Adalberto Cruz Ramírez

Expediente 821/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
821/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Adalberto Cruz Ramírez
  • Juez Segundo de Control de la Región Seis de Comalcalco, Tabasco.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    MESAVILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, terminada de engrosar el seis de abril del presente año, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Adalberto Cruz Ramírez; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Luego, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido del presente acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, devuélvase al Juez Segundo de Control de la Región Judicial Seis de Comalcalco, Tabasco, autoridad señalada como responsable, el anexo que acompañó a su informe justificado que rindió, consistente en un disco versátil "DVD", el cual se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 821/2020********************promovido por******************** contra el acto de la Juez Segundo de Control de la Región Seis de Comalcalco, Tabasco y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común en la misma fecha y turnado a este órgano jurisdiccional el veintiocho siguiente,********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y DETENCIÓN GIRADA EN MI CONTRA. EL CUMPLIMIENTO QUE PRETENDEN DARLE A LA ORDEN DE APREHENSIÓN EN MI CONTRA. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez Segundo de Control de la Región Seis de Comalcalco, Tabasco. 2 Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 821/2020********************del índice de este juzgado; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran sus informes con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; se reservó acordar lo conducente sobre quienes pudieran tener carácter parte tercera interesada hasta que las responsables rindieran sus respectivos informes; se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión por haberlo solicitado la parte quejosa; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. PARTE TERCERA INTERESADA. Mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos veinte, se ordenó el emplazamiento del licenciado ********************, Fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Comalcalco, Tabasco en su calidad de tercero interesado; por lo que se ordenó el emplazamiento por oficio. Por otro lado, se ordenó el llamamiento a juicio de la tercero interesada ********************quien representa al hoy occiso ********************por lo que se giró despacho al Juez Civil de Primera Instancia de Comalcalco, Tabasco en turno para que llevase a cabo tal diligencia. Así, por oficio 20647/2021 recibido el veintiocho de noviembre de dos mil veinte siguiente se emplazó al citado fiscal. CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. QUINTO. CONTINUACIÓN DEL TRÁMITE. Así, por auto de seis de enero de dos mil veintiuno, vista la materia y particularidad del asunto, con fudamento en el inciso a) fracción II del artículo 24 del citado Acuerdo General 13/2020 se determinó continuar con el trámite del expediente en que se actúa. SEXTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La orden de aprehensión y/o detención girada en contra del quejoso, así como su cumplimentación. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez de Control responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Foja 22 Afirmación que guarda sustento con la reproducción del acta mínima de audiencia privada de petición de orden de aprehensión de dos de julio de dos mil veinte, diligencia celebrada dentro de la carpeta administrativa ********************del índice de la citada responsable, así como con el DVD (Disco Versátil Digital) que contiene el audio y video de la citada diligencia; documentales a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, titulada: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL Lo anterior sin que pase inadvertido que, si bien el Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco negó el acto de ejecución reclamado [Foja 19], tal negativa no es suficiente para considerar que el acto generador de la controversia constitucional es inexistente dado que la autoridad ordenadora, al rendir su informe, acepto la existencia del mismo. Sostiene lo anterior el razonamiento alcanzado en el criterio visible en la página 56, tomo III, Segunda Parte-1, Enero Junio de 1989, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO NEGADO POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que la autoridad ejecutora por razón de jerarquía tiene obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado. Por tanto, debe tenerse por cierto el acto combatido a las responsables. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio de acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias de la carpeta administrativa ********************que se acompañaron al informe justificado. Visto lo anterior, resulta necesario referir, en lo que interesa, los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: AUDIENCIA PRIVADA DE PETICIÓN DE ORDEN DE APREHENSIÓN. El dos de julio de dos mil veinte a las trece horas con treinta minutos, el Juez de Control llevó a cabo la audiencia de petición de orden de aprehensión en la carpeta administrativa de origen. De ella se obtiene que, previa identificación del fiscal solicitante, se formuló con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 constitucional y 141, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitud de orden de aprehensión en contra de ******************** alias ********************, ******************** alias ********************, ******************** alias ********************-aquí quejoso- e ******************** alias ********************, por considerarlos responsables de los hechos que la ley señala como homicidio calificado en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 110 y 112 en relación a la fracción I del 123 y 71 del Código Penal vigente en agravio del occiso ******************** representado por ********************. Además, el fiscal solicitó la misma providencia en contra de ******************** alias ******************** y ******************** por el hecho que la ley señala como ayuda en la comisión de un delito previsto y sancionado por el artículo 225 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la sociedad. El fiscal manifestó que el señalamiento tiene sustento en que, los investigados ******************** alias ********************, ******************** alias ********************, ******************** alias ********************-aquí quejoso- e ******************** alias ********************, armados con palos y machetes el veintiuno de junio del dos mil veinte propinaron golpes y heridas diversas en el cuerpo de la víctima ******************** que lo privaron de la vida, debido a un shock hipovolémico y pérdida de niveles de líquido hemático, cuando se encontraba dentro del domicilio de ********************, ubicado en la ********************. Discurrió, que fue la última nombrada junto con ******************** alias ******************** habían rociado el cuerpo inerte de la víctima, ambos lo amarraron de pies y manos para que, posteriormente lo arrastraron fuera del domicilio. Acto seguido, el fiscal verbalizó que: En cuanto al requisito de que exista denuncia o querella, se cuenta con el informe de noticia criminal con número de referencia ******************** de veintidós de junio de dos mil veinte, realizada por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Atención Inmediata, por parte de los elementos de la Policía de Investigación de Homicidios, agentes ******************** y ********************. El fiscal manifestó que, en cuanto al requisito de que los hechos se encuentren sancionados con pena privativa de libertad, tal condición se satisface. En cuanto al requisito de que existan datos que permitan establecer la comisión del hecho y la probable participación de los imputados, el fiscal enunció los siguientes datos de prueba: Entrevista realizada a la testigo ******************** de veintidós de junio de dos mil veinte. Acta de nacimiento de la víctima con número ******************** a favor de ********************, expedida por el Oficial número 3 del Registro Público de las Personas del Municipio de Villa Aldama de Comalcalco, Tabasco. Oficio ******************** de veintidós de junio de dos mil veinte, signado por el doctor ******************** que contiene la necropsia de ley practicada a la víctima. Informe policial homologado con número de referencia ******************** realizado por el elemento de seguridad pública ********************de veintiuno de junio de dos mil veinte. atos con los cuales el fiscal estimó que se encuentra probado el delito de homicidio. Por cuanto hace a los datos con los cuales se prueba la probable participación de los imputados, la representación social indicó que cuenta con: Oficio de informe de investigación ******************** de veintisiete de junio de dos mil veinte, signado por el oficial ********************remite: Entrevista de veintisiete de junio de dos mil veinte a ********************. Entrevista de veintisiete de junio de dos mil veinte a ********************. Acto seguido, el fiscal adujo que las entrevistas antes citadas se ajustan a la participación de los sujetos por los cuales se solicita la orden de aprehensión, lo cual complementa con la necropsia de ley, con lo cual queda acreditada la acción dolosa de consumación instantánea. El fiscal indicó que, en cuanto a la necesidad de la medida solicitada estriba en que la acción ilícita se efectuó mediante la ejecución de actos violentos y el uso de armas -cuchillos y machetes- por lo cual la prisión preventiva debe ser oficioso con fundamento en el artículo 19 constitucional en relación con el párrafo tercero del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acto seguido, el Juez cerró debate y prosiguió a resolver. [Minuto 32:05] En primer término por lo que respecta al delito de ayuda en la comisión de un delito tal tipo delictivo en el año dos mil quince fue derogado, por lo cual no entró al estudio del mismo. Ahora, por lo que hace al delito de homicidio calificado en pandilla previsto y sancionado los artículos 110, 112, 123 fracción I y 71 del Código Penal en vigor para el Estado de Tabasco, el Juez del conocimiento estimó que se encontraban cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 19 Constitucional y los numerales 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, dado que en primer término se encuentra cumplido el requisito de denuncia o querella, lo cual se cumple con el informe de noticia criminal de veintidós de junio de dos mil veinte rendido por los elementos agentes ******************** y ********************; concatenado con la denuncia de ********************. Ahora, respecto del segundo requisito, el Juez estimó que se encuentra cumplido, dado que los hechos investigados constituyen el delito de homicidio, el cual se encuentra previsto y sancionado con pena privativa en los artículos 110, 112, 123 fracción I y 71 del Código Penal vigente en el Estado, pues efectivamente se privó de la vida a la víctima. Lo cual se concatena con el acta de nacimiento del hoy occiso ********************, el testimonio de ********************el traslado que se desprende del citado informe de noticia criminal y la necropsia de ley. En tercer lugar, el Juez de Control advirtió que, con el testimonio de la testigo presencial ********************, observó la mecánica de los hechos y reconoció a los imputados quienes realizaron las acciones que concluyeron con la privación de la vida de la víctima ********************, A ello se relaciona lo declarado por la testigo ********************, quien si bien no tuvo conocimiento directo de los hechos, sí tuvo conocimiento de los hechos, dado que recibió la llamada telefónica que dio aviso del hecho, vio a la víctima inerte en el patio de la casa de ******************** y al tener contacto con el hoy occiso, le indicó quienes le habían causado el daño. Lo cual se complementa con el informe policial homologado ******************** expedido por el oficial ********************quien también tuvo conocimiento posterior de los hechos. Así, en concordancia con lo manifestado por la testigo presencial se advierte que los hechos fueron cometidos por más de tres personas, con lo cual se configura la figura prevista en el artículo 71 del Código Penal vigente en el Estado. De lo anterior, el Juez de Control estimó que se encuadra el delito que la ley señala como homicidio calificado en pandilla previsto y sancionado en los artículos 110, 112, 123 fracción I y 71 del Código Penal vigente en el Estado. Continua al afirmar que, respecto de la probabilidad de participación de los hechos por parte de los investigados, tal condición se encuentra satisfecha razonablemente en ese estadio procesal ya que existe señalamiento directo e inequívoco de la testigo presencial ******************** y de manera circunstancial en atención a lo manifestado por ********************, a quien la víctima le indicó quienes le habían lesionado. Con base en lo anterior el Juez de Control indicó que se establece una participación en grado de coautoría por parte de los investigados, de acción dolosa y de consumación instantánea, sin que se advierta que opere en su favor ninguna causa de excluyente de incriminación penal o extinción de la misma. Finalmente, al estimar que se cumplen con todos lo requisitos de ley emitió la orden de aprehensión en contra de los investigados ********************, ********************, ********************-aquí quejoso-, ********************, ******************** y ********************, por los hechos que la ley señala como homicidio calificado en pandilla previsto y sancionado sin prejuzgar en los 110, 112, 123 fracción I y 71 del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de ******************** representado por ********************. [Minuto 43:40 a 44:35] Por otro lado, negó la orden de aprehensión solicitada por la comisión del delito de ayuda en la comisión de un delito en virtud de que tal tipo fue derogado. SEXTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Ahora el impetrante de amparo, en su demanda adujo, en síntesis, como primer concepto de violación que se violan en su perjuicio los derechos humanos previstos en el artículo 1° Constitucional, además de la garantía de legalidad, igualdad y seguridad jurídica previsto en el artículo 14 de la Carta Magna, pues se pretende privarlo de la libertad sin juicio previo seguido ante tribunal competente, en el que se cumplan los formalidades esenciales del procedimiento. En su segundo motivo de disenso indicó que se viola en su perjuicio lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues estima que el acto es infundado e inmotivado, ya que no ha causado mal alguno que justifique que se inicie procedimiento penal en su contra. Devienen INFUNDADOS los conceptos de violación que esgrimió el quejoso; sin que en el caso, a criterio de este juzgador, se advierta que opere en favor del peticionario, suplencia de la queja en términos de lo previsto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora, el análisis del asunto que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el libramiento de una orden de aprehensión, donde ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a los antecedentes y datos de prueba expuestos en el considerando de antecedentes de esta resolución, mismos que fueron verbalizados por el Fiscal del Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión y ponderados