Adalberto Cabrera Lopez
Expediente 1762/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1762/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Adalberto Cabrera Lopez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el SOBRESEIMIENTO DECRETADO FUERA DE AUDIENCIA, HA QUEDADO FIRME. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Por recibido el escrito signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por el que en desahogo al requerimiento de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, informa que han cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos de la omisión reclamada. El ordinar en cita, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]." Sobre el tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, esto es, la desaparición total de los efectos del acto reclamado, de manera incondicional e inmediata, y sin dejar huella en su esfera jurídica que amerite subsanarse. Entonces, podemos concluir que la cesación de efectos del acto reclamado, ocurre al momento en que se actualizan los supuestos siguientes: Que desaparezcan todos los efectos del acto impugnado en forma inmediata, total e incondicional. Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisado lo anterior, conviene señalar que el acto reclamado consiste en la falta de respuesta por parte de la autoridad responsable al escrito presentado el ocho de abril de dos mil veintiuno, cuya pretensión del gobernado era que la autoridad se pronunciara sobre su reclamación de daño moral y patrimonial. Al respecto se tiene que, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, al rendir el informe justificado, remitió copia del oficio de dieciocho de octubre del año en curso, dictado en el expediente FGJCDMX/PRP-05/09-21, documental a la que se confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su artículo 2º, de la que se desprende que dio respuesta a la solicitud formulada el ocho de abril del año que transcurre, la cual fue notificada a la quejosa. Lo anterior se corrobora con las manifestaciones formuladas en el escrito de cuenta por la parte quejosa, en el sentido de que se le notificó el citado oficio por el que la responsable dio respuesta a la solicitud materia del acto reclamado en la presente instancia constitucional. En ese sentido, si la interpretación del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; lo cierto es que el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino a dar contestación por escrito, en forma congruente y en breve término al peticionario. De ahí que, con la emisión del oficio de dieciocho de octubre del año en curso, dictado en el expediente FGJCDMX/PRP-05/09-21, el cual fue debidamente notificado a la quejosa, desaparecieron los efectos del acto impugnado subsanando la violación a la esfera jurídica de la gobernada. Es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En virtud de lo expuesto, con fundamento en los artículos 63, fracción IV y 65 de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables y del agente del Ministerio Púbico Federal de la adscripción. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Por recibido el INFORME JUSTIFICADO signado por la Directora de Amparos, en ausencia de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Del informe rendido se desprende que la autoridad responsable informa que mediante oficio de dieciocho de octubre del año en curso, realizó pronunciamiento respecto del escrito de la parte quejosa; en consecuencia, dese vista a gobernada. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la sentencia que SOBRESEE HA QUEDADO FIRME. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese como asunto concluido. De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, ESTE EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS, contado a partir de la publicación de este acuerdo. De este modo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 22, 27, 29 y 30 del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse en su oportunidad junto con el expediente, al depósito documental de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
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