Adalberto Díaz Espinosa

Expediente 698/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
698/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2020

Partes del expediente

  • Adalberto Díaz Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida resolución ha causado estado para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, se considera susceptible de destrucción. Asimismo, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presente autos, se advierte que no obra la constancia de notificación personal ordenada a la parte quejosa, del proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte; a la parte quejosa, mediante vía electrónica mismo que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y el cual se autorizó, mediante auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo en relación con el 26 fracción IV. visto el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje; mediante el cual, rinde su informe justificado al respecto se provee: agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta y téngasele rindiendo su informe justificado y exhibiendo documentales en términos de los artículos 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo y con su contenido se ordena dar vista a las partes en términos del artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias remitidas en complemento al informe rendido por la responsable se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. En el caso concreto, la parte quejosa, reclamó lo siguiente: "La omisión de desahogar la prueba DOCUMENTAL DE INFORMES ofrecida por la demandada HESPER EMPRESARIAL, S.A. de C.V., bajo el apartado 3 de su ofrecimiento de pruebas a cargo del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL misma que fue admitida mediante acuerdo de fecha 15 DE JUNIO DE 2018 y la cual a la fecha no ha sido desahogada, siendo omisa la Responsable en dictar todas las medidas necesarias para efecto de que sean desahogadas la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio natural dentro del plazo establecido en los numerales 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo vulnerando el derecho de la Impartición de Justicia consagrado en el artículo 17 Constitucional." Por su parte, la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por imperativo del artículo 62 de la ley de la materia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La cesación de efectos, ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que cese la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: Dicha documental, tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, pues ostenta el sello y la firma de una autoridad en ejercicio de sus funciones. Los oficios son documentos públicos que hacen prueba plena de su contenido, hasta en tanto no se demuestre su falsedad. No es correcto el argumento de que un oficio carece de valor pleno, por el solo hecho de que la autoridad que lo giró es parte en el juicio de amparo, pues esa circunstancia no lo priva de su carácter de documento público. La adopción del criterio contrario, conduciría al absurdo de considerar que todos los documentos públicos expedidos por las responsables y presentados por ellas en los juicios de amparo, carecen de validez por el sólo hecho de provenir de parte interesada, quedando tales autoridades en un completo estado de indefensión, pues es lógico que para justificar sus actos, se remitan fundamentalmente a las constancias que obren en los expedientes relativos, y en las cuales apoyan los actos reclamados, no obstante que las mismas hayan emanado de las propias autoridades responsables, lo que, por otra parte, es normal." De lo anterior se advierte, que si bien a la presentación de la demanda de amparo, fue el cinco de agosto de dos mil veinte, existía la omisión reclamada por parte de la autoridad responsable, también lo es que el treinta y uno de agosto del año en curso, la autoridad responsable emitió acuerdo en el tuvo por desahogada la prueba documental de informes ofrecida por la demandada HESPER EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., en el apartado tres de su escrito de pruebas; así como, se asentó que ya no quedaban pruebas pendientes por desahogar ni promoción pendiente por acordar, en los autos del expediente laboral 2194/2017, por lo que resulta inconcuso que cesó en sus efectos el acto reclamado indicado, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional; en tal virtud se actualiza la causal de improcedencia en estudio y con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. En tales consideraciones, debe sobreseerse el presente juicio de amparo en que se actúa, acorde a lo establecido en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 63 ambos de la Ley de Amparo. Cabe acotar que este Juzgador de Control Constitucional estima que en el presente caso no es procedente dar vista a la parte quejosa en términos del segundo párrafo, del artículo 64, de la Ley de Amparo, toda vez, que del análisis de dicho numeral se advierte que el supuesto previsto, únicamente aplica en segunda instancia. Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. Aunado a que la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17, constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental. La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para el quejoso a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el que la acción constitucional se inste dentro de los plazos previstos por la legislación aplicable, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario; por ende la causa de improcedencia analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que nos hemos referido en líneas anteriores.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presente autos, se advierte que no obra la constancia de notificación personal ordenada a la parte quejosa, del proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte; consecuentemente, en obvio de mayores dilaciones procesales y con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, túrnense nuevamente los autos al Actuario Judicial de este juzgado de Distrito, que corresponda, practique de manera inmediata la notificación personal a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,557 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano