Adalberto Rojas López
Expediente 1291/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1291/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 13/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Adalberto Rojas López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Puebla, Puebla, trece de junio de dos mil veintitrés.****************************************SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA Y SE ORDENA ARCHIVO ********************Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de engrose nueve de mayo de dos mil veintitrés, por la que este órgano de control constitucional determinó NEGAR el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA.****************************************Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.****************************************Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos.****************************************VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SU DESTINO********************Esta se realiza en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado.****************************************En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 14, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes****************************************1. Expediente principal.********************Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15; por tanto, se declara que:****************************************Es CONSERVABLE de conformidad con el diverso 17, fracción III, inciso a), porque se negó la protección constitucional en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados. Por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir del hoy y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 8, fracción II.****************************************Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo.****************************************ANOTACIONES EN LA CARÁTULA ****************************************Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad.****************************************DATOS PERSONALES********************Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello. ****************************************DEVOLUCIÓN DE ANEXOS****************************************Finalmente, remítase al Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Chalchicomula de Sesma, Ciudad Serdán, Puebla, las constancias que anexó como justificante de su informe ANEXO I, consistente en copias certificadas de la causa penal ********************/2020/SERDÁN y 7 discos formato DVD, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole el acuse respectivo.****************************************Solicitándole en el término de tres días, constados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva acusar el recibo correspondiente; apercibida que de no cumplir con lo ordenado en el término fijado se le impondrá una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.****************************************Notifíquese.*****************
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1291/2022, promovido por Adalberto Rojas López y, RESULTANDO: Primero. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el veintidós de noviembre de dos mil veintidós y recibido en este Juzgado al día siguiente Adalberto Rojas López demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Chalchicomula de Sesma, Serdán, Puebla, y otra autoridad, la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por la cual determinó no dar el cese de la prisión preventiva oficiosa de más de dos años y la negativa de ordenar su inmediata libertad, dentro de la causa penal 49/2020 (sic); acto que considera violatorio de los artículos 1, 8, 16, 17, 19 y 20 constitucionales. Segundo. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, y previo registro de la demanda de amparo con el número de expediente 1291/2022, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional En auto de trece de marzo de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados con identidad reservada y de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación en Secuestro y Extorsión. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales 3/2013, 23/2015 y 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado es una determinación que decreta la prórroga de la prisión preventiva oficiosa, cuya ejecución tiene en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción; ello aunado a la naturaleza del acto que es en materia penal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo que establece el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en la causa penal 48/2020, por la cual el juez responsable determinó prorrogar la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, por seis meses más, así como su ejecución. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con el contenido de las constancias que remitió la responsable como justificación de su acto consistentes en copias autorizadas de la carpeta judicial administrativa 48/2020/SERDÁN, entre las cuales se advierte, el registro audiovisual contenido en un disco versátil digital de la audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por la cual el responsable determinó prorrogar la medida cautelar de la prisión preventiva por seis meses más. CUARTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son infundados, sin que se advierta deban suplirse en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado corresponde a la materia penal y quien promueve es el imputado. Previo analizar la constitucionalidad del acto reclamado, de los antecedentes que dieron origen al mismo se advierte que en la carpeta judicial administrativa 48/2020/SERDAN de los del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, en treinta de octubre de dos mil veinte el juez de control calificó de legal la detención y retención del quejoso, se le formuló imputación por el hecho con apariencia de secuestro agravado cometido en agravio de las víctimas de identidad reservada E.R.L., N.A.R.C. y M.M.R., se le otorgó oportunidad de emitir una declaración, quien se reservó el derecho; así mismo, el fiscal enunció los datos de prueba con los que contaba, y en esa misma audiencia, a petición del quejoso se resolvió su situación jurídica, en la cual, el juez de control decretó en su contra auto de vinculación a proceso por los hechos con apariencia de delito de secuestro exprés, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso d) y 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General en Materia de Secuestro, Reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 9 y 13, fracción III, del Código Penal Federal, cometido en agravio de E.R.L., N.A.R.C. y M.M.R., así como por el hecho que la ley señala como delito de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 292 bis, con relación a los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la persona moral OXXO. Posterior a resolver la situación jurídica del quejoso, el juez le impuso la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, la cual no podría exceder del término de dos años, salvo el ejercicio de su defensa. Por escrito presentado ante la responsable el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el quejoso revocó a su defensor particular (Darío Antonio Díaz) y designó como nuevos defensores particulares a David Omar Santillán Salazar, Manuel Borja Chávez, Jesús Cerón Hernández y Andrés López Guerrero, a lo cual el juez de control por auto de quince de diciembre de dos mil veinte, acordó de conformidad y previno a los nuevos defensores para que comparecieran a aceptar y protestar el cargo conferido. Por auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, el juez de control señaló que el plazo de cierre de investigación complementaria, fenecería el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno; así mismo, tuvo al quejoso nombrando como nuevos defensores particulares a Yesesnia Mireya Vázquez Vélez y Raymundo Leodan Rosas Reyes (sin revocar los anteriores nombramientos), y los previno para que comparecieran a aceptar y protestar el cargo conferido. En veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, Raymundo Leodan Rosas Reyes, compareció ante la entonces jueza de control, para aceptar y protestar el cargo conferido. Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la entonces jueza de control tuvo a la agente del Ministerio Público declarando cerrado el plazo de investigación complementaria. En cuatro de junio de dos mil veintiuno, la jueza de control tuvo a Liszet del Carmen Fuentes Trueba, aceptando y protestando el cargo conferido en su favor por el aquí quejoso. Por auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la jueza de control tuvo a la agente del Ministerio Público formulando acusación en contra del aquí quejoso, y señaló las once horas del veintidós de julio de dos mil veintiuno para que tuviera verificativo la audiencia intermedia. En veintidós de julio de dos mil veintiuno, se hizo constar que no se llevó a cabo la audiencia señalada para ese día, en virtud de que no compareció la defensa para su desahogo. Por auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, la jueza tuvo a Raymundo Leodan Rosas Reyes, informando la causa por la cual no asistió a la audiencia intermedia, y se le tuvo renunciado como defensor particular del quejoso; así mismo señaló las nueve horas del catorce de octubre de dos mil veintiuno para que tuviera verificativo la audiencia intermedia. Por auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, la jueza de control tuvo al quejoso designando como su nuevo defensor a Andrés López Castañeda, así mismo tuvo al citado defensor solicitando el diferimiento de la audiencia intermedia señalada para ese día. Por auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, la jueza de control señaló las quince horas del veinte de enero de dos mil veintidós para el desahogo de la audiencia intermedia. En veinte de enero de dos mil veintidós, la encargada de sala hizo constar que no se llevó a cabo la audiencia intermedia, en virtud de que el imputado solicitó su diferimiento; ante ello, por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, la jueza de control señaló las catorce horas del tres de marzo de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia intermedia y dado que el defensor del quejoso manifestó la imposibilidad de aceptar y protestar en cargo conferido, en virtud de que en el juzgado le indicaron que solo se admitían trámites urgentes, pues el personal se encontraba de guardia, y por tanto, no tenía acceso a los registros; por tanto, también en el referido acuerdo, la jueza lo requirió para que compareciera a aceptar y protestar el cargo, así como al Ministerio Público para que efectuara el descubrimiento probatorio. En quince de febrero de dos mil veintidós, Andrés López Castañeda compareció ante la responsable y aceptó y protestó el cargo conferido. En tres de marzo de dos mil veintidós, la encargada de Sala del Juzgado responsable, hizo constar que la audiencia intermedia no se llevó a cabo, en virtud de que recibió un escrito de Andrés López Castañeda defensor particular de Adalberto Rojas López quien solicitó el diferimiento pues indicó que presentó síntomas de Covid-19. En auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, Andrés López Castañeda defensor particular del aquí quejoso, solicitó la reapertura de la etapa de la investigación complementaria y/o reposición del procedimiento, ello por aducir que se dejaron pendientes de recabar actos de investigación, pues indicó que solo fueron ordenados mas no recabados por la representación social, entre ellos los videos de las cámaras de vigilancia públicas o privadas en lugares cercanos al aseguramiento del quejoso, así como identificar, ubicar y elaborar el acta de individualización del imputado, que incluya el grado de participación de cada uno, si es miembro de la delincuencia organizada, su auto denominación, quienes la conforman. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, con relación a la solicitud de la defensa (reapertura de la investigación y/o reposición del procedimiento), la jueza señaló las quince horas del nueve de junio de dos mil veintidós. En audiencia de nueve de junio de dos mil veintidós, no se llevó a cabo la audiencia señalada en el párrafo anterior, pues la jueza señaló que no existían condiciones para ello, y por ende, señaló las once horas con treinta minutos del veintiuno de junio para que tuviera verificativo. En veintiuno de junio del presente año, no se llevó a cabo la audiencia relativa a la reapertura de la investigación o reposición de autos, pues la jueza señaló que no se ha dado trámite lo relativo a la localización del asesor victimal, y por ende, difirió la audiencia para las quince horas con treinta minutos del veintiocho de junio de dos mil veintidós. En audiencia de veintiocho de junio de dos mil veintidós, ante la inasistencia del asesor victimal, la jueza declaró su abandono, y por ende, requirió a la víctima para que desinara un asesor privado o en su caso, el juzgado le designaría a un asesor jurídico público. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la jueza señaló las diez horas del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la reapertura de la investigación y/o reposición del procedimiento, y en caso de no ser procedente, se procedería al desahogo de la audiencia intermedia. En veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, no se llevó a cabo la audiencia antes citada, en virtud de que no fueron notificados la fiscal y el defensor particular del aquí quejoso, ante ello, la jueza señaló las nueve horas del trece de octubre de dos mil veintidós para que tuviera verificativo. En audiencia de trece de octubre de dos mil veintidós, se hizo constar la inasistencia del defensor particular del acusado Adalberto Rojas López, sin que justificara dicha circunstancia, por tal motivo, la jueza declaró el abandono del defensor particular Andrés López Castañeda, y le designó la defensa pública. En trece de octubre de dos mil veintidós, Rubén Pérez Andrade en su carácter de defensor público compareció ante el juez de control, aceptó y protestó el cargo conferido en favor de Adalberto López Rojas. En audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el juez de control identificó a las partes e hizo constar la inasistencia de las víctimas y de su asesor. Señaló el juez, que dicha audiencia lo fue con motivo de continuar con la etapa intermedia, y de la revisión de la medida cautelar próxima a vencerse. En primer término, el juez se dirigió al quejoso y expresó que en una audiencia anterior se decretó el abandono de su defensa particular y se designó al defensor público, quien aceptó el cargo. También le dijo que, pese haberle designado al defensor de oficio, tenía derecho a nombrar a un defensor particular. En ese tenor, el juez se impuso de un escrito de la agente del Ministerio Público, quien solicitó la prórroga de la medida cautelar impuesta al quejoso, y preguntó al defensor público si estaba en condiciones de debatir sobre el tema, a lo que le manifestó que sí. 40:50 Enseguida, y posterior a indicarle al quejoso que los escritos presentados por su anterior defensor no los tomaría en consideración, señaló que esa audiencia únicamente versaría sobre la revisión de la medida cautelar, para ello, la fiscal señaló que el treinta de octubre de dos mil veinte, se impuso al quejoso la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa por el término de dos años, la cual estaba próxima a fenecer, esto es el treinta de octubre de dos mil veintidós. Que esta se impuso por haberse vinculado a proceso al imputado por los delitos de secuestro exprés y extorsión, mismos que se encuentran previstos en los artículos 9, fracción I, inciso d), 10, fracción I, incisos b), c) y d), de la Ley General en Materia de Secuestro, Reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 292 bis del Código Penal para el Estado de Puebla. Señaló la fiscal, que el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, fue revocado Darío Antonio Díaz, defensor particular del quejoso; que el diez de marzo de dos mil veintiuno el acusado nombró dos defensores particulares, sin revocar los anteriores. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno Raymundo Leodan Rosas Reyes aceptó y protestó el cargo conferido por el acusado, y Yesenia Mireya Vázquez Vélez aceptó el cargo el cuatro de junio de dos mil veintiuno. Que el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, la Fiscalía dio por cerrada la investigación complementaria y realizó la acusación respectiva el veintiuno de junio siguiente. La audiencia intermedia señalada para el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, no se llevó a cabo por la incomparecencia de una de las defensas particulares, y el doce de octubre de dos mil veintiuno, el acusado revocó a sus defensores particulares citados; y designó como su defensor particular a Andrés López Castañeda. En cinco de enero de dos mil veintidós, data señalada para la audiencia intermedia, esta no se llevó a cabo debido a que el defensor particular no había aceptado ni protestado el cargo, y por ende, se señaló el veinte siguiente para la celebración de dicha audiencia, misma que se difirió por la incomparecencia del referido defensor. Que el órgano jurisdiccional fijó el tres de marzo de dos mil veintidós para la audiencia intermedia; sin embargo, esta se difirió porque el defensor particular Andrés López Castañeda presentó síntomas de covid. Previa solicitud del quejoso, el juez de control señaló el nueve de junio de dos mil veintidós para debatir lo relativo a la reapertura de la investigación, empero, esta audiencia se difirió pues se omitió notificar al asesor jurídico y al representante legal de Oxxo. Así, a efecto de debatir lo relativo a la reapertura de la investigación, el juez de control señaló el trece de octubre de dos mil veintidós; sin embargo, esta no se celebró, debido a que el defensor particular no acudió sin que lo justificara. Además, la fiscal refirió que el inculpado conoce a las víctimas, pues estos realizaron su reconocimiento y por ende, corren riesgo. Por ello indicó, que es cierto que el artículo 20, apartado B, fracción IX de la Constitución, establece que la prisión preventiva no podrá exceder el tiempo como máximo de pena que fije la ley del delito que motivare el proceso, pero que en ningún caso será superior a los dos años, salvo que su prolongación sea por el ejercicio de defensa del acusado, entonces, el tiempo transcurrido es debido al ejercicio de defensa; además de que el asunto es complejo, pues es un tema relativo a los delitos de secuestro exprés y extorsión. Que es cierto que la dilación ha sido por un ejercicio pleno de defensa, y que si bien el órgano jurisdiccional ha sido proactivo y diligente, pues se han señalado audiencias intermedias, lo cierto es que esa dilación es única y exclusivamente por el derecho de defensa. Por ello, la fiscal solicitó que se prorrogue la imposición de la medida cautelar por todo el tiempo que dure el procedimiento. Aunado, refirió la fiscal que en este tipo de delitos, no existe otra medida cautelar que la prisión preventiva oficiosa, pues no existe otra medida que garantice la presencia del quejoso. 52:34 Por su parte, el defensor público refirió que de manera objetiva deben ser considerados los actos de defensa, y que los cuatro defensores no han sido diligentes para presentarse a las audiencias. Señala el defensor público que no tiene la carpeta de investigación, y una vez que se le proporcione, tendrá que revisarlo y eso es un acto de defensa. También refirió que debe preparar la audiencia intermedia y en su caso, el debate para la reapertura que refiere; por ello, no hay oposición en cuanto a la ampliación de la medida cautelar por esos motivos. De igual forma se debe contemplar que el imputado necesita plantear con sus familiares todas las opciones en la toma de decisiones, lo que también impacta en su defensa. Por tanto, refirió que la única cuestión a debatir sería con relación en la temporalidad, y que considera que la prórroga debe ser un máximo de seis meses. 57:50 Previo ejercicio de contradicción por parte del Fiscal y del defensor público, el juez resolvió en los siguientes términos: Indicó que dada la objetividad de la defensa y los argumentos que expuso el Ministerio Público como sustento para que se prorrogue la medida cautelar, determina que sí existe necesidad de la prórroga pretendida. Que el debate se centró en el tiempo que dure esa medida cautelar, pues para el Ministerio Público debe ser por todo el tiempo que dure el procedimiento, y para la defensa sería suficientes seis meses. Señaló el Ministerio Público, que es cierto que puede autorizarse una reposición de plazo, pero ello no puede darse por cierto, puesto que está subordinado a los argumentos y resolución que sobre ello se pronuncie el tribunal. Por ello, indicó el juez, sí debe existir certidumbre en cuanto a la vigencia de la medida cautelar. Ahora, de lo expuesto por la defensa -indicó el juez- se acaba de nombrar, tendrá que revisar la carpeta de investigación, que debe existir comunicación del acusado con sus familiares, y que ello puede impactar en sus derechos. Por ello, bajo esa objetividad, es procedente lo pretendido por el Ministerio Público en cuanto a la prórroga solicitada; sin embargo, el juez autorizó dicha prórroga por el plazo de seis meses. Determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia. El artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Federal establece un régimen en el cual se puede restringir la libertad ambulatoria de las personas sujetas a un proceso penal antes de una sentencia condenatoria. En un primer supuesto se prevé un catálogo de delitos en los que el juez, de oficio, impuso la prisión preventiva (oficiosa); en otro, a solicitud del Ministerio Público, siempre y cuando existan riesgos procesales y que otras medidas cautelares sean insuficientes para evitarlos (justificada); y, por último, cuando se acredita que el imputado está siendo procesado o fue sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, supuesto en el cual no existen riesgos procesales, sino que por disposición de rango constitucional se establece la necesidad de la medida (necesaria). La afectación al derecho de libertad, mediante la prisión preventiva -sea oficiosa, justificada o necesaria- está sujeta a un límite temporal previsto en el artículo 20, apartado B, fracción IX, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Así, el propio constituyente consciente de la afectación al derecho de libertad de las personas sujetas a un proceso penal, limitó a dos años el tiempo en el que se les puede privar de su libertad a través de la prisión preventiva, sea ésta oficiosa, justificada o necesaria, de lo contrario, es decir, si se permitiera prolongar esa prisión preventiva, se trataría de una pena anticipada en franca violación al principio de presunción de inocencia, derecho fundamental reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Federal. La medida cautelar en estudio, es de naturaleza excepcional respecto del principio de presunción de inocencia, lo que encuentra sustento en lo establecido por el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que la prisión preventiva de las personas procesadas legalmente no debe ser la regla general, salvo cuando ello no fuera posible por las medidas de aseguramiento que se requieran para llevar a cabo su comparecencia al proceso y para la ejecución del fallo; es decir, la libertad se inhibe provisionalmente, siempre como excepción a la regla general referida. Así lo ha establecido la Corte Interamericana en la sentencia del caso Suárez Roser vs. Ecuador, que a la letra dice: "77. Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3)." En el caso, el constituyente señaló que ese plazo de dos años se puede prolongar siempre y cuando el imputado haya ejercido su derecho de defensa, es decir, actos que obstaculicen el desahogo del proceso, ya sea que con esos actos se paralice, o bien sin paralizarlo lo prolonguen, y por ello no pueda dictarse sentencia en los plazos y términos legales, supuesto en que se permite que continúe privado de su libertad. De tal suerte que la condición necesaria para que se prolongue más allá del límite temporal que fija la Constitución, es que el imputado haya ejercido su derecho de defensa, y que esos actos tengan el efecto indicado. El plazo máximo de la prisión preventiva está estrechamente relacionado con el derecho que establece el artículo 20, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en él se establece que toda persona deberá ser juzgada antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo. En correspondencia con lo anterior, el artículo 134, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación de los jueces de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento con la debida diligencia dentro de los términos previstos en la ley, lo cual erige una garantía para salvaguardar el derecho fundamental a ser juzgado en un plazo breve. Sin embargo, en concordancia con lo previsto en el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la posibilidad de ser juzgado en breve término se encuentra condicionado al ejercicio del derecho de defensa que en su caso realice el imputado. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 315/2021, estableció que procede la revisión de la prisión preventiva oficiosa cuando transcurra el plazo de dos años posterior a su aplicación, para el efecto de que la autoridad judicial determine su cese o prolongación. La Sala destacó que en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. Por tanto, -indicó- para realizar ese escrutinio las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades. Sin embargo, precisó que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan esos elementos; y, la necesidad de que continúe la medida cautelar. De lo cual se observa que la prolongación de la prisión preventiva establece una carga del Ministerio Público de probar los supuestos indicados y, en su caso, la necesidad de que continúe la medida. En ese entendido, se comparte el criterio del juez responsable en cuanto a que es constitucional la prórroga de la medida cautelar impuesta. Ello es así, porque el juez indicó que la objetividad de la defensa y los argumentos que expuso el Ministerio Público, le sirvieron de sustento para determinar prorrogar la medida cautelar impuesta, pues advirtió existe esa necesidad. Le asiste razón al juez responsable. Ello es así, pues de las constancias que remitió la responsable como justificación de sus actos, se advierte que en el acto reclamado el Fiscal expuso que su solicitud tiene como sustento que se trata de un asunto complejo, pues son temas relativos a delitos de secuestro exprés y extorsión, aunado a que el imputado conoce a las víctimas pues que realizaron su reconocimiento, pero principalmente, como lo refirió el fiscal y el defensor, principalmente atendió al ejercicio de defensa del quejoso. Lo anterior, pues con motivo de que diversos defensores no atendieron el cauce normal del procedimiento instaurado en contra del quejoso, el juez responsable debió diferir en diversas ocasiones la celebración de diversas audiencias, lo cual, no es imputable al Fiscal ni al órgano jurisdiccional. Sin embargo, sí es obligación del juez extremar las medidas necesarias para que el derecho de defensa no sea ilusorio, pues como rector y garante del proceso penal, debe vigilar que el imputado tenga una defensa adecuada, en la cual no solo basta la sola designación de un abogado, sino que requiere una asistencia real y operativa. Lo anterior, así lo consideró Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que el órgano jurisdiccional debe evaluar si existió o no vulneración al derecho de defensa, para ello debe examinar si la defensa: No desplegó una mínima actividad probatoria; Inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado; Carencia evidente de conocimientos técnico jurídico del proceso o procedimiento penal. Falta de interposición de recursos en detrimento de los derechos del imputado. Indebida fundamentación de los recursos interpuestos. Abandono de la defensa. De lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, según la etapa que corresponda, el órgano jurisdiccional deberá cerciorarse si existió o no: Ausencia sin justificación evidente de pruebas. Silencio inexplicable de la defensa. Ausencia de interposición de recursos. Omisión de asesoría. Desconocimiento técnico del procedimiento penal del abogado. Ausencia o abandono total de la defensa. En lo referente a la ausencia o abandono total de la defensa, nuestro Alto Tribunal señaló que ello debe traducirse en un abandono a los derechos del imputado, debido a sus constantes ausencias, o bien, que este se ausente y en su lugar se designe al de oficio, sin que éste tuviese posibilidad alguna de preparar con tiempo la defensa. Por ello, debido a la actividad propia del quejoso por designar diversos defensores durante la tramitación, por motivos diversos (cambio de defensa o abandono de la misma) es válido que ello tomara en cuenta el juez responsable como justificación para ampliar el plazo establecido de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa. Ello se considera de esa manera, pues es cierto que el quejoso tiene el derecho de designar de manera libre a la persona que considere adecuada para su defensa; pero también lo es que, si no quiere o no puede nombrar a un abogado, el juez debe designarle un defensor público, lo anterior en términos del artículo 20, apartado B, inciso VIII, de la Constitución, cuestión que se advierte del registro audiovisual donde se contiene el acto reclamado, pues en diversa audiencia, en específico de trece de octubre de dos mil veintidós, ante la incomparecencia del defensor particular del quejoso, la jueza de control declaró el abandono del defensor particular, y le designó la defensa pública. De ahí, que el hecho de que el juez de control, en el acto reclamado, haya tomado en consideración la manifestación de la defensa de prorrogar la temporalidad de la medida cautelar impuesta al quejoso, es constitucional, pues es evidente que se está maximizando el derecho a una adecuada defensa Sobre todo porque del debate de las partes se advierte que no se pudo llevar a cabo el desahogo de la audiencia intermedia por inasistencia de la defensa o por no estar en posibilidad para su desahogo, imputable a dicha parte al menos en las siguientes fechas: Veintidós de julio de dos mil veintiuno. Catorce de octubre de dos mil veintiuno. Veinte de enero de dos mil veintiuno. Tres de marzo de dos mil veintidós. Nueve de junio de dos mil veintidós; y, Trece de octubre de dos mil veintidós. Por otra parte, relativo a la temporalidad que fijó el juez, esto es de seis meses, debido a que debe existir certidumbre en cuanto a la vigencia de la medida cautelar y porque el defensor argumentó como tiempo suficiente para revisar la carpeta de investigación, además a la comunicación que debe existir entre los familiares, el defensor y el propio imputado, cuestión que puede impactar en sus derechos, se estima legal. Ello es así, pues el artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, con relación al artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Por ello, el hecho de que el juez de control haya determinado prorrogar el plazo de los dos años de la medida cautelar impuesta, con motivo del ejercicio de defensa del imputado, es constitucional. De ahí que sean infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, pues derivado del ejercicio de defensa, -que deriva de un escrutinio elevado en justificación- dado que revocó a diversos defensores y otros abandonaron la defensa, el juez de control debió diferir diversas audiencias programadas, por ello como órgano rector del procedimiento y como guardián de los derechos fundamentales del imputado, y a petición de las partes, se estima constitucional la determinación de prorrogar la medida cautelar impuesta al quejoso. En tales condiciones, y por las razones antes expuestas, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por Adalberto Rojas López, contra los actos reclamados al Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Chalchicomula de Sesma, Serdán, Puebla, en la carpeta judicial administrativa 48/2020/SERDÁN, consistente en la determinación adoptada en audiencia oral celebrada el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en la cual decretó la prórroga de la prisión preventiva oficiosa QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo anteriormente fundado y expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Adalberto Rojas López, contra la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por la cual el juez de control responsable en audiencia de revisión de la medida cautelar, prorrogó la prisión preventiva oficiosa, dentro de la carpeta judicial administrativa 48/2020/SERDAN; por las razones precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO.- Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese; personalmente al quejoso por conducto de sus autorizados, personalmente a la moral tercera interesada, electrónicamente a la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, por oficio a las autoridades responsables y tercera interesada, a los diversos terceros interesados por conducto del Ministerio Público tercero interesado.
