Adalid Salazar Quiroz
Expediente 736/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/09/2016
Partes del expediente
- Adalid Salazar Quiroz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, de la que se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la sentencia emitida en el presente asunto, en la que se sobreseyó el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. En el libro de gobierno háganse las anotaciones y archívese el presente juicio, glósese únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De acuerdo con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción II, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada respecto de todos los actos reclamados. d) El incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, resguárdese para los fines descritos.
- Principal
RESOLUCIÓN. Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo número 736/2016, promovido por Adalid Salazar Quiroz, contras actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades; por lo que, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado ese mismo día a este juzgado, Adalid Salazar Quiroz por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan textualmente: AUTORIDADES RESPONSABLES: SEÑALO COMO AUTORIDADES ORDENADORAS AL CIUDADANO JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. AL SEÑOR SUBPROCURADOR GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. SEÑALO COMO AUTORIDADES ORDENADORAS AL CIUDADANO COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. ACTO RECLAMADO: Manifiesto Bajo protesta de decir verdad que los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que expongo en los términos siguientes: - - - Reclamo: de las autoridades que señalo como ordenadoras, las ordenes escritas o verbales que se han girado en mi contra para detenerme o privarme de mi libertad, sin que se hayan cumplido los requisitos y formalidades que exigen los artículos 14 y 16 constitucionales. - - - Reclamo: de las autoridades que señalo como ejecutoras, el cumplimiento de las órdenes escritas o verbales giradas por las autoridades que señalo como ordenadoras y en donde sa me trata de privar de mi libertad y detenerme sin que se hayan cumplido con los requisitos que exigen los artículos 14 y 16 constitucionales. El quejoso señaló como derechos humanos vulnerados, los reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. El veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, este Juzgado formó expediente, lo registró con el número 736/2016, admitió a trámite la demanda, requirió de las autoridades responsables sus informes justificados, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, se reservó el emplazamiento de la parte tercera interesada y del Agente del Ministerio Público que intervino en el proceso, y señaló día y hora para la audiencia constitucional. Luego, en proveído de seis de junio de dos mil dieciséis, ordenó el llamamiento a juicio de los terceros interesados Ernestina Raquel Cortés Plancarte y José Ignacio Suárez Cortés, seguida que fue la secuela procedimiental del sumario constitucional en que se actúa, previos diferimientos, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta anterior y que forma parte de esta resolución; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracción VIl, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo en el que se reclama un acto que afecta la libertad personal emitido por una autoridad del orden penal que se ejecutó en el territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. DEFINICIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de garantías, en concordancia con la información allegada al juicio, el acto reclamado se hace consistir en: A). De las autoridades responsables con carácter de ordenadoras Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, el Procurador General de Justicia del Estado de México y el Subprocurador General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se hace consistir en: las ordenes escritas o verbales que han girado en contra del quejoso para privarlo de su libertad, lo que se traduce en una orden de aprehensión. B). Del Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México: el cumplimiento a las órdenes escritas o verbales que han girado en contra del quejoso para privarlo de su libertad, lo que se traduce en una orden de aprehensión. TERCERO. CERTEZA DE ACTOS. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, la Ley de Amparo, se procede analizar la certeza o inexistencia de los actos reclamados, lo cual se efectuará en los términos siguientes, por su parte el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, al rendir su informe justificado; negó la existencia de los actos reclamados. En ese sentido, el informe con justificación que es rendido por la autoridad responsable reviste el carácter de documento público, como lo dispone el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo anterior se afirma dado que se trata de un documento cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública. Consideraciones por las cuales se arriba a la convicción, de que al no objetar el solicitante del amparo el informe correspondiente, entonces produce el efecto de que como documento público, surta sus efectos legales. Ahora, dado el sentido en que se emitió el informe justificado, esto es, en sentido negativo, es necesario establecer que para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, es preciso analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1° fracción I y 75, párrafo primero, los cuales establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. (.)