Adalberto Nava Reyna

Expediente 255/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
255/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/09/2023

Partes del expediente

  • Adalberto Nava Reyna

Actuaciones

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, acusando recibo del oficio mediante el cual se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 255/2023-I y comunicando que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***. Al no existir actuaciones pendientes y encontrarse debidamente integrado el expediente físico y electrónico de este cuaderno, archívese como concluido. En términos de los preceptos 12 y 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, es susceptible de destrucción, en virtud de que se trata de una incompetencia, lo que podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes y colóquese en la carátula el sello respectivo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Mariano Villanueva Araujo, Secretario encargado del despacho, conforme al punto cuarto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se determina la lista de las y los aspirantes aceptados al Segundo concurso interno de oposición para la designación de magistradas y magistrados de Circuito conforme a la reforma judicial y al oficio CTA5IGU-210/2023, del uno de septiembre de dos mil veintitrés, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; regístrese bajo el número 255/2023-I y háganse las anotaciones correspondientes. Ahora, de la citada demanda se advierte que el impetrante reclama de la autoridad responsable: - La negativa, omisión, dilación o abstención en acordar lo solicitado por el quejoso, por conducto de su apoderado, en escrito recibido por la responsable el dieciocho de agosto de dos mil veintidós. - La negativa, omisión, dilación o abstención en dar trámite al procedimiento ordinario laboral ***, hasta el dictado del laudo respectivo. En ese sentido, se destaca que el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que será competente el Juzgado de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, con el fin de facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional, pues con la reforma al precepto constitucional y a la Ley de Amparo, se prescindió de atender al lugar de emisión o dictado de la resolución como un factor preponderante para fincar la competencia del órgano judicial de amparo y se optó por disponer que ésta se funde en el criterio de ejecución de los actos que se impugnen. Cabe precisar que, en un sentido jurídico general, la competencia alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos y se sustenta la existencia de los siguientes criterios para fijarla o delimitarla: territorio, materia, grado y cuantía. En el caso, es importante destacar únicamente el criterio competencial por razón de territorio, mismo que refiere que la competencia se determina por el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, por razón de territorio, se establecen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se implementan tres supuestos, atendiendo a la ejecución del acto reclamado. Así, en el primer párrafo, lo trascendente para determinar la competencia del juzgado de amparo, no es el lugar en el que radique la autoridad a quien se atribuye el acto reclamado, sino donde el propio acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; lo que necesariamente presupone que requiere de ejecución material, en cuyo caso la competencia se surte a favor del órgano de control que ejerza jurisdicción donde se materializan sus efectos. Por su parte, el párrafo segundo de la citada porción normativa, constituye una variante en tanto que parte del supuesto de que el acto reclamado requiera ejecución material, con la diferencia que ello sucede en más de un distrito; señalándose que será competente para conocer del asunto ante el que se presente la demanda. Luego, en el párrafo tercero del referido numeral se fija como regla que, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito donde se haya presentado la demanda. Así, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo depende de la naturaleza del acto reclamado, para lo cual, resulta indispensable determinar si éste requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas. En ese sentido, resulta necesario exponer la clasificación de los actos, atendiendo a su naturaleza y efectos, los cuales se dividen en: a) Positivos; b) Negativos - éstos a su vez se subdividen en actos negativos simples y actos negativos con efectos positivos y actos prohibitivos-, y c) Omisivos o abstenciones. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 1/2023, sostuvo que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. Asimismo, que a partir de tal premisa y atendiendo a que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país ha considerado que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio en detrimento del derecho de justicia pronta a que se refiere el artículo 17 de la mencionada norma fundamental, ello permite concluir que el acto consistente en la omisión de emitir el laudo trae aparejada una ejecución material, toda vez que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto. Por tanto, concluyó que cuando en la demanda de amparo se reclame la omisión del dictado del laudo, como en el caso acontece, el órgano competente será el Juzgado de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba emitir el laudo respectivo que resuelva el conflicto laboral, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo; esto es, el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno. Como apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el cuatro de agosto de dos mil veintitrés en el Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2026910, Undécima Época, de título: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN". Asimismo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 45, Tercera Parte, Volumen 139-144, del Seminario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro digital 237830, de rubro siguiente: "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCION RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES". Y la diversa sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 2319, Abril de 2008, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 169928, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. POR TRATARSE DE UN ACTO NEGATIVO CARENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE RESIDE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA". Por tanto, se declina competencia para conocer de este asunto al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno; en ese sentido, remítase vía postal a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esas materias y entidad federativa, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente, así como el original de este expediente. Solicitando de la manera más atenta al órgano de control que le corresponda conocer de este juicio, acuse recibo y comunique a este órgano de control si asume la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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