Ada Martínez Santana
Expediente 628/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ada Martínez Santana
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar; y, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible. Por otra parte, requiérase a la quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponde el escrito y anexo, presentado por Juan Antonio García Zapata, autorizado en términos restringidos de la parte quejosa, por el que pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado en proveído de dos de agosto de dos mil diecinueve, toda vez que en el citado acuerdo, fue autorizado únicamente para imponerse de autos y oír notificaciones en términos de la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, más no así para promover; por lo que corresponde al quejoso dar cumplimiento a la prevención efectuada. En consecuencia, continúa transcurriendo el término concedido a la parte quejosa en auto de dos de agosto de dos mil diecinueve.
- Principal
Vista; la demanda de amparo presentada por Ada Martínez Santana, contra actos de la Oficial del Registro Civil de Juan Aldama, Zacatecas y otra autoridad, por violación a diversos preceptos Constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 628/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En virtud que de la lectura íntegra de la demanda de mérito, se advierte que la misma presenta irregularidades, pues la quejosa señala como autoridades responsables: Oficial del Registro Civil de Juan Aldama, Zacatecas y Director General del Registro Civil de Zacatecas y señala como actos reclamados los siguientes: ". La inobservancia a una "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO" en mi perjuicio, siendo un derecho fundamental que tengo el acceso a una tutela jurisdiccional efectiva; dejando de observar lo dispuesto por los artículos 1°, 14, 16, 17 y 133 de nuestra Cada Magna. Haciendo una semblanza la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puedo definir la tutela jurisdiccional 'y debido proceso, como un derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Asimismo, la propia Primera Sala estableció que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene tres etapas que corresponden a tres derechos bien definidos, que son: 1. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; 2. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden los derechos fundamentales del debido proceso; y, 3. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la sentencia. Vinculado a este derecho fundamental, en específico, a la etapa judicial, el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho al debido proceso que tiene toda persona como parte sustancial de cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional y que comprende a las denominadas formalidades esenciales del procedimiento, que permiten una defensa previa a la afectación o modificación jurídica que puede provocar el acto de autoridad y que son (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas; y, (v) la posibilidad de impugnar dicha resolución. Ahora bien, cada una de esas etapas y sus correlativos derechos también están relacionados con una cualidad del juzgador. La primera cualidad (etapa previa al juicio), es la flexibilidad, conforme a la cual, toda traba debida a un aspecto de índole formal o a cualquier otra circunstancia que no esté justificada y que ocasione una consecuencia desproporcionada deberá ser removida a efecto de que se dé curso al planteamiento y las partes encuentren una solución jurídica a sus problemas. Conforme a esta cualidad, los juzgadores deben distinguir entre norma rígida y norma flexible, y no supeditar la admisión de demandas o recursos al cumplimiento o desahogo de requerimientos intrascendentes, que en el mejor de los casos vulneran la prontitud de la justicia y, en el peor de ellos, son verdaderos intentos para evitar el conocimiento de otro asunto. La segunda cualidad, vinculada al juicio, es decir, a la segunda etapa del acceso a la justicia, que va desde la admisión de la demanda hasta el dictado de la sentencia, donde como se indicó, deben respetarse las citadas formalidades esenciales que conforman el debido proceso, es la sensibilidad, pues el juzgador, sin dejar de ser imparcial, debe ser empático y comprender a la luz de los hechos de la demanda, qué es lo que quiere el actor y qué es lo que al respecto expresa el demandado, es decir, entender en su justa dimensión el problema jurídico cuya solución se pide, para de esa manera fijar correctamente la litis, suplir la queja en aquellos casos en los que proceda hacerlo, ordenar el desahogo oficioso de pruebas cuando ello sea posible y necesario para conocer la verdad, evitar vicios que ocasionen la reposición del procedimiento y dictar una sentencia con la suficiente motivación y fundamentación para no sólo cumplir con su función, sino convencer a las partes de la justicia del fallo y evitar en esa medida, la dilación que supondría la revisión de la sentencia. -1- en sus implicaciones prácticas y no decidir los juicios de manera formal y dogmática bajo la presión de las partes, de la estadística judicial o del rezago institucional, heredado unas veces, creado otras. La última cualidad que debe tener el juzgador, vinculada a la tercera etapa del derecho de acceso a la justicia, de ejecución eficaz de la sentencia, es la severidad, pues agotado el proceso, declarado el derecho (concluida la jurisdicción) y convertida la sentencia de condena en cosa juzgada, es decir, en una entidad indiscutible, debe ser enérgico, de ser necesario, frente a su eventual contradicción por terceros. En efecto, el juzgador debe ser celoso de su fallo y adoptar de oficio (dado que la ejecución de sentencia es un tema de orden público), todas las medidas necesarias para promover el curso normal de la ejecución, pues en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconozcan o declaren no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. El juzgador debe entender que el debido proceso no aplica a la ejecución con la misma intensidad que en el juicio; que el derecho ya fue declarado; que la ejecución de la sentencia en sus términos es la regla y no la excepción; que la cosa juzgada no debe ser desconocida o ignorada bajo ninguna circunstancia y, en esa medida, que todas las actuaciones del condenado que no abonen a materializar su contenido, deben considerarse sospechosas y elaboradas con mala fe y, por ende, ser analizadas con suma cautela y desestimadas de plano cuando sea evidente que su único propósito es incumplir el fallo y, por último, que la normativa le provee de recursos jurídicos suficientes para hacer cumplir sus determinaciones, así sea coactivamente". Consecuentemente, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en relación a la demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 114, párrafos primero y penúltimo, en relación con el artículo 108, fracciones III, IV y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa para que dentro del término de cinco días, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: Precise cuál es el acto que les reclama a cada una de las autoridades responsables Oficial del Registro Civil de Juan Aldama, Zacatecas y Director General del Registro Civil de Zacatecas, ello porque del acto reclamado antes transcrito no se advierte con exactitud. Asimismo, de la demanda se obtiene que le podría resultar el carácter de autoridad responsable al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, en ese sentido también el accionante del amparo deberá: Indicar si señala como autoridad responsable, al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, y de ser así, precise el acto que le atribuye. Exhiba un tanto más de su escrito de demanda y anexos, a efecto de estar en aptitud de emplazar a la citada autoridad responsable. Se apercibe a la promovente del amparo, que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado se tendrá por no presentada su demanda de amparo de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Se tienen por autorizados para imponerse de autos y oír notificaciones en términos de la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Antonio García Zapata y Luis Arturo García Zapata, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en Derecho o Abogados, tal como exige el mencionado precepto legal y a José Cortez Carrillo, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos; y, como domicilio para ello, el ubicado en calle Privada Salvador Vidal, número ciento catorce, colonia Bella Vista, en esta ciudad.
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