Adan II Perez Canales y Otros.
Expediente 579/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/05/2016
Partes del expediente
- Adan II Perez Canales y Otros.
- MAURO ADAN VILLEGAS y Otros.
- Mauro Adan Villegas
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes el oficio de cuenta signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual comunica la determinación de tres de mayo pasado, por la que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por María Hernández Rosas, en favor de Adán II Pérez Canales y otros. Por otra parte, del estado procesal del presente asunto se advierten diverso informes rendidos por las responsables en cumplimiento a la suspensión de oficio concedida a los quejoso, mediante proveído de veintisiete de abril del año en curso; por tanto, desglósense dichos informes y envíense al juzgado de referencia para que provea lo conducente respecto de dicha suspensión, previa copia certificada que obre en auto. Atento a lo anterior y al estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencian que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, por lo que, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues el presente asunto se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con mas de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con el licenciado Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de mayo de dos mil dieciséis. Visto el telegrama de cuenta enviado por el Encargado del Despacho de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS Oaxaca", a través del cual rinde informe de cumplimiento a la suspensión de plano concedida en auto de veintisiete de abril del año en curso; con fundamento en los artículos 125 y 126 de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el cumplimiento dado por la responsable a la suspensión concedida. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con el licenciado Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
I) ( Citatorio parte tercero interesado) V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1595/2014, promovido por Arturo Rodríguez Azueta, contra actos del Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, de la Procuraduría General de la República. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y remitido en ese misma fecha por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Arturo Rodríguez Azueta solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto a continuación indicados: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: . Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República. IV. ACTO RECLAMADO: Oficio PGR-SEIDF-1679-2014 emitido por el. Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales dependiente de la Procuraduría General de la República, como resolución a la INCONFORMIDAD de fecha 9 de julio de 2014 presentada en contra de la resolución dictada al expediente de Averiguación Previa UEIDFF/FINM17/109/2012 emitida por la. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa número diecisiete de la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros, derivada de la Averiguación Previa PGR/MEX/TOL-II/1092/2012 de la Delegación Estado de México de la Procuraduría General de la República con sede en Toluca, Méx., integrada en razón de la DENUNCIA DE HECHOS presentada el 4 de abril de 2012 en contra de quien resulte responsable." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 8°, 14, 16, 17, 20, 22, 27 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. En proveído de cuatro de noviembre de dos mil catorce, se registró y admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al representante social de la adscripción y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta precedente y culmina con el dictado del presente fallo. Asimismo, por auto de cuatro de mayo de dos mil dieciséis se hizo del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/760/2016, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que por sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Breyman Labastida Martínez a este Juzgado de Distrito, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciséis. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 51, fracción II, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el acto reclamado es de carácter declarativo y, por ende, carece de ejecución material, siendo ante esta jurisdicción en que se presentó la demanda. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es de precisarse que el acto reclamado en esta instancia es el oficio PGR-SEIDF-1679-2014, a través del cual el Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales dependiente de la Procuraduría General de la República, autorizó la consulta del no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa UEIDFF/FINM17/109/2012, propuesta por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa número diecisiete de la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Indagatoria que se inició con motivo de la denuncia realizada por el quejoso el cuatro de abril de dos mil doce de hechos posiblemente constitutivos de delito relacionados con la afectación del predio ubicado en calle Pino, número trescientos, esquina Camino a San Gaspar, colonia Llano Grande, Metepec, Estado de México, propiedad de quien dice es su cónyuge, Susana Reyes Pliego, con motivo de la construcción de la vialidad "Libramiento Sur Metepec". Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda y del escrito aclaratorio, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, incluyendo la intencionalidad de la quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aislada y jurisprudencia que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con registro 212775, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Así pues, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado (fojas 103 a 114 de autos), aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas que de la indagatoria de origen remitió como complemento a dicho informe; documentales a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Asimismo, de acuerdo a la jurisprudencia II.1o. J/5, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con el registro 222780, del contexto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y la tesis publicada con la clave I.7o.P.11 K, en la página 1200 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2008, Tomo XXVIII, Materia Común, Novena Época, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del registro 169036, cuyo contenido establece: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA. Del artículo 74 de la Ley de Amparo se advierte la exigencia a los órganos jurisdiccionales de realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio; sin embargo, éstas deben estudiarse en un orden preferente si fuesen concurrentes, en atención a la naturaleza de su fundamento, esto es, primero debe analizarse el supuesto previsto en la fracción II, relativo a la muerte del quejoso durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, como la libertad o la vida, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar y, por el contrario, no provocan el sobreseimiento en el juicio los actos que lesionan derechos o intereses jurídicos, generalmente de carácter patrimonial o económico, que no sean inseparables de la persona del agraviado. En segundo lugar debe verificarse la hipótesis prevista en la fracción IV que previene la inexistencia de los actos reclamados, ya que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En tercer lugar resulta preferente el análisis de la fracción I, consistente en que el agraviado desista expresamente de la demanda, en atención al principio básico de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y atender a su intención de no preservar su propósito de concluir el procedimiento de garantías, esto es, la facultad irrestricta que tiene el agraviado para desistir de su demanda de garantías armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo. En cuarto lugar deben verificarse los supuestos previstos en la fracción V que regulan la caducidad de la instancia por inactividad procesal y, finalmente, atender a la fracción III, relativa a las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo." Conviene establecer que para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe sobreseer en el juicio, abstenerse de conocer de ella y concretarse a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, constituye un obstáculo que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. En este punto, es de precisarse que el quejoso acude al presente juicio en su carácter de denunciante de los hechos que dieron origen a la averiguación previa en la que se autorizó el no ejercicio de la acción penal, y como se estableció en el considerando segundo, la denuncia realizada versa sobre hechos relacionados con la afectación del predio ubicado en calle Pino, número trescientos, esquina Camino a San Gaspar, colonia Llano Grande, Metepec, Estado de México, propiedad de Susana Reyes Pliego, quien dice el quejoso es su cónyuge; con motivo de la construcción de la vialidad "Libramiento Sur Metepec". En ese orden, el quejoso debe probar que cuenta con interés jurídico o legítimo, según corresponda, por sí o como representante de alguien más, con la plena demostración de que le asiste algún derecho en relación con el bien afectado, pues de lo contrario se le tendrá como simple detentador por falta de causa legal que la apoye, sin que dicha tenencia sea susceptible de ser protegido a través del juicio de amparo. En ese orden, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Fracción que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto recalado no afecte el interés jurídico o legítimo de la quejoso, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En principio, cabe resaltar que el interés jurídico previsto en la disposición legal transcrita consiste en la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta al agraviado para acudir ante el órgano jurisdiccional y demandar la reparación de dicha trasgresión. Asimismo, tal interés jurídico debe entenderse como aquel que las partes tienen en relación con los derechos o las cosas materia del juicio en que intervienen. Al caso sirve de apoyo la jurisprudencia 854, publicada en las páginas 582 y 583 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, cuyo texto establece: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Por su parte, el interés legítimo requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, no exclusivamente en una cuestión patrimonial, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, con el registro 2007921, del contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En este tenor, el interés jurídico o legítimo para ejercitar la acción constitucional, se encuentra íntimamente relacionado con el artículo 6° de la propia Ley de Amparo, cuyo texto prevé: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" El precepto transcrito