Adan Guerrero Guerrero
Expediente 1041/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1041/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Adan Guerrero Guerrero
Actuaciones
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. *** Devolución de documentos. De igual forma, se autoriza a la parte quejosa la devolución de los documentos anexos al escrito inicial de demanda, debiéndose dejar en los autos certificación y razón de recibo, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente, de acuerdo a lo previsto en el citado numeral 18 del referido acuerdo. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). *** Recepción de oficio. En diverso orden, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte promovente; atento a la devolución que solicita,, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes.
- Principal
Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, ****, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuyen a las autoridades siguientes: Juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato. Fórmese expediente y regístrese con el número **** tanto en el libro de control de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia que el acto reclamado lo hace consistir en: El auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ****, del índice de la responsable, en el que citó a las partes para fase de conciliación, previo a llevar a cabo la audiencia preliminar. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala:**** En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.***** Causa de improcedencia. En este asunto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 , en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII , todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio, es de recordar que el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se tiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Además, de la porción constitucional se advierte que la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación, lo que se reitera en el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Esto es, el precepto legal citado reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, pues establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: - La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, - La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es importante tener presente que estas dos notas distintivas necesariamente deben actualizarse concomitantemente, pues de lo contrario no se estará ante un acto de imposible reparación al carecer de uno de sus elementos esenciales.*** Análisis del caso concreto. De lo reseñado evidencia que el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio *****, del índice de la responsable, en el que citó a las partes para fase de conciliación, previo a llevar a cabo la audiencia preliminar, no es un acto de imposible reparación ni afecta derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, sino que solamente tiene efectos procesales y no afecta, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la resolución reclamada constituye un acto inminentemente procesal y de posible reparación, al poder obtener el promovente de amparo, fallo favorable y, en caso contrario, gozaría de los medios de impugnación legales para controvertirlo. Por tanto, de ninguna manera se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, por la mera circunstancia de que, en su opinión, se contravenga con el derecho consagrado en el artículo 17 constitucionales -derecho a la tutela judicial efectiva-, pues no se traduce en automático en una situación que le afecte alguno de los derechos fundamentales tutelados por la constitución y los tratados internacionales (verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en su diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera). Se itera, el acto reclamado tiene un efecto meramente adjetivo o procesal, pues su consecuencia vinculada con agotarse la etapa de conciliación, se proyectará de manera concreta en el dictado de la sentencia. Asimismo, con la decisión reclamada no se transgrede el derecho de defensa del inconforme, porque el único efecto es que continúe el juicio de origen por sus cauces legales, como fue integrada la litis. Lo anterior es así, porque el hecho de que la autoridad responsable haya citado a audiencia de conciliación, no significa que la sentencia se vaya a emitir en forma desfavorable a sus intereses, ni tampoco se evidencia de forma fehaciente - hasta este momento- una afectación grave a los derechos fundamentales de las partes involucradas. Pues de acuerdo con lo narrado en la demanda de amparo -bajo protesta de decir verdad-, todavía no se dicta sentencia definitiva; aunado al hecho de que en el procedimiento de origen se encuentra decretada una medida provisional de restricción a las convivencias de la menor, por lo cual no se deja en un plano de desprotección de sus derechos. Por tanto, la eventual violación procesal quedará inocua si se obtiene sentencia favorable. No obstante, en caso de continuar dicha violación, la puede hacer valer como agravio en el recurso correspondiente que interponga contra esta última determinación y, finalmente, hacerla valer como violación procesal en amparo directo que se llegue a interponer en su caso, frente al fallo definitivo de segundo grado, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin que pasen inadvertidos para esta juzgadora los argumentos hechos valer por la parte quejosa entorno a la procedencia del presente juicio; sin embargo, para que un acto sea considerado de imposible reparación cometido durante la tramitación de un juicio, pues como se ha establecido, es necesario que éste produzca una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Ahora, no se inadvierte que en el presente asunto se encuentren involucrados derechos humanos de una menor de edad; sin embargo, tal situación por sí sola no torna la aparente violación en una transgresión sustantiva en perjuicio de la infante, lo que es imprescindible demostrar, atento a la naturaleza del juicio de amparo, puesto que incluso en aquellos asuntos donde intervengan intereses de infantes es necesario que se cumpla con este requisito para la procedencia del controvertido constitucional. *** protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. *** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Domicilio y autorizados. Por otra parte, como lo solicita el quejoso, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, dado que cuentan con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas. Se autoriza acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas.
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