." El artículo 1°, fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Carta Magna y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de garantías en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que cuando se trate de actos de carácter positivo u omisivo deben analizarse atendiendo a que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo existan los mismos, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. Máxime que, de las constancias allegadas por la autoridad responsable, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil quince, ante la oficina de correspondencia del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, Ernestina Raquel Cortes Plancarte y José Ignacio Suárez Cortes, promovieron acción penal privada, presentando querella en contra del aquí quejoso Adalid Salazar Quiroz, por el delito de fraude previsto en la fracción I del artículo 306 en su hipótesis "el que obtenga dinero, ofreciendo encargarse de la defensa o gestión a favor de un inculpado, si no efectúa aquella, porque no se haga cargo legalmente de la misma" y sancionado conforme al artículo 307 fracción IV, en relación con los artículos 6, 8, fracciones I y V y 11, fracción I del Código Penal del Estado de México (foja 22 a la 30). 2. Mediante proveído de siete de octubre del año dos mil quince (foja 31 de autos), se radicó dicha querella ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, instruyendo al Administrador a efecto de que la misma fuese registrada bajo el número 1827/2015, luego, en la referida data la autoridad responsable previno a los promoventes para que dentro del plazo de tres días contados a aquel en que sean legalmente notificados señalaran: 1. La clasificación jurídica del hecho delictuoso de FRAUDE, incluyendo la fracción e inciso establecido por el artículo 11 del Código Penal vigente; 2. La forma de comisión (dolo o culpa), si es instantáneo, permanente o continuado, la forma de intervención que se atribuye a la inculpada del hecho delictuoso de FRAUDE; 3. Las circunstancias fácticas (tiempo, lugar y modo) del hecho delictuoso de FRAUDE; 4. En términos del artículo 7 del Código Penal vigente en la entidad, se pronuncien respecto de qué tipo de acción realizo la probable indiciada; y, 5. Finalmente para que relaten la circunstanciación de la conducta que se imputa a la probable indicada esto es que no determina lugar, tiempo y modo de ejecución, acuerdo que le fue notificado en catorce de octubre del año próximo pasado (foja 34 de autos). 3. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil quince, ante la oficina de correspondencia del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, Ernestina Raquel Cortes Plancarte y José Ignacio Suárez Cortes, desahogaron los requerimientos señalados en el párrafo que precede (fojas 35 a la 41 de autos), mismo escrito de desahogo, que se acordó en proveído de diecinueve de octubre del año próximo pasado, en el sentido de admitir a trámite la acción penal privada de mérito y señalándose las nueve horas con treinta minutos del día veintinueve de octubre de dos mil quince para que tuviese verificativo la audiencia en la que el agente del Ministerio Público manifestara lo que a su representación social correspondiese (foja 42 de autos), circunstancia que les fue notificada a los querellantes el veintidós de octubre del año dos mil quince (foja 44 de autos), así como a la representación social estatal en fecha veintisiete de octubre del año pasado (fojas 45 y 46 de autos). 4. Posteriormente, el veintinueve de octubre del año próximo pasado, se llevó a cabo la audiencia de acción penal privada para escuchar al licenciado Alfredo García Flores, en su carácter de Agente del Ministerio Público, en la cual la Juez responsable determinó lo siguiente: "(.) JUEZA: Tiene por hechas las manifestaciones de las partes y toda vez que no existe oposición por parte de la Representación Social, y en términos del artículo 433 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad, señala las ONCE HORAS DEL DÍA DIECISETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la audiencia de FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN SIN DETENIDO EN ACCIÓN PENAL PRIVADA, quedando debidamente notificados los comparecientes en términos del artículo 98 de la Ley Adjetiva de la Materia, solicita al Asesor Jurídico el domicilio del imputado ADALID SALAZAR QUIROZ. - - - ASESOR PARTICULAR: Manifiesta que el domicilio del imputado ADALID SALAZAR QUIROZ, esta ubicado en Calle Nicolás Bravo Sur, Número 209, interior 304, Colonia Centro, Municipio de Toluca, México, de igual manera el correo electrónico ad al sq@hotmail.com, y los números telefónicos 2137110 y 7223503887. - - - JUEZA: Tiene por reproducido el domicilio, por tal motivo ordena turnar los autos al notificador adscrito a este Juzgado, a efecto de que se constituya en el