Adalberto Garcia Ramirez

Expediente 648/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
648/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • Adalberto Garcia Ramirez
  • ADALBERTO GARCIA RAMIREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ... Téngase por recibido el escrito signado por ******************** Asesora Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, en suplencia por periodo vacacional del titular adscrito a esta ciudad ********************, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de dieciocho de los presentes, se le tiene aceptando y protestando el cargo conferido en este juicio constitucional a nombre del segundo de los citados, como representante de la menor quejosa de iniciales ********************. DOMICILIO Por otra parte, téngase señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, se le tiene proporcionando los usuarios que indica en el escrito de cuenta, para que se le permita el acceso al expediente electrónico. En consecuencia, en atención a que los nombres de usuarios se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se autorizan, tanto la consulta electrónica del presente expediente, así como las facultades que permite dicho sistema, en el presente juicio de amparo. DUDAS O REPORTE SOBRE FALLAS DEL SISTEMA Se informa a los usuarios que para la resolución de dudas sobre el uso del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, podrán contactarse al Escritorio de Soporte a través del correo electrónico escritoriodesoporte@correo.cjf.gob.mx, o bien, comunicarse a los números telefónicos:  (55) 5449 9500 extensión 1507.  (55) 5647 6050.  800 836 95 25 (Lada sin costo). Por otra parte, en caso de que el Sistema presente fallas técnicas que impidan el envío de documentación y la consulta de las actuaciones judiciales, deberán informar sobre la respectiva problemática en el vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", o bien, de no poder utilizar dicha herramienta, levantar un reporte al correo electrónico: soportejuridicopslpjf@correo.cjf.gob.mx, para que el área correspondiente rinda un informe en que precise la existencia o no de la falla reportada y, de ser el caso, la causa, el momento a partir del cual se suscitó, su alcance y el día y la hora en que se subsanó, a efecto de que este juzgado provea lo conducente. De modo que, este juzgado no podrá pronunciarse sobre la existencia de fallas que llegaran a alegar las partes, sin que medie el informe que rinda el área correspondiente, por lo que es obligación del usuario dar aviso a dicha unidad administrativa en los términos señalados en el párrafo que antecede. Sin perjuicio de lo anterior, se hace del conocimiento que el expediente físico queda a su disposición para su consulta; en el entendido que para su revisión se deberá agendar una cita para que se permita el acceso a este juzgado, lo cual se tendrá que realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx . Además, se le comunica que, al contar con acceso al expediente electrónico, podrá descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A ********************, ********************, ********************, ******************** y ******************** se les tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de lo señalado en la certificación de cuenta y en términos restringidos de dicho numeral a ********************, por así haberlo solicitado expresamente. COPIAS Por otra parte, tocante a la solicitud de la parte quejosa de que se le expida copia simple de las constancias que integran el presente expediente, dígasele que no procede acordar de conformidad, pues en párrafos que anteceden se le confirió autorización para la consulta del expediente electrónico, por lo que puede obtener la impresión de esta determinación a través del Portal de Servicios en Línea, la cual tiene la evidencia criptográfica de los funcionarios que intervinieron en su emisión y por ello, la respectiva impresión se considera como copia certificada electrónicamente, de conformidad con el artículo 36, párrafo segundo , del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. COPIAS DE QUE NO OBREN EN EL EXPEDIENTE Y DEL DVD Ahora, por lo que ve a la solicitud de copias de las constancias que no obren en el expediente electrónico y copia del video de grabación que en su caso llegue a existir por tratarse de un procedimiento tramitado en forma oral, dígase que hasta el momento todas constancia se encuentran integradas y no se cuenta con ningún DVD que pueda contener la audiencia que refiere, por tal razón no ha lugar a acordar de conformidad, siendo que el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, señala que sólo se autorizará la expedición de copias de las constancias que obren en el expediente. De ahí que, de estimarlo pertinente, deberá reiterar su petición en el momento procesal correspondiente. USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En ese orden, por lo que respecta a su solicitud en el sentido que se le permita el uso de medios electrónicos, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de dieciocho de agosto del presente año, en el cuál se autorizó a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante los citados medios. CORREOS ELECTRÓNICOS Y NÚMEROS TELEFÓNICOS En lo tocante a los correos electrónicos y los números telefónicos que proporciona la ocursante, serán considerados para efecto de que personal del juzgado pueda establecer contacto por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. INFORMACIÓN A LAS PARTES Finalmente, hágase saber a las partes que a partir del catorce de agosto de dos mil veintiuno, el licenciado Juan David Garcidueñas Cuevas, funge como secretario en funciones de Juez, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2873/2021, emitido en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Incidental

