Adan Fernando Delgado Rivera
Expediente 385/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/10/2022
Partes del expediente
- Adan Fernando Delgado Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obran las constancias de notificación a las autoridades responsables del auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, se declaró que causó estado el mismo y se ordenó el archivo del presente juicio de amparo. En consecuencia, en aras de una justicia pronta y expedita como lo establece el artículo 17 Constitucional, gírense atentos comunicados a las autoridades responsables, adjuntándoles copia de dicho proveído, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que no obra en el expediente electrónico ni físico de este juicio de amparo, constancia de la que se desprenda que la Décimo Octava Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, haya recibido el oficio 4991/2022, mediante la cual se le notificó la sentencia de amparo dictada en el presente sumario. En consecuencia; a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se ordena remitir copia de la sentencia, a la autoridad responsable mencionada.
- Principal
En virtud de no haber acudido a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a fin de ser notificada la tercera interesada **** previo citatorio dejado para tal efecto, se le notifica la sentencia de veintiocho de febrero del año en curso, que en lo conducente establece: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 817/2021, promovido por Rosa María González Martínez por conducto de su apoderado legal José Antonio Martínez Badillo contra el acto que reclama del Juez Noveno en Materia Civil del Primer Partido Judicial, en Jalisco. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de un fallo de fondo, si los actos impugnados vulneran en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales de legalidad y de seguridad jurídica, consagrados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES: En diecinueve de agosto de dos mil veinte Juan Luis Cano Forrat y Macarena Rocío Corte Ríos, presentaron demanda en la vía ejecutiva en contra de Rosa María González Martínez, por el pago de diversa prestaciones, que asciende a la cantidad de $1'250,000.00 (Un mil doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago del costo de reparaciones realizadas a un bien inmueble. Correspondió conocer de esa demanda al Juzgado Noveno en Materia Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, bajo el número de expediente 390/2020. En veintitrés de septiembre de dos mil veinte el Juzgado Noveno en Materia Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, admitió la demanda en la vía propuesta en contra de Rosa María González Martínez, y despachar mandamiento de ejecución en su contra, requerimiento de pago y el embargo de bienes. En veintidós de marzo de dos mil veintiuno, la secretaria ejecutora del Juzgado Noveno de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en compañía del abogado patrono de la parte actora, procedió a realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en contra de la parte demandada, ahora quejosa; embargó un inmueble propiedad de la ejecutada, así como las consignaciones de rentas en favor de Juan Luis Cano Forrat. En consideración de la disidente el acto que impugna vulnera sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicio en su esfera normativa. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, Rosa María González Martínez por conducto de su apoderado legal José Antonio Martínez Badillo presentó un escrito en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; a través de ese ocurso la promovente solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por los actos que más adelante se precisarán. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de la actuación combatida y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. El nueve de junio de dos mil veintiuno este juzgado desechó la demanda por estimar que el acto reclamado es de aquellos que no producen afectación a derechos sustantivos. En desacuerdo con esa determinación, la quejosa promovió recurso de queja, que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, bajo el número 209/2021, de su estadística por la cual declaró fundado ese medio de impugnación. En cumplimiento a esa ejecutoria el ocho de octubre de dos mi veintiuno se admitió la demanda, donde quedó registrada con el expediente 817/2021. Se le dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado y se señaló hora, se reconoció como tercero interesado en el presente juicio a Juan Luis Cano Forrat, y por aun auto diverso se incorporó a Macarena Rocío Corte Ríos. En esa actuación se fijó fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el seis de diciembre de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede. III COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; y, 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama actos que se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis en materia común P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Del Juez Noveno en Materia Civil del Primer Partido Judicial del Jalisco, combate: La resolución de veinte de abril de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación que interpuso contra el auto que admitió la demanda en la vía ejecutiva y ordenó despachar ejecución en su contra en los autos del juicio 390/2020. VI. CERTEZA DE ACTO RECLAMADO Es cierto el acto recriminado al Juez Noveno en Materia Civil del Primer Partido Judicial del Jalisco, consistente en la resolución de veinte de abril de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación que interpuso contra el auto que admitió la demanda en la vía ejecutiva y ordenó despachar ejecución en su contra en los autos del juicio 390/2020, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de los actos que fueron atribuidos. En el caso es aplicable la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La certeza del acto impugnado se patentiza con las constancias del juicio 390/2020, que la autoridad responsable remitió en apoyo de su informe con justificación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VII. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de señalar hora y fecha para el desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. La disposición normativa invocada prescribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" De la lectura de la norma inserta se advierte que este medio extraordinario de defensa es improcedente cuando con motivo de un cambio de situación jurídica en un procedimiento judicial se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, al no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. El cambio de situación jurídica por regla general se produce cuando concurren los siguientes presupuestos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; Que cambie la situación jurídica en la que el quejoso se encontraba en razón del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio constitucional; y, Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de protección de los derechos fundamentales y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. Al respecto es ilustrativa la tesis 2a. CXI/96 sustenta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora, debe recordarse que en el caso Rosa María González Martínez acudió a esta vía constitucional a reclamar la resolución de veinte de abril de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación que interpuso contra el auto que admitió la demanda en la vía ejecutiva y ordenó despachar ejecución en su contra en los autos del juicio 390/2020. El Juez Noveno en Materia Civil del Primer Partido Judicial del Jalisco, en cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado remitió copias certificadas de la sentencia definitiva de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, que puso fin a ese contradictorio, lo anterior en razón de que el documento base de la acción resultó que no tiene la calidad de título de ejecutivo y dejó a salvo los derechos de la parte actora. En atención a esa sentencia que dejó a salvo los derechos de la actora en ese asunto, documental pública al que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los arábigos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su numeral 2. Lo anterior permite establecer que el nuevo estatus jurídico creado por el dictado de la sentencia que dejó a salvo los derechos de la parte actora (sin entrar al estudio de fondo) modificó la situación jurídica del acto reclamado, que motivó la promoción de este sumario constitucional. Lo anterior es así, en razón de que ésta última actuación ocurrida dentro del procedimiento de origen es posterior, autónoma e independiente, respecto del acto combatido. Bajo ese contexto, es evidente que en la especie se está en presencia de un cambio de situación jurídica, al no poder decidirse sobre la legalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación creada con el nuevo acto surgido durante la tramitación del juicio laboral. Esa nueva circunstancia impide decidir sobre la constitucionalidad de la resolución de veinte de abril de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación que interpuso contra el auto que admitió la demanda en la vía ejecutiva y ordenó despachar ejecución en su contra en los autos del juicio 390/2020, reclamado sin afectar la nueva situación legal regida por la sentencia dictada en el juicio de origen, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo; de ahí que se producen los presupuestos procesales a que se hizo alusión y que conducen a la actualización de la hipótesis de inejercicio de la acción de amparo analizada. En respaldo de lo anterior se cita por las razones que expone la jurisprudencia 9/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "PERSONALIDAD EN MATERIA CIVIL. EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ANTES QUE SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME UNA CUESTIÓN DE ESA NATURALEZA, LO HACE IMPROCEDENTE, AL ACTUALIZARSE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las consideraciones de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 28/2003-PL, que dieron origen a la tesis P./J. 83/2003, sostuvo que la irreparabilidad del perjuicio al quejoso cuando reclama una determinación en la que se resolvió sobre la personalidad, se materializa sólo si se dicta la sentencia definitiva en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, pues en ese caso opera un cambio de situación jurídica que vuelve improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción X, primer párrafo del artículo 73 de la Ley de la materia. Por otra parte, el propio Tribunal en Pleno en la P./J. 110/2004 estableció que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución que dirime una cuestión de personalidad en el incidente respectivo, si antes del dictado de la resolución correspondiente en el juicio de amparo se emite el laudo, por actualizarse la hipótesis prevista en el referido artículo. En congruencia con dichos criterios y aplicándolos concretamente a la materia civil, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la interlocutoria que resuelve el incidente relativo a la falta de personalidad en el procedimiento civil de donde emana tal interlocutoria se dicta sentencia de primer grado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo indicado, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo indirecto, ya que no podría decidirse dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica." En ese contexto, se patentiza el supuesto regulado por el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. VII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional establecida por el normativo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este medio extraordinario de defensa respecto del acto combatido al Juez Noveno en Materia Civil del Primer Partido Judicial del Jalisco, consistente en la resolución de veinte de abril de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación que interpuso contra el auto que admitió la demanda en la vía ejecutiva y ordenó despachar ejecución en su contra en los autos del juicio 390/2020, reclamado por la aquí quejosa, con fundamento en lo estatuido por el ordinal 63, fracción V, del ordenamiento citado. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rosa María González Martínez por conducto de su apoderado legal José Antonio Martínez Badillo, contra el acto reclamado al Juez Noveno en Materia Civil del Primer Partido Judicial del Jalisco, por las razones expresadas el considerando VII de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió, Tatiana Elizondo Piña, Jueza Decimotercera de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria de acuerdos Anastacia Pérez España quien autoriza y da fe hasta hoy veintiocho de febrero de dos mil veintidós, cuando las labores del Juzgado lo permitieron.
- Principal
Zapopan, Jalisco, siete de marzo de dos mil veintidós. Constancia de envío de correo electrónico. Agréguese a los autos la impresión del correo electrónico institucional de la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se aprecia el envío de las constancias ahí Notifíquese. Lo proveyó y firma Tatiana Elizondo Piña, Jueza Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Ana Gabriel Toral Peralta, Secretaria que autoriza y da fe.
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