domicilio del imputado ADALID SALAZAR QUIROZ, y le notifique el próximo segmento de la audiencia mencionado con anterioridad a quien se le indican que deberá comparecer acompañado de su defensor, bajo el apercibimiento de que en caso de no comparecer. Se ordenara su aprehensión o comparecencia según corresponda. - - - (.)", (foja 47 de autos) 5. Circunstancia anterior que le fue notificada al imputado en fecha cinco de noviembre de dos mil quince (fojas 50 y 51de autos), ante ello, el aquí quejoso el doce de noviembre de dos mil quince, promovió demanda de amparo bi-instancial por propio derecho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en contra de los siguientes actos y autoridades: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Agente del Ministerio Público de Litigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. ACTOS RECLAMADOS: El auto dictado por la aquí responsable Juez de Control de Toluca, Estado de México, por el cual ordena la comparecencia del aquí amparista, para la celebración de la audiencia de formulación de imputación sin detenido en acción penal privada para las once horas del día diecisiete de noviembre de los corrientes, con el apercibimiento que en caso de no comparecer se ordenaría mi reaprehensión o comparecencia según corresponda." Asimismo, el impetrante de garantías señaló como derechos humanos vulnerados, los reconocidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5.1. Luego, por cuestión de turno tocó a este órgano de control constitucional conocer del asunto en comento, y el doce de noviembre de dos mil quince, este Juzgado formó expediente, lo registró con el número 1828/2015, admitió a trámite la demanda, requirió de las autoridades responsables sus informes justificados, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y del Agente del Ministerio Público que intervino en el proceso, y señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo el tres de febrero de dos mil dieciséis. 5.2. Seguido que fue el trámite de dicho juicio de amparo indirecto, como ya se dijó tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional a las once horas del tres de febrero del año en curso, la cual se resolvió en la data referida y cuyos puntos medulares y resolutivos son del tenor siguiente: "(.) de las constancias que integran la carpeta de administrativa 1827/2015, se advierte que el diecisiete de noviembre de dos mil quince se celebró la audiencia para formulación de imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión, en la cual se hizo constar la inasistencia del quejoso Adalid Salazar Quiroz, ante lo cual el Asesor Jurídico solicitó se dejaran a salvo sus derechos para que en el momento procesal oportuno promoviera lo que a su derecho convenga, asimismo, los peticionarios de la audiencia manifestaron estar de acuerdo con lo referido por su Asesor Jurídico, a lo que el juez del proceso tuvo por realizadas las manifestaciones de las partes, dejando a salvo sus derechos, para que en el momento procesal oportuno promovieran lo que a sus intereses convenga; por lo que la Juez de Control responsable dejó sin objeto la audiencia y a salvo los derechos de los peticionarios de la audiencia. Precisado lo anterior, se advierte que el acto reclamado consistente en la orden de citación contenida en el auto de veintinueve de octubre de dos mil quince, emitido en la carpeta administrativa 1827/2015, mediante el cual se fijó fecha para la audiencia de formulación de la imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, en contra del quejoso y ordenó notificarlo para que compareciera, apercibida que de no hacerlo se ordenaría su aprehensión; cesó en sus efectos. Se estima que los efectos del acto reclamado desaparecieron al haber dejado sin objeto la audiencia sin que trascendiera en la esfera jurídica de la quejosa, tal y como si se hubiera otorgado la protección constitucional a la parte quejosa; pues en la hipótesis de que hubiese prosperado la pretensión constitucional de la solicitante del amparo, hubiese sido para que la autoridad dejara sin efectos el auto en el que señalo la fecha para la audiencia de formulación de la imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, y volvieran las cosas al estado que tenían antes de su existencia, a fin de restituir al quejoso en el goce de la garantía violada. (.) se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1828/2015, promovido por Adalid Salazar Quiroz, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en los considerandos segundo, tercero A) y último de esta sentencia. (.)" 5.3. En proveído de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la sentencia definitiva señalada en los párrafos próximos pasados, causó ejecutoria. 