Adalberto Berúmen Macías
Expediente 50/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 50/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Adalberto Berúmen Macías
Actuaciones
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el siete de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ahora, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y toda vez que de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es depurable el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, por tanto, guárdese por separado; en cuanto al duplicado del incidente, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, conforme al punto vigésimo, fracción III del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Y, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable juez Tercero del Ramo Civil de la capital, los cuatro tomos de pruebas que se formaron con las copias certificadas del juicio especial de desahucio 37/2018, incidente de liquidación y costas, cuadernillo de ejecución y, cuadernillo incidental de liquidación de pago de rentas vencidas y no pagadas; que remitió como complemento a su informe justificado. Notifíquese. ...
- Principal
...Visto el estado de autos del que se advierte que no obra constancia de la cual se advierta que fueran notificadas las partes, de la sentencia de siete de octubre de este año, dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el efecto de que el actuario judicial de la adscripción, notifique de manera personal e inmediata la referida determinación al quejoso Adalberto Berumen Macías; así como tercero interesado Juan Francisco Robles García en los domicilios que para tal efecto fueron señalados. De igual forma, mediante oficio que derive del presente proveído, remítase y adjúntese copia debidamente certificada de la referida resolución a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para los efectos legales a que haya lugar...
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 50/2020; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Adalberto Berumen Macías por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora: Juez Tercero del Ramo Civil de la Capital. ACTOS RECLAMADOS: a). La falta de emplazamiento dentro del pago de gastos y costas del Juicio Especial de Desahucio, radicado bajo el número de expediente 0037/2018. b). La omisión del acuerdo respectivo a la promoción presentada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, solicitando la revocación de abogados designados, así como el señalamiento de nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Actos que consideraron violatorios de los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención de la demanda de amparo. En acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veinte (fojas 8-11), este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, al que por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda constitucional, la registró con el expediente 50/2020, y requirió a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, cumpliera con lo siguiente: 1).- Manifestara si era su deseo señalar como responsable al actuario adscrito al juzgado responsable, ya que se advertía que reclamaba la falta de emplazamiento al incidente de gastos y costas derivado del juicio especial de desahucio 37/2018 y en caso de ser así, precisará qué acto reclamaba. 2).- Manifestara si era su deseo solicitar la apertura del incidente de suspensión y en su caso, precisará de manera clara para que efectos la solicitaba. 3).- Exhibiera su escrito aclaratorio en original y copias suficientes para correr traslado a las partes. 4).- En caso de solicitar la apertura del incidente de suspensión, exhibiera dos copias más de su demanda de amparo y en su caso, si señala autoridades ejecutoras, exhibir copias suficientes para correr traslado. TERCERO. Mediante proveído de diez de febrero de dos mil veinte (foja 17), se tuvo a la parte quejosa por solicitada la apertura del incidente de suspensión y se reservó acordar su petición, hasta en tanto transcurriera el término otorgado por auto de veintitrés de enero del actual. CUARTO. Admisión de la demanda. El doce de febrero de dos mil veinte (fojas 18-21), se levantó certificación en el sentido de que el término de cinco días concedido al promovente para que aclarara su demanda de amparo, transcurrió del treinta y uno de enero al diez de febrero del presente año. Asimismo, que en el presente juicio de amparo, únicamente fueron exhibidas tres copias de la demanda de amparo, una, para la autoridad responsable, una para el tercero interesado y otra para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, faltando dos copias para aperturar el incidente de suspensión. Ante ello, en proveído de la misma fecha, se dio cuenta con la certificación citada y se hizo efectivo el apercibimiento decretado, por lo que, se tuvo únicamente como autoridad responsable y actos reclamados los precisados en el escrito inicial de demanda. De igual forma, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe con justificación, se dio la intervención que legalmente compete a la Representación Social Federal, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción VII de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la ejecución del acto reclamado se llevó a cabo por autoridades que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio debe precisarse cuáles son los actos reclamados. