Adalberto Campuzano Rivera

Expediente 211/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
211/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Adalberto Campuzano Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 8636/2019, suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, mediante el cual acusa recibo del diverso 7468/2019, por el que se le remitió el juicio de amparo 211/2019 del índice de este Juzgado, e informa que aceptó la competencia planteada; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ADALBERTO CAMPUZANO RIVERA, contra actos del TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA y otra autoridad, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 211/2019 Ahora bien, del examen de la demanda de amparo se advierte que que el presente juicio de garantías tiene relación con el diverso 1666/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en razón de que al narrar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, el quejoso expuso que promovió juicio de amparo en contra de la resolución de veintidós de octubre de dos mil catorce, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A. 57/2012/DJ/DRA, del cual conoció el juzgador antes precisado, lo que se corrobora con la consulta del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º., del que se aprecia que mediante sentencia de veintinueve de mayo de dos mil quince, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal al hoy quejoso para los efectos siguientes: "[.] En las relacionadas condiciones, se impone conceder, la protección de la Justicia Federal solicitada, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para que el Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala responsable: a) Deje insubsistente la resolución reclamada de veintidós de octubre de dos mil catorce, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa P. R. A. 57/2012/DJ/DRA, únicamente respecto de Adalberto Campuzano Rivera; b) Siguiendo los lineamientos de la presente resolución reponga el procedimiento, para el efecto de que al pronunciarse sobre el escrito presentado por el quejoso el ocho de octubre de dos mil catorce, tome en consideración que para él no surte efectos el cierre de instrucción decretado en el diverso acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil catorce, en virtud de que la determinación que ordenó abrir la etapa de prueba, admitió las pruebas testimoniales ofrecidas por el impetrante de amparo, y ordenó su desahogo, le fue notificado de manera personal hasta el diecisiete de septiembre de dos mil catorce (fecha posterior al supuesto cierre); c) Asimismo, la autoridad instructora deberá tomar en consideración que es a partir de esa data que el solicitante de amparo podría desahogar las pruebas que le fueron admitidas en la controversia de origen, especialmente, las testimoniales de las cuales pidió nueva fecha para que se llevaran a cabo en relación a los testigos propuestos y hechos defensivos hechos valer; en tal virtud deberá de atender con plenitud de jurisdicción la solicitud del quejoso en relación con la nueva fecha para el desahogo de las testimoniales admitidas y prescindir del argumento de que ya se encuentra cerrada la instrucción respectiva; d) Proseguir con la secuela procedimental desahogando los medios de pruebas dentro del término que en su caso establezca, sin perjuicio del valor probatorio que le pueda corresponder a favor del impetrante de amparo al momento de dictarse la resolución definitiva que corresponda; y, e) Con plenitud de jurisdicción, tomando en consideración los hechos imputados al quejoso, la contestación formulada por el probable infractor, analizando los medios de prueba desahogados otorgándoles el valor legal correspondiente, determine y resuelva si incurrió en responsabilidad administrativa, fundando y motivando su decisión [.]" Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 10 del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Ahora bien, el ahora quejoso reclama en esta vía constitucional, el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A. 57/2012/DJ/DRA en el que se niega a realizar la cancelación de la sanción a la que fue acreedor en el sistema de servidores públicos sancionados; por lo que el acto ahora reclamado tiene estrecha vinculación con aquél que conoció el Juez Segundo de Distrito en el juicio de amparo 1666/2014, por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, es evidente que corresponde al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado el conocimiento del presente asunto. En efecto, se estima se actualiza la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 46, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la cual es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 46.- Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecede que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II.- El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos (.)" De la interpretación literal del precepto legal transcrito se advierte que todo juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra los actos derivados de ese mismo asunto. En las relacionadas condiciones, al considerar el suscrito, que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción II, del artículo 46 del invocado Acuerdo General; ello en virtud de que, como ya se vio, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, conoció y resolvió previamente el juicio de amparo 1666/2014, de su índice, en el cual se dictó sentencia el veintinueve de mayo de dos mil quince, en la que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el presente juicio de amparo, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para que se pronuncie si acepta o no el conocimiento del mismo, solicitando el acuse de recibo respectivo. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión solicitada habida cuenta que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. No ha lugar a tener por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, pues se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, por lo que se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente emplazado, señale domicilio en esta ciudad de Apizaco y Tlaxcala, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán mediante lista de acuerdos; asimismo, se tienen por autorizados a JOSÉ MIGUEL ACATZI LUNA y CRISTÓBAL ROMERO FLORES, únicamente para oír y recibir notificaciones, en virtud de que no fueron localizados en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Notifíquese personalmente por esta única ocasión a la parte quejosa en el domicilio que señala en su demanda de amparo.