6. El diecisiete de noviembre de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de formulación de imputación de la acción penal privada sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión, misma en la que se acordó lo siguiente; se hizo constar la inasistencia del aquí impetrante de garantías, circunstancia ante la cual el Asesor Jurídico solicitó que se dejaran a salvo sus derechos para que en el momento procesal oportuno promovieran lo que a su derecho conviniera, mismos peticionarios que en la audiencia de mérito refirieron estar de acuerdo con lo manifestado por su asesor jurídico, ante ello, la juez del conocimiento tuvo realizadas dichas manifestaciones y dejó a salvo sus derechos de los querellantes, para que en el momento procesal oportuno promovieran lo que a sus intereses correspondiera; por lo que la Juez de Control responsable dejó sin objeto la audiencia y a salvo los derechos de los peticionarios de la audiencia. Ahora, si en el caso concreto, los actos reclamados lo constituyen las ordenes escritas o verbales que han girado en contra del quejoso para privarlo de su libertad, lo que se traduce en una orden de aprehensión; se debe precisar que a la fecha en que se instó ante este órgano de control constitucional la demanda de garantías que nos ocupa (veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis), con anterioridad la autoridad responsable, es decir, el diecisiete de noviembre de dos mil quince, se celebró la audiencia de formulación de imputación de la acción penal privada sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión, acordándose por la Juez de Control responsable dejar sin objeto la audiencia en mención y a salvo los derechos de los peticionarios de la audiencia, en ese orden de ideas, es incuestionable que los actos que se reclamaron dejaron de existir. En ese tenor, dada la naturaleza del acto reclamado, la obligación del quejoso no solamente se circunscribió a demostrar su existencia, sino que la misma debió acreditarse respecto de la fecha de presentación de la demanda de amparo y no en su caso a una posterior. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda. (S.J.F. y su Gaceta, 8ª. Época, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Materia Común, página 273) En consecuencia, se actualiza la causal de sobreseimiento previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a contrario sensu, lo que conduce a sobreseer en el juicio en que se actúa, respecto de los actos consistentes en las ordenes escritas o verbales que han girado en contra del quejoso para privarlo de su libertad, lo que se traduce en una orden de aprehensión, mismos que fueron emitidos en la carpeta administrativa 1827/2015, del índice de la autoridad responsable. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades responsables con carácter de ejecutoras dentro del sumario constitucional en que se actúa. No pasa desapercibido para este órgano de control constitucional la manifestación vertida por la autoridad responsable ordenadora en su informe justificado consistente en: "Refiero que en la fecha veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, el Licenciado en Derecho Guillermo Álvarez Hernández, en su calidad de asesor jurídico de los querellantes ERNESTINA RAQUEL CORTÉS PLANCARTE y JOSÉ IGNACIO SUÁREZ CORTÉS, peticionó audiencia de formulación de imputación sin detenido, señalándose las ONCE HORAS DEL DÍA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la AUDIENCIA EN ACCIÓN PENAL PRIVADA PARA LA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN Ello es así, en virtud de que como ya se refirió en párrafos precedentes, la obligación del quejoso no solamente se circunscribe a demostrar su existencia del acto reclamado, sino que debe acreditarse el mismo a la fecha de presentación de la demanda de amparo y no en su caso a una posterior. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia, se sobresee en el presente juicio de amparo 736/2016, promovido por Adalid Salazar Quiroz, respectivamente, contra los actos y autoridades descritos en el resultando primero de la misma. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en que se terminó de engrosar el presente fallo, en unión de licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario quien da fe. L. J.A.R./E.G.G.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Procurador General de Justicia del Estado de México, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veinte de junio del año en curso, informa la imposibilidad para remitir copia certificada de la carpeta de investigación, relacionada con la diversa administrativa 1827/2015, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, ténganse por satisfecho el requerimiento formulado a la oficiante y déjense sin efectos el apercibimiento con que se conminó en el acuerdo que se cumplimenta, sin que sea necesario requerir constancia alguna toda vez que el ejercicio de la acción penal no correspondió al Ministerio Público sino que fue privada.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Subdirector en representación del Director de Litigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de seis de junio del año en curso, informa la imposibilidad para remitir copia certificada de la carpeta de investigación, relacionada con la diversa administrativa 1827/2015, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, ténganse por satisfecho el requerimiento formulado a la oficiante y déjense sin efectos el apercibimiento con que se conminó en el acuerdo que se cumplimenta, sin que sea necesario requerir constancia alguna toda vez que el ejercicio de la acción penal no correspondió al Ministerio Público sino que fue privada.
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