acoge el principio rector de agravio personal y directo, el cual estatuye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior, se sigue que para la procedencia de la acción constitucional se requiere como presupuesto indispensable, que se acredite la afectación por el o los actos reclamados, de los derechos que se invocan, sean patrimoniales o de cualquier otra especie. Ahora, un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente su interés jurídico o legítimo, sea en su persona, patrimonio o derechos y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. En consecuencia, como ya se dijo, quien acuda al juicio de amparo en su calidad de quejoso deberá acreditar su interés jurídico, esto es, la titularidad de los derechos trasgredidos y comprobar haber sufrido esa afectación, traducida en un menoscabo o perjuicio de esos intereses. Lo que corrobora que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; de lo que se sigue, que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional, que el acto o la ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del solicitante del amparo. Ahora bien, es conveniente tomar en cuenta las consideraciones sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 317/2010, el dieciséis de marzo de dos mil diez, en torno a la demostración del interés jurídico del denunciante que reclama la autorización del no ejercicio de la acción penal. En principio, en relación con los sujetos que tienen interés jurídico para promover el amparo indirecto contra la determinación que confirme el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, se definió que el probable responsable tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto contra la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o desistimiento de la acción penal; y que el denunciante facultado para exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil, como consecuencia de acciones u omisiones que sanciona la ley penal, también cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo en cita. Se sustentó dicha consideración en la jurisprudencia 1a./J. 58/2006, de la misma Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Octubre de 2006, materia Penal, página 115, registro 174069, de rubro y texto: "LEGITIMACIÓN AD PROCESUM DEL DENUNCIANTE FACULTADO PARA EXIGIR LA REPARACIÓN DEL DAÑO O LA RESPONSABILIDAD CIVIL, COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES U OMISIONES QUE SANCIONA LA LEY PENAL. CUENTA CON INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRME EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O SU DESISTIMIENTO, EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO. De conformidad con la tesis del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 128/2000, de rubro: "ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, CONSTITUCIONAL, SE ERIGE EN GARANTÍA DEL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA.", y de una interpretación extensiva a los artículos 21, cuarto párrafo constitucional, 4o., 10 fracción III y 114 fracción VII, de la Ley de Amparo, tienen legitimación activa para interponer amparo por el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de ésta, todas aquellas personas que hayan sufrido un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones tipificadas como delitos, entre las que se encuentra el denunciante cuando coincida en él cualquiera de las calidades antes indicadas, ya que en tal hipótesis, debe presumirse una intención legislativa en el sentido de ampliar el derecho de acudir al amparo a cualquiera que sufra un menoscabo en su esfera jurídica, aun cuando no se trate de la víctima o del ofendido." De dicha jurisprudencia, se destacó que, además del presunto responsable, el denunciante facultado para exigir la reparación del daño derivado de un ilícito, tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo contra la determinación que confirma el no ejercicio o desistimiento de la acción penal. Así pues, no sólo la víctima y el ofendido, titulares del derecho de exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, podrán promover amparo contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, sino que se extendió dicha posibilidad de impugnación a todas las personas que hayan sufrido un daño físico y/o patrimonial, por la comisión de un ilícito. Luego, se plasmaron diversas consideraciones en relación con el concepto del "interés jurídico", que dado lo expuesto en párrafos precedentes, resulta innecesario introducir en esta resolución. En seguida, se expuso que si bien la Ley de Amparo legitima a la víctima y al ofendido, titulares del derecho a exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil que provengan de la comisión de un delito, para promover el juicio de amparo en contra de las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal; también corresponde dicho derecho a toda persona que con motivo del despliegue de la conducta delictiva, resienta una afectación en su esfera de derechos, de lo que deriva un menoscabo a su interés jurídico, necesario para la procedencia de dicho medio de control constitucional. Establecido lo anterior, se cuestionó, si quien denuncia un delito ante la autoridad correspondiente sin tener el carácter de víctima u ofendido ¿tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo contra la resolución que confirma el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, dictada por el Ministerio Público? Para dar respuesta a la interrogante, se partió de la