Adán II Pérez Canales

Expediente 672/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
672/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
30/05/2018

Partes del expediente

  • Adán II Pérez Canales
  • Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el proveído de diez de mayo de dos mil dieciocho (fojas 16 y 17), a través del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81 fracción I, inciso d), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido; lo anterior, con excepción de la resolución en la que se concedió de plano y oficio la suspensión de los actos reclamados, pues ésta deberá conservarse en términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción III, del referido Acuerdo General. Igualmente, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En otro punto, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que en virtud de lo acordado en líneas que preceden, en esta data se deja sin efectos la suspensión de plano y oficio decretada mediante proveído de siete de mayo de dos mil dieciocho (fojas 06 a 11), lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, no obstante que el presente auto debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, tal como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, lo cierto es que en auto de diez de mayo pasado (fojas 16 y 17), se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibida la diligencia de notificación practicada el ocho de mayo del año en curso, por el Actuario de la adscripción, de la cual se advierte que el quejoso *****, manifestó lo siguiente: "Señoría ya fui atendido, me desisto y señalo listas para oír notificaciones y señalo a ****** en términos amplios." En consecuencia, dado que el quejoso manifestó expresamente su deseo de desistirse del presente asunto, lo cual realizó ante un funcionario investido de fe pública, por ende, es de concluirse claramente que no existe interés legal alguno por parte del agraviado en la prosecución del presente asunto; por tanto, con fundamento en la fracción l, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del asunto en que se actúa, por desistimiento expreso del peticionario de amparo. Por otro lado, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 12 y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este órgano jurisdiccional por así haberlo señalado el quejoso expresamente en la diligencia de cuenta. Luego, por lo que hace a tener como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, no ha lugar a acordar de conformidad, dado que carece de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que de conformidad con la última parte del citado precepto legal, se tiene por autorizado en términos restringidos, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones. En los mismos términos legales, agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Jefa de Departamento de Servicios Médicos y la Directora General, ambas del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, por sí y en representación de los Integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario de dicho centro de reclusión, mediante el cual en atención a los oficios 11774/2018, 11775/2018 y 11776/2018 (foja 12), rinden informes de cumplimiento a la suspensión de plano y oficio decretada en autos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el referido informe de cumplimiento a la suspensión de plano y oficio, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Finalmente, no obstante que el presente auto de sobreseimiento debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, tal como lo dispone el artículo 26, fracción I, incisos a) y f), de la ley de la materia, lo cierto es que el impetrante de amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista. Notifíquese.

