Adán Báez Carreño
Expediente 1675/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1675/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Adán Báez Carreño
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
.. DESECHAMIENTO La demanda de amparo deberá ser desechada por ser notoriamente improcedente. Al respecto, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, en relación con el diverso precepto 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. En primer término, es conveniente precisar que el artículo 107, fracción I, Constitucional establece: "Artículo 107. (.) I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Esto significa que la promoción del amparo debe cumplir con el requisito general de procedencia consistente en la afectación al interés jurídico del quejoso respecto del acto reclamado, principio que también es consagrado en el artículo 5, de la Ley de Amparo, al disponer: "Artículo 5º. (.) I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De lo expuesto se infiere que para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, es necesario que el acto o la ley reclamados, en su caso, cause una afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa o de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. Es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, es el interés jurídico a que se refiere la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que no puede ser otra cosa, sino la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados. Lo anterior es así, porque la procedencia de la acción constitucional requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación causada por el acto reclamado de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquier otra clase, pues sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directa o indirectamente sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. Con base en lo anterior, se desprende que el criterio general al que debe atenderse, para promover juicio constitucional, es la afectación real y actual a su esfera jurídica, respecto de los derechos subjetivos sobre los que alude es titular; es decir, que el acto reclamado vulnere de manera directa o indirecta su esfera jurídica de derechos. En el caso concreto, la parte quejosa señala que el juicio de origen -desahucio-, se instauró contra la moral Productores de Frutas y Hortalizas Frescas de Tonameca, S.P.R. de R.L., respecto del inmueble ubicado en Local B, Isla Revillagigedo, numeró 11, Fraccionamiento Prado Vallejo, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de la que fue representante legal, pero en la fecha en la que dice fue suscrito el contrato base de la acción ya no fungía como apoderado legal de ésta, y sin que se desprenda por parte del promovente algún derecho sobre el bien materia de la litis; es claro, que no existe afectación a su esfera jurídica y por consiguiente no hay derecho subjetivo alguno que proteger. Sirve por analogía la jurisprudencia I.1o.T.J/59, de octubre de dos mil ocho, consultable a página 2180, del Semanario Judicial de la Federación, Cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA. FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO. Cuando en el laudo impugnado no existe condena alguna en contra del promovente del juicio de garantías, es claro que no se afecta su interés jurídico, por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la diversa, Tesis: II.2o.C.T.20 K, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Página: 648, que refiere: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Y, la Tesis VI.2o.C. J/254, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, Página: 1513 cuyo texto dispone: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." En razón de lo anterior, la parte quejosa carece de legitimación para comparecer en amparo, pues los actos que reclama, perjudican a la empresa Productores de Frutas Y Hortalizas Frescas de Tonameca, S.P.R. de R.L., no así al impetrante. Máxime que la parte quejosa no refiere que la autoridad responsable haya llevado a cabo en su perjuicio algún acto que deba ser analizado por este órgano federal y que afecte sus propiedades, posesiones o derechos. Por tanto, atento a lo dispuesto por los artículos 113, 61, fracción XVIII, en relación con el diverso precepto 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo que se acuerda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones, las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, por así señalarlo. Asimismo, se tienen por autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.
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