Adan Ismael Campos Marin

Expediente 252/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
252/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Adan Ismael Campos Marin

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de marzo de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME. De la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha quedado firme. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, inciso d), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. De igual forma, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. REGISTRO. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en atención a la ejecutoria pronunciada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo directo 61/2022 (expediente auxiliar 25/2023) de su índice, donde se declaró legalmente competente al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en turno, para conocer de la demanda que originó el citado sumario constitucional, y adjunta las siguientes constancias: - Testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés. - Demanda de amparo y anexos que originaron el amparo directo 61/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. - Expediente laboral J.2/824/2019. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto; háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo. RADICACIÓN. Ahora, visto el escrito de demanda promovida por *, en su carácter de apoderado legal del quejoso *, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México; regístrese bajo el número 252/2023-VI. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, es pertinente destacar que en la especie de la lectura integral de la demanda se desprende que la quejosa reclama esencialmente: El auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral J.2/824/2019, en el que la junta responsable, tuvo por no presentada la demanda laboral respecto de las codemandadas Palmas Consorcio Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable y Gisela Almaraz "N" y ordenó continuar la secuela procesal en el citado sumario laboral. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Hecha tal precisión, quien resuelve advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto que se tilda de inconstitucional no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los citados artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. .". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De acuerdo con las porciones normativas transcritas, el juicio de amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso se estima que el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral J.2/824/2019, en el que la junta responsable, tuvo por no presentada la demanda laboral respecto de las codemandadas Palmas Consorcio Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable y Gisela Almaraz "N" y ordenó continuar la secuela procesal en el citado sumario laboral, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que en contra tales violaciones resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso, se considera que se trata de violaciones procesales que podrán ser reparadas en caso de obtener una resolución favorable al resolver el juicio laboral J.2/824/2019 del índice del Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la resolución que ponga fin al juicio de natural. O en su defecto, en el supuesto de obtener un fallo adverso, podrá combatirse al impugnar la resolución que ponga fin al citado juicio. Lo anterior, pues por un acto de ejecución de imposible reparación debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. Así lo estableció el máximo Tribunal de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, que preceptúa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. De igual forma, es aplicable la tesis I.14o.T.7 K (10a.), sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 902, con número de registro 2022115, que establece: "ACUERDO DE NO ADMISIÓN, DESECHAMIENTO, U ORDEN DE ARCHIVO DE LA DEMANDA POR LO QUE HACE A UNO O MÁS CODEMANDADOS. ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", que no es factible la admisión de demandas de amparo indirecto cuyo acto reclamado no represente una afectación material a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Este criterio induce a estimar que diversas tesis jurisprudenciales de las Salas del Alto Tribunal, en las que se trató la procedibilidad del amparo indirecto de asuntos cuyos actos eran considerados de imposible reparación conforme a la anterior Ley de Amparo, relativos al desechamiento parcial o la no admisión de una demanda por lo que hace a uno o más codemandados se consideren inaplicables. De ahí que, al reclamarse la decisión de la autoridad responsable de no admitir la demanda, desecharla u ordenar su archivo por lo que hace a uno o más codemandados, no afecta en forma material ninguna clase de derechos sustantivos; de ahí que este acto reclamado debe ser considerado como una violación procesal cometida durante el procedimiento, que afecta las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, analizable en amparo directo promovido en contra de la resolución reclamada, de conformidad con la fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo vigente.". Por ello, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Luis Gonzalo Botello Ortíz, en su carácter de apoderado legal del quejoso Adán Ismael Campos Marín, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el señalado en el proemio de la demanda de cuenta. En otro punto, en términos del precepto 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en los términos que precisa, a las personas que señala dada la naturaleza del presente asunto y en atención a que quien promueve es la clase trabajadora. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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