Adalid Aquino García
Expediente 51/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ADALID AQUINO GARCÍA y Otros.
- Adalid Aquino García
Actuaciones
- Principal
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotaciones carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
"*** MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ********************, con el carácter de autorizado legal de ********************, en el juicio de nulidad ********************/2022, como se advierte de la copia del acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictado en el referido juicio de nulidad ********************/2022 del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, que adjunta; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 51/2023. Desechamiento de plano de la demanda Del contexto integral de la demanda de amparo de cuenta, se aprecia que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: De los integrantes de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca: La omisión de dictar sentencia en el juicio de nulidad ********************/2022, inobservándose el artículo 205 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, violándose directamente el derecho de la Administración, pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal. Contra el acto reclamado en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los preceptos 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Ahora bien, de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada estatuido por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6° de la Ley de Amparo, el juicio constitucional sólo puede ser promovido por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del diverso 5° de dicha ley, el cual señala que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la misma Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el aludido numeral 6° de la ley de la materia establece que el quejoso podrá accionar el juicio por sí, por su representante legal o por su apoderado; además, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo por conducto de su defensor o, incluso, de cualquier persona, tal circunstancia queda limitada a los casos y requisitos previstos en la propia Ley de Amparo. Por lo tanto, de manera general, la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas físicas o morales, que tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que estimen que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Y, siempre que tal violación produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en atención a su especial situación frente al orden jurídico, más no quien por ello indirectamente pudiera resentir únicamente algún perjuicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado en el sentido de que de conformidad con el artículo 5º, fracción I de la Ley de Amparo, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclama y, por consiguiente, es un presupuesto procesal para la procedencia de la acción que el acto o la ley reclamados en un juicio de amparo causen perjuicio a la parte quejosa. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama la dilación en el dictado de la sentencia en el juicio de nulidad ********************/2022, del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Sin embargo, de la propia manifestación del promovente del amparo y de las constancias que adjuntó a la demanda, se aprecia que en el juicio de nulidad tiene el carácter de autorizado legal de actor ********************. El artículo 148, párrafo quinto, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establece: Artículo 148. La representación de las personas físicas para comparecer en juicio, se otorgará en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificada ante Notario Público o ante el secretario de acuerdos que corresponda. (.) (.) (.) Los particulares, las autoridades o los representantes de ambos, podrán designar autorizados que concurran a las audiencias con facultades para rendir pruebas y alegar e interponer recursos, así como para presentar todo tipo de promociones que no se refieran a las fracciones que se enumeran en el siguiente párrafo; siempre que tengan cédula de licenciado en Derecho, legalmente expedida por la autoridad educativa competente, en caso contrario únicamente podrán imponerse de los autos y recibir notificaciones. Este artículo no faculta al autorizado: I. Para desistirse; II. Para transigir; III. Para comprometer en árbitros; IV. Para absolver y articular posiciones; V. Para hacer sesión (sic) de bienes; VI. Para recusar; VII. Para recibir pagos; y VIII. Para los demás actos que expresamente determine la ley. Del citado numeral se aprecia que el autorizado legal en términos de dicho artículo tiene facultad solo para actuar procesalmente en el juicio de nulidad. Por tanto, se considera que la omisión aquí reclamada a quien causa perjuicio es al directo quejoso ********************, quien tiene la calidad de actor en el juicio administrativo de origen; sin que tal acto cause alguna lesión directa a la esfera jurídica del promovente del amparo, ya que éste solo tiene el carácter de autorizado legal en dicho juicio y, por ende, facultad de actuar procesalmente en el referido juicio de nulidad, pero no de accionar el juicio de amparo indirecto, cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y personal al titular del derecho subjetivo o a su representante legal, en términos de los artículos 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 90/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias(s): Común, Administrativa, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, página 1176, registro digital: 2001581, de rubro y texto: AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. ********************9/2004). El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica el promovente del amparo y por autorizados para ese efecto alas personas que menciona. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA "*** MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ********************, con el carácter de autorizado legal de ********************, en el juicio de nulidad ********************/2022, como se advierte de la copia del acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictado en el referido juicio de nulidad ********************/2022 del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, que adjunta; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 51/2023. Desechamiento de plano de la demanda Del contexto integral de la demanda de amparo de cuenta, se aprecia que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: De los integrantes de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca: La omisión de dictar sentencia en el juicio de nulidad ********************/2022, inobservándose el artículo 205 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, violándose directamente el derecho de la Administración, pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal. Contra el acto reclamado en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los preceptos 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Ahora bien, de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada estatuido por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6° de la Ley de Amparo, el juicio constitucional sólo puede ser promovido por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del diverso 5° de dicha ley, el cual señala que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la misma Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el aludido numeral 6° de la ley de la materia establece que el quejoso podrá accionar el juicio por sí, por su representante legal o por su apoderado; además, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo por conducto de su defensor o, incluso, de cualquier persona, tal circunstancia queda limitada a los casos y requisitos previstos en la propia Ley de Amparo. Por lo tanto, de manera general, la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas físicas o morales, que tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que estimen que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Y, siempre que tal violación produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en atención a su especial situación frente al orden jurídico, más no quien por ello indirectamente pudiera resentir únicamente algún perjuicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado en el sentido de que de conformidad con el artículo 5º, fracción I de la Ley de Amparo, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclama y, por consiguiente, es un presupuesto procesal para la procedencia de la acción que el acto o la ley reclamados en un juicio de amparo causen perjuicio a la parte quejosa. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama la dilación en el dictado de la sentencia en el juicio de nulidad ********************/2022, del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Sin embargo, de la propia manifestación del promovente del amparo y de las constancias que adjuntó a la demanda, se aprecia que en el juicio de nulidad tiene el carácter de autorizado legal de actor ********************. El artículo 148, párrafo quinto, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establece: Artículo 148. La representación de las personas físicas para comparecer en juicio, se otorgará en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificada ante Notario Público o ante el secretario de acuerdos que corresponda. (.) (.) (.) Los particulares, las autoridades o los representantes de ambos, podrán designar autorizados que concurran a las audiencias con facultades para rendir pruebas y alegar e interponer recursos, así como para presentar todo tipo de promociones que no se refieran a las fracciones que se enumeran en el siguiente párrafo; siempre que tengan cédula de licenciado en Derecho, legalmente expedida por la autoridad educativa competente, en caso contrario únicamente podrán imponerse de los autos y recibir notificaciones. Este artículo no faculta al autorizado: I. Para desistirse; II. Para transigir; III. Para comprometer en árbitros; IV. Para absolver y articular posiciones; V. Para hacer sesión (sic) de bienes; VI. Para recusar; VII. Para recibir pagos; y VIII. Para los demás actos que expresamente determine la ley. Del citado numeral se aprecia que el autorizado legal en términos de dicho artículo tiene facultad solo para actuar procesalmente en el juicio de nulidad. Por tanto, se considera que la omisión aquí reclamada a quien causa perjuicio es al directo quejoso ********************, quien tiene la calidad de actor en el juicio administrativo de origen; sin que tal acto cause alguna lesión directa a la esfera jurídica del promovente del amparo, ya que éste solo tiene el carácter de autorizado legal en dicho juicio y, por ende, facultad de actuar procesalmente en el referido juicio de nulidad, pero no de accionar el juicio de amparo indirecto, cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y personal al titular del derecho subjetivo o a su representante legal, en términos de los artículos 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 90/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias(s): Común, Administrativa, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, página 1176, registro digital: 2001581, de rubro y texto: AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. ********************9/2004). El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica el promovente del amparo y por autorizados para ese efecto alas personas que menciona. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
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