Acdmer Antonio Galicia Campos
Expediente 1056/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1056/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Acdmer Antonio Galicia Campos
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE PROMOVENTE EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Acdmer Antonio Galicia Campos, por propio derecho y en representación del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV), personalidad que acredita en términos de la copia certificada de la toma de nota de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, expedida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en los autos del expediente S-7/2017 de su índice, contra actos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese con el número 1056/2018, que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo origen de este juicio, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente. DESECHAMIENTO En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Al respecto, del escrito de demanda se advierte la actualización, de manera manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. El artículo citado artículo 61, fracción XXIII, prevé claramente la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 1º, fracción I, mencionado, establece que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes o actos de la autoridad que vulneren los derechos fundamentales. Por último, el artículo 5°, señala que autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal para efectos del juicio de amparo, es la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria. Luego, de la interpretación de los artículos que anteceden, en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo no procederá contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. Con la finalidad de entender mejor el concepto de "autoridad" para efectos de la procedencia del juicio, se hace necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia ha denominado así al órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación regidas por el derecho público, en las que se afecta derechos de los gobernados, sin requerir para esos efectos de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Por lo que se deduce, que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que emite actos que tienen las características de unilateralidad, imperatividad y coercibilidad, con los cuales produce, modifica o extingue situaciones jurídicas o de hecho. Sirve de apoyo la tesis 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con número de registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS" En el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la omisión de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, de integrar en el padrón de altas y otorgar su clave sindical a Federico Nemesio Jiménez, Paula García García y Rubén Reyes Armenta, así como efectuarles los descuentos vía nómina respecto de las cuotas sindicales que como agremiados al Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV), deben aportar. Sin embargo, la actuación que se requiere de la Secretaría a quien se denomina como autoridad responsable, no es reprochable en calidad de autoridad; sino como auxiliar de la administración pública. Esto es así, pues en términos del artículo 205, del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Secretaría que se señala como responsable, actúa en el marco de las disposiciones que rigen la tarea de administrar el recurso económico así como el factor humano que integra la Administración Pública Centralizada, bajo los lineamientos que marca la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. Lo que significa que las prestaciones y deducciones que conforman el sueldo que se otorga al personal dependiente del Ejecutivo Estatal (Patrón), es administrado por la Secretaría de Finanzas y Planeación, como su auxiliar (patrón asimilado), quien en concordancia con la disponibilidad presupuestal, autoriza cubrir el salario y prestaciones de los trabajadores del Poder Ejecutivo Estatal. Y, en sentido contrario, se encarga de las retenciones y deducciones al sueldo de los trabajadores que se realizan por concepto de cuotas Sindicales ordinarias o extraordinarias, entre otros, a través del cumplimiento de los requisitos legales para ello. Como en el caso sería, integrar el padrón de altas y otorgar la clave sindical a los agremiados del Sindicato quejoso, a fin de que se les realicen los descuentos de la correspondiente cuota sindical. Lo que conlleva que dicha actuación no se verifique de manera unilateral y obligatoria, sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordena la realización de esos actos. De ahí que, cuando los órganos del Gobierno del Estado de Veracruz o, en este caso, la Secretaría de Finanzas y Planeación, en las relaciones jurídicas de coordinación con sus empleados burocráticos, como empleados de la Administración Pública Estatal, retengan cuotas, hagan los descuentos relativos a las deducciones de su salario o, realicen actos encaminados a su obtención, no tengan el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Sirve a lo anterior, la tesis VII.2o.T.31 L (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 1683, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011185, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ NO TIENEN ESE CARÁCTER CUANDO RETIENEN CUOTAS O HACEN DESCUENTOS EN LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES, AL ACTUAR COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA." Bajo las consideraciones expuestas, se concluye que el acto que se atribuye a quien se denominó como autoridad responsable, no lo es para efectos de este biistancial; y que, por tanto, éste resulte improcedente. Robustece la determinación adoptada, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página 1956, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011343, de título: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." En consecuencia, al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo conducente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Determinación que se adopta con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento, desde el inicio, del resultado de la demanda de amparo y, a su vez, evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Sin que se soslaye, la existencia de la Jurisprudencia 54/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Misma que establece que por regla general en el auto de inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, dado que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas anexadas, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio constitucional. Sin embargo, el citado criterio no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a la regla general, como en el particular acontece. Resulta aplicable por su contenido jurídico la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página mil doscientos veinticuatro, libro once, octubre dos mil catorce, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007580: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a María Alejandra Saldaña Barradas, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones que se realicen en este juicio de amparo, a las partes que se encuentren facultadas para ello y lo soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas, previa identificación y razón que por su recibo se otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad, de que no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Fernanda Prianti Gómez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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