Adalberto Gonzalez Garrido

Expediente 1500/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1500/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Adalberto Gonzalez Garrido

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de octubre de dos mil veintidós. Firmeza procesal. Visto el Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; así como con el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho; contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos sede en Toluca (OCRA) y otra autoridad, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de en su oportunidad ser destruido, por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. ... De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, concluido dicho plazo dentro de los treinta días siguientes se procederá a su destrucción. ... Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Visto el Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Adalberto González Garrido, por propio derecho; contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos sede en Toluca (OCRA) y otra autoridad. Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1500/2022-V. Fijación de Actos Reclamados. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de una lectura integra del escrito de demanda, debe precisarse que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: Al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos sede en Toluca (OCRA): La omisión de realizar las diligencias para demostrar la no existencia del delito que se imputa al quejoso, no acatando lo dispuesto por el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales dentro de la carpeta de investigación NIC: RVN/VEC/00/MPI/599/03957/22/09, NUC: ECA/RVN/VEC/034/260826/22/09. La omisión de no acordar el no ejercicio de la acción penal a favor del quejoso, dentro de la carpeta de investigación NIC: RVN/VEC/00/MPI/599/03957/22/09, NUC: ECA/RVN/VEC/034/260826/22/09. La omisión verbal de devolver el vehículo tipo Pick up, de la marca DODG-DOGDE según denominación mexicana color rojo, con número de serie JB7FL55W8LP003316, modelo 1990, con placas de circulación HAM 803 C del Estado de Guerrero, dentro de la carpeta de investigación NIC: RVN/VEC/00/MPI/599/03957/22/09, NUC: ECA/RVN/VEC/034/260826/22/09. Al Juez de Control de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México: - El señalamiento de fecha para la audiencia de formulación de imputación sin detenido, dentro de la causa penal 1698/2022 del índice de la responsable (la citación del quejoso a esta audiencia). Desechamiento de Demanda. Establecido lo anterior, se tiene que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda por los siguientes motivos. Por cuando hace al acto atribuido al Juez de Control de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México que se hace consistir en el señalamiento de fecha para la audiencia de formulación de imputación sin detenido, dentro de la causa penal 1698/2022 del índice de la responsable (la citación del quejoso a esta audiencia), al advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia tal y como se indica a continuación. En efecto, se considera que con relación al acto reclamado, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos fuera de juicio que causen una afectación jurídica al quejoso. Sin embargo, el acuerdo que cita a la persona investigada a la audiencia en que se formulará imputación en su contra, es un acto dictado fuera de juicio que no incide en su esfera de derechos, porque constituye un mero aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional a atender la diligencia. Ello es así toda vez que no basta con que el acto reclamado se haya emitido fuera de juicio, para concluir que procede el amparo, ya que en este caso, esos actos deben afectar de manera directa y actual a la libertad del quejoso. En efecto, la citación para acudir a la audiencia de formulación de imputación sin detenido no causa una afectación a la libertad del quejoso con esas características, que justifique la procedencia del amparo, conforme al contenido de los numerales 141, fracciones I y II, y 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y [...] Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su Defensor. [...]." De la transcripción anterior se colige que la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación. En este sentido, la citación para la audiencia de formulación de imputación, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. No es obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. En este sentido, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar, por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Por tanto, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento. Cobra puntual aplicación la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala del más Alto Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 239, que se muestra enseguida: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Lo resaltado es propio. Consecuentemente, de conformidad con el criterio expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), al actualizarse la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, lo conducente es desechar de plano la demanda que promueve Erick Waldo Valdés Santiago, contra el acto atribuido al Juez de Control de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, relativo al señalamiento de fecha para la audiencia de formulación de imputación sin detenido, dentro de la causa penal 1698/2022 del índice de la responsable (la citación del quejoso a esta audiencia). Asimismo, por lo que hace a los actos reclamados al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos sede en Toluca (OCRA), consistentes en: La omisión de realizar las diligencias para demostrar la no existencia del delito que se imputa al quejoso, no acatando lo dispuesto por el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales dentro de la carpeta de investigación NIC: RVN/VEC/00/MPI/599/03957/22/09, NUC: ECA/RVN/VEC/034/260826/22/09. La omisión de no acordar el no ejercicio de la acción penal a favor del quejoso, dentro de la carpeta de investigación NIC: RVN/VEC/00/MPI/599/03957/22/09, NUC: ECA/RVN/VEC/034/260826/22/09. Al respecto, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al diverso 5°, fracción II, del mismo ordenamiento que disponen: ... Como puede advertirse de lo transcrito, el juicio de amparo -por regla general- es procedente únicamente contra actos emitidos por una autoridad que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; por lo que si el acto que se impugna a través de la vía constitucional no reviste dichas características, el juicio de derechos fundamentales resulta improcedente. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, cuyo rubro y texto son: ....Ahora bien, en el caso, el acto reclamado, consistente en la actuación del agente del Ministerio Público como ente acusador, al reclamarle las omisiones relativas a realizar las diligencias para demostrar la no existencia del delito que se imputa al quejoso, y la omisión de no acordar el no ejercicio de la acción penal a favor del promovente del amparo. Al respecto, cabe mencionar que si bien el Ministerio Público, es la autoridad que tiene a su cargo la integración de las investigaciones de carácter penal, así como el ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 21 constitucional, y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es, que una vez que el representante social judicializa la investigación, con la finalidad de poner en conocimiento a la autoridad jurisdiccional su pretensión de ejercer acción penal contra alguna persona determinada (como acontece en el caso), la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad -en la integración de la carpeta de investigación o investigación inicial- a parte del proceso penal, como lo establece el numeral 105 del código adjetivo. En efecto, de conformidad con la porción normativa final del precepto 105 invocado, el agente del Ministerio Público tiene la calidad de parte, como se aprecia: Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: La víctima u ofendido; El Asesor jurídico; El imputado; El Defensor; El Ministerio Público; La Policía; El Órgano jurisdiccional, y La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico." En síntesis, aun cuando el Ministerio Público sea la autoridad rectora de la fase de investigación inicial, una vez que el procedimiento penal se judicializa, la autoridad que dirige el proceso es el Juez; mientras que el representante social actúa como parte; es decir, en igualdad de condiciones adjetivas que el imputado, su defensor, la victima u ofendido y su asesor jurídico. De manera que si en el caso, en la demanda de amparo se señaló como acto reclamado la conducta del órgano investigador, una vez judializada la carpeta de investigación, cuyo titular es el juez de control, lo cierto es que no se cumple con los presupuestos cualitativos de un acto de autoridad, por lo que el juicio constitucional no es procedente para analizar la legalidad de los actos que se le reclaman. En ese sentido, este órgano jurisdiccional concluye que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al diverso 5°, fracción II de la misma ley, consistente en que lo impugnado no se trata de un acto de autoridad, susceptible de ser analizado a través del juicio biinstancial. Es aplicable al caso el criterio publicado en la página 5285, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, Décima Época, con registro digital 2020129, cuyo rubro y texto son ... De igual manera por lo que hace al diverso acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos sede en Toluca (OCRA), consistente en la omisión verbal de devolver el vehículo tipo Pick up, de la marca DODG-DOGDE según denominación mexicana color rojo, con número de serie JB7FL55W8LP003316, modelo 1990, con placas de circulación HAM 803 C del Estado de Guerrero, dentro de la carpeta de investigación NIC: RVN/VEC/00/MPI/599/03957/22/09, NUC: ECA/RVN/VEC/034/260826/22/09. Del mismo modo resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se indican: Así, los artículos 61, fracción XII y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo, por haberse interpretado disposición de similar contenido, la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ... De acuerdo con los preceptos legales referidos, por regla general el juicio de amparo debe ser promovido por el titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, y por excepción lo podrá promover cualquier otra persona en su nombre cuando: 1) Éste se encuentre imposibilitado para promoverlo; y, 2) Sólo respecto de actos expresamente señalados por la ley, a saber: los precisados en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, resulta claro que el promovente Adalberto Gonzalez Garrido no se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, pues el acto reclamado, identificado con antelación, sólo afecta la esfera jurídica de José Luis Gonzalez Araujo. Lo anterior es así, pues bien reclama omisión verbal de devolver el vehículo tipo Pick up, de la marca DODG-DOGDE según denominación mexicana color rojo, con número de serie JB7FL55W8LP003316, modelo 1990, con placas de circulación HAM 803 C del Estado de Guerrero, dentro de la carpeta de investigación NIC: RVN/VEC/00/MPI/599/03957/22/09, NUC: ECA/RVN/VEC/034/260826/22/09. Vehículo descrito del que se advierte de la demanda, que el propietario es su padre -para efectos demostrativo en este asunto-, dado que de la demanda de amparo se expone que refiere que ".la camioneta es de mi padre José Luis González Araujo"; aunado a ello de la declaración de José Luis González Araujo ante el representante social refiere que: ".llevándose con mi consentimiento mi camioneta tipo pick up de la marga Dodg-Dodge según denominación mexicana color rojo, con número de serie JB7FL55W8LP003316 modelo o año 1990 con placas de circulación HAM 803 C del Estado de Guerrero.". Lo anterior adminiculado con los medios de convicción exhibidos con la demanda de amparo consistente en el título vehicular, con "control number" 7575650, en la que se refiere como año 1990, marca dodg (sic) con numero de serie citado y al reverso endosado a nombre de José Luis González Araujo, y dos recibos de pago de tenencia a nombre de la misma persona y datos del vehículo descrito. Lo anterior permite considerar con certeza que en todo caso la afectación relativa a dicho automóvil, recae en la persona de nombre José Luis González Araujo y no así del quejoso; por tanto, el impetrante estará legitimado para promoverlo, cuando ejercite un derecho que realmente le corresponde o que afecte su esfera jurídica, circunstancia que en el caso no acontece. Asimismo, en el presente asunto no se advierte que José Luis González Araujo, se encuentre imposibilitado para promover la demanda de amparo respectiva, o en su caso que se esté en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que debe seguir rigiendo el sentido del presente auto. A la presente determinación se estima aplicable, por haber interpretado disposición de contenido similar, la tesis publicada en la página 272 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Enero de 1991, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: ... Así como, en lo conducente, la tesis publicada en la página 45 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Primera Parte, Séptima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: ... Por lo expuesto, fundado y motivado, se desecha la demanda de amparo por los actos y autoridades descritos en el presente auto, por notoriamente improcedente. Expediente Electrónico Y Notificación. Toda vez que la parte quejosa solicita se realicen las notificaciones vía electrónica del presente expediente con el usuario "4166130", así como el acceso electrónico del mismo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza el usuario que refiere el promovente para la consulta electrónica del presente expediente; asimismo, notifíquese a la parte quejosa vía electrónica está determinación, así como las sucesivas que se dicten en el presente asunto. Asimismo, se sugiere a la parte promovente que al consultar el expediente electrónico, verifique en todos los campos que aparecen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, ya sea como persona física, representante de persona jurídica pública o representante de persona jurídica privada, tal como se advierte de la imagen siguiente: Ello, en virtud a que en ocasiones el aludido sistema lo identifica indistintamente en alguno de estos supuestos. Domicilio. Por lo que hace al diverso domicilio procesal señalado para oír y recibir notificaciones deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. ... Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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