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a los criterios emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y los conceptos de violación se desprende que el quejoso Adalberto Berumen Macías reclama lo siguiente: La falta del emplazamiento al incidente de gastos y costas derivado del juicio especial de desahucio 37/2018, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil de la Capital. En cuanto al diverso reclamo que hace consistir en la omisión del acuerdo respectivo a la promoción presentada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el que solicitó la revocación de abogados designados, así como el señalamiento de nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, debe considerarse como un concepto de violación y no como acto reclamado; lo anterior, por lo siguiente: Del estudio integral de la demanda de amparo, capítulo de antecedentes y conceptos de violación, se logra apreciar que la parte quejosa hace descansar su reclamo relativo a la falta de emplazamiento al incidente de gastos y costas derivado del juicio especial de desahucio 37/2018, al hecho de que presentó una promoción en la que solicitó la revocación de abogados designados, así como el señalamiento de nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, por lo que, jamás se le realizó notificación alguna en el nuevo domicilio. Asimismo, aduce que al no estar enterado de dicha situación, se le causó un grave perjuicio, ya que la autoridad responsable ha omitido notificarle alguna o ciertas determinaciones. De ahí, que en caso de ser procedente el juicio de amparo, se analizará en su integridad la demanda inicial y se dará contestación a los conceptos de violación expresados. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El juez Tercero del Ramo Civil de la Capital, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, bajo el argumento de que del cúmulo de actuaciones que integran el Juicio Especial de Desahucio número 37/2018 promovido por Juan Francisco Robles García contra Adalberto Berumen Macías, se encuentra en etapa de ejecución; a su vez, que la parte ejecutante promovió incidente de liquidación de gastos y costas, dándose el trámite correspondiente y realizándose el debido emplazamiento en el domicilio procesal del demandado, según se hizo constar en acta de trece de noviembre de dos mil diecinueve. Asimismo, refiere que la notificación correspondiente al emplazamiento, se realizó en el domicilio procesal que la parte demandada incidental había señalado en actuaciones y que revocó hasta el trece de diciembre de dos mil diecinueve, con el escrito que presentó ante la oficialía de partes de ese tribunal y acordado el diecisiete del citado mes y año. La anterior circunstancia pone de manifiesto que, efectivamente, el juez responsable sí dio trámite al incidente de liquidación de gastos y costas, ordenando el emplazamiento en el domicilio procesal del demandado, y por tanto, debe tenerse por cierto el acto reclamado. CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios.". La disposición contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 antes transcrita, a diferencia de las diecisiete fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia que resultan de la Carta Magna y de la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que establece el diverso numeral 63 de este último ordenamiento, como en la especie acontece, ya que dicha improcedencia deriva de la interpretación del contenido de los artículos 5 y 108 de la ley de la materia, como más adelante se expondrá. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo, enuncia los requisitos que debe contener todo escrito en el que se solicite el amparo y la protección de la justicia federal, entre los que destacan, el contenido en la fracción III, consistente en que se debe mencionar a la autoridad o autoridades responsables; asimismo, el diverso precepto 5º, fracción II, del mismo ordenamiento legal dispone que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción II del artículo 5º, estatuye que las autoridades responsables son parte en el juicio de amparo y, como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, de modo que si no son llamadas a juicio, no es jurídicamente posible que el juez de amparo se pronuncie al respecto. Aserto que se corrobora con el contenido de la jurisprudencia VI.2o. J/205 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." En ese tenor, cuando el acto reclamado en el amparo se hace consistir en el emplazamiento al procedimiento, es claro que al actuario o notificador adscrito al respectivo órgano jurisdiccional del ámbito federal o local, tiene el carácter de autoridad responsable, toda vez que dicha actuación es de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan ese tipo de actos. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 3ª./J. 33/90, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos". Ahora bien, en el presente asunto el quejoso reclama la falta de emplazamiento al incidente de gastos y costas derivado del juicio especial de desahucio 37/2018, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil de la Capital; al respecto, es conveniente precisar los antecedentes siguientes: De las copias fotostáticas certificadas del cuadernillo formado con motivo del incidente de Liquidación de gastos y costas derivado del Juicio Especial de Desahucio número 37/2018, que remitió el Juez Tercero del Ramo Civil de la Capital, se desprenden las actuaciones que se detallan: 1. Auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, que tuvo a los licenciados Juan Francisco Robles García y José Pérez Hernández (el primero como apoderado general del licenciado Raúl Gerardo Avalos Villareal y el segundo como abogado patrono de la parte actora material), por promovido incidente de liquidación de gastos y costas y con copia, se ordenó correr traslado a la parte contraria para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a sus intereses conviniera (foja 11 del tomo 2/4). 2. Cédula de notificación de fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, al demandado Adalberto Berumen Macías, con domicilio en calle González Ortega número 405 interior 3, zona Centro, de esta ciudad, a través de la cual se notifica el proveído de seis de noviembre de dos mil diecinueve, la que se dejó en poder de Karina Ortega, quien dijo ser auxiliar, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del doce de noviembre del citado año (foja 12 del tomo 2/4). 3. Razón de entrega de cédula de notificación levantada por el oficial notificador adscrito a la Central de Notificadores de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del distrito judicial de la capital, en la que hizo constar que se constituyó en el domicilio del demandado Adalberto Berumen Macías, ubicado en Avenida González Ortega número cuatrocientos cinco, interior tres, colonia Centro, de esta ciudad y cerciorado de que era el lugar correcto, fue atendido por Karina Ortega, quien dijo ser auxiliar del abogado del destinatario de la notificación, por lo que, procedió a notificarle al mencionado demandado el auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 37/2018 relativo al juicio de desahucio tramitado ante el Juzgado Tercero del Ramo Civil del distrito judicial de la Capital (foja 13 del tomo 2/4). 4. Proveído de dos de diciembre de dos mil diecinueve, en el que atento a lo solicitado por los licenciados Juan Francisco Robles García y José Pérez Hernández, en su calidad ya mencionada, se citó a las partes para oír resolución interlocutoria (foja 15 del tomo 2/4). 5. Resolución interlocutoria de seis de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se aprobó parcialmente la planilla presentada y se autorizó la cantidad de $14,795.51 (Catorce mil setecientos noventa y cinco pesos 51/100 Moneda Nacional), por concepto de gastos y costas judiciales en favor de la parte actora (fojas 16-25 del tomo 2/4). 6. Constancia de notificación personal a la parte actora, levantada el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, respecto de la resolución interlocutoria de referencia (foja 25 del tomo 2/4). 7. Cédula de notificación de once de diciembre de dos mil diecinueve, al demandado Adalberto Berumen Macías, con domicilio en calle González Ortega número 405 interior 3, zona Centro, de esta ciudad, a través de la cual se notifica la resolución de seis de diciembre de dos mil diecinueve, la que se dejó en poder de Karina Ortega, quien dijo ser auxiliar, a las catorce horas del once de diciembre del citado año (foja 26 el tomo 2/4). 8. Razón de entrega de cédula de notificación levantada por el oficial notificador adscrito a la Central de Notificadores de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del distrito judicial de la capital, en la que hizo constar que se constituyó en el domicilio del demandado Adalberto Berumen Macías, ubicado en Avenida González Ortega número cuatrocientos cinco, interior tres, colonia Centro, de esta ciudad y cerciorado de que era el lugar correcto, fue atendido por Karina Ortega, quien dijo ser auxiliar del abogado del destinatario de la notificación, por lo que, procedió a notificarle al mencionado la resolución de seis de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 37/2018 relativo al juicio de desahucio tramitado ante el Juzgado Tercero del Ramo Civil del distrito judicial de la Capital (foja 27 del tomo 2/4). 