  3. Principal

    ***Vista la demanda de amparo promovida por ADALBERTO CAMPUZANO RIVERA, contra actos del TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA y otra autoridad, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 211/2019 Ahora bien, del examen de la demanda de amparo se advierte que que el presente juicio de garantías tiene relación con el diverso 1666/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en razón de que al narrar bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, el quejoso expuso que promovió juicio de amparo en contra de la resolución de veintidós de octubre de dos mil catorce, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A. 57/2012/DJ/DRA, del cual conoció el juzgador antes precisado, lo que se corrobora con la consulta del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º., del que se aprecia que mediante sentencia de veintinueve de mayo de dos mil quince, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal al hoy quejoso para los efectos siguientes: "[.] En las relacionadas condiciones, se impone conceder, la protección de la Justicia Federal solicitada, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para que el Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala responsable: a) Deje insubsistente la resolución reclamada de veintidós de octubre de dos mil catorce, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa P. R. A. 57/2012/DJ/DRA, únicamente respecto de Adalberto Campuzano Rivera; b) Siguiendo los lineamientos de la presente resolución reponga el procedimiento, para el efecto de que al pronunciarse sobre el escrito presentado por el quejoso el ocho de octubre de dos mil catorce, tome en consideración que para él no surte efectos el cierre de instrucción decretado en el diverso acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil catorce, en virtud de que la determinación que ordenó abrir la etapa de prueba, admitió las pruebas testimoniales ofrecidas por el impetrante de amparo, y ordenó su desahogo, le fue notificado de manera personal hasta el diecisiete de septiembre de dos mil catorce (fecha posterior al supuesto cierre); c) Asimismo, la autoridad instructora deberá tomar en consideración que es a partir de esa data que el solicitante de amparo podría desahogar las pruebas que le fueron admitidas en la controversia de origen, especialmente, las testimoniales de las cuales pidió nueva fecha para que se llevaran a cabo en relación a los testigos propuestos y hechos defensivos hechos valer; en tal virtud deberá de atender con plenitud de jurisdicción la solicitud del quejoso en relación con la nueva fecha para el desahogo de las testimoniales admitidas y prescindir del argumento de que ya se encuentra cerrada la instrucción respectiva; d) Proseguir con la secuela procedimental desahogando los medios de pruebas dentro del término que en su caso establezca, sin perjuicio del valor probatorio que le pueda corresponder a favor del impetrante de amparo al momento de dictarse la resolución definitiva que corresponda; y, e) Con plenitud de jurisdicción, tomando en consideración los hechos imputados al quejoso, la contestación formulada por el probable infractor, analizando los medios de prueba desahogados otorgándoles el valor legal correspondiente, determine y resuelva si incurrió en responsabilidad administrativa, fundando y motivando su decisión [.]" Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 10 del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Ahora bien, el ahora quejoso reclama en esta vía constitucional, el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A. 57/2012/DJ/DRA en el que se niega a realizar la cancelación de la sanción a la que fue acreedor en el sistema de servidores públicos sancionados; por lo que el acto ahora reclamado tiene estrecha vinculación con aquél que conoció el Juez Segundo de Distrito en el juicio de amparo 1666/2014, por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, es evidente que corresponde al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado el conocimiento del presente asunto. En efecto, se estima se actualiza la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 46, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la cual es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 46.- Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecede que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II.- El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos (.)" De la interpretación literal del precepto legal transcrito se advierte que todo juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra los actos derivados de ese mismo asunto. En las relacionadas condiciones, al considerar el suscrito, que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción II, del artículo 46 del invocado Acuerdo General; ello en virtud de que, como ya se vio, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, conoció y resolvió previamente el juicio de amparo 1666/2014, de su índice, en el cual se dictó sentencia el veintinueve de mayo de dos mil quince, en la que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el presente juicio de amparo, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para que se pronuncie si acepta o no el conocimiento del mismo, solicitando el acuse de recibo respectivo. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión solicitada habida cuenta que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. No ha lugar a tener por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, pues se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, por lo que se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente emplazado, señale domicilio en esta ciudad de Apizaco y Tlaxcala, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán mediante lista de acuerdos; asimismo, se tienen por autorizados a JOSÉ MIGUEL ACATZI LUNA y CRISTÓBAL ROMERO FLORES, únicamente para oír y recibir notificaciones, en virtud de que no fueron localizados en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Notifíquese personalmente por esta única ocasión a la parte quejosa en el domicilio que señala en su demanda de amparo

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