    ... INFORME PREVIO Ténganse por recibido el oficio de cuenta registrado con el número de orden 8009/2021, signado por la Jueza Civil de Partido Especializada en Materia Familiar de Irapuato, Guanajuato, denominación correcta de la señalada por la parte quejosa como "Juez de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato"; mediante el cual rinde su informe previo. En tales condiciones, téngase por rendido el informe de ley. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva. Hágase la precisión de la denominación de la autoridad señalada en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). AUTORIDAD INFORMA CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN Por otra parte, glósese el oficio de cuenta registrado con el número de orden 8010/2021, signado por la citada autoridad responsable, por medio el cual remite copia certificada del proveído de veinte de agosto del presente año, dictado en el expediente ********************, de su índice, mediante el cual en cumplimiento a la suspensión otorgada en autos, informa que señaló las catorce horas del uno de septiembre del año en curso, para la celebración de la audiencia especial, a efecto de proveer sobre la medida de custodia que solicitó la parte quejosa; circunstancia de la cual este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. INFORMACIÓN A LAS PARTES Finalmente, hágase saber a las partes que a partir del catorce de agosto de dos mil veintiuno, el licenciado Juan David Garcidueñas Cuevas, funge como secretario en funciones de Juez, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2873/2021, emitido en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Incidental

    ... Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con copia del escrito de demanda de amparo y escrito aclaratorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y en cuerda separada el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 648/2021, promovido por *****, por derecho propio y en representación de la menor de iniciales *****, contra actos que reclama del Juez de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INFORME PREVIO Requiérase a la autoridad responsable para que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento en que reciba el oficio correspondiente, rinda por duplicado informe previo, en el que manifieste si son ciertos o no los actos reclamados por la parte quejosa y en su caso, las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En el entendido, de que el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía ordinaria, fax al teléfono 462 62 4 40 81, vía telegráfica, o bien por correo institucional 10jdo16cto@correo.cjf.gob.mx; pero únicamente por una de las vías antes señaladas. En ese orden, con la finalidad de incentivar el uso de tecnologías en la impartición de justicia, se precisa a la autoridad responsable que puede proporcionar una cuenta de correo electrónico a efecto de que se establezca como medio de contacto con el personal del juzgado, o bien, para la práctica de notificaciones judiciales. Asimismo, para facilitar la integración y consulta del expediente electrónico, se solicita que se envíen las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo, debidamente digitalizadas, a través de medios tecnológicos tales como discos magnéticos o memorias "USB", corroborando que los archivos electrónicos que se adjunten se encuentren libres de virus, o bien, de no ser posible, las remita de manera física. En la inteligencia, que de no rendir su informe previo se presumirá cierto el acto que se le reclama y se impondrá por omisa, una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente. Para efecto de lo anterior, remítase a la responsable copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio. Hágase saber a la autoridad responsable que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental durante el transcurso del incidente, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlo en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan las TRECE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo; la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este Juzgado. ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR De la interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del artículo 107 constitucional, se tiene que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos jurídicos siguientes: Solicitud de la medida y señalamiento del acto que pretende paralizarse. Certeza de los actos reclamados. Existencia de materia para la suspensión o medida cautelar. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e, Interés jurídico que, de ser el caso, implica que se compruebe la apariencia del buen derecho (juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado); lo cual de colmarse, debe sopesarse respecto del perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Se precisa que la ausencia de cualquiera de dichas condiciones tiene como consecuencia que deba negarse la medida cautelar. SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR (fijación del acto a paralizar) El numeral 128, fracción I de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión que exista petición de parte; en tal virtud, es necesario que el quejoso señale claramente los actos cuya suspensión se solicita. En el caso, se cumple con dicho requisito, pues la parte quejosa solicitó la medida cautelar e indicó que los actos que pretende paralizar consiste en: - La determinación, emitida por el Juez de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, dentro del expediente *****, en la cual señala como fecha de audiencia especial respecto a la medida de aseguramiento y custodia el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos, salvo que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa desvirtúen su existencia, pues no puede partirse del supuesto de que los actos son ciertos cuando el propio inconforme lo reconoce en los hechos de la demanda; sin que ello prejuzgue sobre su procedencia pues para tal efecto deben analizarse los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, para efectos de la suspensión provisional, los actos en estudio deben tenerse por ciertos con base en la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realiza la parte quejosa, en relación con su inminencia, lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas, con lo que cualquier afectación sobre sus derechos se presumen ciertos. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Octava Época Registro: 206395 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 68, Agosto de 1993 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 5/93 Página: 12 "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Contradicción de tesis. Varios 34/91. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de enero de 1993. Cinco votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Maximiliano Toral Pérez. Tesis de Jurisprudencia 5/93. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de veintiocho de junio de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava, José Manuel Villagordoa Lozano y Fausta Moreno Flores. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 528, página 347. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (materia para la suspensión) Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, la parte quejosa solicitó que se conceda la medida cautelar para que se conmine a la responsable a que señale una fecha más próxima para la revisión de la medida de custodia a la ya establecida. En ese sentido, se considera que los actos en estudio resultan paralizables, en virtud de que tienen efectos positivos de tracto sucesivo, dado que implicarían la dilación injustificada de que se decida sobre la procedencia o no de dicha medida; lo que imposibilita a la parte quejosa ejercer el derecho de guarda y custodia que puede tener sobre la menor de iniciales C.G.G, así como de la menor quejosa de ser escuchada en el juicio de origen. INTERÉS SUSPENSIONAL De conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, solo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos y/o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación a la parte quejosa en su esfera jurídica. La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego". En el caso, se considera que la parte quejosa demuestra, de manera indiciaria, el interés suspensional que tiene para que se le conceda la medida de que se trata, con la copia certificada digitalizada del acta de nacimiento 744, de la menor de iniciales C. G. G. Documental que de conformidad con los artículos 131 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2, tienen valor probatorio suficiente para demostrar el interés suspensional de la parte quejosa, al menos de manera indiciaria, pues evidencian el vínculo filial existente entre Adalberto García Ramírez y la menor de iniciales C. G. G. Además, con la manifestación que realiza la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que es parte en el juicio de origen; lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas; por tanto, cualquier transgresión que aduzcan sobre sus derechos les afectan. Lo anterior tiene sustento en la tesis VII.2º.A.T.12 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página mil seis, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LOS ARGUMENTOS REALIZADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA, SIEMPRE QUE SEAN VEROSÍMILES. El Juez de Distrito actuó contrariamente a derecho al negar la suspensión provisional de los actos reclamados, por considerar básicamente que la quejosa no acreditó contar con licencia expedida por las autoridades competentes que autorizaran el funcionamiento de la negociación clausurada, pues omitió observar que aquélla manifestó en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la licencia respectiva, sólo que no podía presentarla en ese momento debido a que se encontraba en el interior de la negociación, a la que lógicamente no tenía acceso, argumentos que son razonables y verosímiles, por lo que es evidente que si en ese momento procesal no se contaba con medios de convicción que desvirtuaran lo aseverado por la promovente, el a quo debió darles credibilidad a las afirmaciones referidas." PONDERACIÓN DEL INTERÉS PARTICULAR SOBRE EL INTERÉS SOCIAL Y LAS DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Por su parte, el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, concatenado con el diverso numeral 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, prevén que en caso de que el acto reclamado pueda ser objeto de suspensión de ser jurídica y materialmente posible, esto es, cuando la naturaleza del acto lo permita, se ordenará restablecer provisionalmente el goce del derecho violado a la parte quejosa, para lo cual, se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La apariencia del buen derecho consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; sin embargo, dada la naturaleza de la medida cautelar, el estudio que se realice del tal acto puede llevar a que se analice el peligro en la demora, en razón de los perjuicios de difícil reparación que la negativa de suspensión pudieran ocasionar a la parte quejosa. Lo anterior, implica examinar en su conjunto esos aspectos para determinar si como consecuencia de no ordenar la paralización de los efectos del acto reclamado, las violaciones aducidas quedarían consumadas y se tornarán difícil o imposiblemente reparables, desapareciendo así la materia del amparo como consecuencia adjetiva del retardo en la paralización del acto; cuestión que conlleva a ponderar adecuadamente la situación concreta de los efectos perjudiciales del acto reclamado respecto de la quejosa, frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. De ahí que, los órganos jurisdiccionales no sólo deben determinar si los actos reclamados, por sí solos, afectan el interés social y transgreden disposiciones de orden público, para determinar negar la medida cautelar, sino que además, se tiene que realizar la ponderación de intereses en conflicto para establecer si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación a la parte quejosa, o si por el contrario, con la medida cautelar se ocasionará perjuicio al interés social y orden público, que deben prevalecer sobre el aparente derecho de la parte quejosa al estar los derechos colectivos por encima del particular. En ese sentido, se debe tomar en cuenta que el acto reclamado lo constituye la determinación, emitida por el Juez de Oralidad Familiar del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, dentro del expediente F2791/2020, en la cual señala como fecha de audiencia especial respecto a la medida de aseguramiento y custodia el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Sobre esa base, puede advertirse el perjuicio de imposible reparación que podría resentir la parte quejosa con el acto impugnado, en tanto que, por una parte, implica el retardo en la emisión de la resolución que decida sobre la procedencia o no de lo solicitado por el promovente, y se le priva de poder ejercer el derecho de guarda y custodia al que dice tiene derecho sobre la menor de iniciales C. G. G; así como el derecho de la menor quejosa de ser escuchada en juicio, además de su derecho a convivir con ambos padres a efecto de fortalecer el vínculo paterno filial, ello con arreglo a la determinación judicial emitida. Pues el libre desarrollo de un menor en un ambiente adecuado, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental, entre otras cuestiones, forman parte del interés superior del menor, el cual todas las autoridades del Estado Mexicano, están obligadas a proteger en el ámbito de su competencia para lo cual se deben tomar las medidas; por lo que en el caso que se analiza es evidente que no se contraviene el orden público ni el interés social. Así, de acuerdo con la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, es procedente que se le conceda la suspensión de los actos reclamados, dándole efectos restitutorios en tanto se resuelva en definitiva el incidente de suspensión en que se actúa, como lo dispone el artículo 147 de la Ley de Amparo. Por tanto, se satisfacen los mencionados requisitos para la concesión de la presente medida precautoria, en tanto que la solicita la parte quejosa, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad; en caso de ejecutarse los actos reclamados serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le ocasionarían a la parte quejosa porque imposibilita a la parte quejosa ejercer el derecho de guarda y custodia que dice tener sobre la menor de iniciales C. G. G. En consecuencia, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder la suspensión provisional solicitada. Tiene sustento a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Registro digital: 2011829 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 21/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, página 672 Tipo: Jurisprudencia "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado." Contradicción de tesis 255/2015. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 3 de febrero de 2016. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. Tesis y/o criterios contendientes: El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 102/2015/3, determinó que si bien el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, al otorgar la suspensión se ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y de ser jurídica y materialmente posible, se restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión contra el incidente de suspensión 565/2011, con la tesis III.2o.C.7 C (10a.), de rubro: "LANZAMIENTO EJECUTADO. AUN CUANDO SE TRATE DE UN ACTO CONSUMADO, PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN, SIEMPRE QUE SE REALICE UN ANÁLISIS PONDERADO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y DEL INTERÉS SOCIAL, EN ATENCIÓN A LA REFORMA DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE ENTRÓ EN VIGOR EL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1379, registro digital: 2002824. Tesis de jurisprudencia 21/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Nota: Por ejecutoria del 26 de enero de 2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inexistente la contradicción de tesis 267/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva. Esta tesis se publicó el viernes 10 de junio de 2016 a las 10:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de junio de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Ahora bien, a fin de fijar los efectos de la suspensión provisional, se precisa que, para clarificar esa circunstancia, se considera necesario señalar que los artículos 822, fracción II, 825, 826 y 840 de la legislación adjetiva en consulta, prevén lo siguiente: Artículo 822. Se tramitarán por el procedimiento oral ordinario, las controversias que se susciten con motivo de: (.) II.- Guarda, custodia y convivencia de niños, niñas y adolescentes; (.) "Artículo 825. Admitida la demanda, el juez ordenará emplazar al demandado y le correrá traslado, a fin de que dentro del plazo de nueve días ocurra a producir su contestación por escrito." "Artículo 826. Transcurrido el plazo fijado, contestada o no la demanda, se citará a la audiencia preliminar, para que se celebre dentro de los diez días siguientes. En los casos de que proceda la fase de conciliación previa, se citará a la misma y, una vez concluida se iniciará la audiencia preliminar." "Artículo 840.- El juez fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio, misma que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a la audiencia preliminar." De la intelección de los numerales transcritos, se advierte que las controversias que se susciten con motivo de guarda, custodia y convivencia de niños, niñas y adolescentes, como en la especie acontece, se tramitarán por el procedimiento oral ordinario, en que, admitida la demanda se ordenará emplazar al demandado a fin de que produzca su contestación y, transcurrido el plazo fijado para ello, sea o no contestada la demanda, se citará a la celebración de la audiencia preliminar dentro de los diez días siguientes. Por su parte, al tener verificativo la propia audiencia preliminar, el juez fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio dentro de los quince días siguientes. En ese orden, considerando que el tiempo señalado para audiencias en procedimientos tramitados como el del juicio de origen, es de diez a quince días, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, procede otorgar la medida cautelar a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable señale una fecha inmediata para la celebración de la audiencia especial respecto a la medida de custodia peticionada por la parte quejosa dentro del expediente F2791/2020, que deberá ser en un tiempo de diez a quince días posteriores a que se les notifique este acuerdo, o bien antes, en la medida que las cargas de trabajo lo permitan, siempre que se dé oportunidad para su preparación. Lo anterior es así, porque se tratan derechos de una menor de edad y, como ya se expuso, es procedente que se le conceda la suspensión de los actos reclamados, dándole efectos restitutorios, como lo dispone el artículo 147 de la Ley de Amparo, en tanto se notifique la resolución que resuelva la suspensión definitiva en este incidente. En efecto, se pretende devolver a la gobernada el goce del derecho trasgredido o impedir que sus consecuencias jurídicas no surtan plenamente sus efectos y causen perjuicio en forma continua, para así evitar que las violaciones combatidas permanezcan vigentes. Situación que es acorde a la finalidad constitucional de la presente medida cautelar, ya que debe atenderse a que los efectos suspensivos resulten más favorables para la protección del gobernado a la luz del artículo 1o constitucional, en caso de posibles conflictos interpretativos. Sin que con lo aquí determinar se prejuzgue en definitiva sobre la certeza del derecho de la parte quejosa, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto solo puede determinarse en la sentencia de amparo, en la que deberá sopesarse con otros elementos de prueba diversos a los requeridos para la suspensión, por lo que la determinación asumida en relación con la suspensión aludida es solo provisional y no debe influir en la sentencia de fondo, pues aun cuando en ésta se atiende a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, esto no incide en forma alguna para determinar la procedencia de las pretensiones de la quejosa. REQUISITOS PARA QUE SURTA EFECTOS LA MEDIDA CAUTELAR. La suspensión provisional que se concede surte sus efectos desde luego, de conformidad con el artículo 136 de la ley de la materia, sin que sea el caso fijar garantía como requisito de efectividad, pues no se está en la hipótesis prevista por el numeral 132 de la ley invocada. TERCERO INTERESADO Por otro lado, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercero interesado a Erika Guzmán Rangel, con domicilio en Calle Andador de las Margaritas número 184, Conjunto Habitacional "Las Bugambilias" anteriormente