por el Juez de Control responsable. Ello, con fundamento en el artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé que la representación social está facultada para peticionar el orden de aprehensión en contra de investigado, por cualquier medio que garantice su autenticidad, en el que expondrá ante la autoridad judicial las razones que sustenten su pretensión y, en el caso, esto último fue en forma oral, dentro de audiencia privada con el Juez de Control del conocimiento. Por lo que la orden de aprehensión reclamada debe estudiarse únicamente con base en las cuestiones expuestas por la representación social al solicitar tal medida, sin que haya lugar a introducir nuevos temas al respecto. Una vez precisado lo anterior, cabe destacar que el segundo párrafos del citado numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica: Artículo. 16 No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De la interpretación literal del precepto constitucional trascrito se arriba a la conclusión de que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, con el propósito primordial de que el justiciable conozca "el para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en dar a conocer en detalle y de manera completa la esencia de las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, para otorgarle la posibilidad de defenderse en contra de dicho acto. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. En consecuencia, el libramiento de orden de aprehensión debe examinarse a la luz de las citadas exigencias constitucionales. De tal suerte que el marco constitucional impone la obligación de estudiar y analizar si un acto de molestia de autoridad, que se reclame en amparo, contiene o no la motivación que exige el numeral transcrito. Lo que es así en razón de que, para que una determinación de autoridad colme la obligación constitucional en cita, es menester que quien emita el acto plasme en la misma los conceptos en los cuales, a su juicio, se sustenta la concordancia entre la situación jurídica individualizada y la abstracción normativa que le sirvió de fundamento. Sin embargo, no debe caerse en el equívoco de que basta con vaciar ciertas consideraciones para cumplir con la garantía fundamental de motivación, ya que argumentar no equivale a motivar; para que esto último suceda, es indispensable que lo discurrido por la autoridad ponga de manifiesto la congruencia existente entre el caso particular y el supuesto contemplado en la ley aplicada, lo cual requiere, ineludiblemente, razonamientos claros, precisos y directos, tanto para hacer posible la defensa del afectado como el estudio de la resolución. Lo considerado tiene sustento, por identidad de razón, en la tesis XX.102 K, que se lee: MOTIVACIÓN. TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional debe existir en todo acto de autoridad orden de aprehensión, auto de formal prisión, sentencia, etc.), en razón de que debe justificarse la aplicación de las normas jurídicas respectivas precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que la parte afectada con el acto de molestia pueda conocerlo y estar en condiciones de producir o preparar su defensa. En relación con la orden de aprehensión, los artículos 141, 142 y 143 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, en su orden, disponen: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. De las trascripciones que anteceden, se colige que para la emisión de una orden de aprehensión deben cumplirse los siguientes requisitos de forma y fondo: Primero. Se emita por una autoridad judicial competente. Segundo. Exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Tercero. Se sancione con pena privativa de la libertad. Cuarto. Existan de datos que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señale como delito y, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión -requisitos de fondo-. Quinto. El Fiscal del Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Hasta aquí el marco referencial. Así, analizados los antecedentes y datos proporcionados por el Fiscal del Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión materia del presente juicio constitucional y lo resuelto por el Juez de Control al respecto, se llega a la conclusión de que la orden de aprehensión reclamada, sí reúne los requisitos previstos por el artículo 16 de la Constitución Federal en relación con los numerales 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso a estudio, el primero de los requisitos se acredita, al advertirse del audio y video de la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión de dos de julio de dos mil veinte que, la orden de aprehensión combatida proviene de autoridad judicial competente, ya que fue dictada por el Juez Segundo de Control de la Región Seis de Comalcalco, Tabasco, pues se emitió por un delito cometido intencionalmente, ya que en términos del numeral 20, fracción I, del Código de Nacional de Procedimientos Penales, los órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo de la Judicatura. Asimismo, resulta competente el juez responsable por versar sobre hechos ocurridos en la ********************, en donde ejerce jurisdicción territorial de conformidad con el artículo 68 de la Ley