Acsa Rubí García Santeliz
Expediente 1151/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1151/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Acsa Rubí García Santeliz y Otros.
- Acsa Rubí García Santeliz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas, se estima que se cumplió con el fallo protector, pues con las documentales allegadas, se evidencia que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, dar contestación de forma congruente a las peticiones formuladas por la justiciable. Es importante hacer notar, que el anterior constituyó el acto reclamado en la sentencia que se analiza, y se concluyó que el mismo vulneraba notoriamente el derecho del justiciable, sin analizar la legalidad de lo acordado por la autoridad responsable. De ahí que, si la responsable en cumplimiento al fallo protector, se aprecia que acató los lineamientos de la sentencia constitucional y, posteriormente dio contestación de forma congruente a lo peticionado por la quejosa. Entonces, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. En su oportunidad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente, como asunto concluido. Dese vista de lo anterior a la parte quejosa, para los efectos del artículo 201, de la Ley de Amparo, a fin que pueda hacer valer sus derechos en la vía y forma que considere pertinente, de no estar conforme con la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia ejecutoria.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito de cuenta enviado electrónicamente por Pedro Josué Calcáneo Argüelles, en su calidad de autorizado de la parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista que se le dio en auto de nueve del mes y año en curso; al efecto, se le tienen por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al momento de emitir el fallo protector correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Fiscal del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Atención Temprana Célula 14, de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, dependiente de la Fiscalía General del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en autos, remite las constancias relativas al cumplimiento dado al fallo protector otorgado a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con copia del oficio que se provee y sus anexos, por el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las partes en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, para que se manifestaran en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana 14 de la Fiscalía Metropolitana, residente en esta ciudad. Por consiguiente, este Órgano de Control Constitucional, procede a analizar si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, atendiendo a lo que ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, en el sentido que éstas constituyen una cuestión de orden público, en la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, cabe precisar que el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se dictó la resolución constitucional en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ********************, contra el acto que reclamó del Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana 14 de la Fiscalía Metropolitana, residente en esta ciudad, para los efectos precisados en el considerando séptimo de la resolución constitucional que se analiza, el cual se transcribe a continuación: "SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO: Con fundamento en la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección de la justicia federal, será a efecto que: El Fiscal del Ministerio Público, Unidad de Atención Temprana 14, de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, con residencia en esta ciudad, de contestación dentro del término de setenta y dos horas, contado a partir de que se notifique que ha causado ejecutoria la presente resolución, al escrito de ******************** y notifique por los medios procedentes, la contestación que recayó a la petición en el domicilio que señaló la quejosa en el libelo de solicitud." En proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se determinó que la sentencia causó ejecutoria; lo que se hizo del conocimiento de las autoridades responsables y se requirió el cumplimiento dado a la resolución. Mediante oficio presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Quinto de Distrito, Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana 14 de la Fiscalía Metropolitana, residente en esta ciudad, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió copia debidamente certificada del proveído de ********************, dictado en el registro de atención ********************, del que se advierte acordó lo siguiente: "PRIMERO. Que en cuanto a la promoción de fecha ********************, suscrito por la C. ********************, y en atención a la resolución del juicio de amparo 1151/2023-V, emitido por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, de fecha 25 de agosto del año en curso, esta representación social le indica al promovente que se tiene por nombrados a los licenciados ********************, como sus defensores particulares; quedando pendiente fijar fecha y hora para los efectos de que se apersonen ante esta representación social para la aceptación del cargo conferido en sus personas." Documentales antes mencionadas a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su 2° numeral, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad dentro de los límites de su competencia y en ejercicio de sus funciones. Es aplicable, la la jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De lo recién trascrito, puede advertirse que la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana 14 de la Fiscalía Metropolitana, residente en esta ciudad, no ha pronunciado en su totalidad en torno a las peticiones formuladas por la parte quejosa, en escrito de ********************; puesto que, se reservó de proveer respecto a la fecha y hora en que deberían comparecer los defensores particulares, a aceptar el cargo conferido y menos aún se encuentra elaborada la notificación que en su caso debe practicarse al dictado del proveído correspondiente, pese a que resulta imperativo para el ente de gobierno el cumplimiento de ese derecho peticionario consagrado a favor de los gobernados en el artículo 8º, de la Constitución General de la República, quedando a cargo de la autoridad el cumplimiento de dichas prerrogativas. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. Ha puntualizado que, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, corresponde a la propia autoridad demostrar los hechos positivos de que sí realizó la contestación respectiva o emitió el proveído condigno y que lo hizo del conocimiento del peticionario, dado que no es jurídicamente admisible arrojar sobre éste la carga de probar un hecho de carácter negativo como lo es el de que no hubo tal contestación o la notificación respectiva." De igual modo, la jurisprudencia, del rubro y texto: "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de probar un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación." Aunado a lo anterior, debe destacarse que la garantía tutelada en el artículo 8° de la Constitución General de la República, no supone que la autoridad deba responder a una petición en sentido afirmativo o favorable, sino que la obligación de la misma estriba en que la contestación debe producirse sin mayores presupuestos o exigencias legales (cuando no lo exija la ley aplicable), de tal suerte que deben responder ya sea negando la petición porque ésta no es procedente, o bien accediendo a solicitado por ser procedente, pero tal respuesta deber ser dentro de un plazo prudente, pues los entes de gobierno deben desenvolverse con estricto apego al diverso derecho fundamental, en lo conducente al de la administración pronta, completa e imparcial de Justicia, consagrada en el diverso artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, la tesis, del tenor siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO. Las garantías consagradas en el artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido." Ante lo expuesto y plasmado, se desprende que la garantía del llamado derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución General de la República, supone para su observancia de dos requisitos fundamentales, esto es, la emisión de un proveído de forma congruente con todos y cada uno de los puntos, por el ente público ante quien se enderezó la petición por escrito, pacífica y respetuosa, y la obligación correlativa de hacer del conocimiento -notificación- de ese proveído en breve término a quien se lo solicitó, actos que imperativamente está constreñido a realizar dado el carácter de ente de gobierno que tiene; sin embargo, de autos se desprende la falta de verificación de estos actos para tener por cumplida el derecho fundamental de la parte quejosa ********************, y es, por lo que este órgano de control constitucional, estima que la ejecutoria de amparo, aún no se encuentra cumplida. Es aplicable, la tesis, del tenor siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO CUANDO ACTÚA COMO AUTORIDAD DEBE RESPETAR EL. El artículo 21 de la Constitución General de la República no exime del control constitucional los actos u omisiones del agente del Ministerio Público cuando actúa en su carácter de autoridad, así pues, si omite resolver respecto de una petición efectuada por el particular, aun cuando en ella se hubiere solicitado el inicio de una averiguación previa, el agente del Ministerio Público tiene la obligación de respetar el derecho de petición del gobernado, y de no hacerlo implica violación a sus derechos subjetivos públicos." Sin que sea óbice para tener por cumplida la obligación de dicha autoridad a acatar el derecho de petición, el hecho de que en auto de ********************, se haya pronunciado respecto a tener por defensores particulares a los señalados por la quejosa, ya que el artículo 8 de la Constitución General de la República, precisa como obligación de las autoridades, que emitan acuerdo escrito a la petición planteada y que se dé a conocer al impetrante de amparo en breve tiempo, lo que implica que en ese acuerdo, la autoridad responsable, debe pronunciarse respecto a todas y cada una de las peticiones que le formuló la justiciable y dársela a conocer con la notificación respectiva. Es aplicable, la tesis, del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICION. SE DEBE CONTESTAR CADA UNA DE LAS SOLICITUDES FORMULADAS. Es innegable que la autoridad responsable está obligada a dar contestación a cada una de las peticiones dirigidas por el agraviado haciéndole saber en breve término el trámite o destino que se dio a las solicitudes formuladas, porque el precepto constitucional que otorga la garantía individual, claramente precisa que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de autoridad a quien se haya dirigido; de lo que se traduce que lo establecido por el precepto constitucional no puede referirse a un acuerdo común, sino que debe proveerse cada una de las solicitudes." Bajo esas circunstancias, es preciso establecer que las autoridades responsables dieron un cumplimiento defectuoso a la ejecutoria amparo; por ende, se tiene por NO CUMPLIDA LA SENTENCIA DE REFERENCIA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, de nueva cuenta a la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana 14 de la Fiscalía Metropolitana, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, informe sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remita copias debidamente legibles y certificadas, de la contestación dada a la petición realizada por la quejosa mediante escrito de ******************** y la notificación realizada a los justiciables. Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 192, 237 fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a $103.74 [ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional] diarios, que asciende a la cantidad de $20,748.00 [veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos moneda nacional], cuya cuantía va en proporción al cargo que ostenta, se les ha requerido el cumplimiento en diversas ocasiones y la razón por la que se tuvo por no cumplida la sentencia, es por causas atribuibles a errores u omisiones de dichas autoridades responsables; asimismo, se le informa que al margen de la multa que llegaré a imponérsele en caso de contumacia, el expediente será remitido al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de la materia, a efecto de seguir con el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y consignación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firman de manera electrónica, el licenciado Felipe Sifuentes Servín, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, quien actúa con el licenciado José Daniel Serrano Meléndez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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