Adalberto Ramírez Sánchez
Expediente 774/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Adalberto Ramírez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil diecinueve.Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales a los que haya lugar, los oficios signados por las autoridades responsables Aldo Sergio Querido Garduño, Responsable del Primer Turno, de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Emiliano Zapata y Luis Alberto Sánchez Santiago, persona designada para supervisar y ejecutar las instrucciones operativas en Materia de Seguridad Pública emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en el Municipio de Emiliano Zapata, mediante los cuales informan sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de tres días, contado a partir del momento en que queden legalmente notificadas del presente proveído: Remitan copia certificada de la resolución en la que aducen haber dejado sin efectos la boleta de arresto con número de oficio EZ/1546/06-2019 de diez de junio de la presente anualidad, así como la cancelación de las consecuencias jurídicas que se hayan derivado de la misma, o anotación alguna realizada en el expediente personal del quejoso. Se apercibe a las citadas autoridades responsables, para el caso de ser omiso y de actualizarse dicho supuesto, se les impondrá una multa en lo individual por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos los oficios signados por Luis Alberto Sánchez Santiago, Persona Designada Para Supervisar y Ejecutar las instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública emitidas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Aldo Sergio Querido Garduño, Responsable del Primer Turno de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, mediante el cual pretenden informar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, toda vez que las autoridades oficiantes no anexaron de los oficios EZ/2538/09-2019 y EZ/2539/09-2019, que refieren, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo improrrogable de tres días hábiles, contado a partir del momento en que sean legalmente notificadas del presente acuerdo, remitan los oficios aludidos, a fin de acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se apercibe a las autoridades responsables Luis Alberto Sánchez Santiago, Persona Designada Para Supervisar y Ejecutar las instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública emitidas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Aldo Sergio Querido Garduño, Responsable del Primer Turno de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 774/2019, promovido por Adalberto Ramírez Sánchez contra actos de la Persona Designada para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en el Municipio de Emiliano Zapata y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de junio de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Adalberto Ramírez Sánchez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Persona Designada para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en el Municipio de Emiliano Zapata y Responsable del Primer Turno de la Policía Preventiva de Emiliano Zapata. Acto reclamado: ".La privación de la libertad fuera de procedimiento." SEGUNDO. El diez de junio de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 774/2019, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La orden de arresto por doce horas, ordenada por el superior jerárquico. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman a la Persona Designada para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en el Municipio de Emiliano Zapata y Responsable del Primer Turno de la Policía Preventiva de Emiliano Zapata; toda vez que así lo manifestó al rendir informe justificado y de las constancias que se acompañaron al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia infundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las autoridades responsables refieren que contra la imposición de la sanción consistente en un arresto por doce horas, procede el recurso de rectificación previsto en el artículo 191 y 192 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Es inatendible la causa de improcedencia planteada, en virtud de que dichas autoridades responsables no manifiestan cual es la causal de improcedencia que a su juicio se actualiza, ya que se limitó a citar los preceptos legales de la ley especial que prevé el medio de impugnación que procede contra la orden de arresto, además refieren que dicho recurso no suspende la ejecución de la sanción, sin que en el caso particular este juzgador advierta su obvia u objetiva constatación, lo que impide analizarla. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 263 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 284 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio". Igualmente resulta infundada la causal de improcedencia relativa a que la parte quejosa consintió el acto reclamado al haber firmado la boleta de arresto. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañe ese consentimiento.". Del precepto transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente, o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por "actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento", debe entenderse como el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. Es decir, nuestro máximo tribunal señala que el consentimiento a que se refiere dicho numeral debe ser el de un acto emitido por una autoridad respecto del cual el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con él, que lo aprueba o que da su anuencia, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Como se puede ver, se está en presencia de dos formas de consentimiento: la primera, cuando se manifiesta expresamente; y la segunda, cuando se deduce de diversas manifestaciones de voluntad realizadas por el quejoso. La primera hipótesis, se refiere al caso en que el quejoso de manera expresa anuncia estar conforme con el acto de autoridad que se reclama en el juicio de amparo, de manera que no existe posibilidad de interpretación para el juzgador; en tanto que en el segundo supuesto, la autoridad de amparo debe verificar si alguna otra actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. Un ejemplo de manifestación de voluntad que entraña consentimiento, se presenta cuando el quejoso se acoge y cumple, voluntariamente, con el acto reclamado sin reserva alguna. Ahora, respecto de la causa de improcedencia analizada, cabe destacar que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 148/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 289, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, se interpretó que el entonces artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo y, en lo conducente, a la letra, se expuso: "De conformidad con el precepto anterior, el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta." La citada jurisprudencia 148/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es del tenor siguiente: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado." Conforme a lo expuesto, el consentimiento previsto en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando así lo afirma de manera expresa el quejoso, previamente a la promoción del juicio constitucional, y en este supuesto no existe posibilidad de interpretación para el juzgador, pues así lo exterioriza el impetrante, en tanto que en el segundo caso, debe verificarse si alguna otra actuación o manifestación de voluntad entraña consentimiento respecto de los actos reclamados. Esta última hipótesis, se concreta cuando el quejoso opta por someterse a los efectos de los actos reclamados o por apegarse a algún beneficio legal a su favor, por lo que la promoción del juicio de amparo resulta ilegítima, ya que pretende sustraerse de su propia conducta tolerante. Ahora, a fin de establecer los requisitos que deben satisfacerse para considerar consentido un acto de autoridad debe atenderse al contenido de la tesis publicada en la página 13, de los volúmenes 139-144, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que expresa: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." El criterio referido señala que un acto se considera consentido expresamente, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se cumplan tres requisitos, a saber: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. b) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. c) Que el quejoso se conforme con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; en este sentido, puede decirse que se consiente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley; es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa, no se actualizaron todos los requisitos previstos para que el acto reclamado en el juicio tenga que ser considerado como consentido. En primer lugar, si bien es cierto la existencia del acto combatido se acredita de las constancias de autos, de la revisión de éstos no se advierte que la parte quejosa haya manifestado estar conforme con la imposición del arresto por doce horas realizado por las autoridades señaladas como responsables, por el contrario, con la interposición del juicio se advierte claramente que es intención del quejoso inconformarse con la sanción impuesta, de ahí que, a criterio de quien resuelve, no se está en presencia de actos consentidos expresamente. En efecto, el quejoso no realizó manifestaciones de voluntad ante la autoridad responsable que entrañen el consentimiento del acto reclamado ni que haya sometido su actuar a los efectos del acto reclamado porque la única actuación que realizó fue recibir de enterado de la boleta de arresto por doce horas a fin de cumplir con la misma tan es así que la cumplió parcialmente, situación que no implica haber dado su consentimiento de manera expresa. Evidentemente, no se actualiza la causal de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables. Las partes no invocaron diversa causa de improcedencia y este órgano jurisdiccional no advierte la actualización de alguna que imposibilite el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado; tampoco es obligatorio abordar el estudio de cada una de las contempladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que dicha legislación no lo establece así. La determinación que antecede encuentra sustento, por analogía, en la jurisprudencia 3a./J. 21/91, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VII, mayo de 1991, foja 49, registro 207000, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia alguna que amerite su estudio, no es fundado exigirle se haga cargo de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todas y cada una de las hipótesis de improcedencia contenidas en la Ley, porque basta que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Estudio de fondo. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal, así como se suple la deficiencia de la queja al advertir una violación manifiesta de la ley que dejó sin defensa al quejoso de conformidad con el numeral 79 fracción VI de la Ley de Amparo, y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En efecto, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación en términos de la disposición invocada que establece: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: (.) VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y." Ello es así, porque del análisis integral de la boleta de arresto con número de oficio EZ/1546/06-2019, de diez de junio de dos mil diecinueve, se advierte que ha habido en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo dejó sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo, por lo que es procedente suplir la deficiencia de la queja aún ante la ausencia de conceptos de violación. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 120/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2009936, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, página: 663 del rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY. La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Se considera que ha habido en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo dejó sin defensa por las siguientes consideraciones jurídicas: El artículo 16 constitucional establece, en su primera parte, lo siguiente: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Por su parte el artículo 14 de la propia Constitución preceptúa, en su segundo párrafo, lo siguiente: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". Para mejor comprensión se transcribe la boleta de arresto: ". Comandancia Emiliano Zapata No. Oficio: EZ/1546/06-2019 Emiliano Zapata, Morelos, a 10 de junio de 2019. . Policía Segundo ADALBERTO RAMIREZ SANCHEZ CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 100 FRACCIONES I, XVII Y XXVI ARTÍCULO 101 FRACCIÓN VI DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO ARTÍCULO 5 FRACCIÓN III, ARTÍCULO 31 FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDFAD PÚBLICA Y TRANSITO DE EMILIANO ZAPATA Y DEMAS APLICABLES AL CASO VIGENTES EN EL ESTADO DE MORELOS, LE NOTIFICÓ QUE CON ESTA FECHA SE LE IMPONE UN CORRECTIVO DISCIPLINARIO CONSISTENTE EN ARRESTO SIN PERJUICIO EN EL DESEMPEÑO DE SU SERVICIO, SANCION A QUE SE HIZO ACREEDOR (A) POR SER OMISO A LAS NORMAS DISCIPLINATRIAS ESTABLECIDAS PARA EL PERSONAL. RECIBÍ LA PRESENTE ORDEN: A las 9:07 hrs del día 10-06-19 Ramírez Sánchez Adalberto NOMBRE Y FIRMA ATENTAMENTE FIRME ILEGIBLE POLICIA TERCERO ALDO SERGIO QUERIDO GARDUÑO RESPONSABLE DEL PRIMER TURNO ATENTAMENTE P.A. FIRMA ILEGIBLE POLICIA LUIS ALBERTO SÁNCHEZ SANTIAGO. Persona Designada para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en el Municipio de Emiliano Zapata". Ahora bien, haciendo una interpretación conjunta y armónica de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que consagran los preceptos transcritos, en lo conducente, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, e imprescindiblemente, que sean emitidos por autoridad competente y que se cumplan las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, puesto que la competencia es un requisito esencial para la existencia de todo acto de autoridad y en el caso que se analiza, se advierte que el acto que impone al ahora quejoso un arresto por doce horas con motivo de haberse retirado de sus labores el día sábado ocho de junio de dos mil diecinueve, (el quejoso refiere fue su día franquicia a partir de las siete horas de la mañana), está firmado por ausencia de la Persona Designada para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en el Municipio de Emiliano Zapata, en ausencia de éste una firma ilegible. Ahora bien, en el caso concreto, del texto que constituye el pie de la boleta de arresto por doce horas, arriba reproducido, queda claro que quien está legitimado para sancionar a los elementos policiacos de la Comandancia de la Policía de Emiliano Zapata, es la persona designa por el ejecutivo en ese municipio en el caso Luis Alberto Sánchez Santiago. Sin embargo, no es factible conocer fehacientemente si la persona que firma la boleta de arresto por doce horas impuesta al ahora quejoso, por ausencia de la persona designada por el ejecutivo del Estado de Morelos, tiene legitimación para hacerlo, esto es, si aquélla está facultada para actuar en ausencia del titular de la dependencia, puesto que no manifiesta de manera expresa cuál es su nombre, cargo o nombramiento en la institución; lo cual, evidentemente, es indispensable, de modo que si no se precisa el extremo aludido, esta autoridad no se encuentra en aptitud de tener por acreditada la legitimación de quien firma la boleta de arresto, pues debió el firmante especificar en qué calidad signó la boleta de arresto, mas no sólo que lo hace por ausencia, pues de otro modo no hay manera de establecer si le asiste la legitimación que pretende para ordenar un arresto de doce horas que afecta la libertad personal del impetrante de amparo, por ello, es evidente la violación a los derechos humanos del quejoso, previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 10/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Octava Época, con número de registro 205463, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 77, Mayo de 1994, materia común, página 12 del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria." En efecto, la boleta de arresto por doce horas impuesta al quejoso de diez de junio de dos mil diecinueve, cumplida parcialmente, está afectada de nulidad absoluta toda vez que se practicó en contravención a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Así, la figura de la suplencia no sólo tiene como finalidad garantizar la continuidad en el despacho de los asuntos a pesar de la ausencia del titular del órgano u oficina administrativa, sino también crear certidumbre y no dejar en estado de indefensión a los gobernados, porque al conocer que la actuación es en suplencia, están es posibilidad de controvertir adecuadamente el acto de autoridad, empero, para cubrir el requisito de fundamentación y motivación debe expresar el fundamento legal que lo autoriza para actuar de esa forma. Sin embargo, de la boleta de arresto de diez de junio de dos mil diecinueve, no es factible conocer fehacientemente si la persona que firma por ausencia -únicamente firma ilegible- tiene legitimación para hacerlo en suplencia de la Persona Designada para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en el Municipio de Emiliano Zapata, Policía Luis Alberto Sánchez Santiago, esto es, para actuar en ausencia del referido titular, puesto que no manifiesta de manera expresa el fundamento legal que lo legitime para actuar en consecuencia, máxime que únicamente se desprende de la boleta de arresto en cuestión que firma por ausencia (P.A), de la forma como lo hace se comprende lo hace por sí, atribuyéndose competencia, ya que la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad a toda promoción o acto, es decir, constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente, en virtud de que la finalidad de asentarla es vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso; lo cual, evidentemente, es indispensable, puesto que la norma es clara al referirse a los entes que tienen esa facultad, -artículo 34 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil, Bomberos y Rescate para el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, que prevé que la autoridad facultada es el Secretario de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, que en el caso corresponde a la Persona Designada para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en el Municipio de Emiliano Zapata, pues de otro modo no hay manera de establecer si le asiste la legitimación que pretende. En apoyo se cita la jurisprudencia I.7º.A. J/35, registro 173662 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, visible en la página 1171, del rubro y texto: "SUPLENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIRSE PARA FUNDAR Y MOTIVAR LA ACTUACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO EN AUSENCIA DE OTRO. A efecto de cumplir con los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación, previstos por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, en los casos en que una autoridad firme un acto de autoridad en ausencia de otra, es necesario cumplir con lo siguiente: a) Que se exprese el cargo del servidor público suplido, así como la cita exacta de los preceptos legales que, en su caso, lo hubiesen facultado para emitir el acto de autoridad; b) La denominación del funcionario que firma en ausencia de aquel que originalmente debió suscribir el acto, asentando claramente las normas legales que le permitan actuar en suplencia de este último; y c) Finalmente, deberá señalarse claramente que la actuación se hace "en ausencia", "por suplencia" o alguna frase similar. El último de los requisitos no puede considerarse una mera formalidad, sino un requisito indispensable de motivación, ya que en caso contrario se generaría una ambigüedad innecesaria, en perjuicio de la garantía de seguridad jurídica, al no dar a conocer al gobernado, de manera contundente, que el suscriptor del acto de autoridad no está actuando directamente o atribuyéndose competencias que no le corresponden, sino en ausencia de otro. En estas circunstancias, no está acreditada la legitimación de la persona que firma por ausencia (desconocida), en ausencia de Luis Alberto Sánchez Santiago, Persona Designada para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en el Municipio de Emiliano Zapata; consecuentemente, no se demuestra la legitimación para actuar y firmar la boleta de arresto y calificarla por doce horas de diez de junio de dos mil diecinueve. En ese orden de ideas, es claro que la boleta de arresto de diez de junio de dos mil diecinueve, no fue ordenada por la Persona Designada para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en el Municipio de Emiliano Zapata, sino por persona de la que se desconoce su nombre y calidad, quien no es la autoridad competente para ordenar el arresto por doce horas al aquí quejoso, actuación irregular que de convalidarse por fines prácticos, atendiendo al objeto y fin que se persigue con la aplicación de medidas disciplinarias de elementos de las diversas corporaciones policiales, ya que pudiera estimarse que son tendentes a controlar el funcionamiento y disciplina de los elementos policiacos, conllevaría a aceptar un acto del todo irregular por el único objeto de solventar un fin lícito, pero que en su origen deviene ilegal, actuar que se estima contrario al propio objeto y fin de la institución pública a la que pertenece. Consecuentemente, resulta claro que la boleta de arresto por doce horas de diez de junio de dos mil diecinueve, en contra de Adalberto Ramírez Sánchez, fue ordenada por un persona de la que se desconoce nombre y rango, autoridad incompetente para actuar en ausencia de la Persona Designada para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en el Municipio de Emiliano Zapata, al no especificarse el sustento legal para ello, razón por la que resulta nula de pleno derecho y violatoria de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. En ese orden de ideas, al resultar nula la boleta de arresto por doce horas de diez de junio de dos mil diecinueve, es factible establecer que también afecta de nulidad las consecuencias jurídicas que derivaron de ella. En consecuencia, por las consideraciones jurídicas antes expuestas, es evidente que el acto reclamado vulneró los derechos humanos del quejoso, de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, puesto que la orden de arresto por doce horas está sustentada en actos jurídicos nulos dado que en su aplicación actuó una autoridad que no justificó de manera fundada y motivada que contaba con atribuciones para ello y, por ende, la boleta de arresto adolece de nulidad toda vez que se practicó en contravención a lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil, Bomberos y Rescate para el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos que establecen la autoridad competente para sancionar a los elementos policiacos y, por ende, también son nulos las consecuencias jurídicas que derivaron de ella, específicamente, la ejecución y registro en el expediente personal del quejoso. En tales condiciones, es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Adalberto Ramírez Sánchez, para el efecto de que las autoridades responsables, dejen sin efectos el acto reclamado consistente en la boleta de arresto por doce horas de diez de junio de dos mil diecinueve, así como las consecuencias que de ella derivan. Sin que sea necesario el estudio del resto de los conceptos de violación, en razón de que ya no se lograría mayor beneficio para la parte quejosa que el obtenido con el estudio del concepto de violación analizado, que resulta suficiente para conceder la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el informe de 1982, Séptima Época, parte II, página 8, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja". Por lo expuesto, y fundado, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A Adalberto Ramírez Sánchez, contra el acto reclamado y autoridades responsables, por los fundamentos y motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, ello en virtud de que a la fecha está transcurriendo el plazo otorgado mediante auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por el cual se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Julián Pantaleón Suárez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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