conocido como "Granja García" en el camino a San Antonio de Ayala, en esta ciudad Por lo tanto, se comisiona de manera indistinta al actuario de la adscripción, para que, con copia autorizada presente proveído, notifique la presente determinación a la citada tercera interesada en el domicilio indicado. En la inteligencia que por economía procesal y para una mayor agilidad en la integración de este negocio, se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, para la práctica de la presente diligencia; de igual forma se faculta al actuario respectivo, para que de no encontrar a las personas buscadas, y si se entera de un domicilio diverso donde pueda ser notificada, podrá constituirse en el lugar que se le informe y llevar a cabo la diligencia de que se trata, ello, sin necesidad de previo acuerdo. Se hace la observación al funcionario que corresponda, que no es el domicilio procesal, por lo que la diligencia encomendada deberá realizarse en términos del artículo 27, fracción I, incisos a) y b) de la Ley de Amparo. PRUEBAS Se tienen por anunciadas como pruebas de la parte quejosa las documentales que exhibió con su escrito aclaratorio, sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva; haciéndose la precisión que obran en copia certificada aquéllas que fueron exhibidas con esa naturaleza u originales, por así haberse ordenado en el juicio principal. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A Óscar González Gutiérrez y Leonardo Martín González Gutiérrez, se les tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y a las diversas personas en términos restringidos. EXPEDICIÓN COPIAS Como lo solicita la parte promovente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídase a su costa, copia certificada del presente acuerdo, previa razón de recibo que se deje en autos. TRÁMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE COPIAS El centro de fotocopiado que se encontraba en el edificio sede de este juzgado dejó de prestar servicio definitivamente, por lo que, para la obtención de copias, personal de este órgano jurisdiccional debe trasladarse a algún centro de fotocopiado, siendo que sólo labora un número reducido de servidores públicos de manera presencial, a fin de llevar a cabo la recepción de todo tipo de promociones e integración de los expedientes que se trabajan diariamente. Ello, con motivo de la pandemia producida por el virus COVID-19, que dio lugar a las medidas dispuestas por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 21/2020, en relación con los diversos Acuerdos Generales 1/2021 y 5/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforman el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, con relación al periodo de vigencia. De tal suerte, es que se estima necesario que sujetar el otorgamiento de copias a las siguientes reglas. La reproducción de las copias sólo se efectuará el día miércoles a las nueve horas. Para ello, el interesado deberá comunicarse, cuando menos con dos días de anticipación, al teléfono 462 123 9428, en donde deberá indicar el número del presente expediente, así como la fecha (en día miércoles) en que acudirá a realizar la reproducción fotostática, en el entendido que puede acudir cualquier persona facultada para ello, debidamente identificada con documento oficial (pasaporte, credencial para votar, cédula profesional); siendo que, cualquier error en los datos que proporcione puede ser en su perjuicio, ocasionando un retardo en la obtención de las copias solicitadas. El día miércoles agendado, deberá presentarse en la entrada del edificio sede de este juzgado (sin ingresar a él), donde personal del juzgado le indicará a qué centro de fotocopiado deberán trasladarse para la obtención de sus copias. Si se trata de copias simples, éstas se entregarán en el propio centro de fotocopiado, una vez que obre la razón respectiva en autos y se cubra su costo (el servicio es ajeno a este órgano jurisdiccional). Si se trata de copias certificadas, deberá cubrirse su costo en el centro de fotocopiado (el servicio es ajeno a este órgano jurisdiccional) y, para su entrega, la parte interesada deberá agendar una cita para ese día o días subsecuentes, a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado; lo cual deberá realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, respecto de lo que se le informa que el horario de citas de este Juzgado es de las 12:30 a las 18:00 horas de lunes a viernes; en el entendido que se entregarán previas las formalidades de ley. Asimismo, a petición del quejoso, se aclara que, en caso de solicitar el acceso al expediente electrónico, con su firma electrónica, podrá descargar copia de las constancias que obran el expediente electrónico, las cuales, de incluir la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento del ocursante que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO. Por otra parte, el correo electrónico que proporcionó en la etiqueta con la que presentó la demanda, constituyen una forma especial y expedita de contacto, por lo que serán considerados para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. No obstante, se invita a las partes a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General multicitado, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En ese orden, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese, y personalmente a la tercera interesada.

