proveído, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, el original del escrito de ampliación de demanda, a fin de que dicha oficina la registre como una nueva demanda y la turne al órgano jurisdiccional que corresponda. De la objeción de pruebas en cuanto a su alcance y valor probatorio. Finalmente, se tiene al promovente objetando el alcance y valor probatorio los documentos exhibidos por el Director del Hospital General de Tijuana, Baja California y Jefe de Enseñanzas e Investigación del Hospital General de Baja California. En atención a ello, se le tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, mismas que serán relacionadas en la audiencia constitucional, con fundamento en el primer párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo.

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