Ada Karla Nava Millan
Expediente 902/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 39 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 902/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 16/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Comision Estatal de Servicios Publicos de Mexicali
- Ada Karla Nava Millan
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Mexicali, Baja California, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se obtiene que a la fecha transcurrió el plazo de quince días establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de inconformidad en contra del proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplido el fallo protector, sin que lo hubieran realizado; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el expediente principal por haberse concedido la protección constitucional, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar definitiva, es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por otra parte, toda vez que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; en consecuencia, requiérase a fin de que comparezca ante este Juzgado de Distrito para su devolución dentro del término de noventa días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente auto, en el entendido que de no hacerlo así en el término señalado, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, háganse las anotaciones que correspondan.
- Principal
Mexicali, Baja California, trece de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de doce de enero de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento informado por las autoridades responsables y, que por auto de diecisiete del citado mes y año, se tuvo por recibido escrito de la autorizada de la parte quejosa, a través del cual desahogó la vista aludida; por lo que este Juzgado procede a pronunciarse al respecto. Efectos de la sentencia En ocho de abril de dos mil veintidós, se dictó sentencia constitucional en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "I. Desincorporen de la esfera jurídica de la quejosa, la obligación del pago del derecho que fue materia de estudio; asimismo, que no se le aplique de forma presente y futura el artículo 9, sección I, Inciso D), punto 6, de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California. II. Se proceda a la devolución de la cantidad o cantidades que la quejosa hubiese enterado con motivo del convenio realizado en cuatro de agosto de dos mil veintiuno, con la comisión responsable." Resolución que fue confirmada por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión ********************; sin embargo, los efectos del fallo protector fueron ajustados de la manera siguiente: "1. Las autoridades responsables deberán desincorporar de la esfera jurídica de la persona moral demandante del amparo, la obligación del pago del derecho que fue materia de estudio; asimismo, que no se le aplique de forma presente y futura el artículo 9, Sección I, inciso D), numeral 6, de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno [.]. 2. La Comisión Estatal del Servicios Públicos de Mexicali, dejará sin efecto los pagos de servicios derivados del convenio realizado y, en su caso, de ser procedente, deberá restituir a la impetrante la cantidad que en exceso hubiera pagado por el aludido derecho, debidamente actualizada al día que la reintegre, acorde con aquella ley, es decir, únicamente pagará la cuota mínima que se fija en el artículo 9, Sección I, inciso D), de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, respecto de la conexión de agua potable, por lo que las cantidades obtenidas serán la base para sacar los demás conceptos precisados en dicho recibo. [.] Con la particularidad de que el cumplimiento de la presente ejecutoria no implica anular la norma inconstitucional, atento al principio de relatividad de las sentencias de amparo, por el cual el Congreso del Estado de Baja California y Gobernador Constitucional, ambos del Gobierno del Estado de Baja California, quedan exentos como autoridades responsables de cumplimiento alguno de este fallo; sino únicamente el acto de aplicación dirigido a la parte quejosa; precisándose además, que cualquier autoridad, a pesar de no haber litigado en este juicio, estará obligada a acatarla." Actos relativos al cumplimiento del fallo Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a la Delegada de las autoridades responsables de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, remitiendo copia certificada del oficio ********************, con firma del Jefe de Zona Comercial III de esa dependencia, dirigido a la quejosa ********************, mediante el cual se le comunicó que fue desincorporada de la esfera jurídica ante la obligación del pago del derecho que fue materia de estudio y no se le aplicará de forma presente y futura el artículo 9°, sección I, inciso D), numeral 6, de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California, con firma de recibo de veintisiete de octubre del citado año. De igual forma, mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo a la Delegada de las responsables informando el cumplimiento dado al segundo de los efectos de la ejecutoria dictada en el presente sumario, anexando comprobante de dos operaciones de trasferencia bancaria realizadas a la parte quejosa, por la cantidad, cada una, de $6,408.00 pesos (seis mil cuatrocientos ocho pesos moneda nacional), que hacen un total de $12,816.00 pesos (doce mil ochocientos dieciséis pesos moneda nacional), por concepto de pago de derechos de conexión. Luego, por auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por no cumplido el fallo protector ya que para su correcto cumplimiento resultaba necesario que obraran en autos las operaciones aritméticas que realizaron las autoridades responsables para calcular la devolución de las cantidades efectuadas a la parte quejosa. Así, mediante auto de doce de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a la delegada de las responsables, anexando impresión original de las constancias que contienen el desglose de las operaciones aritméticas realizadas para el cálculo de la devolución de las cantidades a favor de la parte quejosa actualizadas. Documentos que cuentan con valor demostrativo pleno al tratarse de actuaciones certificadas por autoridad en ejercicio de sus facultades, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Calificación En tales condiciones, de conformidad con lo constatado a través de los medios de prueba descritos, es posible establecer que las autoridades responsables adscritas a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, efectivamente acataron los extremos de la concesión de amparo, pues tal como se les conminó en la ejecutoria de amparo, se desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa ante la obligación del pago del derecho que fue materia de estudio y no se le aplicará de forma presente y futura el artículo 9°, sección I, inciso D), numeral 6 de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno y se restituyó a la quejosa las cantidades que en exceso pagó por el aludido derecho, debidamente actualizadas, como se advierte de las operaciones aritméticas que realizaron para calcular la devolución de las cantidades efectuadas a la parte quejosa; lo que permite colegir que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos vulnerados tal como lo exige el artículo 77, en relación con el numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo. Ahora bien, cabe precisar que no asiste razón a la autorizada de la quejosa en cuanto a que existe un faltante de $1,077.97 pesos (un mil setenta y siete pesos con noventa y siete centavos moneda nacional), tomando como base que en su momento se pagó con motivo del convenio celebrado, la cantidad de $13,893.97 pesos (trece mil ochocientos noventa y tres pesos con noventa y siete centavos moneda nacional) y lo cubierto por la responsable fue por la diversa cantidad de $12,816.00 (doce mil ochocientos dieciséis pesos moneda nacional). Ello es así, toda vez que de la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado revisor se desprende que los efectos del fallo protector fueron para que se restituyera a la quejosa la cantidad que en exceso hubiera pagado por el aludido derecho, debidamente actualizada al día que se le reintegrara, acorde con aquella ley, es decir, únicamente pagaría la cuota mínima que se fija en el artículo 9, sección I, inciso D), numeral 6 de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, respecto de la conexión de agua potable, por lo que las cantidades obtenidas serían la base para calcular los demás conceptos precisados en dicho recibo, lo cual ya aconteció, como quedó advertido del desglose de las operaciones aritméticas realizadas para el cálculo de la devolución de las cantidades a favor de la parte quejosa actualizadas. Lo que quedó demostrado con el desglose de las operaciones aritméticas correspondientes, de las que se advierte que el monto cobrado de $13,893.97 pesos (trece mil ochocientos noventa y tres pesos con noventa y siete centavos moneda nacional), se actualizó conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, dando como resultado la cantidad de $1,416.99 pesos (un mil cuatrocientos dieciséis pesos con noventa y nueve centavos moneda nacional), haciendo un total de monto actualizado de $15,310.96 pesos (quince mil trescientos diez pesos con noventa y seis centavos moneda nacional) y a dicha cantidad se le restó $2,487.80 pesos (dos mil cuatrocientos ochenta y siete pesos con ochenta centavos), por concepto de cuota mínima fijada en el artículo 9, sección I, inciso D), numeral 6 de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, lo que dio como resultado que el importe a devolver a la quejosa fue de $12,813.16 pesos (doce mil ochocientos trece pesos con dieciséis centavos moneda nacional). Por tanto, se considera que el fallo protector dictado en el presente juicio quedó totalmente cumplido y no existe defecto o exceso en su cumplimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
Mexicali, Baja California, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta signado por ********************, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista de doce de enero de dos mil veintidós; por tanto, téngase a la promovente realizando manifestaciones con relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector, las que serán tomadas en consideración al momento de calificar el mismo.
- Principal
Mexicali, Baja California, doce de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Delegada de las autoridades responsables de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio, anexando impresión original de las constancias que contienen el desglose de las operaciones aritméticas realizadas para calcular la devolución de las cantidades a favor de la parte quejosa. Visto lo anterior, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, éste Juzgado de oficio, se pronunciará sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
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