Adalberto Magaña Luna
Expediente 1390/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1390/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adalberto Magaña Luna
- Director del Hospital General de Zamora, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de ser conservable dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 17, 24 y 29 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, quien no realizó manifestación alguna. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Ahora bien, en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se declaró que causó ejecutoria la sentencia emitida por este juzgado el veintisiete de abril del año en curso, en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "* Para que las autoridades responsables continúen otorgando el tratamiento completo y servicios que requiere el peticionario de amparo para el padecimiento de insuficiencia renal crónica que le aqueja, en los mismos términos y condiciones que hasta el momento se le brindan en la clínica subrogada, esto es, las tres sesiones de hemodiálisis y el suministro de sus medicamentos. * En la inteligencia de que, una vez que las responsables obtengan la valoración del médico nefrólogo, deberá continuarse otorgando al quejoso el tratamiento antes indicado o bien, ajustarse de acuerdo con la opinión que emita el especialista." En cumplimiento a lo anterior, los apoderados jurídicos de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General de Zamora, informaron que sus representadas realizaron lo siguiente: Por escrito presentado ante este juzgado el cinco de junio de dos mil veintitrés, informó que han brindado la atención médica necesaria al quejoso respecto a su padecimiento de insuficiencia renal crónica y anexó las constancias con las que acreditó que el peticionario de amparo ha recibido el tratamiento dialítico que requiere; Mediante escrito presentado el veinticuatro de julio del año en curso, indicó que a efecto de continuar brindando la atención médica que necesita el quejoso había celebrado "Contrato abierto para la adquisición y contratación del servicio de otros servicios profesionales, científicos y técnico integrales" con la empresa privada ********************, por lo que el quejoso recibió sus sesiones de hemodiálisis en la clínica privada Unidad Renal Zamora. Asimismo, informó que mediante oficio de veintidós de junio de este año la persona moral en cita informó que a partir del veintiséis de junio del año que transcurre, se continuarían brindando las sesiones de hemodiálisis en la clínica privada "Dif-Chilchota", donde sería atendido a las catorce horas los días martes y viernes, y al efecto adjuntó ficha informativa por parte de la moral de la aceptación de sesiones de manera subrogada. En consecuencia, este juzgado estima que las autoridades responsables han dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce de la garantía violada y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia por reiteración 2ª./J.201/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Materia Común, Novena Época, registro 165807, del siguiente rubro y contenido: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se desprende que mediante acuerdo de quince de agosto del año en curso, el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal de los Servicios de Salud de Michoacán, con residencia en esta ciudad, informó que el tratamiento de hemodiálisis que requiere la parte quejosa se brinda en la clínica "DIF CHILCHOTA" -ubicado en la Carretera Nacional número 226 de Chilchota, Michoacán-, debido a que cuenta con lugar y espacio para recibir la atención médica que necesita para el padecimiento del que se duele ante esta instancia constitucional. Asimismo, se advierte que dicha información se ordenó hacer del conocimiento de la parte quejosa mediante notificación personal, ello, con la finalidad de que acudiera oportunamente a recibir el tratamiento dialítico que requiere. De igual forma, se desprende que las responsables acreditaron que al quejoso se le continúa brindando la atención médica que necesita, por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con las constancias que la autoridad responsable ha remitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, para que dentro del término de tres días hábiles, computado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. Se apercibe a la parte quejosa que de no hacerlo, este juzgado proveerá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos que fueron aportados por las responsables. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito de José Eduardo Márquez Campos, apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico y por ende representante legal de los Servicios de Salud de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa lo siguiente: * A fin de brindar un mejor servicio a la parte quejosa el tratamiento de hemodiálisis que requiere ahora se brinda en la clínica "DIF CHILCHOTA", ubicado en la Carretera Nacional número 226 de Chilchota, Michoacán, en el entendido que el peticionario de amparo cuenta con su lugar y espacio para recibir la atención médica desde el momento en que la empresa adjudicada -Arquina, Sociedad Anónima de Capital Variable- tomó funciones; * Que lo expuesto encuentra sustento en el oficio número 001-hemo-123, del que se advierte el cambio de clínica para el tratamiento dialítico que requiere el quejoso así como los nuevos horarios que se le asignaron; * Pese a lo anterior, desde el mes de junio de este año el quejoso no ha acudido a sus citas médicas; y, * En virtud de lo anterior, solicita se requiera al quejosa para que comparezca al Hospital General de Zamora, Michoacán, para que se le realice una valoración médica actual y estar en condiciones de allegar las constancias relativas al cumplimiento de ejecutoria. De lo anterior, este órgano federal toma conocimiento para los efectos legales correspondientes, y hágase del conocimiento de la parte quejosa para que de manera inmediata acuda al Hospital General de Zamora, Michoacán, a efecto de que se le realice una valoración médica actual. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
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