- Principal
l día de hoy, queda notificada la PARTE TERCERA INTERESADA por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de nueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio de amparo 1291/2022; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante el AVISO que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente dice: "Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1291/2022, promovido por Adalberto Rojas López y, RESULTANDO: Primero. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el veintidós de noviembre de dos mil veintidós y recibido en este Juzgado al día siguiente Adalberto Rojas López demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Chalchicomula de Sesma, Serdán, Puebla, y otra autoridad, la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por la cual determinó no dar el cese de la prisión preventiva oficiosa de más de dos años y la negativa de ordenar su inmediata libertad, dentro de la causa penal 49/2020 (sic); acto que considera violatorio de los artículos 1, 8, 16, 17, 19 y 20 constitucionales. Segundo. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, y previo registro de la demanda de amparo con el número de expediente 1291/2022, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional En auto de trece de marzo de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados con identidad reservada y de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación en Secuestro y Extorsión. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales 3/2013, 23/2015 y 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado es una determinación que decreta la prórroga de la prisión preventiva oficiosa, cuya ejecución tiene en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción; ello aunado a la naturaleza del acto que es en materia penal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo que establece el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en la causa penal 48/2020, por la cual el juez responsable determinó prorrogar la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, por seis meses más, así como su ejecución. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con el contenido de las constancias que remitió la responsable como justificación de su acto consistentes en copias autorizadas de la carpeta judicial administrativa 48/2020/SERDÁN, entre las cuales se advierte, el registro audiovisual contenido en un disco versátil digital de la audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por la cual el responsable determinó prorrogar la medida cautelar de la prisión preventiva por seis meses más. CUARTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son infundados, sin que se advierta deban suplirse en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado corresponde a la materia penal y quien promueve es el imputado. Previo analizar la constitucionalidad del acto reclamado, de los antecedentes que dieron origen al mismo se advierte que en la carpeta judicial administrativa 48/2020/SERDAN de los del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, en treinta de octubre de dos mil veinte el juez de control calificó de legal la detención y retención del quejoso, se le formuló imputación por el hecho con apariencia de secuestro agravado cometido en agravio de las víctimas de identidad reservada E.R.L., N.A.R.C. y M.M.R., se le otorgó oportunidad de emitir una declaración, quien se reservó el derecho; así mismo, el fiscal enunció los datos de prueba con los que contaba, y en esa misma audiencia, a petición del quejoso se resolvió su situación jurídica, en la cual, el juez de control decretó en su contra auto de vinculación a proceso por los hechos con apariencia de delito de secuestro exprés, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso d) y 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General en Materia de Secuestro, Reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 9 y 13, fracción III, del Código Penal Federal, cometido en agravio de E.R.L., N.A.R.C. y M.M.R., así como por el hecho que la ley señala como delito de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 292 bis, con relación a los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la persona moral OXXO. Posterior a resolver la situación jurídica del quejoso, el juez le impuso la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, la cual no podría exceder del término de dos años, salvo el ejercicio de su defensa. Por escrito presentado ante la responsable el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el quejoso revocó a su defensor particular (Darío Antonio Díaz) y designó como nuevos defensores particulares a David Omar Santillán Salazar, Manuel Borja Chávez, Jesús Cerón Hernández y Andrés López Guerrero, a lo cual el juez de control por auto de quince de diciembre de dos mil veinte, acordó de conformidad y previno a los nuevos defensores para que comparecieran a aceptar y protestar el cargo conferido. Por auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, el juez de control señaló que el plazo de cierre de investigación complementaria, fenecería el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno; así mismo, tuvo al quejoso nombrando como nuevos defensores particulares a Yesesnia Mireya Vázquez Vélez y Raymundo Leodan Rosas Reyes (sin revocar los anteriores nombramientos), y los previno para que comparecieran a aceptar y protestar el cargo conferido. En veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, Raymundo Leodan Rosas Reyes, compareció ante la entonces jueza de control, para aceptar y protestar el cargo conferido. Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la entonces jueza de control tuvo a la agente del Ministerio Público declarando cerrado el plazo de investigación complementaria. En cuatro de junio de dos mil veintiuno, la jueza de control tuvo a Liszet del Carmen Fuentes Trueba, aceptando y protestando el cargo conferido en su favor por el aquí quejoso. Por auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la jueza de control tuvo a la agente del Ministerio Público formulando acusación en contra del aquí quejoso, y señaló las once horas del veintidós de julio de dos mil veintiuno para que tuviera verificativo la audiencia intermedia. En veintidós de julio de dos mil veintiuno, se hizo constar que no se llevó a cabo la audiencia señalada para ese día, en virtud de que no compareció la defensa para su desahogo. Por auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, la jueza tuvo a Raymundo Leodan Rosas Reyes, informando la causa por la cual no asistió a la audiencia intermedia, y se le tuvo renunciado como defensor particular del quejoso; así mismo señaló las nueve horas del catorce de octubre de dos mil veintiuno para que tuviera verificativo la audiencia intermedia. Por auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, la jueza de control tuvo al quejoso designando como su nuevo defensor a Andrés López Castañeda, así mismo tuvo al citado defensor solicitando el diferimiento de la audiencia intermedia señalada para ese día. Por auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, la jueza de control señaló las quince horas del veinte de enero de dos mil veintidós para el desahogo de la audiencia intermedia. En veinte de enero de dos mil veintidós, la encargada de sala hizo constar que no se llevó a cabo la audiencia intermedia, en virtud de que el imputado solicitó su diferimiento; ante ello, por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, la