9. Proveído de diecisiete de enero de dos mil veinte, en el que con apoyo a lo previsto por los artículos 180 y 182 del Código de Procedimientos Civiles del estado y virtud a que la parte contraria, no interpuso recurso alguno en contra de la interlocutoria de seis de diciembre de dos mil diecinueve, se declaró precluido su derecho para ese fin, por lo que, dicha resolución quedó firme para todos los efectos legales (foja 29 del tomo 2/4). Por otro lado, a fin de dejar demostrado que la parte quejosa, no presentó escrito el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el que solicitó la revocación de abogados designados, así como el señalamiento de nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones (como lo afirma en su demanda de amparo), es pertinente relatar lo siguiente: De las constancias que integran el juicio especial de desahucio número 37/2018, se aprecia que por escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por Adalberto Berumen Macías, designó como sus abogados patronos a los licenciados Héctor Mauricio Camacho Raygoza, Job Ríos Balderas y German de Jesús Berumen Hernández y como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida San Marcos número 203-B, colonia Las Palmas, de esta ciudad (foja 129 del tomo 1/4) Asimismo, interpuso recurso de apelación contra la resolución interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de pago de gastos y costas, dictada el seis de diciembre de dos mil diecinueve. A dicho ocurso, recayó el proveído de diecisiete de diciembre del citado año, en el que se determinó lo siguiente: a).- Que el recurso que hizo valer el promovente, era improcedente, de conformidad con lo previsto por los artículos 385, fracción I y 408, fracción I, ambos del Código de Procedimientos Civiles del estado, pues tratándose de la resolución dictada con motivo del incidente a fin de liquidar una condena, no procede recurso alguno. b).- Se tuvo como sus abogados a los licenciados Héctor Mauricio Camacho Raygoza, Job Ríos Balderas y German de Jesús Berumen Hernández, de acuerdo a lo previsto por los artículos 71 y 72 del citado ordenamiento legal y como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Avenida San Marcos número 203-B, colonia Las Palmas, de esta ciudad (foja 131 del tomo 1/4) De ahí, que el único escrito suscrito por el quejoso y en el cual señala nuevos autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones, es el que fue presentado el trece de diciembre de dos mil diecinueve. Actuaciones que deben ser consideradas como los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Luego, si la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento al incidente de gastos y costas derivado del juicio especial de desahucio 37/2018, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil de la Capital y aduce que jamás se le realizó notificación alguna en el nuevo domicilio, debió designar como autoridad responsable a quien efectivamente le corresponde tal carácter; es decir, al actuario quien practicó la notificación en el domicilio procesal que la parte demandada incidental había señalado en actuaciones y que la parte demandada aquí quejosa, revocó hasta el trece de diciembre de dos mil diecinueve, con el escrito que presentó ante la oficialía de partes de ese tribunal y acordado el diecisiete del citado mes y año. Lo anterior, no obstante que en términos de la fracción III del ordinal 108 de la Ley de Amparo, es imperativo que la señale como tal, a fin de que ese funcionario tenga la posibilidad de ocurrir al juicio constitucional a defender la actuación que practicó. Entonces, ante la falta de designación como autoridad responsable del actuario u oficial notificador que procedió a notificar al demandado por cédula de notificación, se imposibilita analizar la falta de emplazamiento que se tacha de inconstitucional, pues quien sí lo realizó no fue llamado al juicio de amparo, motivo por el cual no estuvo en posibilidad de defender su actuación. No obstante ello, de autos se advierte que mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil veinte, se requirió a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, cumpliera con lo siguiente: 1).- Manifestara si era su deseo señalar como responsable al actuario adscrito al juzgado responsable, ya que se advertía que reclamaba la falta de emplazamiento al incidente de gastos y costas derivado del juicio especial de desahucio 37/2018 y en caso de ser así, precisará qué acto reclamaba. 2).- Manifestara si era su deseo solicitar la apertura del incidente de suspensión y en su caso, precisará de manera clara para que efectos la solicitaba. 3).- Exhibiera su escrito aclaratorio en original y copias suficientes para correr traslado a las partes. 4).