Adalberto Mora Delfin

Expediente 310/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
310/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Adalberto Mora Delfin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de julio de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en la Fracción I, del Artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 310/2023-III, promovido por *******, por conducto de su representante legal. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por *******, la cual fue turnada a este juzgado ese mismo día, por medio de la cual, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad responsable, Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juez de Tribunal Oral del Distrito Judicial Bravos, a quien reclamó lo siguiente: "IV.- ACTOS U OMISIONES QUE SE RECLAMAN.- Lo constituye la OMISIÓN del TRIBUNAL EN COMENTO, DE SENALAR HORA Y FECHA PARA EL INICIO DE MI JUICIO ORAL." SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como vulnerados los contenidos en los artículos 1 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, la demanda de amparo se registró bajo el consecutivo 310/2023-III y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable el respectivo informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se solicitó a la Defensoría Pública del Estado de Chihuahua, se le asignara asesor jurídico al quejoso y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CUARTO.- Mediante oficio recibido el veintiocho de marzo, la Coordinadora de la Defensoría Pública del Estado de Chihuahua, asignó a la licenciada *******, como asesora jurídica del quejoso de mérito, la cual, aceptó y protestó el cargo conferido mediante comparecencia de treinta de mismo mes y año. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto omisivo reclamado es atribuido a una autoridad de cuya circunscripción territorial este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; lo anterior de conformidad con el numeral 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclamó al Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juez de Tribunal Oral del Distrito Judicial Bravos, en esta Ciudad, la omisión de señalar fecha y hora para dar inicio a su juicio oral. TERCERO. Existencia del acto reclamado. En su informe justificado el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juez de Tribunal Oral del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta Ciudad, manifestó que es cierto el acto reclamado, pues a la fecha de notificación del presente juicio, no se había señalado fecha y hora para el inicio del juicio oral del hoy quejoso, sin embargo, mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se radicó el juicio oral con número de juicio *******, derivado de la causa penal *******, y se señalaron las trece horas del doce de abril, para llevarse a cabo la audiencia de juicio, auto que se notificó personalmente al imputado hoy quejoso el veintinueve de marzo y luego del diferimiento de la misma, se señalaron las doce horas del veinticuatro de abril, fecha en la que inició el desarrollo de la audiencia de juicio, por lo cual, el trece de mayo, todas del dos mil veintitrés, se dictó fallo condenatorio en contra del hoy quejoso por el delito de homicidio calificado. Así, de las constancias que remitió dicha autoridad, se desprende que mediante auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juez de Tribunal Oral del Distrito Judicial Bravos, radicó el juicio oral con número de juicio *******, derivado de la causa penal *******, y señaló fecha para llevar a cabo la audiencia de juicio oral, auto que fue notificado de manera personal al hoy quejoso, el veintinueve de marzo, por lo que, el veinticuatro de abril se desarrolló la audiencia de juicio y el trece de mayo, todas del dos mil veintitrés, se dictó fallo condenatorio en contra del hoy quejoso por el delito de homicidio calificado. Por lo tanto, se tiene por ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestó la autoridad responsable, y se advierte de las constancias que remitió, en copia certificada del juicio natural, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues consiste en copia certificada de la causa penal de origen. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. Dicho numeral preceptúa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ..." De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que, con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se analiza, por virtud de la sustitución procesal de actos en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis indicada, es de señalarse que la expresión, cesación de los efectos del acto reclamado, implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si este, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso, se actualiza tal causa de improcedencia, pues la parte quejosa señaló como actos reclamados, las omisiones del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juez de Tribunal Oral del Distrito Judicial Bravos, de señalar fecha para la audiencia de debate de juicio oral *******, derivado de la causa penal *******. Lo que se advierte de la constancias remitidas, a la cuales se concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que se destaca que mediante auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juez de Tribunal Oral del Distrito Judicial Bravos, radicó el juicio oral con número de juicio *******, derivado de la causa penal *******, y señaló las trece horas del doce de abril de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia de juicio oral. El cual fue debidamente notificado de manera personal al quejoso, interno en el Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, el veintinueve de marzo del año en curso. Aunado a lo anterior, fue recibido en este juzgado oficio por parte de la autoridad responsable, mediante el cual hace del conocimiento que fueron señaladas las doce horas del veinticuatro de abril del año en curso, para dar inicio a la audiencia de debate de juicio oral con número de juicio *******, derivado de la causa penal *******, seguida la misma, en audiencia de trece de mayo del año en curso, se dictó fallo condenatorio en contra del hoy quejoso por el delito de homicidio calificado. Por tanto, se estima que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado en comento, habida cuenta que ya no existe la omisión reclamada, al haberse señalado la fecha de audiencia de debate del juicio oral, así como el haber dado inicio a la misma, lo cual fue debidamente notificado al quejoso. De ahí que, la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente, Jurisprudencia con número de Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38: que reza de la siguiente manera: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así mismo, la tesis con número de Registro: No. 197367, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, Noviembre de 1997, Página: 71, Tesis: P. CL/97, Tesis Aislada, Materia(s): Común, la cual establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esa tesitura, es incontrovertible que, cesaron los efectos del acto reclamado y queda evidenciada la actualización de esta causa de improcedencia, siendo procedente en consecuencia, sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Así mismo, en la tesis con número de Registro No. Registro: 196,820 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, febrero de 1998, Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210. "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por *******, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables, así como por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio que remite la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, por el cual informa que el trece de mayo del presente año, se llevó a cabo la audiencia en la cual se dictó un fallo condenatorio en contra del quejoso ******* y otro. Circunstancia de la cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que deben mediar entre la vista al quejoso de la rendición del informe justificado y la fecha de celebración de la audiencia constitucional, dado que el trece de los actuales, se recibió el informe justificado del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juez Oral del Distrito Judicial Bravos. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Por otro lado, visto el oficio que remite el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, formulando alegatos, los cuales serán relacionados al momento de celebrar audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo. Respecto a la solicitud de las copias, indíquesele que deberá estarse a lo acordado en el auto de admisión de demanda, en el que autorizó la expedición a las partes, de copias de las constancias que integran el presente expediente. Finalmente, se tiene a la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, informando que no se pudo llevar a cabo el inicio de la audiencia de juicio oral y señaló para tal efecto las doce horas del día veinticuatro del presente mes para que tenga verificativo el inicio de la misma. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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