Ada Marcelina Bautista Ojeda

Expediente 961/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
961/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
21/02/2019

Partes del expediente

  • Ada Marcelina Bautista Ojeda

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita, en las hipótesis previstas en la fracción III, primer párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, se ordena glosar el original y duplicado del incidente de suspensión en un tomo por separado al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal como en los cuadernos incidentales. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 961/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Ada Marcelina Bautista Ojeda, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Agencia Investigadora de Zapata. ACTOS RECLAMADOS "(.) La negativa de devolver mi vehículo marca Nissan, Tipo Tsuru, Modelo 1998, Número de serie 3N1EB31S1WL067321, color blanco con azul, a pesar de que le fue solicitado con su escrito de fecha 08 de Noviembre de 2018, mismo que agrego a este ocurso." SEGUNDO. Preceptos constitucionales vulnerados. Los quejosos sostienen que se violan en su perjuicio los derechos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del Juicio de Amparo. Por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, la demanda de amparo quedó registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 961/2018 y se previno a la parte quejosa a fin de que precisara el acto que reclamada ante este Juzgado de Distrito, así como también que indicara si era su deseo señalar como nueva autoridad responsable al Titular de la Mesa Cuatro de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Zapata, en esta ciudad. Previo desahogo de la prevención formulada y la designación de la nueva autoridad responsable, por diverso de veintiséis del mismo mes y año, se admitió la demanda de amparo; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracciones III, inciso b), y VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido por una autoridad administrativa que tiene su residencia dentro de la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis que se realiza a la demanda así como a su escrito aclaratorio, se precisa que los quejosos reclaman por esta instancia lo siguiente: -La negativa de devolverle a la quejosa el vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 1998, color blanco y azul, solicitada por escrito de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, al Agente del Ministerio Público de la Federación del Sector Zapata, con sede en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación 12030240400356211018. TERCERO. Inexistencia o no de los actos reclamados. Establecido lo anterior, procede ahora verificar la certeza de los actos reclamados; en ese sentido, tenemos que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Investigadora y el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Investigación Número Dos, ambos del Sector Zapata del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes con justificación, negaron la existencia de los actos que se le reclaman; no obstante, en el cuerpo de sus informes realizaron diversas manifestaciones que evidencian su certeza. Por tanto, pese a la negativa indicada, debe tenerse por cierto el mismo. Certeza que además se corrobora, con las diversas constancias que integran la carpeta de investigación 12030240400356211018, mismas que adjuntó en copia certificada a su informe, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Causales de improcedencia. Una vez verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este órgano de control constitucional de oficio advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61, en relación con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." Las citadas hipótesis legales encuentran su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio éste que reglamenta los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Dicho principio dispone, en lo conducente, que el juicio únicamente puede promoverse por quien sea titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1, de dicha ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese orden de ideas, para que un particular pueda ocurrir ante la Justicia Federal a fin de obtener su amparo y protección, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido trastocado por actos de la autoridad; además, deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, como lo establece el primer precepto legal transcrito. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que integran el interés jurídico, consistentes, el primero de ellos, en ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y en la existencia y titularidad de un derecho; y el segundo, en que se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ha de tenerse en cuenta que el artículo 14 de la Constitución Federal dispone que nadie puede ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En esta norma constitucional están consagrados diversos derechos del individuo, y comúnmente se conoce al conjunto de garantías tuteladas por esta disposición como de audiencia o de debido proceso. En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley suprema, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad, usufructo, habitación, arrendamiento, etcétera, que resulte afectado sin agotar las garantías de audiencia y defensa que en él se consagran. Esa afectación debe comprobarse para que prospere la acción de amparo, y su demostración debe realizarse de una forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan sólo a base de presunciones. Esto es, para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta autoritaria es necesario que se acredite la afectación real y actual a la esfera jurídica del individuo o gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Para evidenciar la causa de improcedencia invocada es conveniente precisar que la autoridad responsable emitió copia certificada de la carpeta de investigación 12030240400356211018, de la cual se aprecian los siguientes antecedentes: 1. El veintiuno de octubre de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, del Sector Zapata del Distrito Judicial de Tabares, tuvo por recibido el informe policial homologado mediante oficio 164/2018 e inicio la carpeta de investigación 12030240400356211018, por el delito de daños con motivo de tránsito vehicular y conducción en estado de ebriedad en agravio de Valentín Muñoz Díaz. 2. Mediante escrito de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, Ada