definición de la denuncia, como el acto mediante el cual se pone en conocimiento de la autoridad la comisión de algún delito o infracción legal; y, según la persona y el delito de que se trate la denuncia puede ser facultativa u obligatoria. El denunciante del hecho que se considera delictuoso puede ser cualquier persona, ya sea que resienta afectación directa por este último (como son la víctima u ofendido) o bien, por un deber de sólo dar la noticia criminis. Tratándose de este último supuesto, que era la materia de la contradicción que se resolvió, esto es, cuando el denunciante sólo pone en conocimiento de la autoridad la comisión de hechos que pueden constituir un delito, ya sea que lo denuncie en términos de lo que impone la ley federal procesal penal, en su artículo 116: "Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier funcionario o agente de policía"; o bien, por una cuestión de mero sentir ciudadano, pero sin que haya sufrido una afectación directa a su persona o a sus bienes; ese plausible acto, no puede llegar al extremo de otorgar al denunciante del delito el interés jurídico que se requiere para acudir al juicio de amparo contra la resolución que confirma la decisión del Ministerio Público de no ejercer acción penal. En efecto, en términos de lo que la Ley de Amparo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han señalado por "interés jurídico" para el efecto de solicitar la protección constitucional por un acto de autoridad, no permite tener la posibilidad de otorgarle ese requisito a la persona que sólo da la noticia criminis a la autoridad respectiva, sin haber sufrido afectación alguna a su persona o bienes. Lo anterior, se dijo, era reforzado con lo establecido en la transcrita jurisprudencia 58/2006, en la que se otorga legitimación activa para interponer amparo contra el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de ésta, a todas aquellas personas que no siendo víctimas u ofendidos acrediten alguno de los siguientes supuestos: a) hayan sufrido un daño físico; b) una pérdida financiera; o, c) el menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones tipificadas como delitos. En este orden de ideas, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal concluyó que en el supuesto en que el denunciante de un hecho que considera delictivo no demuestre que sufrió el daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia del delito que denunció, no tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo en contra de la determinación que confirma el no ejercicio de la acción penal, pues la condición para accesar a la acción constitucional es acreditar alguno de los extremos (daño físico y/o patrimonial) antes referidos. De dicha contradicción de tesis, derivó la jurisprudencia 1a./J. 41/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Junio de 2011, materia Común, página 5, registro 161929, de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN PENAL. EL DENUNCIANTE QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO, NI DEMUESTRA QUE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, UNA PÉRDIDA FINANCIERA O EL MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, NO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DICTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. De conformidad con la jurisprudencia 58/2006 emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen legitimación activa para interponer amparo por el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de ésta, todas aquellas personas que hayan sufrido un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones tipificadas como delitos. Por tanto, en el supuesto de que una persona que, como denunciante, sólo dio noticia de la comisión de un delito a la autoridad correspondiente, pero no concurren en él las calidades de víctima u ofendido del hecho considerado delictivo y no demuestra que sufrió un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, no cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que confirma el no ejercicio de la acción penal dictado por el Ministerio Público." Ahora bien, en este punto es de precisarse que el quejoso Arturo Rodríguez Azueta promovió el presente juicio de amparo por propio derecho y en defensa de un interés inherente a su persona, toda vez que en la demanda de amparo que dio origen a este juicio señaló que instar con la personalidad que tiene acreditada ante la autoridad responsable, que consta en la denuncia de hechos presentada el cuatro de abril de dos mil doce, y que solicitó se le reconociera en esta instancia constitucional conforme a la jurisprudencia con número de registro 174069, es decir, como denunciante facultado para exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil. Y se afirma que el peticionario acude a esta instancia de amparo por propio derecho, pues la denuncia de hechos que él mismo refiere, de cuatro de abril de dos mil doce, la formuló en ese mismo carácter, dado que tanto en el proemio del escrito relativo, como en el apartado de la firma, únicamente asentó su nombre, sin indicar que actuaba en representación o como mandatario de alguien más; ni tampoco del resto de ese documento, se advierte que haya sido su voluntad realizar la denuncia a nombre de alguien más. Por tanto, si solicitó que le fuera reconocida la personalidad con que realizó la denuncia en la averiguación previa de origen, y aquélla fue presentada por propio derecho, es evidente que el juicio de amparo fue promovido con ese