jueza de control señaló las catorce horas del tres de marzo de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia intermedia y dado que el defensor del quejoso manifestó la imposibilidad de aceptar y protestar en cargo conferido, en virtud de que en el juzgado le indicaron que solo se admitían trámites urgentes, pues el personal se encontraba de guardia, y por tanto, no tenía acceso a los registros; por tanto, también en el referido acuerdo, la jueza lo requirió para que compareciera a aceptar y protestar el cargo, así como al Ministerio Público para que efectuara el descubrimiento probatorio. En quince de febrero de dos mil veintidós, Andrés López Castañeda compareció ante la responsable y aceptó y protestó el cargo conferido. En tres de marzo de dos mil veintidós, la encargada de Sala del Juzgado responsable, hizo constar que la audiencia intermedia no se llevó a cabo, en virtud de que recibió un escrito de Andrés López Castañeda defensor particular de Adalberto Rojas López quien solicitó el diferimiento pues indicó que presentó síntomas de Covid-19. En auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, Andrés López Castañeda defensor particular del aquí quejoso, solicitó la reapertura de la etapa de la investigación complementaria y/o reposición del procedimiento, ello por aducir que se dejaron pendientes de recabar actos de investigación, pues indicó que solo fueron ordenados mas no recabados por la representación social, entre ellos los videos de las cámaras de vigilancia públicas o privadas en lugares cercanos al aseguramiento del quejoso, así como identificar, ubicar y elaborar el acta de individualización del imputado, que incluya el grado de participación de cada uno, si es miembro de la delincuencia organizada, su auto denominación, quienes la conforman. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, con relación a la solicitud de la defensa (reapertura de la investigación y/o reposición del procedimiento), la jueza señaló las quince horas del nueve de junio de dos mil veintidós. En audiencia de nueve de junio de dos mil veintidós, no se llevó a cabo la audiencia señalada en el párrafo anterior, pues la jueza señaló que no existían condiciones para ello, y por ende, señaló las once horas con treinta minutos del veintiuno de junio para que tuviera verificativo. En veintiuno de junio del presente año, no se llevó a cabo la audiencia relativa a la reapertura de la investigación o reposición de autos, pues la jueza señaló que no se ha dado trámite lo relativo a la localización del asesor victimal, y por ende, difirió la audiencia para las quince horas con treinta minutos del veintiocho de junio de dos mil veintidós. En audiencia de veintiocho de junio de dos mil veintidós, ante la inasistencia del asesor victimal, la jueza declaró su abandono, y por ende, requirió a la víctima para que desinara un asesor privado o en su caso, el juzgado le designaría a un asesor jurídico público. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la jueza señaló las diez horas del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la reapertura de la investigación y/o reposición del procedimiento, y en caso de no ser procedente, se procedería al desahogo de la audiencia intermedia. En veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, no se llevó a cabo la audiencia antes citada, en virtud de que no fueron notificados la fiscal y el defensor particular del aquí quejoso, ante ello, la jueza señaló las nueve horas del trece de octubre de dos mil veintidós para que tuviera verificativo. En audiencia de trece de octubre de dos mil veintidós, se hizo constar la inasistencia del defensor particular del acusado Adalberto Rojas López, sin que justificara dicha circunstancia, por tal motivo, la jueza declaró el abandono del defensor particular Andrés López Castañeda, y le designó la defensa pública. En trece de octubre de dos mil veintidós, Rubén Pérez Andrade en su carácter de defensor público compareció ante el juez de control, aceptó y protestó el cargo conferido en favor de Adalberto López Rojas. En audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el juez de control identificó a las partes e hizo constar la inasistencia de las víctimas y de su asesor. Señaló el juez, que dicha audiencia lo fue con motivo de continuar con la etapa intermedia, y de la revisión de la medida cautelar próxima a vencerse. En primer término, el juez se dirigió al quejoso y expresó que en una audiencia anterior se decretó el abandono de su defensa particular y se designó al defensor público, quien aceptó el cargo. También le dijo que, pese haberle designado al defensor de oficio, tenía derecho a nombrar a un defensor particular. En ese tenor, el juez se impuso de un escrito de la agente del Ministerio Público, quien solicitó la prórroga de la medida cautelar impuesta al quejoso, y preguntó al defensor público si estaba en condiciones de debatir sobre el tema, a lo que le manifestó que sí. 40:50 Enseguida, y posterior a indicarle al quejoso que los escritos presentados por su anterior defensor no los tomaría en consideración, señaló que esa audiencia únicamente versaría sobre la revisión de la medida cautelar, para ello, la fiscal señaló que el treinta de octubre de dos mil veinte, se impuso al quejoso la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa por el término de dos años, la cual estaba próxima a fenecer, esto es el treinta de octubre de dos mil veintidós. Que esta se impuso por haberse vinculado a proceso al imputado por los delitos de secuestro exprés y extorsión, mismos que se encuentran previstos en los artículos 9, fracción I, inciso d), 10, fracción I, incisos b), c) y d), de la Ley General en Materia de Secuestro, Reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 292 bis del Código Penal para el Estado de Puebla. Señaló la fiscal, que el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, fue revocado Darío Antonio Díaz, defensor particular del quejoso; que el diez de marzo de dos mil veintiuno el acusado nombró dos defensores particulares, sin revocar los anteriores. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno Raymundo Leodan Rosas Reyes aceptó y protestó el cargo conferido por el acusado, y Yesenia Mireya Vázquez Vélez aceptó el cargo el cuatro de junio de dos mil veintiuno. Que el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, la Fiscalía dio por cerrada la investigación complementaria y realizó la acusación respectiva el veintiuno de junio siguiente. La audiencia intermedia señalada para el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, no se llevó a cabo por la incomparecencia de una de las defensas particulares, y el doce de octubre de dos mil veintiuno, el acusado revocó a sus defensores particulares citados; y designó como su defensor particular a Andrés López Castañeda. En cinco de enero de dos mil veintidós, data señalada para la audiencia intermedia, esta no se llevó a cabo debido a que el defensor particular no había aceptado ni protestado el cargo, y por ende, se señaló el veinte siguiente para la celebración de dicha audiencia, misma que se difirió por la incomparecencia del referido defensor. Que el órgano jurisdiccional fijó el tres de marzo de dos mil veintidós para la audiencia intermedia; sin embargo, esta se difirió porque el defensor particular Andrés López Castañeda presentó síntomas de covid. Previa solicitud del quejoso, el juez de control señaló el nueve de junio de dos mil veintidós para debatir lo relativo a la reapertura de la investigación, empero, esta audiencia se difirió pues se omitió notificar al asesor jurídico y al representante legal de Oxxo. Así, a efecto de debatir lo relativo a la reapertura de la investigación, el juez de control señaló el trece de octubre de dos mil veintidós; sin embargo, esta no se celebró, debido a que el defensor particular no acudió sin que lo justificara. Además, la fiscal refirió que el inculpado conoce a las víctimas, pues estos realizaron su reconocimiento y por ende, corren riesgo. Por ello indicó, que es cierto que el artículo 20, apartado B, fracción IX de la Constitución, establece que la prisión preventiva no podrá exceder el tiempo como máximo de pena que fije la ley del delito que motivare el proceso, pero que en ningún caso será superior a los dos años, salvo que su prolongación sea por el ejercicio de defensa del acusado, entonces, el tiempo transcurrido es debido al ejercicio de defensa; además de que el asunto es complejo, pues es un tema relativo a los delitos de secuestro exprés y extorsión. Que es cierto que la dilación ha sido por un ejercicio pleno de defensa, y que si bien el órgano jurisdiccional ha sido proactivo y diligente, pues se han señalado audiencias intermedias, lo cierto es que esa dilación es única y exclusivamente por el derecho de defensa. Por ello, la fiscal solicitó que se prorrogue la imposición de la medida cautelar por todo el tiempo que dure el procedimiento. Aunado, refirió la fiscal que en este tipo de delitos, no existe otra medida cautelar que la prisión preventiva oficiosa, pues no existe otra medida que garantice la presencia del quejoso. 