Marcelina Bautista Ojeda, solicitó al Agente del Ministerio Público del Fuero Común, del Sector Zapata del Distrito Judicial de Tabares, la devolución del vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 1998, color blanco y azul, con número de serie 3N1EB31S1WL067321 y placas A-157-FFD. 3. En esa misma data, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, del Sector Zapata del Distrito Judicial de Tabares, le hizo saber a la quejosa Ada Marcelina Bautista Ojeda, que a fin de devolverle el vehículo debería comparecer dentro de las cuarenta y ocho horas con la documentación relativa a la credencial para votar y la factura original a fin de que ratificara su escrito y aceptara el cargo de depositaria ministerial. Ahora bien, es pertinente señalar que el Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña a juicio como aquélla que no es parte, es decir, la que no ha figurado en el proceso judicial o en el procedimiento como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: Personas que no son parte en el proceso las cuales sólo coadyuvan o participan en él; sin embargo, no tienen una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. Tercero extraño stricto sensu es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, a la persona que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte. Tercero extraño por equiparación es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: Tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa. Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: I) aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; II) aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. En ese entendido, se destaca que la quejosa tiene el carácter de tercero extraño stricto sensu al procedimiento de origen, dado que no es parte en la carpeta de investigación 12030240400356211018, pues no tiene la calidad de ofendida, inculpada o presentada. Sin embargo, aun cuando el impetrante de amparo sea persona extraña a juicio, dicha circunstancia de modo alguno lo exime de la obligación procesal de acreditar su interés jurídico, puesto que la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto reclamado no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa. Bajo este contexto, se tiene que la quejosa es una tercero extraña stricto sensu, y siendo que afirma que es propietario del bien mueble consistente en un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 1998, color blanco y azul, con número de serie 3N1EB31S1WL067321 y placas A-157-FFD, el cual fue asegurado en la carpeta de investigación 12030240400356211018; por ende, resulta necesario que demostrara ese derecho para acreditar su interés jurídico. Sin embargo, la parte quejosa no aportó algún medio de prueba fehaciente en el presente juicio de amparo para acreditar el derecho que aduce le asiste sobre el bien inmueble asegurado; no obstante que exhibió copia simple de la factura 1015 C, relativa al vehículo descrito en párrafos que anteceden, junto a su demanda de amparo; empero, no es idónea para acreditar la propiedad del mismo, lo anterior en razón de que dicha documental sólo constituye indicio de que posiblemente su contenido sea el que aparece en ella; por lo cual, no es suficiente para generar certeza de su texto, pues para ello debía concatenarse con otros medios, sin que la parte quejosa lo hubiere hecho así. Sirve de apoyo la tesis I.11o.C.1 K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, de agosto de 2002, Materia Común, Registro 186304, página 1269, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Por tanto, es inconcuso que la quejosa no acreditó su interés jurídico para demostrar ser propietario del vehículo asegurado. Orienta lo anterior, por el criterio jurídico que la sustenta la tesis III.2o.P.14 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002684, página 2289, del tenor siguiente: "VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. NO LO CONSTITUYE LA RESPUESTA DEL MINISTERIO PÚBLICO POR LA QUE NIEGA LA DEVOLUCIÓN DE UN INMUEBLE ASEGURADO, POR LO QUE PARA PROMOVER EL AMPARO CONTRA DICHA NEGATIVA ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE EL INTERÉS JURÍDICO QUE TIENE RESPECTO DE ESE BIEN. Para ejercer la acción de amparo y proteger el derecho de petición en términos del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de un bien, es innecesario acreditar la propiedad o posesión de éste, pues basta la solicitud que por escrito, en forma pacífica y respetuosa se haya hecho a la autoridad respectiva, así como la falta de respuesta o bien que ésta sea incongruente; sin embargo, cuando se trata de la acción constitucional intentada contra la respuesta del Ministerio Público por la que niega la devolución de un inmueble asegurado, lo cual notifica al quejoso, ello constituye la materia de fondo de dicha solicitud y no una violación al derecho de petición, por lo que para promover el amparo contra dicha negativa es necesario que acredite el interés jurídico que tiene respecto de ese bien. En las relatadas condiciones, al no acreditar la propiedad ni legítima posesión del bien mueble que defiende la quejosa, no es posible afirmar que el acto reclamado que por esta vía se controvierte le cause perjuicio alguno en su esfera jurídica, por no acreditarse afectación al derecho público subjetivo relativo a la propiedad que defiende, a más de que en el juicio de amparo el interés jurídico debe probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones. Por ello, se concluye que la quejosa incumplió con la acreditación de este presupuesto de procedencia, del cual tienen la carga probatoria, tal como se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, registro 187777, página 15, de texto y rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4º de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Por las razones expuestas, la impetrante carece de interés jurídico para promover el presente juicio, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada, y procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. En tal virtud, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en relación con dicho acto reclamado, tal como lo establece la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, tomo VI, Parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, registro 394465, página 335, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 961/2018, promovido por Ada Marcelina Bautista Ojeda. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

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