Adali Jacobo Ramírez

Expediente 703/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
703/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
15/05/2018

Partes del expediente

  • Adali Jacobo Ramírez
  • Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa estado. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de inconformidad previsto por el artículo 201, fracción I, de la misma ley, en contra de la resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, mediante la cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; sin que lo hubiera hecho. Así, al no haberse recurrido dicho proveído, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con fundamento en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción IV, en relación con el artículo segundo, fracción XV, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se determina que es susceptible de DEPURACIÓN. Por otra parte, en el incidente de suspensión se negó la provisional y la definitiva; en consecuencia, ambos cuadernos son susceptibles de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se provee: Autoridad solicita copias certificadas. Agréguese a los autos el oficio 1001/2018, signado por la Juez Séptimo de lo Familiar de este Distrito Judicial con sede en Morelia, Michoacán, atento a su contenido, como lo solicita, mediante oficio que al efecto se libre, remítansele copia certificada de las constancias que obran dentro del juicio de amparo 703/2017, y su acumulado 704/2017; así como del incidente de suspensión deducido de los mismos. Sin embargo, no ha lugar a expedirle copia de las resoluciones de primera y segunda instancias, ni relativas al cuaderno de pruebas, toda vez que el mismo fue remitido al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en esta ciudad, mediante oficio 6938/2018. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Susana Nidia Guillén Chávez, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes, por auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, para que desahogaran la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la autoridad responsable mencionó dar a la ejecutoria de amparo, sin que hubieren realizado manifestación alguna en ese sentido, respecto a dicha vista. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente y las manifestaciones aportadas por la citada autoridad. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia autorizada por la Jueza Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 155 a 187), se otorgó la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad: Dejará insubsistente la resolución de ocho de junio de dos mil diecisiete, dictada en el Toca Civil I-166/2017; en la parte atinente donde modificó el pago de pensión alimenticia a favor de la menor identificada en esta sentencia con las iniciales A. J. A.; y, Dictará otra resolución con libertad de jurisdicción que puede ser en el mismo sentido, o en otro diverso, empero aportando motivos diferentes con los que se cumpla con el derecho fundamental de legalidad, es decir, motivará correctamente su determinación, con respecto la fijación del 50% del monto que le corresponde por concepto de pensión alimenticia a la acreedora A.J.A.; en cuanto hace a proporcionársele de manera directa por el deudor en su carácter de titular de la guarda y custodia que conserva sobre ella y respecto de la convivencia que lleva a cabo con su progenitora, pero de manera pormenorizada valorará con precisión la temporalidad con que cada progenitor convive la menor y de ahí resolviera la cantidad y monto que en todo caso estime necesario para cubrir a favor de la menor acreedora sus alimentos. Actos realizados por la autoridad responsable tendente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, se advierte realizó, en lo que interesa, lo siguiente: Por auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente y sin ningún efecto la sentencia que constituyó el acto reclamado de ocho de junio de dos mil diecisiete, pronunciada dentro del toca I-166/2017 (foja 213). El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, de nueva cuenta emitió una nueva sentencia (fojas 214 a 236), mediante la cual determinó: El juzgador primario, al variar el modo como se deben suministrar los alimentos en los términos en que lo hizo, no expuso de manera clara y precisa las consideraciones por las cuales estimaba que la parte proporcional que le corresponde a la menor de que se trata, es precisamente el monto equivalen al doce punto por ciento de sus ingresos. Tampoco se pronunció ni razonó pormenorizadamente a través de un estudio propio, si el monto que el mencionado Jacobo Ramírez ahora debería de proporcionar directamente a su menor descendiente, para cubrir sus alimentos mientras se encuentre bajo su cuidado, resulta suficiente para satisfacer todas sus necesidades, esto es, no tomó en cuenta la convivencia que dicha menor habrá de tener con su madre, por virtud del convenio que celebraron los contendientes en el diverso juicio sumarísimo familiar número 549/2016, del índice del Juzgado Segundo familiar de este distrito judicial. Con el objeto de subsanar las omisiones en que incurrió el juez de primera instancia, dejó insubsistente la sentencia interlocutoria combatida para el efecto de que dicho resolutor resuelva nuevamente la incidencia planteada, allegándose, de estimarlo conveniente, de los medios de convicción que le permitan decidir sobre la reducción de pensión solicitada, tomando en cuenta el estado de necesidad de la acreedora, su edad, gastos necesarios para su educación, su sexo y sus circunstancias personales en relación con los horarios de convivencia que diariamente tiene con cada uno de sus progenitores y los requerimientos que se presentan con base en esa temporalidad, así como las posibilidades reales del deudor, el entorno social en que se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, y una vez hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda teniendo presente el interés superior de la citada adolescente, pero también el de los demás involucrados, entre los que por supuesto también figuran los diversos acreedores y el propio obligado. Finalmente, argumentó que el motivo de informidad expuesto por el licenciado Edgar Issachar del Río Barajas, en cuanto apoderado jurídico de Adalía Jacobo Ramírez, quedó sin materia. Análisis sobre el cumplimiento al fallo protector. Análisis sobre el cumplimiento al fallo protector. Analizados los actos realizados por la autoridad responsable, para dar cumplimiento al fallo protector, se advierte, que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de ocho de junio de dos mil diecisiete, dictada en el Toca Civil I-166/2017; en la parte atinente donde modificó el pago de pensión alimenticia a favor de la menor A. J. A.; y, dictó otra resolución, en la que motivó su determinación, con respecto a la fijación del 50% del monto que le corresponde por concepto de pensión alimenticia a la acreedora A.J.A.; en cuanto hace a proporcionársele de manera directa por el deudor en su carácter de titular de la guarda y custodia que conserva sobre ella y respecto de la convivencia que lleva a cabo con su progenitora. Lo anterior es así, ya que dejó insubsistente la sentencia interlocutoria combatida para el efecto de que resolutor de primera instancia, resuelva nuevamente la incidencia planteada, allegándose, de estimarlo conveniente, de los medios de convicción que le permitan decidir sobre la reducción de pensión solicitada, tomando en cuenta el estado de necesidad de la acreedora, su edad, gastos necesarios para su educación, su sexo y sus circunstancias personales en relación con los horarios de convivencia que diariamente tiene con cada uno de sus progenitores y los requerimientos que se presentan con base en esa temporalidad, así como las posibilidades reales del deudor, el entorno social en que se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen. Pues consideró que el a quo, solo se limitó a decretar la modificación de la forma como se deben cubrir los elementos, sin exponer las razones que le permitieron hacerlo de esa manera; y tampoco se pronunció ni razonó pormenorizadamente a través de un estudio propio, si el monto que el mencionado Jacobo Ramírez ahora debería de proporcionar directamente a su menor descendiente, para cubrir sus alimentos mientras se encuentre bajo su cuidado, resulta suficiente para satisfacer todas sus necesidades. Pronunciamiento. De la anterior relación, se aprecia que la autoridad responsable atendió a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que lo procedente es tener por cumplido en su totalidad el fallo protector, sin que exista exceso o defecto. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado; quien actúa con Susana Nidia Guillén Chávez, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se provee: Vista cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Con lo anterior, dese vista a las partes por el término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Bajo el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los documentos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.

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