  3. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 672/2018. Ahora bien, previo a acordar lo conducente respecto de la procedencia del ocurso que se atiende es menester destacar que el quejoso hace consistir su reclamo en la negativa y/o abstención de proporcionar al quejoso la atención médica que necesita en la especialidad de psiquiatría y optometría, además la negativa de proporcionarle el medicamento que aduce necesitar. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano y de oficio para el efecto de que el citado acto cese de inmediato, en el entendido que queda a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades responsables la integridad y salud del agraviado. Asimismo, la suspensión concedida, es además para el efecto de que se otorgue al quejoso el servicio médico y medicamentos que necesite, acorde al estado clínico que presente y de acuerdo con su expediente médico, en términos de las leyes y reglamentos que rigen a los Centros Federales de Readaptación Social, así como para que en su caso cese cualquiera de los actos contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A las autoridades responsables se hace de su conocimiento que de no acatar esta suspensión de plano, se harán acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la Ley de la materia. Igualmente, las responsables deberán informar sobre el cumplimiento de esta determinación dentro del plazo de veinticuatro horas; en el entendido de que si al rendirlo afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en los términos señalados en Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Amparo. Dicha suspensión no surtirá efecto alguno, si los actos reclamados por el inconforme no constituyen alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, o no producen algún efecto semejante al de aquéllos, independientemente como los identifique el agraviado. Al caso tiene aplicación la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, publicada en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época, número de registro 229397, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Cabe resaltar que la suspensión de oficio no tendrá como efecto extraer al quejoso del lugar en el cual se encuentra recluido, en atención a que ese efecto jurídico no se encuentra previsto en el último párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. Ahora, en torno al acto reclamado por la parte quejosa cabe acotar, que el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual tiene por objeto, el establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, así como establecer los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, regular los medios para lograr la reinserción social. Asimismo, en el citado ordenamiento legal, particularmente en el Capítulo III referente al Procedimiento Administrativo, el legislador estableció un mecanismo legal con el fin de que las personas privadas de su libertad y aquellas legitimadas conforme a los términos de dicha ley (familiares, visitantes, defensores públicos, Ministerio Público, etc.), pudieran formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, y así poder salvaguardar los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, ya sea por prisión preventiva o en cumplimiento a una pena. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en los artículos 114, fracciones I, II y IV, 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se considera pertinente requerir al quejoso para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad y entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja indebida, realice lo siguiente: PRIMERO. El peticionario de amparo deberá precisar los actos que por esta vía combate, dado que si bien refiere de manera destacada que reclama la negativa (respuesta en sentido negativo) de proporcionarle la atención médica y medicamentos que aduce necesitar, lo cierto es que del contenido de la demanda se aprecia que también aduce que el doce de marzo último solicitó a la Jefa del Departamento de Servicio Médico del lugar de su reclusión atención médica y otorgamiento de medicamentos sin que a la fecha se le hayan proporcionado (omisión). Lo cual crea incertidumbre en esta juzgadora, para estar en aptitud de precisar con claridad los actos que por esta vía impugna, pues no se advierte si los actos reclamados derivan de una omisión a un derecho de petición (lo cual implica una abstención por parte de las autoridades responsables), o bien, si la omisión reclamada únicamente deriva de la conducta a que está obligada la responsable en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o finalmente, si derivan propiamente de la negativa (respuesta en sentido negativo) por parte de las autoridades que señala como responsables de otorgarle la atención médica que necesita; además, no se advierten las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución del acto reclamado. Por lo que a consideración de este órgano de control constitucional, las aseveraciones realizadas por la promovente son obscuras e imprecisas, circunstancia que implica la obligación de precisar de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente: 1. Deberá aclarar si lo que reclama es la omisión de la responsable en dar contestación a un derecho de petición, o bien, si la omisión reclamada únicamente deriva de la conducta a que está obligada la responsable en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de proporcionarle la atención médica que aduce necesitar; o finalmente, si su reclamo se circunscribe a la negativa (respuesta en sentido negativo) de la autoridad penitenciaria de otorgarle la referida atención médica. 2. Para el caso de reclamar la citada omisión como una abstención de la responsable de dar contestación a una petición, deberá señalar ante qué autoridad o autoridades formuló dicha petición (lo cual lleva implícito su denominación correcta), y en qué fecha. 3. Por otro lado, de señalar como acto reclamado destacado la negativa de suministrarle atención médica adecuada que aduce necesitar, tendrá la obligación de referir lo siguiente: a) Qué autoridad o autoridades le dieron contestación a la solicitud o solicitudes formuladas; y, b) La fecha y forma en la que tuvo conocimiento de la o las contestaciones a sus solicitudes. SEGUNDO. Hecho lo anterior, el quejoso deberá realizar de forma individual bajo protesta de decir verdad una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan y constituyen los antecedentes del acto o actos que señalen como reclamados, de los cuales se adviertan los siguientes elementos: a) Tiene la obligación de señalar si contra el acto que señale como reclamado ha promovido el procedimiento administrativo que para tal efecto contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es si hizo valer ante la autoridad penitenciaria la petición que refiere y en qué fecha. b) Para el caso de haber hecho valer el mencionado procedimiento, tendrá que precisar ante qué autoridad se tramitó, lo cual implica su denominación correcta, y señalar el estado procesal que guarda, es decir, si a la fecha de la presentación de la demanda ya se resolvió, y en qué data, así como si en su caso la resolución que haya resuelto el aludido procedimiento la señala como reclamada; en el entendido que de reclamar tal resolución deberá indicar la fecha de notificación o de conocimiento de ésta. c) Si fuere el caso, deberá señalar si contra la resolución emitida en el referido procedimiento administrativo de petición previsto en el Capítulo III de la Ley de Ejecución Penal, formuló la controversia ante el Juez de Ejecución y/o Control respectivo, que para el caso prevé el artículo 114 del citado ordenamiento legal. d) De haber formulado controversia tendrá que señalar el estado procesal que guarda, esto es, si se encuentra en trámite, o bien si ya se resolvió, en qué data, y el sentido de la determinación respectiva; además deberá manifestar si desea reclamar esa resolución en esta instancia, para lo cual tendrá que indicar la fecha precisa de notificación y/o conocimiento. Tales requerimientos obedecen a que de lo narrado en el escrito de demanda, por el peticionario de la protección constitucional, específicamente en el apartado relativo a los hechos que conforman los antecedentes del acto reclamado, no se advierten tales elementos los cuales resultan indispensables para el capítulo de antecedentes, el cual a su vez es un requisito esencial de la demanda de amparo en términos de la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo. Al caso es aplicable, se invoca, la tesis I.7o.A.100 K, que se aprecia en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Tomo XXIII, Novena Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Al respecto, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - -II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En este orden de ideas, se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones al quejoso en su lugar de reclusión. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. En otro orden, se hace la indicación al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que las autoridades responsables se negaren a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se harán acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad que esté ejecutando el acto reclamado, a quien deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se hará acreedora de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para firmar de manera autógrafa los oficios que deriven del presente, así como a enviar, en el caso de ser necesario, las comunicaciones oficiales dirigidas a Juzgados de Distrito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E), con el uso de su firma electrónica, y con los respectivos anexos escaneados, entre ellos, el exhorto correspondiente con la firma autógrafa del suscrito. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

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