Orgánica Judicial del Estado de Tabasco, máxime que este juzgado de amparo advierte que se actualiza dicha competencia. El segundo de los elementos se justificó con informe de noticia criminal con número de referencia ******************** de veintidós de junio de dos mil veinte, recibida por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Atención Inmediata, por parte de los elementos de la Policía de Investigación de Homicidios, agentes ******************** y ********************; hechos que de acuerdo con su mecánica y particulares circunstancias, el juez responsable encuadró en tipo penal previsto en los artículos 110, 112, 123 fracción I y 71 del Código Penal en vigor para el Estado de Tabasco; lo cual se concatenó con la entrevista y denuncia de ********************. El tercero de los requisitos también se cumple, en atención a que el juez de conocimiento, el dos de julio de dos mil veinte, libró orden de aprehensión contra del quejoso respecto del delito de homicidio calificado en pandilla, previsto y sancionado por los artículos 110, 112, 123 fracción I y 71 del Código Penal para el Estado de Tabasco, injusto que corresponde pena privativa de libertad de veinte a cincuenta años, adicionalmente la calificativa de pandilla, que implica un incremento de tres meses a tres años de prisión. Por lo que hace a la cuarta exigencia, consistente en que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, así como al quinto requisito en análisis, relativo a que el Fiscal del Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela; este juzgador estima que se encuentran igualmente satisfechos, además de debidamente fundados y motivados, como a continuación se verá. En el caso, el ilícito que se imputa a los quejosos es el de HOMICIDIO CALIFICADO EN PANDILLA, previsto por los artículos 110, 112, 123 fracción I y 71 del Código Penal para el Estado de Tabasco, el cual tiene la siguiente descripción típica: Artículo 110. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá prisión de ocho a veinte años. Artículo 112. A quien cometa un homicidio calificado se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión. Artículo 123. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando: I. El pasivo no tiene ocasión de defenderse ni de evitar el mal que se le quiera hacer. Artículo 71. Cuando se cometa algún delito por pandilla la punibilidad se incrementará de tres meses a tres años. Se entiende que hay pandilla cuando en la realización de un delito participan, en común, tres o más personas, sin que estén organizadas con fines delictivos. Entonces, el tipo delictivo en comento se materializa en el momento que se ejecutan acciones tendientes a acabar con la vida de una persona, en particular se considera calificado si el pasivo no tiene oportunidad de defenderse ni oponer resistencia ante el daño que se le pretende causar. Además, se considera que un delito se comete en pandilla cuando el acto se realiza en común entre tres o más personas. En la especie, se conviene con el Juez de Control al librar la orden de aprehensión, pues el Fiscal del Ministerio Público le expuso los datos suficientes que establecen que se cometió ese hecho y que existe la probabilidad de que los ahí investigados, entre los que se encuentra el quejoso, participaron en su comisión. Tal afirmación guarda razón en los datos de prueba siguientes: Informe de noticia criminal con número de referencia ******************** de veintidós de junio de dos mil veinte, realizada al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Atención Inmediata, por parte de los elementos de la Policía de Investigación de Homicidios, agentes ******************** y ********************. Dichos elementos policiales señalaron que, a las cero horas con cinco minutos del mismo día, recibieron un llamado de parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde se informaba que en la calle ******************** se encontraba una persona de sexo masculino en una patrulla de seguridad pública. Prosiguió al describir el contenido del informe de noticia criminal descrito, acotando que los elementos de la policía municipal al encontrar a la víctima aún con vida solicitaron el auxilio de la Cruz Roja, pero al no obtener respuesta le brindaron auxilio en una patrulla de la corporación municipal, además describió el fiscal que se contó con la presencia de ******************** quien afirmó ser madre de la víctima, quien proporcionó los datos de identificación del hoy occiso. Entrevista realizada a la testigo ******************** de veintidós de junio de dos mil veinte, de la cual se desprende la identificación de la víctima ********************, puesto que argumentó que se trataba de su hijo. Acta de nacimiento de la víctima con número ******************** a favor de ********************, expedida por el Oficial número 3 del Registro Público de las Personas del Municipio de Villa Aldama de Comalcalco, Tabasco, elemento con el cual se establece el vínculo con la testigo ******************** y la existencia de la vida de la víctima. Oficio ******************** de veintidós de junio de dos mil veinte, signado por el doctor ******************** que contiene la necropsia de ley, de la cual se advierten diversas