Adalid Millan Carreto

Expediente 238/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 37 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
238/2021
Año
2021
Actuaciones
37
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Gaviota Maidalid Millán Marcos
  • Adalid Millan Carreto
  • Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo
  • Adalid Millan Carreto y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no realizó manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio de amparo; por lo cual, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, el que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se aprecia que en sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa para que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: Deje insubsistente el régimen de convivencia decretado entre la menor y su madre Rosaura Marcos Salmerón en el auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral 292/2017-2. Con libertad de jurisdicción, emita un nuevo auto en el que funde y motive el régimen de convivencia solicitado por la madre la menor, conforme a lo establecido en la presente sentencia, que la obliga a la analizar si existe un riesgo o no para la infante. Analice de manera fundada y motivada la posibilidad de que la menor sea escuchada. De decretar que es necesaria su escucha, deberá implementar las medidas metodologías pedagógicas y didácticas que le brinden condiciones adecuadas, así como aquéllas de seguridad correspondientes al virus COVID-19 para proteger el derecho de salud de los presentes en la diligencia. 2. Trámites de la responsable. Con el fin de dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable informó: A través del oficio 532/2022, adjuntó copia certificada del acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintidós, en el cual dejó insubsistente el régimen de convivencia decretado entre la citada menor y su progenitora Rosaura Marcos Salmerón ordenado en auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de origen(fojas 108-110). Luego emitió el acuerdo de seis de mayo de dos mil veintidós, en el que estimó procedente la convivencia de la menor con su progenitora dado que adujo que no existe riesgo alguno para que la menor conviva con su progenitora sino al contrario se fortalecen los lazos parentales ente la actora y su menor hija. En auto de veinte de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional determinó que no estaba cumplida la sentencia, ello debido a que la autoridad responsable no había podido lograr el desahogo de la escucha de la menor con su progenitora como se estableció en el tercer punto de los efectos de la sentencia, por lo cual se le requirió el total cumplimiento. En atención a dicho requerimiento la responsable remitió diversas constancias en las cuales señalaba diversas datas para que el aquí quejoso presentara a la menor y se desahogara la aludida escucha. -Sin embargo a través del oficio 5097 de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós el Juez Primero de Primero de Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, adjuntó diversas constancias entre las cuales destaca la comparecencia y acta circunstanciada de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en la que hizo constar la presencia de Rosaura Marcos Salmerón en su carácter de progenitora de la menos e informó que el motivo de su presencia es para que se lleva a cabo la escucha de la menor; además manifiesta que el demandado Adalid Millán Carreto el once de octubre pasado falleció lo que motivó que los abuelos paternos Mario Millán y Maura Carreto, le entregaran a la menor el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Luego al ser presentada ante el CECOFAM y ante la presencia de la Psicóloga ******************, esta manifestó que no existen condiciones que impiden que la menor sea escuchada porque no representa la edad que tiene y a preguntas que le formuló divaga corroborando el propio Juez de origen al realizar unas preguntas a la infanta como son el nombre de la mama, el nombre de su papá y la edad o los años que tiene; por lo que existe imposibilidad que recabar la opinión de la menor ante dicha circunstancia. 3. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se advierte que efectivamente la autoridad responsable acreditó el cumplimiento a la sentencia, ello porque de autos se aprecia que dejó insubsistente el régimen de convivencia decretado entre la menor y su progenitora emitido en el auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, y procedió a emitir otro en el cual valoró el régimen de convivencia entre la menor y progenitora, además estimó procedente llevar a cabo la escucha de menor, misma que incluso desahogo y de la cual advirtió la imposibilidad de la menor para emitir sus manifestaciones; en consecuencia, y tomando en consideración lo actuado en el presente juicio de amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. Sin que pase inadvertido que al final el juez de origen haya manifestado que la escucha no se llevó a cabo debido a que la menor no representa la edad que tiene y divaga en las preguntas que se le formulan, ello porque no obstante lo antes citado se llevaron a cabo todas y cada una de las técnicas establecidas para lograr el desahogo de la misma sin que sea óbice el final del resultado. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 196 párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se determina; De acuerdo, con el supuesto que prevé el capítulo séptimo artículo 18 inciso b) del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido y demás documentos que el titular del órgano jurisdiccional. En cumplimiento a lo que establece el capítulo quinto en su artículo quince del citado Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente a criterio del suscrito no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. En un inicio, agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad capital, mediante el cual remite diversas copias certificadas de las providencias que dictó a efecto de desahogar la escucha de la menor de la cual informó que no fue posible recabarla. Luego, del estado de los autos se advierte que mediante oficio 532/2022 adjuntó copia certificada del acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintidós, en el cual dejó insubsistente el régimen de convivencia decretado entre la menor y su progenitora Rosaura Marcos Salmerón en el auto de trece de mayo del dos mil veintiuno, dictado en el expediente de origen. Asimismo, del oficio antes aludido se advierte que emitió el acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintidós en el cual proveyó sobre lo solicitado por la parte actor respecto del régimen de convivencia que solicitó con la menor. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancias aludidas, dese vista y córrase traslado a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que les surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convengan; en el entendido que transcurrido el plazo este órgano jurisdiccional se pronunciara sobre el cumplimiento o no de la sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad capital, mediante el cual informa que señaló las catorce horas del diecinueve de octubre de dos mil veintidós, para la preparación y las catorce horas con treinta minutos de ese día para recabar la escucha de la menor de iniciales ************. Atento a su contenido téngase a la autoridad responsable por informando los trámites para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración lo expuesto por la responsable, se estima procedente requerir a la responsable***********************, con residencia en esta ciudad capital, para que en un término de tres días hábiles siguientes a la data que señaló para oír la escucha de la menor remita: Copia certificada de la diligencia en la cual acredite que recabó la opinión de la menor de iniciales***************, o en caso contrario debe emitir el pronunciamiento correspondiente al desahogo o no de dicha diligencia. Debe precisarse a la responsable que debe tomar todas la medidas necesarias y a su alcance a efecto de que se lleve a cabo la citada diligencia, dado que se han señalado diferentes datas en las cuales no ha sido posible desahogarla, por lo que se le conmina a que implemente las medidas de apremio necesarias para lograrla o en caso contrario emita la determinación correspondiente. Conforme a lo anterior, se apercibe a ****************en su carácter de *************, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentr a obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Notifíquese. .

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el ******************, Encargada del Despacho, mediante el cual informa que el quince de septiembre de dos mil veintidós, no se llevó a cabo la escucha de la menor dado que el demandado **************, no presentó a la menor de iniciales ***************, de igual forma, que en acuerdo de diecinueve de septiembre del año en curso, determinó solicitar a la *************, señalara nueva fecha y hora para recabar la opinión de la menor de iniciales ************. Expuesto lo anterior, téngase a la autoridad responsable por informando los trámites para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración lo expuesto por la responsable, se estima procedente requerir a la responsable ********************, con residencia en esta ciudad capital, para que en un término de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente auto remita: Copia certificada de la respuesta emitida por la *************, respecto del señalamiento de fecha y hora para recabar la opinión de la menor de iniciales ********** Conforme a lo anterior, se apercibe a ****************en su carácter de ***********************, con residencia en esta ciudad capital, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al *********que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

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