Ada Esperenza García Cárdenas
Expediente 498/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2021
Partes del expediente
- Ada Esperenza García Cárdenas
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista, la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles para que la parte promovente interpusiera el recurso correspondiente en contra del auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por quejosa Ada Esperenza Cárdenas García, sin que se hubiera presentado promoción al respecto. En consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado, por tanto, hágase las anotaciones en el libro de juzgado que corresponda; en ese orden, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso d), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservase en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en los artículos Vigésimo Segundo y vigésimo Tercero del propio acuerdo. Por último, se ordena marcar en la caratula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del Acuerdo mencionado.
- Principal
Ensenada, Baja California, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Vista; la demanda de amparo promovida por Ada Esperenza Cárdenas García; mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del encargado de la superintendencia Comercial de la Comisión Federal de Electricidad División de Baja California, Zona Ensenada y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de juzgado bajo número 498/2021-II. Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo1, se procede al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa; para ello, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, del análisis integral de la demanda se obtiene como acto reclamado el siguiente: ? El corte de suministro de energía eléctrica respecto al mediador LP2486, en el domicilio ubicado en Calle 13 y Gastélum, número 1306; Zona centro, en esta ciudad. Por otra parte, es importante resaltar que el auto inicial de demanda, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, como lo son aquéllos en los que para llegar a esa conclusión, no se requiere de un análisis exhaustivo, ya que ello es de obvia constatación, sin que pueda modificarse tal determinación con los elementos que aporten las partes al procedimiento; lo 1 "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". anterior de conformidad con la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L 10a, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro once, octubre de dos mil catorce, tomo II, página mil doscientos veinticuatro, materia común, con número de registro 2007580, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." [Énfasis añadido]. En ese orden de ideas, con relación a lo manifiesto e indudable de una causa de improcedencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 32/2004, estableció lo siguiente: "[.] De este precepto se deduce que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por tanto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho que no puede ponerse en duda. En esos términos, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, atendiendo a las manifestaciones de la parte quejosa o a la naturaleza de los actos reclamados. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. [.] En estas condiciones, la causa de improcedencia que se analiza es manifiesta e indudable, en virtud de que se deduce de las manifestaciones hechas por el quejoso en su demanda de garantías, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y a la aplicación directa del artículo 111 constitucional, sin que sea necesario que las autoridades responsables rindan su informe justificado o que las partes alleguen elementos de prueba al procedimiento de amparo, pues en términos generales se reclama la iniciación del procedimiento tendente a la declaración de procedencia, previsto en los capítulos III y IV del título segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y como actos concretos de aplicación la pretensión de retirarle al quejoso la inmunidad procesal y, en algunos casos, la resolución de la Cámara de Diputados por la que se nombra la sección instructora, de donde deriva su naturaleza política. [.]" [Énfasis añadido]. Incluso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 309/2018, en cuanto a la naturaleza de los actos reclamados, como causa manifiesta e indudable de improcedencia, determinó lo siguiente: "[.] Lo hasta aquí expuesto lleva a demostrar la posibilidad del desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida por este Máximo Tribunal, pues al ser obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación, no existe ninguna razón lógica para que ésta sea obviada o pueda variar la naturaleza de los actos; sostener lo contrario implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio que se dio como resultado de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. Máxime que es el propio quejoso quien al instar la acción constitucional tiene la obligación de señalar con precisión los actos reclamados, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo, de modo que si éste es claro en el escrito de demanda respecto a los actos, es innecesario esperar los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, pues con independencia de su contenido, la naturaleza de los actos definida mediante jurisprudencia de este Alto Tribunal, no variaría. Consecuentemente, cuando ante el Juez de Distrito se presenta una demanda de amparo y de las manifestaciones de la parte quejosa o de sus anexos, se desprende que la naturaleza de los actos reclamados ha sido definida mediante jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello constituye una causa notoria y manifiesta de improcedencia que hace innecesario esperar a examinar los informes justificados y las pruebas aportadas en el juicio, porque de ninguna manera podría superarse el criterio jurisprudencial que resulta de observancia obligatoria en toda la República Mexicana. [.]" [Énfasis añadido]. Dicha ejecutoria dio origen a la Jurisprudencia 2/2019 (10a.) de título y consideraciones siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional."2 Como se aprecia, en la ejecutoria citada se indicó que es factible el desechamiento de la demanda de amparo, cuando la naturaleza del acto reclamado ha sido definida mediante jurisprudencia por el alto tribunal, lo cual impide cualquier posibilidad de que, el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado. En ese contexto, de oficio se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: 2 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página: 1008; Registro: 2019230. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Del último de los numerales transcritos se establece que se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, o ante la existencia de un ente u organismo del Estado, cuando concurren los siguientes elementos: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos; y, c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Así, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que ofrece el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia con número de registro 1002545, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 520, tomo II, procesal constitucional 1, común primera parte - SCJN, cuarta sección - partes en el juicio de amparo, novena época del Apéndice del Semanario Judicial de 1917- Septiembre 2011, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, al señalar la parte quejosa como acto reclamado el corte de suministro de energía eléctrica respecto al mediador LP2486, en el domicilio ubicado en Calle 13 y Gastélum, número 1306; Zona centro, en esta ciudad y atendiendo a la naturaleza de dicho acto no puede ser considerado como uno de autoridad ni uno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo, según lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, sobre el tópico que nos ocupa la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2014, determinó que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclame de la Comisión Federal de Electricidad, la emisión del aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica y el corte o suspensión de tal servicio, al derivar de una relación contractual, siendo por regla general, que los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con su obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades; resulta inconcuso, que los actos que la parte quejosa reclama no generan que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de supra a subordinación, y que por tanto se atribuya como acto de autoridad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número de registro 2006544, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, consultable en la página 890, materia común, décima época del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, mayo de 2014, tomo II, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El corte o la suspensión del fluido de energía eléctrica contratado por falta de pago oportuno, no puede ser considerado por esa sola circunstancia, un acto de autoridad ni uno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad o equiparable a éste." En ese sentido, y de conformidad con las jurisprudencias antes transcritas al haberse reclamado por la quejosa el corte de suministro de energía eléctrica la causal de improcedencia invocada se actualiza de manera manifiesta e indudable, por lo que, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por Ada Esperenza Cárdenas García, contra actos del Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad y otra autoridad, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Roberto Padilla González y Pablo Gilberto Margerum Macías, toda vez que de la certificación que antecede se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a Carlos Sidón Ceseña y Alejandro Gaxiola Casarez, toda vez que no se encontraron registradas sus cédulas en dicho sistema. Asimismo, toda vez que la parte promovente solicitó tener acceso al expediente electrónico y que las notificaciones en este asunto se le realicen de manera electrónica; atento a lo anterior y al contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó como promovente en el expediente electrónico de este juicio de amparo al usuario "ALEJANDROGAXIOLA"; por tanto, se autoriza que pueda consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Además, se instruye al actuario de este juzgado para que las notificaciones que deban ser personales a la parte quejosa, se realicen de manera electrónica, en términos de la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo. En ese sentido, no es el caso de tenerlo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, pues en el párrafo que antecede se instituyó al actuario para que las notificaciones que deban realizarse de manera personal, se practiquen de manera electrónica, tal y como lo solicitó. En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; así también, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que la información confidencial a que alude el artículo 113, de la citada ley, no se incluyan en la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conlleva su consentimiento; asimismo, que no será necesaria su aprobación en los casos que dispone el precepto 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3o de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realicen las notificaciones que se ordenen en este asunto.
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