lesiones, heridas y fracturas en manos y cabeza; así como la mecánica de las mismas y además estableció como causa del deceso el shock hipovolémico provocada por arma cortucortante. Informe policial homologado con número de referencia ******************** a cargo de ********************de veintiuno de junio de dos mil veinte, de donde se advierte que fue dicho elemento quien, al atender solicitud vía radio operador centralista, arribó el lugar de los hechos, recibió la solicitud de la madre y hermana de la víctima y le proporcionó atención al trasladarlo dada la gravedad de las lesiones que presentaban las extremidades y cabeza, quien falleció durante el traslado. Oficio de informe de investigación ******************** de veintisiete de junio de dos mil veinte, signado por el oficial ********************que contiene a su vez las entrevistas: De veintisiete de junio de dos mil veinte a ******************** testigo presencial de los hecho, del cual se desprende que: Pudo ver que ******************** alias ******************** le dio un garrotazo en la cabeza a la víctima en el momento en que pretendía salir de la casa de ********************. Acto seguido, la testigo afirmó que pudo ver como ********************alias ******************** le dio dos machetazos, uno en el pie izquierdo y otro en la cabeza a la altura de la oreja del lado izquierdo. Además, otras personas entre ellos ******************** alias ******************** con una botella comenzó a esparcir el cuerpo con gasolina. Describió que el anterior nombrado junto con ******************** y ********************alias ******************** amarraron las extremidades de la víctima. La entrevistada pudo observar que ******************** alias ********************-aquí quejoso- le cortó las dos manos al hoy occiso. También observó que ******************** alias ******************** quien punzó a la víctima en la espalda, mientras que otras personas trataban de darles de garrotazos. El informe hace constar que la entrevistada era la única familiar de la víctima que se encontraba en el lugar y que lo pudo ver todo, afirma que vio todo pero la turba de gente no le permitió acercarse a auxiliar a su hermano. De veintisiete de junio de dos mil veinte a ********************, testigo circunstancial quien apuntó que: El veintiuno de junio de dos mil veinte, a las nueve treinta horas se encontraba en la casa de su abuela ********************cuando recibió una llamada a su celular de parte de su prima ********************, quien le dijo que le estaban pegando a su tío ******************** y que le avisara a su abuelita. Señaló que al llegar al lugar de los hechos pudo ver el cuerpo inerte de su tío ********************, el cual estaba tirado en el patio de la casa de la señora ********************, que presentaba machetazos, golpes y lesiones. Afirma que la víctima le pidió agua y que todas las lesiones se las profirieron ******************** y ********************, posteriormente, junto con su prima y su abuela fueron con la policía para darle los auxilios, pero ya no llegó al hospital. Datos de prueba de los cuales se advierte circunstancias suficientes para considerar calificada la conducta [hecho que la ley señala como delito de homicidio] analizada, en la medida que, se justifica la existencia de una agresión en contra de la víctima, su imposibilidad de defenderse dado el número de atacantes, las armas que portaban y la forma en la cual se describieron los hechos por parte de la testigo presencial, concatenado con la necropsia y los informes policiales. De ahí que se sostenga que el juez de control estuvo en lo correcto al resolver como lo hizo, ya que los datos de prueba relacionados fueron correctamente razonados y concatenados, haciendo un enlace lógico y natural de los acontecimientos derivados de esos datos. Entonces, este órgano de amparo considera que los datos de prueba en estudio son suficientes para establecer que hasta ese estadio procesal posiblemente se cometió el hecho que la ley señala como homicidio. De la misma forma el juez estableció que los mismos datos de prueba hacen patente la posibilidad o probabilidad de que los imputados, entre los que se encuentra el aquí quejoso, cometieron el hecho que se considera delictuoso, por si mismos, es decir, como coautores materiales directos. Lo anterior es así, ya que, de los datos de prueba se advierten señalamientos de parte de las testigos ******************** y ******************** que indican la probable participación de ******************** -aquí quejoso- como una de las personas que el día de los hechos agredió a la víctima. En la misma óptica, se considera correcta la apreciación del juez responsable cuando determinó que existe la necesidad de cautela en la petición de aprehensión, pues tomó en consideración para ello los argumentos que le expuso el Fiscal del Ministerio Público, quien sostuvo que además de que el hecho que la ley señala como el delito de homicidio amerita prisión preventiva oficiosa, como lo dispone el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Federal, por tratarse de un homicidio de carácter doloso. Aunado a lo anterior, es de advertirse que, la pena que se le puede imponer a los imputados en caso de