mismo carácter, por propio derecho. Establecido lo anterior, se está en aptitud de afirmar que el peticionario Arturo Rodríguez Azueta, por sí, carece de interés jurídico para combatir a través del presente juicio de amparo el oficio reclamado, a través del cual el Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales dependiente de la Procuraduría General de la República, autorizó la consulta del no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa UEIDFF/FINM17/109/2012, toda vez que los hechos denunciados en esa indagatoria se refieren a la afectación de un predio con motivo de la construcción de la vialidad "Libramiento Sur Metepec", propiedad de una persona distinta al peticionario: Susana Reyes Pliego, quien según el dicho del quejoso es su cónyuge. Se corrobora lo anterior, pues el propio denunciante, ahora quejoso, ofreció como prueba de su parte y adjuntó a la denuncia escrita formulada, copia certificada de la escritura pública número treinta y dos mil ciento treinta y uno, volumen quinientos cuarenta y uno, de la Notaría Pública número cincuenta y uno del Estado de México, que contiene el contrato de compraventa por el cual Luz María Luna Amador transfirió el dominio del inmueble de que se trata a la señora Susana Reyes Pliego. Asimismo, de las constancias que obran en la averiguación previa de origen, y que fueron exhibidas como pruebas por el propio denunciante, aquí quejoso, se advierte que si bien este promovió múltiples juicios con motivo de la afectación del inmueble que defiende por la construcción de la vialidad "Libramiento Sur Metepec", ante los tribunales administrativos y civiles de la entidad, lo cierto es que compareció en su carácter de apoderado legal de su cónyuge Susana Reyes Pliego. Además, el propio quejoso en su escrito de demanda señala que la litis de la averiguación previa se concretiza a la afectación del predio referido. Y si bien existen diversas manifestaciones del peticionario en cuanto a los hechos denunciados relativos a supuestas amenazas que dice recibió por parte de funcionarios públicos, lo cierto es que subyace la causa relativa a la afectación del inmueble en comento, pues la gestión del pago de la indemnización correspondiente al inmueble en cita es el origen de la controversia planteada. En consecuencia, si los hechos materia de la denuncia respecto de la cual se determinó autorizar el no ejercicio de la acción penal, se refieren a la afectación del predio ubicado en calle Pino, número trescientos, esquina Camino a San Gaspar, colonia Llano Grande, Metepec, Estado de México, cuya propiedad antes de la construcción de la vialidad "Libramiento Sur Metepec" correspondía a Susana Reyes Pliego, y no al quejoso, este último no sufrió directamente un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de los delitos que denunció, de lo que se sigue que no tiene interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, pues como ya se dijo, la condición para accesar a la acción constitucional es acreditar alguno de esos extremos (daño físico o patrimonial), lo que no se actualiza en el caso del quejoso, a quien solo le corresponde el carácter de denunciante ante la autoridad ministerial; siendo Susana Reyes Pliego la persona que, en todo caso, pudo haber sufrido un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de los hechos que se denunciaron ante el Ministerio Público. Ahora bien, no obstante que el quejoso promovió el juicio de amparo por propio derecho en su carácter de denunciante en la averiguación previa de origen; a mayor abundamiento, no pasa inadvertido que el peticionario, entre las múltiples pruebas documentales que allegó a la indagatoria de mérito, exhibió una copia certificada de una carta poder simple otorgada por Susana Reyes Pliego en su favor el doce de agosto de dos mil quince, dirigida al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para que a su nombre realizara las gestiones necesarias con relación a la presunta afectación al predio de su propiedad, con la clave catastral número 1030206834, ubicado en la calle Pino, número trescientos, colonia Llano Grande, en Metepec, Estado de México, ocasionada por la obra tipo vialidad denominada "Libramiento Sur de Metepec", que realizaba la Dirección de Vialidades del Gobierno del Estado de México. Para mejor entendimiento, se estima conveniente insertar una reproducción fotográfica de la carta poder en comento: Sin embargo, dicho documento es insuficiente para acreditar que el peticionario, en todo caso, comparece a esta instancia constitucional como apoderado legal de Susana Reyes Pliego, quien pudo haber sufrido un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de los hechos que se denunciaron ante el Ministerio Público, de los que se determinó autorizar el no ejercicio de la acción penal. A efecto de acreditar lo anterior es conveniente transcribir los artículos 7.764 al 7.778 y 7.815 al 7.824, relativos a los capítulos I y VI (de disposiciones generales y de los diversos modos de terminar el mandato) del Título Noveno (del Mandato) del Código Civil del Estado de México: "TITULO NOVENO Del Mandato CAPITULO I Disposiciones Generales Concepto de mandato Artículo 7.764.- El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y a nombre del mandante, o sólo por la primera, los actos jurídicos que éste le encarga. Formación del contrato de mandato Artículo 7.765.