Ada Luz Navarro Lara

Expediente 1317/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1317/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Ada Luz Navarro Lara
  • Ada Luz Navarro Lara y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante remitiendo la literalidad del proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo ***, por el que acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes, e informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del presente asunto. Por tanto, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la ley de la materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada por ese cuerpo colegiado, en sesión de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en los autos del recurso de queja ***, en la cual en su único punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." Acúsese el recibo de estilo a la Superioridad y se ordena capturar su reingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este Juzgado. INCOMPETENCIA Ahora, vista la demanda de amparo promovida por ***, es de obtenerse que comparece a esta instancia constitucional señaló como autoridad y acto reclamados, en esencia, los siguientes: Autoridad responsable: 1. Comisión Reguladora de Energía, con sede en la Ciudad de México. ***

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada por ese cuerpo colegiado, en sesión de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en los autos del recurso de queja *****, en la cual en su único punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." Acúsese el recibo de estilo a la Superioridad y se ordena capturar su reingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este Juzgado. INCOMPETENCIA Ahora, vista la demanda de amparo promovida por *****, es de obtenerse que comparece a esta instancia constitucional señaló como autoridad y acto reclamados, en esencia, los siguientes: Autoridad responsable: 1. Comisión Reguladora de Energía, con sede en la Ciudad de México. Actos Reclamados: ? La emisión de los Acuerdos A/017/2018, y A/032/2018 donde diseña y autoriza los aumentos a las tarifas de energía eléctrica, en los costos fijos del suministro básico. ? La omisión de la Comisión Reguladora de Energía de expedir los contratos de compraventa a usuarios del suministro básico con demanda controlable, conforme a sus competencias. ? La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación los Acuerdos A/017/2018, y A/032/2018, conforme a sus competencias. ? La metodología que diseñó en el diverso Acuerdo A/058/2017 para determinar el cálculo y ajuste de tarifas finales y aplicables en el periodo vigente al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. ? La omisión de emitir normativa definitiva en relación a las tarifas de energía eléctrica, lo cual afecta su desarrollo en económico, en contravención al artículo 25 constitucional. Precisión que se hace con apoyo en lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, éste Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, insiste en carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República; a la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión Y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República; así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales indicados; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región . El precepto citado en primer término dispone: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Del artículo trascrito se advierte que los Jueces de Distrito Especializados en Materia Administrativa conocerán de controversias relativas a la aplicación y legalidad de leyes federales y locales y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, de procedimientos seguidos ante autoridades administrativas, contra actos de autoridad distinta a la judicial, contra actos de tribunales administrativos, o con motivo del incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, el derecho administrativo constituye el género relativo a la regulación del conjunto de normas jurídicas relacionadas con la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración; materia que al ser sumamente amplia, requirió la creación de subespecialidades como los son el derecho ambiental, propiedad intelectual, competencia económica, radiodifusión, telecomunicaciones, entre otras, respecto de las cuales se requieren conocimientos técnicos del juzgador para efecto de dilucidar la controversia. En efecto, a raíz del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se instituyeron los órganos especializados en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con el objeto de que se contara con autoridades judiciales que tuvieran conocimientos técnicos específicos para resolver sobre la constitucionalidad y legalidad de los actos que se emitieran en los procedimientos que se sustanciaran en esas especialidades. Así, el Acuerdo 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tuvo como finalidad inicial dar cumplimiento al imperativo que se impuso en el artículo décimo segundo transitorio del referido decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación; de esa manera, en su punto de acuerdo sexto se indicó que los órganos jurisdiccionales que iniciaran funciones con motivo del decreto constitucional de once de junio de dos mil trece, se especializarían en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, sin que se aprecie que a estas autoridades de índole judicial se les hubiera otorgado facultades para ejercer su competencia en otras ramas del derecho distintas de las enunciadas. Sobre el tema, conviene traer a contexto los criterios jurisprudenciales emitidos por el Máximo Tribunal, que se encuentran visibles en la página 412, Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y en la página 1092, Libro 33, agosto de dos mil dieciséis, Tomo II, Decima Época de dicha Gaceta, respectivamente, de