que pueda sometérseles a un proceso podría ser mínimo de veinte años tres meses, y que todas esas circunstancias influyen en el supuesto de que si se le manda a citar va a estar asistido de su defensor enterado de las posibilidades de que se quedaría privado de su libertad de manera oficiosa con motivo de una medida cautelar e incluso de la sanción que se pudiera llegar a imponer, por lo que, existe la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia. Lo anterior encuentra puntual respaldo en la tesis XXII.P.A.32 P (10a.) de rubro y texto: ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DE CAUTELA PARA SU EMISIÓN, NO SE SATISFACE CON LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDEN CON UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. El artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad de que el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, emita una orden de aprehensión contra una persona, cuando exista necesidad de cautela; sin embargo, la motivación de esa necesidad de cautela no se satisface con la circunstancia de que los hechos del caso corresponden con un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, en términos del párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello es un supuesto que será materia de una etapa posterior, una vez que se establezca la audiencia inicial y se vincule, en su caso, a proceso al imputado. De ahí que con independencia de que el delito amerite prisión preventiva oficiosa, ese requisito de necesidad de cautela debe justificarse de conformidad con el artículo 16, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal, por ser ésta una de las exigencias más importantes para preferir la orden de aprehensión, frente a otras formas de conducción del imputado al proceso. De tal suerte que, contrario a lo alegado por el quejoso, este juzgador advierte que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, pues como se precisó se acataron los requisitos del artículo 16 Constitucional en relación con los numerales 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por consiguiente no se advierte vulneración a los derechos constitucionales reconocidos en el artículo 14. Máxime que en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para librar una orden de aprehensión, no exige que previamente se oiga al imputado en su defensa, al tratarse de un acto de molestia emitido por un juez de control, que sólo restringe de manera provisional la libertad de la persona a la cual se encuentra dirigida. Sirve de apoyo para justificar lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, Página 5, Registro 200080, Novena Época, que a la letra indica: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. En efecto, una orden de aprehensión sólo se trata de una medida restrictiva de la libertad, para conducir al probable agresor a la audiencia de formulación de imputación, en la que podrá ejercer su garantía de audiencia, es decir, manifestar su versión de los hechos -si así lo estima conducente-; aportar datos de prueba que corroboren su postura; formular los alegatos que considere necesarios; e, incluso, impugnar en la vía ordinaria el fallo que se llegue a dictar, con el propósito de ejercer su derecho a una defensa adecuada. Es decir, el juez de control podía ordenar la aprehensión del imputado quejoso, sin necesidad de que existiera una cita previa, pues en la especie, el fiscal solicitante demostró la necesidad de cautela, es decir, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que el imputado se pudiera evadir de la acción de la justicia y que se le estaría poniendo en alerta, que es un delito grave y que trae aparejada una ejecución de prisión preventiva oficiosa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.6o.P.86 P (10a.) de rubro y texto: ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia. De ahí que al existir medios de prueba que soportan el mandamiento de captura como una forma de conducir al quejoso al proceso con un estándar mínimo de valoración, es por ello que no se conculca el principio de presunción de inocencia, en tanto que será dentro del proceso cuando haga patente su teoría del caso en aras de demostrar su inocencia. Por tanto, la orden de aprehensión reclamada no violenta los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 1º de la Constitución, siendo aplicable la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Página 906, Registro 2004747, Décima Época, de rubro y texto: PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE., reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. En la jurisprudencia antes transcrita establece que el principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus prertensiones, ni siquiera con la evasiva de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Cabe hacer mención que con la emisión de la resolución reclamada, tampoco se trastocaron los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la porción normativa relativa a que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, puesto que el delito por el que se instruye la investigación penal en contra del aquí quejoso, amerita pena privativa de la libertad; de ahí que fue correcta la emisión de la orden de