Ada Ivonne Juarez Lobato

Expediente 874/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
874/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Ada Ivonne Juarez Lobato

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO QUEJOSO San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, intégrese al expediente el informe justificado rendido por el Titular de la Dirección General Jurídica y de Transparencia de la Secretaría de Educación, con sede en la ciudad de Puebla, en representación de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, sin perjuicio de hacer relación de su contenido en la audiencia constitucional. Asimismo, téngasele designando como delegados de su parte en términos del artículo 9° de la Ley de la Materia a las personas que menciona en su informe de cuenta. En términos del numeral 119, de la Ley de la Materia, téngase a la citada responsable remitiendo como justificante de su informe, copia certificada del oficio SEP-1.4-DGJT/3499/2023, de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, para que sea tomada en consideración al momento de resolver el presente asunto. Ahora bien, toda vez que del informe justificado rendido por la autoridad oficiante, así como de la documental que acompañó al mismo, se desprende la contestación que se dio a la petición hecha por la parte quejosa; en consecuencia, con dicho informe y constancia anexa, se ordena correr traslado a la parte quejosa y se le requiere para que con fundamento en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos su notificación, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo; en la inteligencia que, de ser así, deberá ajustarse a los requisitos previstos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, exponiendo claramente el acto o actos que reclame, la autoridad o autoridades a quienes los atribuye, así como los conceptos de violación que estimen pertinentes; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del término indicado, el presente juicio se resolverá tal como aparece planteada la demanda de amparo. DIFERIMIENTO En consecuencia, difiérase la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese en términos de ley

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la actuaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, por el que remite el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, informa que mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintitrés se programó las once horas con treinta minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de los C. Enrique García Cortes y María del Carmen Valencia Guevara. Asimismo, visto el diverso oficio remitido por la responsable, se advierten las constancias de notificación realizadas a las partes correspondientes al auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en Puebla para que en el término de tres días posteriores a que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de las constancias del desahogo de dicha audiencia. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $ 103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. Se señala el día dos de junio de dos mil veintitrés, para verificar las gestiones que ha realizado la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Secretaria Técnica adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal en representación del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, por el que acusa recibo de los oficios 15603/2023 y 15621/2023 dirigidos a las autoridades que representa, de lo que la suscrita toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En otro orden de ideas, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ....., atento a su contenido se provee: Vistas las manifestaciones del quejoso en las que aduce que las constancias remitidas por la autoridad responsable no están completas, dado que únicamente corresponden a su escrito de denuncia electrónica y refiere que faltan constancias; con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere al Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal para que en el término de tres días siguientes a que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación J/571/2021, o bien manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo o en su caso si remitió la totalidad de las actuaciones. Lo anterior, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior se hará acreedora a una medida de apremio, consistente en multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. Por otra parte, toda vez que el quejoso solicita se requiera al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los dictámenes de las reformas publicadas el treinta de marzo de dos mil veintitrés relativas al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, en relación con las atribuciones de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual y su manual de actuación; dígase que no ha lugar acordar de conformidad su petición en virtud de que no resultan idóneas y no guardan relación con los actos que señaló como reclamados, en virtud de que las omisiones que reclamó derivan de su demanda presentada el trece de diciembre de dos mil veintidós, y las pruebas documentales que ofrece fueron publicadas el treinta de marzo de dos mil veintitrés. Por otra parte, por cuanto hace a la solicitud del ocursante respecto a que le sea reconocida en este juicio la calidad de "víctima" y se aplique la perspectiva de género, dígase que se resolverá lo conducente a la calidad de víctima y resolver con perspectiva de género al momento de dictar la sentencia definitiva en el presente juicio de amparo. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A.1 CS (10a.), Décima Época Materia(s): Constitucional, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, página 1752; de rubro y texto: JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL JUZGADOR DEBE IDENTIFICAR SI EL JUSTICIABLE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAYA GENERADO UNA DESVENTAJA REAL O DESEQUILIBRIO PATENTE EN SU PERJUICIO FRENTE A LAS DEMÁS PARTES EN CONFLICTO. Para que pueda impartirse justicia con perspectiva de género, debe identificarse si en un caso concreto existe un estado de vulnerabilidad que genere una desventaja real o un desequilibrio patente en perjuicio de una de las partes en conflicto, lo cual no puede presumirse, sino que es necesario que en autos existan elementos objetivos de los que se advierta que se actualizan situaciones de poder por cuestiones de género, lo cual no implica proteger a la mujer por el simple hecho de serlo, en tanto que el hombre también puede encontrarse en una posición de vulnerabilidad. Por tanto, para identificar la desventaja deben tomarse en cuenta, entre otras cuestiones, las siguientes: a) si una o todas las partes se encuentran en una de las categorías sospechosas identificadas en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad; b) la situación de desigualdad de género y violencia que prevalece en el lugar o núcleo social en el que se desenvuelven las partes, para esclarecer la posible existencia de desigualdad estructural; c) el grado de estudios, edad, condición económica y demás características particulares de todas las personas interesadas o involucradas en el juicio, para determinar si realmente existe un desequilibrio entre ellas; y, d) los hechos probados en autos, para identificar relaciones de poder. Lo anterior, en el entendido de que del análisis escrupuloso de esos u otros elementos, con independencia de que se hayan actualizado todos o sólo algunos de ellos, debe determinarse si en el caso concreto es razonable tomar medidas que aseguren laigualdad sustancial, por advertir un desequilibrio que produce un obstáculo que impide injustificadamente el goce de los derechos humanos de la parte que previamente se identificó en situación de vulnerabilidad o desventaja. Asimismo, se cita en apoyo de lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala, Undécima Época Materia(s): Administrativa, Común Tesis: 1a./J. 17/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo III, página 3490; de rubro y texto: VÍCTIMAS POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LA SENTENCIA ESTIMATIVA DE AMPARO ES APTA PARA RECONOCER ESA CALIDAD A LA PARTE QUEJOSA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE AMPARO Y LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS CONDUCENTES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al analizar si el Juez de amparo está facultado para reconocer la calidad de víctima a la parte quejosa en el juicio de amparo; ya que mientras uno fundó su decisión en la falta de disposición expresa en este sentido en la Ley de Amparo, el otro sostuvo que ello es viable de conformidad con la Ley General de Víctimas. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la sentencia estimativa de amparo tiene una doble función, ya que, por un lado, determina que la persona quejosa es víctima por la violación a sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, la cual tendrá un efecto protector y reparador específico a nivel constitucional y, por otro, concede el reconocimiento necesario para proceder en los términos y para los efectos que señale la Ley General de Víctimas, ya que en la resolución se expone y demuestra el daño o menoscabo sufrido. Justificación: Si bien la Ley de Amparo no establece una definición expresa de la palabra víctima por violaciones a derechos humanos, lo cierto es que el concepto se infiere de lo que señalan, principalmente, sus artículos 1o., 73, 74 y 77, ya que el objetivo del juicio de amparo consiste en detectar y, en su caso, restituir a la persona que alega haber sufrido violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, siempre y cuando hubiere procedido la protección constitucional. En complemento a lo anterior, de los artículos 1, 4 y 6 de Ley General de Víctimas se desprende, en términos generales, que la "víctima" será aquella persona que acredita un daño o menoscabo (económico, físico, mental, emocional) o, en general, cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, con independencia de si la persona se encuentra en un proceso judicial o administrativo, ya sea por haber sido sujeto pasivo en un delito o por haber sido violados sus derechos humanos por alguna autoridad. Además, el artículo 110, fracción III, de la Ley General de Víctimas establece que el reconocimiento de la calidad de víctima para efectos de la ley relativa, se lleva a cabo, entre otros, a través de la determinación del Juez de amparo que tenga los elementos para acreditarlo, de lo que se obtiene que la Ley General de Víctimas advierte la competencia con que cuentan los juzgadores de amparo para reconocer, a través de sus determinaciones la calidad de víctima a la parte quejosa, exclusivamente cuando