  4. Principal

    Irapuato, Guanajuato, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. DESAHOGA PREVENCIÓN Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, mediante el cual cumple con lo requerido por este órgano de control constitucional en proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, pues aclara el acto reclamado y exhibe impresión de acta de nacimiento electrónica de la menor de iniciales ***. En ese sentido, se tiene por presentada la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio y en representación de la menor de iniciales ***. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Ahora bien, toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan a su desechamiento, así como tampoco de incompetencia que impidan a este juzgado conocer de la presente demanda de amparo; en esas circunstancias, SE ADMITE. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y otorgar la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con oficio que contenga transcripción del presente proveído, al que se acompañe copia simple de la demanda y escrito aclaratorio. DESIGNACIÓN DE ASESOR Ahora, el quejoso acude a esta instancia constitucional por su propio derecho y en representación de la menor de iniciales ***.; luego, al involucrase derechos cuya titularidad corresponde a la infante que pueden verse afectados, con fundamento en los artículos 1 y 4 de la Carta Magna 9, 10 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 41 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen la obligación de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, y al ser uno de ellos el tener participación en los procedimientos que los atañen; con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, a fin de garantizar la defensa de los derechos de la menor y en virtud de que de la lectura de la demanda, se aprecia que existen intereses contradictorios entre sus progenitores, solicítese al Asesor Jurídico Federal, adscrito a la delegación Irapuato, su intervención para que funja como representante de la infante mencionada; lo anterior conforme al artículo 29, fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto de la Defensoría Pública; por tanto, solicítese que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación manifieste si acepta o no el cargo conferido. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 102/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 617, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, Décima Época, cuyo rubro y texto son del literal siguiente: "MENORES DE EDAD. CUENTAN CON INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE RESOLUCIONES DICTADAS RESPECTO DE SU GUARDA Y CUSTODIA (ESTUDIO CORRESPONDIENTE ANTERIOR A LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES AL JUICIO DE AMPARO DE 6 DE JUNIO DE 2011). El interés jurídico es un requisito que exige la Ley de Amparo para acudir al juicio de garantías, que consiste en que el quejoso acredite el referido interés, entendido como la transgresión por parte de una actuación de la autoridad a un derecho legítimamente tutelado por una norma de derecho objetivo. Así, de la lectura conjunta de los artículos 1o. y 4o. constitucionales, 9, 10 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 41 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se advierte que los menores son titulares del derecho, entre otros, de convivencia con ambos progenitores, así como del derecho de participar en los procedimientos que los atañen. Por lo tanto, si en las determinaciones de guarda y custodia se resuelven asuntos en los que están involucrados los derechos de los menores, esencialmente su habitación, convivencia, vigilancia, protección y su cuidado, es inconcuso que el menor cuenta con interés jurídico propio para impugnar en amparo las determinaciones que afecten los derechos de los que es titular. Razón por la cual, el juzgador debe realizar un escrutinio estricto de los conceptos de violación a fin de valorar los que estén directamente relacionados con los intereses jurídicos del menor e inclusive suplir la deficiencia de la queja o nombrarle un representante especial en términos del artículo 6o. de la Ley de Amparo, ya que de otra manera se podría utilizar la legitimación procesal del niño para que quien ejerza su representación introduzca temas ajenos a su superior interés." Así como la diversa tesis P. LIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que se transcribe a continuación: "MENORES. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR, EN EL JUICIO DE AMPARO, LA REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DECRETÓ SU DEPÓSITO O GUARDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El depósito o guarda de personas que, como medida provisional, prevén los artículos 158 a 168 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, tiene como finalidad salvaguardar la integridad física y moral de la persona que esté en el caso de ser protegida de acuerdo con la ley. En estas condiciones, la resolución que revoca la guarda y depósito decretada a favor de un menor, no sólo afecta el derecho que se constituyó en favor del padre designado como depositario, sino también del menor, de donde deriva el interés jurídico de éste para impugnar, mediante el juicio de amparo, la resolución relativa y los preceptos en los cuales se funda, al ser titular de un derecho que se estima transgredido por la actuación de la autoridad responsable. Esto es, el menor tiene el derecho legítimamente tutelado de ser protegido mediante la determinación de su guarda o depósito y al afectarse dicho derecho con la resolución que revoca la citada medida, tiene interés jurídico para reclamarla si la estima lesiva de sus garantías, ello con independencia de que en el caso concreto se presenten o no las circunstancias de hecho previstas en la ley para la procedencia de la medida, pues esto es una cuestión que atañe al fondo del juicio de amparo y no a su procedencia." INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese por separado y duplicado, con base en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo. INFORME JUSTIFICADO Se requiere a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir en un plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que se les notifique este acuerdo y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, para que remitan las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo. Para efecto de lo anterior, remítase a las responsables copia simple de la demanda y escritos aclaratorios. En el entendido, de que el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía fax al teléfono 462 62 4 40 81, vía telegráfica, por correo electrónico a la dirección institucional 10jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, por vía ordinaria; pero únicamente por una de las vías antes señaladas. En ese orden, con la finalidad de incentivar el uso de tecnologías en la impartición de justicia, se precisa a la autoridad responsable que puede proporcionar una cuenta de correo electrónico a efecto de que se establezca como medio de contacto con el personal del juzgado, o bien, para que la práctica de notificaciones judiciales. Asimismo, para facilitar la integración y consulta del expediente electrónico, se solicita que se envíen las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo debidamente digitalizadas, a través de medios tecnológicos tales como discos magnéticos o memorias "USB", corroborando que los archivos electrónicos que se adjunten se encuentren libres de virus, o bien, de no ser posible, las remita de manera física Se apercibe que de no hacerlo, en la sentencia que se dicte en este asunto, se presumirá la certeza del acto reclamado y les será impuesta MULTA DE CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrán consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." OBLIGACIÓN DE INFORMAR CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Hágase saber a las partes que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán de comunicarlo de inmediato, en términos del numeral 64 de la Ley de Amparo; en el entendido que de ser omisas en realizarlo, se les impondrá una MULTA DE TREINTA VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo; la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este Juzgado. TERCEROS INTERESADOS Por otro lado, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercera interesada a ***, con domicilio en ***, en esta ciudad. En esas condiciones, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el domicilio indicado y emplace a juicio a la tercera interesada de referencia, debiéndole, correr traslado con copia autorizada de la demanda de amparo y del presente proveído. Se hace la observación al funcionario adscrito, que en este momento se desconoce si el citado domicilio corresponde al procesal, por lo que la diligencia encomendada deberá realizarse en términos del artículo 27, fracción I, incisos a) y b) de la Ley de Amparo, esto es, de forma personal o previo citatorio De igual forma, se les concede a los actuarios la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones destinadas a la localización del domicilio de dicha tercera interesada; asimismo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de tal diligencia, acorde al numeral 21 de la Ley de Amparo. PRUEBAS Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas como pruebas de la parte quejosa las documentales que exhibió con su escrito aclaratorio, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en la audiencia respectiva; ordenando la certificación de aquellas que obren en copia certificada u original, para los cuadernos incidentales. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a las partes para que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General 21, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En ese orden, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese, personalmente al Asesor Jurídico Federal de la adscripción y emplácese a la tercera interesada ***.

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