rubros y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en la tesis 2a./J. 119/2015 (10a.),* cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sin que sea el Especializado." De igual forma se cita, la tesis aislada I.1º.A.E.5 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que se encuentra visible en la página 2297, libro 3, mes de febrero de dos mil catorce, tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. EL CRITERIO PARA DEFINIRLA DEBE ATENDER EXCLUSIVAMENTE A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, SIN PERJUICIO DEL CARÁCTER FORMAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Para establecer la competencia de los órganos jurisdiccionales mencionados debe atenderse exclusivamente a la naturaleza del acto reclamado, sin perjuicio del carácter formal de la autoridad responsable, pues las materias respecto de las cuales los tribunales especializados referidos deben decidir, no pueden determinarse a priori, ya que se está ante la aplicación de complejos normativos de carácter transversal, que regulan los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, así como los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica, que transitan desde la propia Constitución, en aspectos tales como derechos humanos, rectoría económica, libre concurrencia y regulación, hasta el derecho administrativo económico y el regulatorio, e inciden, incluso, en aspectos propios del derecho mercantil. Por tanto, el principio de unidad de mercado aconseja una ordenación y regulación concertada para generar certidumbre y seguridad jurídica, por lo que es pertinente consolidar en una jurisdicción especializada la decisión de los conflictos suscitados en el contexto de la actividad económica fundamental, en especial, si tiene el carácter de prioritaria y sujeta a un régimen regulatorio peculiar, incluyendo aspectos y facultades implícitos, accesorios o concurrentes para conseguir los fines y objetivos esenciales para la sociedad y la actividad económica, que es dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada, los complejos normativos aludidos." Del análisis realizado a las jurisprudencias transcritas, a las ejecutorias que les dieron origen, así como a las actuales posturas de dichos órganos de especialización, se obtiene que un elemento que permite definir la competencia material de los órganos especializados en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es la naturaleza del acto reclamado. Sin que en ningún caso, los conceptos de violación puedan ser tomados en consideración para definir tal competencia, ya que sólo evidencian cuestiones subjetivas. De esa forma, se puede concluir que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, únicamente serán competentes para conocer de los juicios de amparo en los que se reclamen actos de contenido inherente a la rama del derecho de la competencia económica, de la radiodifusión, o de las telecomunicaciones, así como de aquéllos que guarden relación directa con los temas propios de esa subespecialización. Bajo ese contexto, se puede advertir que los actos reclamados en el presente juicio y que fueron citados en líneas que anteceden, versan sobre temas respecto de los cuales tienen competencia los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, tomando en consideración la naturaleza material que les reviste y que los vinculan con la materia de competencia económica, ya que los acuerdos impugnados establecen la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación que aplicarán la empresa productiva subsidiaria "Comisión Federal de Electricidad", como suministrador de servicios básicos. Por lo que, en la especie, implica el estudio de temas en materia de competencia económica. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia por contradicción de tesis PC.XXXIII.CRT. J/16 A (10a.) , sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, cuyo rubro y texto indican: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS CONTRA EL ACUERDO A/058/2017 EMITIDO POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. El Acuerdo citado, por el que se expide la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria CFE (Comisión Federal de Electricidad), Suministrador de Servicios Básicos, durante el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, está vinculado directamente con la materia de competencia económica, ya que se trata de la regulación del cálculo de diversas tarifas relacionadas con los servicios prestados por la Comisión mencionada, en aras de transitar de forma ordenada hacia la operación del mercado eléctrico mayorista eficiente y competitivo, lo que lleva implícitas la aplicación y la comprensión de los alcances de postulados que son propios de la subespecialización en materia de competencia económica. Consecuentemente, los órganos jurisdiccionales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra el Acuerdo A/058/2017 emitido por la comisión reguladora de energía". De ahí que este órgano constitucional insista en carecer de competencia legal para conocer del presente juicio, toda vez que los acuerdos A/017/2018, y A/032/2018 que se reclaman en el presente juicio, modificaron el diverso A/058/2017, que fue materia de la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia antes citada. En tales condiciones, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México, en turno; a quien se considera competente para conocer del asunto. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese."

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de diciembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso xxx del índice de este juzgado, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por el representante legal de la parte quejosa en el presente juicio de amparo, radicándolo con el número xxx. Notifíquese.

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