ACE Fianzas Monterrey, S.A. antes Fianzas Monterrey, S.A.

Expediente 160/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
160/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
02/04/2019

Partes del expediente

  • ACE Fianzas Monterrey, S.A. antes Fianzas Monterrey, S.A.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Glósese a los presentes autos, para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    cúmplase

  3. Principal

    HA CAUSADO ESTADO...SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO... EL JUICIO PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco; uno de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito signado por José Rogelio Alonzo Manzanilla, en su carácter de apoderado de "ACE FIANZAS MONTERREY", sociedad anónima, antes "FIANZAS MONTERREY", sociedad anónima, a través del desahoga la prevención formulada en auto de trece de febrero del año en curso; en consecuencia, téngase por cumplimentado el requerimiento de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, para lo cual, en principio ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y en sus anexos; siendo que, por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos, las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de quien provee, realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, por lo que de la lectura integral de la demanda de derechos fundamentales desprende que la parte quejosa impugna lo siguiente: - La resolución de doce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en el toca civil 970/2018-II, en la que revocó la sentencia definitiva de diez de agosto del año en cita, emitida por la juez Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el juicio especial mercantil 193/2018, promovido por ACE FINANZAS Monterrey, sociedad anónima, antes Monterrey, sociedad anónima, a través de su apoderado legal José Rogelio Alonzo Manzanilla contra Candelaria Alejandro Priego y Jaime Alejandro Priego, donde declaró improcedente la excepción prescripción de la acción opuesta por los demandados y dejó insubistente todo lo actuado en el citado juicio, incluso el auto de inicio emitido el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, a fin de que prevenga a la parte actora para que en el término de tres días, aclare qué juicio desea promover a fin de que corrija su demanda y exponga los hechos en los que funde sus pretensiones. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Acto reclamado, respecto del cual el suscrito estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ello por la actualización de la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con la fracción V del diverso 107, interpretada a contrario sensu, 170, fracción I y 172, fracción III, de la Ley de la Materia, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.] Lo anterior es así, porque el acto reclamado tiene el carácter de intraprocesal y no tiene como consecuencia una imposible reparación, en virtud de que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera) y que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos humanos. Por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo que se intenta dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio. Da sustento a la anterior consideración la tesis aislada siguiente. "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Así también, la jurisprudencia número 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Como ha quedado especificado, en el presente asunto, la parte quejosa reclama la resolución de doce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en el toca civil 970/2018-II, en la que revocó la sentencia definitiva de diez de agosto del año en cita, emitida por la juez Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el juicio especial mercantil 193/2018, promovido por ACE FINANZAS Monterrey, sociedad anónima, antes Monterrey, sociedad anónima, a través de su apoderado legal José Rogelio Alonzo Manzanilla contra Candelaria Alejandro Priego y Jaime Alejandro Priego, donde declaró improcedente la excepción prescripción de la acción opuesta por los demandados y dejó insubistente todo lo actuado en el citado juicio, incluso el auto de inicio emitido el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, a fin de que prevenga a la parte actora para que en el término de tres días, aclare qué juicio desea promover a fin de que corrija su demanda y exponga los hechos en los que funde sus pretensiones; de la que se colige, que ello constituye una violación procesal que podría trascender al fondo del asunto natural, por lo que en su caso, esas posibles violaciones deberán reclamarse mediante el juicio de amparo directo que en su caso, promueva en contra de la sentencia definitiva correspondiente, si es contrario a los intereses de la parte hoy impetrante del amparo, argumentando las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que hayan sido motivo de la determinación que considera violatoria de sus derechos fundamentales. Pues de la lectura integral de la demanda de derechos fundamentales se refiere a que la autoridad responsable la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante resolución de apelación de de doce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil 970/2018-II, en la que revocó la sentencia definitiva de diez de agosto del año en cita, emitida por la juez Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el juicio especial mercantil 193/2018, promovido por ACE FINANZAS Monterrey, sociedad anónima, antes Monterrey, sociedad anónima, a través de su apoderado legal José Rogelio Alonzo Manzanilia contra Candelaria Alejandro Priego y Jaime Alejandro Priego, donde declaró improcedente la excepción prescripción de la acción opuesta por los demandados y dejó insubistente todo lo actuado en el citado juicio, incluso el auto de inicio emitido el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, a fin de que prevenga a la parte actora para que en el término de tres días, aclare qué juicio desea promover a fin de que corrija su demanda y exponga los hechos en los que funde sus pretensiones; por tanto, no se violenta derecho sustantivo alguno en perjuicio del quejoso y, el agravio en todo caso podrá ser materia de análisis al impugnarse la sentencia definitiva. De ahí que el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene resolución definitiva favorable. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que las autoridades continúen con el procedimiento y será hasta que se dicte la resolución que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. En efecto, los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo, se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por tanto, el acto reclamado a la autoridad responsable y la ejecución de la misma, no constituye un acto de imposible de reparación para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, al tratarse de un acto con efectos intraprocesales, susceptible de ser impugnado, en todo caso, al combatirse en amparo directo la resolución definitiva que pudiera resultar adversa a los interés de la parte demandada, ahora quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo LXXX, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 806940, que establece: "PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES DEL. Las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al interponer éste contra la sentencia definitiva que en el juicio se dicte, y si la violación consiste en haber declarado confeso al quejoso, de las posiciones que se le articularon, en la sentencia definitiva, del juicio común se evaluará la confesión ficta o, lo que es lo mismo, no hay todavía un perjuicio irreparable para el quejoso." (Lo subrayado es propio de esta sentencia) Así las cosas, la regla general que impera en el criterio del más Alto Tribunal es en el sentido de que los actos procesales no ocasionan un perjuicio de imposible reparación, en virtud de que en la mayoría de los casos, la afectación que producen no incide en los derechos sustantivos de las partes, salvo que la afectación sea de grado exorbitante que sea irreparable el daño que se cause, cuestión que en la especie no acontece; de ahí que cuando se reclaman tales actos en términos generales, el juicio de amparo es improcedente. Bajo ese contexto jurídico, se insiste la resolución reclamada no constituye un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues no afecta materialmente ningún derecho sustantivo consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sus efectos son meramente intraprocesales. La afirmación de que sólo se afectan derechos adjetivos y no sustantivos, tiene sustento en la circunstancia de que el derecho con que cuenta la parte solicitante de la tutela constitucional para que se admitan legalmente las pruebas que ofrezca, surgen con motivo de su intervención en el procedimiento en el que participa, al tener la calidad de parte, es decir, no se trata de un derecho que figure dentro de su esfera jurídica con independencia del referido juicio. Resulta ilustrativa por las consideraciones que la sustentan, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 1/2016 (10ª.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, página 15, que señala: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO: El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". Así como la jurisprudencia P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, correspondiente al mes Junio de 2014, Tomo I, visible en la página 39, Décima Época, número de registro 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." No se desatiende la jurisprudencia 2a./J.87/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1180, correspondiente al mes de Agosto de 2016, Décima Época, Tomo II, Materia Común, de texto y rubro siguientes: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primer ay ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva". Lo anterior es así, puesto que en el caso a estudio es innecesario la admisión y substanciación del juicio de amparo, ya que al haberse presentado la demanda en la vía directa, el Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado, remitió el original del expediente 193/2018. De manera que este órgano jurisdiccional cuenta con todos los elementos para concluir que en el caso a estudio, el juicio de amparo es manifiesto e indudablemente improcedente. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, fracción I y 172, fracciones IV del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Mariano Suárez Reyes, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Miguel Iván Millán Iturbe, Secretario que autoriza y da fe.

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