Adán González Ochoa

Expediente 679/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
679/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Adán González Ochoa

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. INFORMES Agréguense los oficios remitidos por el Fiscal Especial en Investigación de Delito de Tortura y el Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, a través de los cuales, informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en esas condiciones, téngase por informado lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, once de mayo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y REGISTRO. Vista la demanda que promueve ****************** por propio derecho; regístrese bajo el número 679/2023-I-C ACTOS RECLAMADOS En ese orden, del análisis integral de la demanda, se advierte que en esencia los quejosos señalan como acto reclamado: El auto de ********************, dictado dentro de la ******************** por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Pe********************; mediante el cual, se reservó desahogar la audiencia de juicio oral y se asignó hasta el mes de septiembre del año que transcurre. Análisis de procedencia Hecho lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, este juzgador, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo contendido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Dicha por porción legal alude a uno de los principios rectores del juicio de amparo, esto es, el de definitividad. Así, la razón por la que al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, resulte imprescindible que previamente se agoten los recursos ordinarios previstos en la ley que rigen al acto y que tengan como efecto su modificación, revocación o nulidad, deriva de la propia naturaleza del juicio de amparo; esto es, dado el carácter de medio extraordinario y cuya procedencia solo es factible en contra resoluciones que no admiten la posibilidad de alterabilidad. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto exige la exclusión de interpretaciones arbitrarias y ambiguas, pues de lo contrario se podría generar una amplia gama de excepciones ajenas a las establecidas legalmente y contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa que representa. Por tanto, el órgano constitucional deberá verificar que el demandante haya observado el principio de definitividad, mediante el agotamiento del medio ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados en aquel precepto legal. De ahí que, para que se actualice la causa de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: 1) Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; 2) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; 3) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; 4) Que, por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y 5) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto o cualquier otra parte de la ley, como es el caso de los terceros extraños o cuando el acto reclamado importa peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Determinados los elementos para la configuración de la causal en estudio, se considera pertinente asentar que en tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional. Con base lo expuesto, el acto reclamado se hace consistir en el auto de ********************, dictado dentro de la ********************, emitido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Pe********************; mediante el cual, se reservó desahogar la audiencia de juicio oral y se asignó hasta el mes de septiembre del año que transcurre para su continuación; en ese sentido, es válido sostener que, la parte quejosa debió interponer el recurso ordinario contemplado en la código de la materia, en el caso, queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." La porción legal prevé que procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este código. Atento a lo anterior, debe decirse que constituye una carga procesal de las partes en el proceso promover queja en contra del acto de un juez que no realiza una cuestión procesal dentro de los plazos señalados en el mismo código. Además, dicha prerrogativa que se le otorga a las partes en el proceso no es opcional, sino que se les reconoce ese derecho para el efecto de que puedan conminar al juzgador para que se conduzca con apego a la ley, de estimar que esto no se ha llevado a cabo, mediante ese recurso las partes pudieran defender los derechos que consideraran violentados por parte de la potestad. En ese sentido, el quejoso al no haber observado el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. El que, además, tiene justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de la unión. De ahí entonces, el presente juicio de amparo es improcedente, ya que los quejosos estaban obligados a agotar ese medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo; y al no haberlo hecho así, debe catalogarse como no observado el principio de definitividad. Todo lo antes expuesto, se afirma de tal manera, toda vez que el acto reclamado, no se trata de uno que importe peligro de privación de la vida. No incide en la libertad personal de las partes dentro o fuera de procedimiento; ya que no se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, no es un auto de vinculación a proceso, ni niega la libertad bajo caución o aquella que establece los requisitos para su disfrute y menos aún es una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, ni constituye una orden de arresto Tampoco tiene por efecto la incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, ni la extradición y no se trata de una desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la Incorporación Forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Ni el quejoso es extraño al procedimiento natural, debido a que la parte sentenciada; y el acto reclamado o sus consecuencias no inciden en su libertad personal, sino solamente en un aspecto procesal relativo a la negativa a señalar la práctica de una diligencia judicial fuera de los plazos establecidos en la norma para su desahogo. En relación con lo anterior, se cita la tesis 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 191539, Novena Época, visible en el Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, julio de 2000, página 156, de título y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." No se soslaya que la abstención de la autoridad puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa, los derechos que a su favor establece la Carta Magna, toda vez que ante esa inactividad de la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica; no obstante, la existencia formal y material de un recurso para impugnar dicha omisión, conlleva la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. Sirve de apoyo, la tesis 2a. LXXXI/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro xiv, noviembre de 2012, tomo 2, página 1587, de título y contenido siguientes: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. En ese tenor, si los quejosos fueron omisos en interponer contra el acto reclamado, el recurso ordinario, en esta caso el de queja, resulta evidente que incumplió o no observó el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional; por tanto, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ******************** domicilio Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones vía electrónica el usuario ********************; mismo que también se autoriza para la consulta del expediente electrónico, por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", a fin de que se realicen las notificaciones correspondientes y la consulta del juicio en su versión electrónica. Correo electrónico y número telefónico Sin que haya lugar a tener como tal el correo electrónico y número telefónico los proporcionados, en virtud de que dichos medios de comunicación no se encuentran contemplados dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a lo previsto por la legislación en cita. No obstante ello, se tienen como "medios de comunicación alternos" (no procesales), el correo electrónico y número telefónico que proporciona, para efectos del juicio de amparo en que se actúa. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta del expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano