Adalberto Pérez Ramírez
Expediente 409/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Adalberto Pérez Ramírez
Actuaciones
- Principal
"... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de tres de diciembre de dos mil veinte que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, se ordena ARCHIVAR el presente asunto como concluido..."
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE PROMOVENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...Vista la demanda de amparo presentada por ********************, en su carácter de apoderado legal de la persona moral ********************, personalidad que acredita con el instrumento público número... Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 409/2020-IV. DESECHAMIENTO Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En principio debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la ley de la materia, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Además, dicha hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, pues no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En el caso, de oficio el suscrito juzgador advierte que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)." Como se observa, de los preceptos legales transcritos se desprenden las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. Para los efectos de la fracción IV, del citado artículo 107, de la Ley de Amparo, los actos ejecutados fuera de juicio son todos aquéllos cuya realización se verifica generalmente con anterioridad a la iniciación del juicio. Los actos ejecutados después de concluido el juicio, son aquéllos que se realizan con posterioridad al momento en que se ha declarado ejecutoriada la sentencia respectiva; los de ejecución de sentencia se conciben como todos aquéllos que se verifican con el propósito directo de hacer cumplir el mandato contenido en el fallo que establece la verdad legal; es decir, se dividen en dos grupos, a saber: 1) Los que no tienden directamente a la ejecución de la sentencia, sino solamente a prepararla o hacerla posible, como puede ser por ejemplo los incidentes de liquidación que pueden tener autonomía propia dada su estructura procesal en forma de juicio; y, 2) Los actos de ejecución propiamente dichos, que son aquéllos que tienden de manera directa al cumplimiento de la sentencia ejecutoria. El amparo contra este tipo de actos sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; en tratándose de remates, el amparo procederá contra la resolución que los apruebe o desapruebe, aunque con ella no se ponga fin a la ejecución de la sentencia, como sucede, por ejemplo, cuando el precio del remate no alcanza para pagar las prestaciones a las que se condenó el demandado. Puntualizando, las hipótesis de procedencia contempladas por la fracción y ordinal en consulta, son: a) Actos ejecutados fuera de juicio, generalmente realizados antes de iniciado el mismo, como son los actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, las diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares. b) Actos ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquéllos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria, pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a preparar la ejecución. c) Actos de ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación, encuadran también los procedimientos de remate. Es importante resaltar, que las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencia, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta que al existir una sentencia ejecutoria debe evitarse obstaculizar el procedimiento tendiente a cumplimentarla. En estos casos los interesados deberán esperar a que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución, pues solamente entonces estarán en aptitud de promover el amparo. Por tanto, se concluye que existen dos reglas generales y una específica para la procedencia del juicio de amparo biinstancial. La primera regla general, consiste en que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Mientras que la segunda regla general, se desprende de los aludidos artículos Constitucionales y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia, salvo aquéllos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia del juicio natural. Finalmente, la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, deriva de los artículos 107 de la Constitución Federal y de la ley de la materia, en cuanto a que el juicio de garantías en la vía indirecta es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y tratándose de remates sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Para entender este supuesto de procedencia, cabe precisar que para los efectos del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que la "última resolución" que se dicte en la fase ejecutiva, debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con la regla genérica que establece el párrafo segundo, de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Con ambas reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto se pretende evitar la obstaculización de la etapa de ejecución de sentencia, al establecer que solamente procede contra la última resolución que se emita en el procedimiento correspondiente, no así contra otras determinaciones intermedias (regla genérica) y, tratándose de remates, únicamente procede contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben, sin que proceda tampoco contra autos intermedios (regla específica). En congruencia con esta conclusión, también se ha sostenido que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, aun cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada, por lo que, incluso en estos casos, el amparo procede contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución. Además, el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, pues debe promoverse contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. Finalmente, conviene puntualizar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que existen actos dictados en ejecución de sentencia en contra de los que excepcionalmente sí es procedente el amparo indirecto; a saber: a) Que el acto infrinja directamente derechos sustantivos y, b) Que los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de sentencia. Como ejemplo, estableció que al desestimar en etapa de ejecución de sentencia ciertas excepciones perentorias y sustanciales, como la de pago, compensación, pacto de espera o la prescripción de derecho de pedir ejecución, se generarían situaciones de imposible reparación. Lo anterior se corrobora de la lectura de