- En caso de solicitar apertura del incidente de suspensión, exhibiera dos copias más de su demanda de amparo y en su caso, si señala autoridades ejecutoras, exhibir copias suficientes para correr traslado. Ahora, en acuerdo de diez de febrero de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa por solicitada la apertura del incidente de suspensión y se reservó acordar su petición, hasta en tanto transcurriera el término otorgado por auto de veintitrés de enero del actual. Sin embargo, el doce de febrero de dos mil veinte, se levantó certificación en el sentido de que el término de cinco días concedido al promovente para que aclarara su demanda de amparo, transcurrió del treinta y uno de enero al diez de febrero del presente año. Asimismo, que únicamente fueron exhibidas tres copias de la demanda de amparo, faltando dos copias para aperturar el incidente de suspensión. Derivado de lo anterior, en proveído de la misma fecha, se dio cuenta con la certificación citada y se hizo efectivo el apercibimiento decretado, por lo que, se tuvo únicamente como autoridad responsable y actos reclamados los precisados en el escrito inicial de demanda. Por tanto, dado que el ministro ejecutor adscrito a la central de actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles de la Capital, de quien se demostró que notificó a la parte demandada (Adalberto Berumen Macías) mediante cédula de notificación, el proveído de seis de noviembre de dos mil diecinueve, en que se admitió el incidente de liquidación de gastos y costas derivado del Juicio Especial de Desahucio número 37/2018 y se le corrió traslado para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a sus intereses conviniera, el cual no fue llamado a juicio, en virtud de que la parte quejosa fue omisa en señalarla como autoridad responsable, aun y cuando se le requirió para que dentro del plazo de cinco días, manifestara si era su deseo señalarla como responsable y no hizo manifestación alguna, se concluye que no es posible examinar la litis constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". De igual forma, tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 44, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." En suma, al surtirse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, respecto del acto atribuido a la responsable precisado en este considerando, de conformidad con la fracción V del artículo 63, en relación el 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa haya señalado como autoridad responsable al titular del órgano jurisdiccional ante quien se tramitó el expediente de origen, habida cuenta que el funcionario que materialmente notificó el acto reclamado fue el ministro ejecutor adscrito a dicho Juzgado, toda vez que no está acreditado que el juez responsable haya efectuado la diligencia que se combate, pues únicamente en virtud de las atribuciones que la ley le confiere, se limitó a ordenar la notificación del auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del incidente de liquidación de gastos y costas, derivado del Juicio Especial de Desahucio número 37/2018. Sirve de apoyo la tesis de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. NO SATISFACE EL REQUERIMIENTO DE SU SEÑALAMIENTO, LA SOLA MENCIÓN DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO QUE DICTO EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que, entre otros supuestos, dicte el acto reclamado. Los artículos 5o. fracción II y 116 fracción III de ese ordenamiento establecen que esta autoridad es parte en el juicio de garantías y como tal debe ser señalada en la demanda. Si no es satisfecho este requisito y la autoridad responsable no es llamada a juicio, procede sobreseer, toda vez que no es dable jurídicamente examinar la constitucionalidad de ese acto, porque equivaldría a decidir la controversia sin oír a la parte afectada. No es óbice para la conclusión anterior el que se tenga a la vez como autoridad responsable de ese acto, en virtud de las atribuciones que la ley le confiere, al titular de la dependencia a la que pertenece el funcionario que lo dictó, y menos aun cuando no está acreditado que éste lo haya emitido en los términos en que lo hizo acatando una orden del citado titular. Admitir lo contrario nos llevaría a concluir que en la Administración Pública, para los efectos del juicio de amparo, cualquier acto que realizase un subalterno que a la vez pudiese resultarle atribuible al titular de la dependencia, en razón de sus atribuciones legales, pudiese ser examinado en la vía constitucional con la sola mención del referido titular, lo cual resultaría opuesto a la ratio legis de los artículos 19 primer párrafo, 147 y 149 y demás ya citados de la Ley de Amparo." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso -terminar la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al fondo planteado-, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Adalberto Berumen Macías por propio derecho, respecto de los actos reclamados al Juez Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado que autoriza, el día de hoy siete de octubre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. L'JMZG El secretario Jorge Martín Zamora González, certifica que la presente foja corresponde a la última de la sentencia dictada el siete de octubre de dos mil veinte en el juicio de amparo número 50/2020. Conste. El secretario.
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