aprehensión, pues por ese sólo supuesto, como ya se precisó, se evidencia la necesidad de cautela para su actualización. De todo lo cual es evidente que la resolución reclamada por el quejoso cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que en esta parte debe contener la orden de aprehensión girada por el Juez de Control responsable. De modo tal que en las relatadas circunstancias, el mandamiento de captura reclamado, contrario a lo sostenido por el impetrante, no transgrede sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal que reconocen los principios de pro persona y de presunción de inocencia. Pues se ha dejado en claro que para motivar la orden de captura reclamada no se requieren de pruebas plenas que acrediten la participación de los imputados, sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 Constitucional y que se desprendan datos que evidencien la posibilidad que aquél haya cometido o participado en un hecho que la ley considera como delito. Así se afirma debido a que en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio que rige en el país, en que la imputación como el proceso se realiza en forma oral a través de las diversas audiencias que ocurren en el mismo, basta los mínimos datos de prueba para ser emitida, por lo que con los datos mencionados en la audiencia privada por el Juez responsable, que constan en la carpeta de investigación son suficientes para obsequiar la orden de aprehensión reclamada. Respalda lo antes mencionado, la tesis XV.3o.3 P (10a.), de rubro y texto: ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Por ende, el acto reclamado fue dictado por autoridad competente, si bien la audiencia privada se celebró en forma oral de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, también se asentó su registro en forma escrita, en la cual se constata que se encuentra fundada y motivada. En esa tesitura, se considera que el juez responsable acató las formalidades esenciales del procedimiento, con lo cual se respeta el derecho fundamental de seguridad jurídica consagrado en el artículo 14 constitucional. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. De ahí que no le asista la razón al impetrante de amparo. Deviene relevante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por el quejoso, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo dicha consideración en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CVIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Por otro lado, no se soslaya que al día en que se resuelve el presente juicio de amparo no se haya emplazado a la tercero interesada ********************representante del occiso ********************; sin embargo, a ningún efecto práctico conllevaría postergar el dictado de la presente sentencia, dado que el sentido de ésta en nada variaría; aunado a que, no les depara perjuicio alguno tomando en cuenta el sentido de la misma; por el contrario, se le causaría un mayor perjuicio al quejoso derivado de la dilación en el pronunciamiento del asunto, lo cual vulneraría su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Registro 394487, visible a página 349, que dispone: TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. Así como la diversa Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Página 2428, Registro 162685, Novena Época, que dice: TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro:"TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la parte quejosa, dado que si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. Consecuentemente, ante lo infundado de los argumentos de denuesto y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de los recurrentes, en acatamiento a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Negativa que se hace extensiva a la responsable ejecutora Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, dado que no existe señalamiento respecto de algún vicio por acto de aplicación por parte del quejoso. Esta misma lógica sustenta el criterio de jurisprudencia V.2o. J/6 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Junio de 1995, página 267, novena época, materia común, registro 204875, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veinte dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO.- La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a********************en contra del acto reclamado al Juez Segundo de Control de la Región Seis de Comalcalco, Tabasco que quedó precisado en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó girar el despacho 26/2021-8, orden 35/2021, dirigido al Juez Civil de Primera Instancia, en turno, a fin de lograr el emplazamiento del tercero interesado María Méndez Cruz, en representación del occiso Juan Gabriel López Méndez; sin que obre en autos la devolución de la citada comunicación, toda vez que del rastreo realizado a la guía de ESTAFETA con número de código 3086613030, en la página electrónica https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo, se advierte que fue entregada el veintidós de febrero último; por tanto se considera que la referida misiva se encuentra en vías de ser diligenciada. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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