52:34 Por su parte, el defensor público refirió que de manera objetiva deben ser considerados los actos de defensa, y que los cuatro defensores no han sido diligentes para presentarse a las audiencias. Señala el defensor público que no tiene la carpeta de investigación, y una vez que se le proporcione, tendrá que revisarlo y eso es un acto de defensa. También refirió que debe preparar la audiencia intermedia y en su caso, el debate para la reapertura que refiere; por ello, no hay oposición en cuanto a la ampliación de la medida cautelar por esos motivos. De igual forma se debe contemplar que el imputado necesita plantear con sus familiares todas las opciones en la toma de decisiones, lo que también impacta en su defensa. Por tanto, refirió que la única cuestión a debatir sería con relación en la temporalidad, y que considera que la prórroga debe ser un máximo de seis meses. 57:50 Previo ejercicio de contradicción por parte del Fiscal y del defensor público, el juez resolvió en los siguientes términos: Indicó que dada la objetividad de la defensa y los argumentos que expuso el Ministerio Público como sustento para que se prorrogue la medida cautelar, determina que sí existe necesidad de la prórroga pretendida. Que el debate se centró en el tiempo que dure esa medida cautelar, pues para el Ministerio Público debe ser por todo el tiempo que dure el procedimiento, y para la defensa sería suficientes seis meses. Señaló el Ministerio Público, que es cierto que puede autorizarse una reposición de plazo, pero ello no puede darse por cierto, puesto que está subordinado a los argumentos y resolución que sobre ello se pronuncie el tribunal. Por ello, indicó el juez, sí debe existir certidumbre en cuanto a la vigencia de la medida cautelar. Ahora, de lo expuesto por la defensa -indicó el juez- se acaba de nombrar, tendrá que revisar la carpeta de investigación, que debe existir comunicación del acusado con sus familiares, y que ello puede impactar en sus derechos. Por ello, bajo esa objetividad, es procedente lo pretendido por el Ministerio Público en cuanto a la prórroga solicitada; sin embargo, el juez autorizó dicha prórroga por el plazo de seis meses. Determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia. El artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Federal establece un régimen en el cual se puede restringir la libertad ambulatoria de las personas sujetas a un proceso penal antes de una sentencia condenatoria. En un primer supuesto se prevé un catálogo de delitos en los que el juez, de oficio, impuso la prisión preventiva (oficiosa); en otro, a solicitud del Ministerio Público, siempre y cuando existan riesgos procesales y que otras medidas cautelares sean insuficientes para evitarlos (justificada); y, por último, cuando se acredita que el imputado está siendo procesado o fue sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, supuesto en el cual no existen riesgos procesales, sino que por disposición de rango constitucional se establece la necesidad de la medida (necesaria). La afectación al derecho de libertad, mediante la prisión preventiva -sea oficiosa, justificada o necesaria- está sujeta a un límite temporal previsto en el artículo 20, apartado B, fracción IX, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Así, el propio constituyente consciente de la afectación al derecho de libertad de las personas sujetas a un proceso penal, limitó a dos años el tiempo en el que se les puede privar de su libertad a través de la prisión preventiva, sea ésta oficiosa, justificada o necesaria, de lo contrario, es decir, si se permitiera prolongar esa prisión preventiva, se trataría de una pena anticipada en franca violación al principio de presunción de inocencia, derecho fundamental reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Federal. La medida cautelar en estudio, es de naturaleza excepcional respecto del principio de presunción de inocencia, lo que encuentra sustento en lo establecido por el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que la prisión preventiva de las personas procesadas legalmente no debe ser la regla general, salvo cuando ello no fuera posible por las medidas de aseguramiento que se requieran para llevar a cabo su comparecencia al proceso y para la ejecución del fallo; es decir, la libertad se inhibe provisionalmente, siempre como excepción a la regla general referida. Así lo ha establecido la Corte Interamericana en la sentencia del caso Suárez Roser vs. Ecuador, que a la letra dice: "77. Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3)." En el caso, el constituyente señaló que ese plazo de dos años se puede prolongar siempre y cuando el imputado haya ejercido su derecho de defensa, es decir, actos que obstaculicen el desahogo del proceso, ya sea que con esos actos se paralice, o bien sin paralizarlo lo prolonguen, y por ello no pueda dictarse sentencia en los plazos y términos legales, supuesto en que se permite que continúe privado de su libertad. De tal suerte que la condición necesaria para que se prolongue más allá del límite temporal que fija la Constitución, es que el imputado haya ejercido su derecho de defensa, y que esos actos tengan el efecto indicado. El plazo máximo de la prisión preventiva está estrechamente relacionado con el derecho que establece el artículo 20, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en él se establece que toda persona deberá ser juzgada antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo. En correspondencia con lo anterior, el artículo 134, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación de los jueces de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento con la debida diligencia dentro de los términos previstos en la ley, lo cual erige una garantía para salvaguardar el derecho fundamental a ser juzgado en un plazo breve. Sin embargo, en concordancia con lo previsto en el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la posibilidad de ser juzgado en breve término se encuentra condicionado al ejercicio del derecho de defensa que en su caso realice el imputado. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 315/2021, estableció que procede la revisión de la prisión preventiva oficiosa cuando transcurra el plazo de dos años posterior a su aplicación, para el efecto de que la autoridad judicial determine su cese o prolongación. La Sala destacó que en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. Por tanto, -indicó- para realizar ese escrutinio las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades. Sin embargo, precisó que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan esos elementos; y, la necesidad de que continúe la medida cautelar. De lo cual se observa que la prolongación de la prisión preventiva establece una carga del Ministerio Público de probar los supuestos indicados y, en su caso, la necesidad de que continúe la medida. En ese entendido, se comparte el criterio del juez responsable en cuanto a que es constitucional la prórroga de la medida cautelar impuesta. Ello es así, porque el juez indicó que la objetividad de la defensa y los argumentos que expuso el Ministerio Público, le sirvieron de sustento para determinar prorrogar la medida cautelar impuesta, pues advirtió existe esa necesidad. Le asiste razón al juez responsable. Ello es así, pues de las constancias que remitió la responsable como justificación de sus actos, se advierte que en el acto reclamado el Fiscal expuso que su solicitud tiene como sustento que se trata de un asunto complejo, pues son temas relativos a delitos de secuestro exprés y extorsión, aunado a que el imputado conoce a las víctimas pues que realizaron su reconocimiento, pero principalmente, como lo refirió el fiscal y el defensor, principalmente atendió al ejercicio de defensa del quejoso. Lo anterior, pues con motivo de que diversos defensores no atendieron el cauce normal del procedimiento instaurado en contra del quejoso, el juez responsable debió diferir en diversas ocasiones la celebración de diversas audiencias, lo cual, no es imputable al Fiscal ni al órgano jurisdiccional. Sin embargo, sí es obligación del juez extremar las medidas necesarias para que el derecho de defensa no sea ilusorio, pues como rector y garante del proceso penal, debe vigilar que el imputado tenga una defensa adecuada, en la cual no solo basta la sola designación de un abogado, sino que requiere una asistencia real y operativa. Lo anterior, así lo consideró Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que el órgano jurisdiccional debe evaluar si existió o no vulneración al derecho de defensa, para ello debe examinar si la defensa: No desplegó una mínima actividad probatoria; Inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado; Carencia evidente de conocimientos técnico jurídico del proceso o procedimiento penal. Falta de interposición de recursos en detrimento de los derechos del imputado. Indebida fundamentación de los recursos interpuestos. Abandono de la defensa. De lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, según la etapa que corresponda, el órgano jurisdiccional deberá cerciorarse si existió o no: Ausencia sin justificación evidente de pruebas. Silencio inexplicable de la defensa. Ausencia de interposición de recursos. Omisión de asesoría. Desconocimiento técnico del procedimiento penal del abogado. Ausencia o abandono total de la defensa. En lo referente a la ausencia o abandono total de la defensa, nuestro Alto Tribunal señaló que ello debe traducirse en un abandono a los derechos del imputado, debido a sus constantes ausencias, o bien, que este se ausente y en su lugar se designe al de oficio, sin que éste tuviese posibilidad alguna de preparar con tiempo la defensa. Por ello, debido a la actividad propia del quejoso por designar diversos defensores durante la tramitación, por motivos diversos (cambio de defensa o abandono de la misma) es válido que ello tomara en cuenta el juez responsable como justificación para ampliar el plazo establecido de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa. Ello se considera de esa manera, pues es cierto que el quejoso tiene el derecho de designar de manera libre a la persona que considere adecuada para su defensa; pero también lo es que, si no quiere o no puede nombrar a un abogado, el juez debe designarle un defensor público, lo anterior en términos del artículo 20, apartado B, inciso VIII, de la Constitución, cuestión que se advierte del registro audiovisual donde se contiene el acto reclamado, pues en diversa audiencia, en específico de trece de octubre de dos mil veintidós, ante la incomparecencia del defensor particular del quejoso, la jueza de control declaró el abandono del defensor particular, y le designó la defensa pública. De ahí, que el hecho de que el juez de control, en el acto reclamado, haya tomado en consideración la manifestación de la defensa de prorrogar la temporalidad de la medida cautelar impuesta al quejoso, es constitucional, pues es evidente que se está maximizando el derecho a una adecuada defensa Sobre todo porque del debate de las partes se advierte que no se pudo llevar a cabo el desahogo de la audiencia intermedia por inasistencia de la defensa o por no estar en posibilidad para su desahogo, imputable a dicha parte al menos en las siguientes fechas: Veintidós de julio de dos mil veintiuno. Catorce de octubre de dos mil veintiuno. Veinte de enero de dos mil veintiuno. Tres de marzo de dos mil veintidós. Nueve de junio de dos mil veintidós; y, Trece de octubre de dos mil veintidós. Por otra parte, relativo a la temporalidad que fijó el juez, esto es de seis meses, debido a que debe existir certidumbre en cuanto a la vigencia de la medida cautelar y porque el defensor argumentó como tiempo suficiente para revisar la carpeta de investigación, además a la comunicación que debe existir entre los familiares, el defensor y el propio imputado, cuestión que puede impactar en sus derechos, se estima legal. Ello es así, pues el artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, con relación al artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Por ello, el hecho de que el juez de control haya determinado prorrogar el plazo de los dos años de la medida cautelar impuesta, con motivo del ejercicio de defensa del imputado, es constitucional. De ahí que sean infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, pues derivado del ejercicio de defensa, -que deriva de un escrutinio elevado en justificación- dado que revocó a diversos defensores y otros abandonaron la defensa, el juez de control debió diferir diversas audiencias programadas, por ello como órgano rector del procedimiento y como guardián de los derechos fundamentales del imputado, y a petición de las partes, se estima constitucional la determinación de prorrogar la medida cautelar impuesta al quejoso. En tales condiciones, y por las razones antes expuestas, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por Adalberto Rojas López, contra los actos reclamados al Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Chalchicomula de Sesma, Serdán, Puebla, en la carpeta judicial administrativa 48/2020/SERDÁN, consistente en la determinación adoptada en audiencia oral celebrada el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en la cual decretó la prórroga de la prisión preventiva oficiosa QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo anteriormente fundado y expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Adalberto Rojas López, contra la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por la cual el juez de control responsable en audiencia de revisión de la medida cautelar, prorrogó la prisión preventiva oficiosa, dentro de la carpeta judicial administrativa 48/2020/SERDAN; por las razones precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO.- Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese; personalmente al quejoso por conducto de sus autorizados, personalmente a la moral tercera interesada, electrónicamente a la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, por oficio a las autoridades responsables y tercera interesada, a los diversos terceros interesados por conducto del Ministerio Público tercero interesado."
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUO DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES. Puebla, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. DESPACHO DILIGENCIADO Agréguese a los presentes autos el oficio Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por el cual devuelve diligenciado el despacho número 93/2023 con número de orden 108/2023 del índice de este Juzgado, mediante el cual se ordenó la notificación personal del quejoso Adalberto Rojas López, respecto de los autos de veinte de diciembre de dos mil veintidós y el diverso de nueve del presente mes y año, mismos que fueron notificados el quince de febrero del año en curso. Dese de baja en la estadística de este juzgado y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que el quince de febrero del año en curso, se notificó al quejoso en el lugar de su reclusión los autos citados en párrafos precedentes, a través del cual se notificó el informe justificado rendido por el Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Chalchicomula de Sesma, Ciudad Serdán, Puebla, por tanto, a esta data se encuentra transcurriendo la vista otorgada en términos del párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo.
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