Adalberto Márquez González
Expediente 200/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Adalberto Márquez González
Actuaciones
- Principal
se declara que el mismo causó estado. Por ende, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido y en su oportunidad remítase al área respectiva de este juzgado para su resguardo. Por otro lado, se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por presentada la demanda de garantías promovida por Adalberto Márquez González, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y Actuario y/o Ministro Ejecutor, adscrito al Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residentes en esta localidad fronteriza, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la admisión de la demanda de cuenta, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, numeral que a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, la anterior disposición legal señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre demostrada al menos una causa de improcedencia del juicio constitucional; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior y en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, del Tomo XX Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en septiembre de 2004, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Al respecto, previo a cualquier otra cuestión, se considera necesario señalar, que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que transgredan los derechos fundamentales individuales, motivo por el cual su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. En ese sentido, previo análisis del contenido integral de la demanda de amparo, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo y lo establecido en los dispositivos 45, 46 y 47 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que en lo que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." "Artículo 46. Una vez enviada la demanda, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo." "Artículo 47. El número de folio electrónico vinculado al acuse de recibo podrá utilizarse para consultar en el Portal de Servicios en Línea, el órgano jurisdiccional al que fue turnado el escrito de demanda y el número de expediente asignado. No obstante, para consultar el Expediente electrónico será necesario que se haya formulado la solicitud respectiva y que ésta se haya acordado favorablemente, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del presente Acuerdo General." Por su parte, el artículo 107, fracción I, constitucional establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Ahora bien, de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se tiene que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que éste no puede proceder oficiosamente, sino que es necesario que lo promueva aquél a quien perjudica el acto, siendo un presupuesto indispensable para que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de la citada ley y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Paralelamente a lo anterior, que las promociones podrán presentarse en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica, conforme a la regulación que al efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Dicha firma electrónica, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones; y el Consejo de la Judicatura Federal emitirá los acuerdos generales a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica. Ahora, el Acuerdo General Conjunto 12/2020 en comento, expresa que para poder acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se debe contar con nombre de usuario y contraseña, misma que se obtiene al momento de registrarse en el referido portal; o bien, mediante firma electrónica. Hecho lo anterior, al momento de realizar el envío de la demanda de amparo o la promoción, se generará un acuse de recepción electrónico en el que se señalan diversos datos de identificación. Finalmente, los documentos electrónicos recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales, deben contar en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de dicha firma, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente; por lo que, dichos datos deben tomarse en consideración por los órganos jurisdiccionales, para acordar lo conducente, (artículo 52). En el caso concreto, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Adalberto Márquez González, por su propio derecho, presentó su demanda de derechos fundamentales en línea, empero, de dicho escrito se aprecia que no obra la impresión de la evidencia criptográfica del uso de la firma electrónica del citado promovente, sino la de "Adalberto González Márquez", por lo que es inconcuso que la firma electrónica certificada con la que fue signada corresponde a otra persona distinta de quien promueve y, con ello no se satisface el principio de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional. Por lo cual, se incumple con lo dispuesto por los artículos 6 y 108 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General antes mencionado, por ser una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover ese medio de defensa que se itera se rige por el principio de instancia de parte agraviada. En virtud de ello, como la demanda de amparo no cuenta con firma válida del promovente, la cual sirve para dar autenticidad a la misma, debe estimarse que propiamente no hay manifestación de quien se ostenta como parte quejosa. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, página 79, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015 de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." También apoya a lo anterior la tesis II.1o.27 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Materia(s): Común, Décima Época, página 1877, que dice lo siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. SI LA DEMANDA EN QUE FUE DESIGNADO LA PROMUEVE EL QUEJOSO POR PROPIO DERECHO MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE SU EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA SE ADVIERTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA CON LA QUE FUE SIGNADO EL ESCRITO RELATIVO NO PERTENECE AL QUEJOSO, SINO A AQUÉL, ESA DESIGNACIÓN CARECE DE VALIDEZ. La demanda de amparo puede promoverse por propio derecho o en representación de diversa persona física, mediante el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o certificado digital institucional, emitido por las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, es el medio de ingreso a las tecnologías de la información y producirá los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa. Entonces, si el quejoso, al promover su demanda de amparo por propio derecho mediante el empleo de las tecnologías de la información, designó autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, y de la evidencia criptográfica del escrito inicial se advierte que la firma electrónica certificada con la que fue signado, no pertenece al quejoso, sino al autorizado mencionado, esa designación carece de validez, ya que la firma corresponde a otra persona distinta de quien promueve y, con ello no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda". Al efecto es pertinente citar la tesis VI.2o. 692 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Noviembre de 1994, página 435, que reza: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes". De igual forma se invoca la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Enero de 1991, página 210, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTAR SUSCRITA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La demanda de amparo debe estar firmada por quien la formula, pues tal formalidad es indispensable por ser la firma lo que le da autenticidad, con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si dicha demanda no está suscrita por quien aparece como promovente en su texto, debe resolverse que no se ha promovido legalmente el juicio de garantías". Asimismo, ilustra la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Enero de 1991, página 213, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISION, NO CONTRAVIENE DISPOSICION LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión". Finalmente apoya lo expuesto, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 175-180, Sexta Parte, página 96, de rubro y texto siguiente: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa". Determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio, no obstante que el quejoso pretenda subsanar exhibiendo la demanda con firma autógrafa. Sirve de apoyo a lo anterior por contenido jurídico la tesis I.4o.A.72 K, sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Materia Común, Novena Época, página 2174, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN SIN FIRMA NO SE SUBSANA EXHIBIENDO EN LA REVISIÓN EL DOCUMENTO FIRMADO QUE, SE DICE, ES EL QUE PRETENDIÓ PRESENTARSE, PERO QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO DEL OFICIAL DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA, SE ENTREGÓ AL PROMOVENTE EN LUGAR DEL ACUSE DE RECIBO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que una demanda de amparo requiere expresar la voluntad del agraviado, que debe manifestarse por medio de la suscripción del documento respectivo, de manera que si éste se presenta sin firma, debe desecharse. Esta deficiencia no se subsana y, por tanto, no procede revocar el desechamiento, exhibiendo en el recurso de revisión el que se dice es el documento firmado que pretendió presentarse pero que, por un error involuntario del oficial encargado de la oficina de correspondencia, se entregó al promovente como si fuese el acuse de recibo, pues, por una parte, el quejoso o quien presenta la demanda tiene la obligación de cerciorarse de que sea la original autorizada con firma autógrafa y que el acuse de recibo correspondiente no sea ese original y, por la otra, no existe ningún otro medio de convicción que permita cuando menos presumir tales afirmaciones". En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle 28, número 606, de la colonia Zarco de esta ciudad y autorizando en los términos más amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Marco Antonio González Pérez y Sebastián Garay Rodríguez, cuyas cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, así como en términos restringidos del citado numeral a Gerardo Chávez Barraza, por no contar con dicho registro y a Rodrigo Garay Rodríguez, por así solicitarlo el promovente. Asimismo, se le tiene autorizando la consulta del expediente electrónico y para oír y recibir notificaciones vía electrónica atendiendo al nombre de usuario "marcoglez". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren el presente expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas hasta dos tantos que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción que documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico).
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