- El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión, por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los tres días siguientes. La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución de un mandato. Actos objeto del mandato Artículo 7.766.- Pueden ser objeto del mandato todos los actos lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado. Onerosidad como regla general del mandato Artículo 7.767.- Solamente será gratuito el mandato cuando así se haya convenido expresamente. Tiempo de duración del mandato Artículo 7.768.- El mandato debe contener el plazo por el que se confiere, de no contenerlo se presume que ha sido otorgado por tres años. Elemento formal del mandato Artículo 7.769.- El mandato debe otorgarse: I. En escritura pública; II. En escrito privado, firmado por el otorgante y ratificado su contenido y firma ante notario público, o ante la autoridad administrativa, cuando el mandato se otorgue para asuntos de su competencia; III. En escrito privado ante dos testigos, sin ratificación de firmas. Mandato general y especial Artículo 7.770.- El mandato puede ser general o especial. Son generales los contenidos en el siguiente artículo. Cualquier otro mandato tendrá el carácter de especial. Clases de mandato general Artículo 7.771.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusulas especiales conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen. Elementos formales específicos Artículo 7.772.- El mandato debe otorgarse en escritura pública o en escrito privado, firmado y ratificado el contenido y la firma del otorgante ante notario o autoridades administrativas, para asuntos de su competencia cuando: I. Sea general; II. El interés del negocio para el que se otorgue sea superior al equivalente a quinientas veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado, al momento de conferirse; III. En virtud del que haya de ejecutar el mandatario, algún acto que conforme a la ley debe constar en instrumento público. Mandato por escrito ante dos testigos Artículo 7.773.- El mandato podrá otorgarse por escrito ante dos testigos, sin que sea necesaria la ratificación de firmas cuando el interés del negocio para el que se confiera, no exceda de quinientas veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado, al momento de su otorgamiento. Falta de forma del mandato Artículo 7.774.- La omisión de los requisitos establecidos en los artículos que preceden anula el mandato, y sólo deja subsistentes las obligaciones contraídas entre el tercero que haya procedido de buena fe y el mandatario, como si éste hubiere obrado en negocio propio. Mala fe del mandante, mandatario y terceros Artículo 7.775.- Si el mandante, el mandatario y el que haya tratado con éste proceden de mala fe, ninguno de ellos tendrá derecho de hacer valer la falta de forma del mandato. Devolución de sumas al mandante Artículo 7.776.- En el caso de que se omitan los requisitos establecidos en los artículos anteriores, podrá el mandante exigir del mandatario la devolución de las sumas que le haya entregado, respecto de las cuales será considerado el último como simple depositario. Mandato con o sin representación Artículo 7.777.- El mandatario, en términos del convenio celebrado entre él y el mandante, podrá desempeñar el mandato tratando en su propio nombre o en el del mandante. Relación del mandante con terceros en el mandato sin representación Artículo 7.778.- Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas contra el mandante. En este caso, el mandatario es el obligado directamente en favor de la persona con quien ha contratado, como si el asunto fuere suyo. Se exceptúa el caso en que se trate de bienes propios del mandante. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las acciones entre mandante y mandatario." (.) "CAPITULO VI De los Diversos Modos de Terminar el Mandato Causas de terminación del mandato Artículo 7.815.- El mandato termina por: I. Revocación; II. Renuncia del mandatario; III. Muerte del mandante o del mandatario; IV. Interdicción de uno u otro; V. Vencimiento del plazo; VI. Conclusión del negocio para el que fue concedido; VII. Declaración de ausencia. Revocación del mandato por el mandante Artículo 7.816.- El mandante puede revocar el mandato cuando y como le parezca; menos en aquellos casos en que su otorgamiento se hubiere estipulado como una condición en un contrato bilateral o como un medio para cumplir una obligación contraída. En estos casos tampoco puede el mandatario renunciar el poder. Revocación o renuncia inoportuna Artículo 7.817.- La parte que revoque o renuncie el mandato en tiempo inoportuno, debe indemnizar a la otra de los daños y perjuicios que le cause. Notificación a tercero de la revocación Artículo 7.818.- Cuando se ha dado un mandato para tratar con determinada persona, el mandante debe notificar a ésta la revocación del mandato, so pena de quedar obligado por los actos del mandatario ejecutados después de la revocación, siempre que haya habido buena fe de parte de esa persona. Devolución de documentos por el mandatario Artículo 7.819.- El mandante puede exigir la devolución del instrumento o escrito en que conste el mandato, y todos los documentos relativos al negocio o negocios que tuvo a su cargo el mandatario. Descuido de exigir devolución de documentos Artículo 7.820.- El mandante que descuide exigir los documentos que acrediten los poderes del mandatario, responde de los daños que puedan resultar por esa causa a terceros de buena fe. Muerte del mandante Artículo 7.821.