la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 19/2011, consultable en la página 5, del tomo XXXIII, mayo de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. En otros términos, si el acto reclamado se encuentra vinculado con la ejecución de la sentencia, no constituye la última resolución en la etapa de ejecución, por lo que no se está en presencia de actos de imposible reparación dentro de dicho procedimiento. Lo hasta aquí expuesto, permite estimar que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente o tratándose de remates, contra la resolución definitiva que lo apruebe o desapruebe y, de manera excepcional, cuando el acto reclamado, aún dictado en la etapa de ejecución de sentencia, afecta derechos sustantivos y que éstos sean ajenos a la cosa juzgada. Ahora, para justificar la actualización de la causal de improcedencia en estudio, se enuncian los antecedentes del acto reclamado: 1. El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dictó laudo condenatorio dentro del expediente laboral ********************. 2. Posteriormente, en auto de dos de abril de dos mil diecinueve el Presidente de la Junta responsable, dictó auto de ejecución, ordenando requerir el pago de las prestaciones a la parte demandada. 3. Consecuentemente, el nueve de abril de dos mil diecinueve, el actuario adscrito a la Junta responsable, se constituyó en el domicilio señalado para tal efecto, en el que fue informado que la persona moral buscada ya no se ubicaba en ese domicilio, proporcionándole un diverso domicilio en el que pudiera localizarse. 4. Seguidamente, el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Actuario adscrito a dicha junta, se constituyó en el diverso domicilio que le fue proporcionado, y en el mismo procedió al requerimiento del pago, y ante la negativa del mismo procedió a practicar el embargo a la parte demandada. 5. Así, en contra de esa determinación del Presidente de la Junta, la parte actora se inconformó contra el auto de ejecución de dos de abril de dos mil diecinueve, la parte quejosa interpuso recurso de revisión; medio legal de defensa que fue resuelto por la propia Junta, mediante resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el sentido de declararlo improcedente. Inconforme, la parte accionante promovió el presente juicio de amparo indirecto. De la relatoría de los antecedentes del caso, se concluye que el acto reclamado constituye una determinación emitida en la etapa de ejecución de laudo, que conforme a lo establecido, no cuenta con el carácter de última resolución en esa etapa para efectos del juicio de amparo, pues se trata de una actuación por la que se declaró improcedente el recurso de revisión contra actos de ejecución del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Así es, en términos de lo establecido expresamente por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución es: "aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente"; de ahí que, procede el amparo indirecto hasta que ello se actualice, esto es, una vez que se haya emitido alguno de los tres proveídos que se indican, donde podrán reclamarse las diversas violaciones al procedimiento de ejecución cometidas en esa fase. Luego, si el juicio del que emana el acto reclamado se encuentra en ejecución de laudo, y tiene por objeto obtener el cumplimiento de lo condenado en juicio, por tanto, no se ubica en los supuestos a que se refiere la fracción IV, del dispositivo 107, de la Ley de la materia, puesto que aún no se ha dictado la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o en su caso, la que declare la imposibilidad, material o jurídica para darle cumplimiento, es decir aquella que pone fin al juicio y, por ende, el auto en cuestión constituye un acto intermedio en la etapa de materialización del laudo emitido en el juicio natural. De lo anterior se deduce que la resolución reclamada no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral, pues, si bien se emitió después de concluido el juicio laboral dentro del procedimiento de ejecución, no se desprende que se aprobara o reconociera el cumplimiento total del indicado laudo, ni tampoco se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, como consecuencia, sólo se trata de una resolución intermedia dictada dentro del periodo de ejecución que no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, habida cuenta que ante la condena decretada en el procedimiento laboral de origen, debe evitarse obstaculizar el procedimiento tendiente a cumplimentarla. De acuerdo con lo expuesto, se recuerda que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente o tratándose de remates, contra la resolución definitiva que lo apruebe o desapruebe y, de manera excepcional, es procedente el juicio de garantías biinstancial cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, goza de autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Sin embargo, el acto reclamado no entra en esos supuestos, pues la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, aquí combatida, no goza de autonomía propia. Asimismo, resulta importante reiterar, que la regla de procedencia contenida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, tiene como finalidad principal el evitar que, con motivo de la promoción del juicio de garantías, se entorpezca o retarde la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es de orden público, de ahí que será en contra de la última resolución, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Por tanto, el hecho de que el amparo contra actos intermedios dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia sea promovido por la parte vencedora en el juicio natural, constituye una cuestión que debe ser considerada irrelevante para efectos de determinar el alcance de la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior obedece a que ello en nada altera la circunstancia de que, mediante dicha acción se entorpece la ejecución de la sentencia, que constituye precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la creación de la norma en comento. Situación que explica porque el legislador no previó tal hipótesis como una excepción a la regla de procedencia analizada. En esa tesitura, si el legislador no estableció dicha excepción, no le es dable al juzgador hacerlo... En virtud de lo expuesto, es evidente la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y, por tanto, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos del artículo 113 del ordenamiento en cita, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia..."
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