Adan Carrasco Sanchez

Expediente 541/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
541/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
20/12/2016

Partes del expediente

  • Adan Carrasco Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de ocho de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 9-10), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de les expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo...

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que promueve Adán Carrasco Sánchez, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y otra autoridad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 113 que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Pues bien, en el caso, el quejoso Adán Carrasco Sánchez, promueve demanda de amparo contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, de quien reclama la negativa a expedirle copia de las diligencias practicadas y la negación de una diligencia de investigación apegado a derecho, como víctima y coadyuvante que es en la carpeta de investigación 3421/JU/2016. Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; Ahora bien, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en este mismo precepto normativo, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal como en la legislación de amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos del Ministerio Público que se relacionan de manera específica, en contra de sus omisiones en la investigación de los delitos; resoluciones de reserva; no ejercicio; desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En cuanto a dichas actuaciones, las omisiones en la investigación de los delitos adquieren importancia, en la medida que, si el representante social integra de manera deficiente la averiguación previa, es factible que no prospere el ejercicio de la acción penal ante el órgano jurisdiccional. En lo que atañe a la resolución de reserva, tiene lugar cuando existe imposibilidad de cualquier naturaleza para proseguir la averiguación previa y aún no se ha acreditado el hecho ilícito y en consecuencia la probable responsabilidad, o bien, cuando habiéndose comprobado el hecho ilícito, no es posible hasta el momento atribuir la probable responsabilidad a persona determinada. La reserva de la averiguación previa, no significa que ésta haya concluido o que no puedan llevarse a cabo más diligencias, puesto que en el caso de obtener nuevos elementos y no habiendo prescrito la acción penal, el Ministerio Público investigador estará obligado a realizar nuevas diligencias, ya que dicha resolución de reserva no tiene la calidad de definitiva; por lo que siempre queda la posibilidad de practicar nuevas diligencias de investigación a fin de ejercerse la acción penal. La determinación de no ejercicio de la acción penal, implica que agotadas las diligencias de la averiguación se determina que no existe hecho ilícito alguno y no hay probable responsable; o bien, que ha operado alguna de las causas extintivas de la acción penal; en estos casos el Agente del Ministerio Público propone el no ejercicio de la acción penal y el archivo de la averiguación previa; y el procurador por conducto de sus auxiliares, opinan sobre la procedencia o improcedencia de autorizar el no ejercicio de la acción penal. El desistimiento de la acción penal, entraña que ejercida la acción penal, el Ministerio Público manifiesta ante el órgano jurisdiccional su voluntad de renunciar a la pretensión punitiva en contra del inculpado. Finalmente, la suspensión del procedimiento, implica la interrupción del proceso, derivada de un obstáculo que no permite su continuación, la cual puede ser solicitada por el Ministerio Público, las demás partes, u ordenada de oficio por el juzgador. Luego, de una interpretación teleológica de la fracción VII del artículo 107 de la ley de Amparo, aplicable al caso, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador, especificó los casos en que procede el juicio de amparo indirecto contra actos del Ministerio Público en su carácter de autoridad responsable, a fin de que estos se puntualizaran de manera limitativa. Es así, pues se ampliaron los supuestos que contenía el artículo 114, fracción VII, de la Ley de Amparo abrogada, en el que sólo se señalaba la procedencia del amparo indirecto, contra el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal; sumándose así en la ley vigente, las omisiones en la investigación de los delitos, la reserva, desistimiento de la acción penal y suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. De lo que se obtiene, que fue voluntad del legislador ampliar ese catálogo a ciertos casos específicos en los que consideró la necesidad de incorporarlos, dejando fuera todas las demás actuaciones en que puede intervenir el Ministerio Público como autoridad responsable. La intención del legislador al acotar los actos del Ministerio Público en la investigación de delitos, impugnables por vía de amparo indirecto, fue precisamente preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no materializar un perjuicio en la determinación de la averiguación respectiva, con la finalidad de que el juicio de amparo no entorpezca la averiguación de los delitos y tampoco resulte un medio de control de la legalidad de las actuaciones que se dictan en el trámite de la investigación. Así, es claro advertir que el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, señala de manera limitativa más no enunciativa, las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, precisando los casos específicos en que la actuación del representante social puede ser combatida por medio del juicio constitucional. En el caso, el acto que atribuye el quejoso al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, consistente en la negativa a expedirle copia de las diligencias practicadas y la negación de una diligencia de investigación apegado a derecho, como víctima y coadyuvante que es en la carpeta de investigación 3421/JU/2016, no encuadra en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, por motivo manifiesto de indudable improcedencia se desecha de plano la demanda de garantías de cuenta. Como el quejoso señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados de este Juzgado, por consiguiente, por ser esa la voluntad del quejoso y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos; asimismo, se tienen por autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona

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