- Aunque el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administración entre tanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio. Denuncia de la sucesión del mandante Artículo 7.822.- En el caso del artículo anterior, el mandatario denunciará dentro del plazo de un mes la sucesión a efecto de rendir cuentas al interventor o albacea. Obligación del mandatario que renuncia Artículo 7.823.- El mandatario que renuncie tiene la obligación de seguir el negocio, hasta por quince días más, mientras el mandante provee a la procuración, en los casos en que pueda causarse algún perjuicio, salvo que el mandante lo releve de esta obligación. Actos del mandatario posteriores a la conclusión del cargo Artículo 7.824.- Sabiendo que ha cesado el mandato, lo que el mandatario hiciere con un tercero que ignora el término de la procuración, no obliga al mandante, excepto si el mandato se confiere para tratar con determinada persona, no se le notifica la revocación del mandato y ésta ha actuado de buena fe." Así, de la normatividad transcrita se observan múltiples disposiciones en torno al contrato de mandato, que es definido como el acuerdo de voluntades en el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y a nombre del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Asimismo, en lo que nos interesa, el contrato de mandato se rige por las siguientes prescripciones: Pueden ser objeto de él todos los actos lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado. Debe contener el plazo por el que se otorga, y de no estipularse se presumirá otorgado por tres años. Puede otorgarse en escritura pública; en escrito privado, firmado por el otorgante y ratificado su contenido y firma ante notario público, o ante la autoridad administrativa, cuando el mandato se otorgue para asuntos de su competencia; o en escrito privado ante dos testigos, sin ratificación de firmas. Puede ser general o especial. General: para pleitos y cobranzas estableciendo que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusulas especiales conforme a la ley; para administrar bienes; o para ejercer actos de dominio. Especial, en cualquier otro caso. Asimismo, cuando se quiera limitar el mandato, se consignarán las limitaciones. Debe otorgarse en escritura pública o en escrito privado, firmado y ratificado el contenido y la firma del otorgante ante notario o autoridades administrativas, para asuntos de su competencia cuando, entre otro casos, el interés del negocio para el que se otorgue sea superior al equivalente a quinientas veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado, al momento de conferirse. Podrá otorgarse por escrito privado ante dos testigos, sin que sea necesaria la ratificación de firmas cuando el interés del negocio para el que se confiera, no exceda de quinientas veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado, al momento de su otorgamiento. En cuanto a la terminación de este tipo de contratos, una de las causas que la actualizan es el vencimiento del plazo para el que fue otorgado, o de no haberse establecido, por el plazo presumido por la ley, que ya se dijo es de tres años. En base a las presiones anteriores, es que la carta poder que el quejoso exhibió en copia certificada ante el Ministerio Público junto con la denuncia correspondiente, resulta insuficiente para acreditar que le corresponda el carácter de mandatario o apoderado de Susana Reyes Pliego, quien es quien pudo haber sufrido un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de los hechos materia de la indagatoria en que se determinó autorizar el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, pues si bien la promoción del juicio de amparo es un acto lítico para el cual la ley de la materia no exige necesariamente la intervención personal del interesado, de conformidad con el primer párrafo del artículo 6° de la Ley de Amparo, sino que también puede realizarse a través de su representante legal o apoderado, lo cierto es que el mandato que fue conferido al quejoso por Susana Reyes Pliego, tiene los siguientes defectos: Primero, no fue otorgado en la forma que la legislación exige de acuerdo al negocio encargado, que en este caso es la defensa de un inmueble, derivado de la afectación ocasionada por la construcción del "Libramiento Sur de Metepec", del cual el quejoso solicitó una indemnización por $26,828,000.00 (veintiséis millones ochocientos veintiocho mil pesos 00/100 moneda nacional); en contravención a la cantidad que la autoridad estatal consignó ante la autoridad judicial local como pago de indemnización por $410,072.03 (cuatrocientos diez mil setenta y dos pesos 03/100 moneda nacional). Luego, si de conformidad con los artículos 7.772 y 7.773 del código sustantivo de la materia, el mandato solo puede conferirse por escrito privado ante dos testigos, como en el caso se otorgó, sin que sea necesaria la ratificación de firmas ante notario público, cuando el interés del negocio respectivo no exceda de quinientas veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado, al momento de su otorgamiento, lo que en el caso no aconteció, según se observa a continuación: El mandato fue otorgado el doce de agosto de dos mil cinco; en ese mes, el salario mínimo del área geográfica C era de $44.05 (cuarenta y cuatro pesos 05/100 moneda nacional), y multiplicada dicha cantidad por las quinientas veces que prevé el artículo aludido da un total de $22,025.00 (veintidós mil veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), que es el importe máximo del negocio para el cual se hubiera podido otorgar un mandato válidamente en escrito privado con dos testigos sin ratificación de firmas ante notario público. Sin embargo, tanto la cuantía de la indemnización que el quejoso pretende, como la cantidad que la autoridad estatal depositó por ese concepto, resultan superiores en demasía. De ahí que la carta poder otorgada al quejoso es ineficaz para representar legalmente a Susana Reyes Pliego en el juicio que nos ocupa, y para que se pudiera considerar válida debió otorgarse en escritura pública o en escrito privado pero firmado y ratificado ante notario o la autoridad administrativa en asuntos de su competencia, lo que en el caso no aconteció. En segundo lugar, el mandato otorgado en la carta poder referida fue terminado desde el doce de agosto de dos mil ocho, es decir, tres años después de haber sido otorgado, pues al no haberse establecido en dicho contrato el plazo por el que se confería, es aplicable la regla prevista en el artículo 7.768 antes transcrito, que presume que fue otorgado por tres años y, por ende, con fundamento en el diverso artículo 7.815 transcrito, el mandato terminó con el vencimiento de ese plazo. Así, a partir del doce de agosto de dos mil ocho el mandato cesó sus efectos, por lo que no es idóneo para acreditar la posible representación que pudiera ejercer el quejoso respecto de Susana Reyes Pliego. Y, en tercer lugar, la carta poder en cita fue dirigida al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que se entiende que el mandato otorgado fue limitado a la gestión de la defensa del inmueble aludido únicamente ante esa autoridad, lo que actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 7.771 antes invocado, referente a que cuando se quisiera limitar el mandato, se consignará en él las limitaciones respectivas, constituyéndose así un mandato especial, lo que acontece con el contrato de mandato que nos ocupa, dada la limitación establecida sobre la autoridad ante quien se otorgó el mandato. Similar consideración procede hacer respecto del diverso poder otorgado por Susana Reyes Pliego en favor del quejoso, en el instrumento notarial número cuarenta mil ochocientos treinta y siete, del índice de la Notaría Pública número Quince del Estado de México, otorgado el veintiocho de enero de dos mil ocho, visible a foja 786 del anexo; toda vez que en la cláusula tercera del propio documento se estableció que el poder tendría una vigencia de tres años a partir de su firma, y por consiguiente, su validez feneció el día veintiocho de enero de dos mil once. De ahí que dicho documento también sea ineficaz para lograr el convencimiento de que al quejoso le correspondiera el carácter de apoderado de la titular del derecho controvertido en la afectación del inmueble materia de la litis. En consecuencia, si el quejoso fundó su causa de pedir en la defensa del inmueble referido, para acreditar su interés jurídico era necesario que demostrara tener un derecho legítimamente tutelado con relación a ese bien, o en su caso, haber acudido como representante o apoderado de quien según los documentos que él mismo adjuntó, era su propietaria, pero ninguno de esos supuestos aconteció. Por tanto, las pruebas aportadas por el peticionario dentro de la averiguación previa de origen, que se allegaron como complemento al informe justificado en este juicio de amparo, son insuficientes para acreditar su interés jurídico, amén de que este tiene que ser comprobado en forma fehaciente y no a base de presunciones. Sustenta a la anterior consideración, la jurisprudencia emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con número de registro 203522, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Enero de 1996 , Materia Común, número XX. J/14, página 148, de rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL. En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones." Corolario de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. No es obstáculo para resolver en el sentido descrito, que se haya acreditado la existencia del acto reclamado, pues esa circunstancia no es suficiente para que sea procedente el juicio de amparo, sino que era necesario que el peticionario del amparo acreditara que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Es aplicable la jurisprudencia identificada con el registro 2a./J. 23/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número ochenta y cuatro, diciembre de 1994, página 20, registro 206321, del siguiente tenor: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme, tal y como lo dispone la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, octubre-diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro 226555, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1595/2014-I, promovido por Arturo Rodríguez Azueta, por lo motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente al quejoso y a los terceros interesados. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario Mario Jorge Melo Cardoso, quien da fe, hasta el día de hoy, nueve de mayo de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado l
- Principal
V) Agréguese el oficio signado por la Superioridad, mediante el cual, remite testimonio del amparo en revisión en la que resolvió confirmar la resolución recurrida y sobreseer en el presente asunto. acúsese recibo. requiérase nuevamente a la responsable para que dentro del plazo de tres días, acuse recibo de las constancias en comento. apercibimiento. Notifíquese.
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