Adan Catalan Moctezuma
Expediente 991/2016 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 991/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Adan Catalan Moctezuma
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO DE AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TÉRMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DE AMPARO, TRANSCURRIÓ DEL DIEZ AL TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SIN QUE LA PARTE QUIEJOSA HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHO DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO AL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, CONRESIDENCIA DE TEPEJÍ DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN DE TRECE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADA EN LA CAUSA PENAL 11/2015; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. EN MERITO DE LO ANTERIOR, Y AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: ... Pachuca de Soto, Hidalgo, veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. A sus autos el oficio del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, al que acompaña el juicio de amparo indirecto 1131/2016, promovido por Adán Catalán Moctezuma, por propio derecho, dos copias de la demanda de amparo y tres anexos certificados consistentes en copia de la causa penal 11/2015, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, con residencia en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Luego, el veintiocho de septiembre del año en curso, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo indirecto 1131/2016, toda vez que del análisis integral de la demanda advirtió que el quejoso reclamó como acto desvirtuado entre otros, la sentencia definitiva de trece de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, con residencia en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, dentro de la causa penal 11/2015. Asimismo, el juez constitucional señaló por lo tanto, que al impugnarse a través del juicio de amparo la sentencia definitiva que resolvió el mencionado proceso penal, entonces evidentemente, se actualiza el supuesto que establece el artículo 170 de la Ley de Amparo, y por ende, resulta procedente el amparo directo. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 47 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia de la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en cita. Ahora bien, cabe precisar que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 6/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON "COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO "PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE "ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL "MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS "(LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De "los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política "de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, "así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la "Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres "cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo "directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede "contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, "entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por "las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) "Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los "Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por "regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los "recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de "definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados "presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar "su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía "directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese "presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de "Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en "la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en "su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye "que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las "demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el "juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el "medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues "promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza "torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia "definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal "a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, "cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de "amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del "principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas "cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y "P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de "Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable "en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el "contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo "que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo "abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en "vigor." Así, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima que el presente juicio de garantías debe desecharse por notoriamente improcedente en términos del artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo Adán Catalán Moctezuma, señaló como autoridad responsable y actos reclamados, los siguientes: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Juzgado Mixto "de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, "con residencia en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo. - - - IV.- ACTO "RECLAMADO.- 1°. La nulidad de todo lo actuado en el juicio "seguido por la menor I.D.G.P., dentro de la causa penal 11/2015, "nulidad que se hace valer por tratarse de un juicio fraudulento, como "se demostrará en el presente juicio de amparo; 2°. La sentencia "dictada en fecha trece de enero de dos mil dieciséis, dentro de la "causa penal 11/2015 (.), 3°. El auto de ejecución de fecha "veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, de la sentencia dictada "en fecha trece de enero de dos mil dieciséis, dentro de la causa "penal 11/2015 (.). 4°. La nulidad de todo lo actuado en la etapa de "pruebas, toda vez que si bien es cierto fui asistido por el defensor "particular de mi elección, también lo es que no conté con una "defensa adecuada como lo establece la nueva reforma en materia de "derechos humanos." Luego, de los anexos certificados que se acompañan, consistentes en copia certificada de la causa penal 11/2015, se advierte que el trece de enero de dos mil dieciséis, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, con residencia en Tepeji del Río, Hidalgo, dictó sentencia definitiva en la causa penal en cita, seguida al ahora quejoso por el delito de abuso sexual agravado, en contra de la menor I.A.G.P., y, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se emitió un auto donde se expuso que la sentencia definitiva condenatoria causó ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, toda vez que ninguna de las partes interpuso recurso alguno en su contra. Inconforme con dicha sentencia definitiva, Adán Catalán Moctezuma, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Luego como ya se dijo, se estima que el presente juicio de amparo debe desecharse por improcedente toda vez que la fracción XIII, del artículo 61 de la ley de la materia, así lo establece, ya que el acto reclamado fue consentido expresamente por el ahora quejoso, al no haber interpuesto el recurso de apelación, en términos del artículo 336 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo. En mérito de lo anterior, al haberse consentido el acto reclamado, toda vez que no se interpuso recurso alguno en su contra, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIII, 170, 179 y demás relativos de la Ley de Amparo, este tribunal DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Adán Catalán Moctezuma, promovida en contra de la sentencia de trece de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, con residencia en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, en la causa penal 11/2015. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, los indicados en el escrito de demanda. En el momento procesal oportuno, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
- Juicio de Amparo Directo
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