cuente con los elementos para acreditar esta circunstancia. De esta manera, la calidad de víctima no la adquiere la parte quejosa porque lo indique la Ley General de Víctimas, sino en virtud de lo que establecen tanto la Constitución General como la Ley de Amparo, ya que el juzgador constitucional cuenta con facultades y obligaciones para pronunciarse en torno a las transgresiones alegadas por la parte quejosa y, con base en ellas, determinar si ha sido víctima por violaciones a sus derechos humanos desde la función protectora del juicio de amparo; mientras que, a través de la Ley General de Víctimas, se reconoce a la sentencia judicial federal de amparo un valor relevante para sostener que la persona es víctima y a ser tratada, de ser el caso, como tal para los efectos correspondientes. Así, la sentencia estimativa de amparo tiene una doble función ya que por un lado, determina que la persona quejosa es víctima por la violación a sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, la cual tendrá un efecto protector y reparador específico a nivel constitucional y, por otro, concede el reconocimiento necesario para proceder en los términos y para los efectos que señale la Ley General de Víctimas, ya que en la resolución se expone y demuestra el daño o menoscabo sufrido, pero sin prejuzgar los efectos que darán las autoridades administrativas correspondientes ni las sreparaciones a que habrá lugar, si la quejosa opta por acudir a las instancias que prevé dicha ley. Por otra parte, respecto a la prueba pericial que ofrece en materia de Psicología, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha la prueba ya que no cumple con los principios de pertinencia e idoneidad. De lo anterior, se estima que el principio de pertinencia, impone como limitación al juzgador, en proveer respecto de las pruebas ofrecidas por las partes que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Y, en cuanto a la idoneidad, se rige por el principio de expedites en la administración de justicia y de economía procesal, consistentes en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que, al intentar recabar una prueba que no cumple con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Lo anterior es así, pues en el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el quejoso señaló substancialmente como actos reclamados los siguientes: I. Por lo que hace a la autoridad precisada en el inciso 1 (Pleno), le reclamo: a) La omisión materialmente legislativa de prever en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas o en su caso, emitir el Acuerdo General que corresponda, por el cual contemple el ejercicio al derecho humano a tener acceso a medidas de protección en favor de las víctimas cuando estas sean estudiantes que pertenezcan o hayan pertenecido a cualquier de los programas que ofrece el Consejo, ya sea: Servicio Social, Práctica Profesional o Practica Judicial, dentro de los procedimientos de responsabilidad administrativa en los cuales se indague sobre conductas que denoten violencia por parte de su trabajadores de naturaleza sexual y/o de género o cualquier otro tipo de violencia que afecten la dignidad humana. II. Por cuanto hace a la autoridad precisada en el inciso 2, (UGIRA), le reclamo: a) Actos de discriminación en contra del suscrito por negarme mis derechos como víctima por el simple hecho de no se trabajador del Poder Judicial de la Federación o del Consejo de la Judicatura Federal; específicamente, se combate el oficio CJF/UGIRA-E/9136/2022, de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, el cual me fue notificado vía correo electrónico el dieciocho de ese mismo mes y año, en el que se niega el derecho a que se me brinden medidas de protección por actos que afectan mi integridad emocional por intervención indebida de mis equipos digitales sin mi autorización. b) La omisión de emitir medidas de seguridad de oficio, hasta que se aplique una a favor del suscrito que sea idónea, eficaz y pronta. c) La omisión de ordenar la extracción de correos electrónicos entre el correo institucional del Juzgado al que se encontraba adscrita la denunciada al momento de presentar la denuncia correspondiente, y el correo que señale es de ella; así como la omisión de ordenar el recabamiento de las pruebas testimoniales que solicité desde el mes de octubre del presente año. III. Por cuanto hace a la autoridad precisada en el inciso 3, (Coordinador de Seguridad); Le reclamo actos de discriminación en contra del suscrito por negarme el acceso a medidas de protección por el simple hecho de no ser trabajador del Poder Judicial de la Federación o del Consejo de la Judicatura Federal. De lo que se advierte que la prueba que ofrece el quejoso en el ocurso que se acuerda, no guarda relación directa con los actos que reclama en esta instancia constitucional, al ser omisiones las que reclama, por lo cual no resulta idónea para justificar los actos materia de análisis. Se invoca la tesis aislada I.1o.A.14 K, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII. Febrero de 2006, cuyo rubro y texto es el siguiente: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia se tienen por realizadas las manifestaciones vertidas por el ocursante en forma de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en el momento procesal oportuno. Notifíquese en términos de ley.

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