Accion Educativa Cultural, Sociedad Civil.
Expediente 4738/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 8 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 4738/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 08/05/2018
Partes del expediente
- Accion Educativa Cultural, Sociedad Civil.
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, a ocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obran las constancias de notificación de los oficios 9510/2018 y 9517/2018, dirigidos al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, y al Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente en el Estado de Jalisco "1", con sede en Guadalajara, respectivamente, los cuales contienen el proveído de veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Ante ello, en aras de la pronta y expedita impartición de justicia, tal y como lo dispone el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena reexpedir dichas comunicaciones, con copia simple de este auto al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, y al Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente en el Estado de Jalisco "1", con sede en Guadalajara; lo anterior, con la finalidad de que el presente asunto se encuentre debidamente integrado. En otro contexto, visto de nueva cuenta el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que actúa, así como la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, en la cual se determinó por un lado, sobreseer y negar el amparo solicitado y, por otro, amparar a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo indica su numeral 2°, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico que para registro tiene este juzgado y comuníquese lo anterior a las partes. Ahora bien, en lo que interesa, en el punto resolutivo TERCERO de la sentencia definitiva dictada en el presente asunto, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, por cuanto hace al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. En ese sentido, conviene precisar que respecto de los citados actos reclamados a las autoridades responsables Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a los solicitantes de la protección constitucional, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, porque el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejarlos insubsistentes, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; por tanto, dichas autoridades legislativas no tienen que ejecutar acto alguno. En esas condiciones, tal y como se advierte de los efectos para los que se concedió el amparo, es al Jefe del Servicio de Administración Tributaria a quien corresponde, en su caso, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la referida autoridad hacendaria, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informe a este órgano de control constitucional, si a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, cuyo Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se detalla a continuación: NO. DE EXPEDIENTE QUEJOSA RFC 2135/2014 COMERCIO ESTRATÉGICO REGIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE CER1209104J6 Le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Y para el caso de haberse instaurado dicho procedimiento a la peticionaria de amparo, y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución, por lo cual, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararlo insubsistente; remitiendo las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, con el objeto de tener certeza si en el asunto en que se actúa existe materia para el cumplimiento de la sentencia y, estar en posibilidad de realizar pronunciamiento al respecto; apercibida dicha autoridad que en caso de resultar omisa en el plazo otorgado para tal efecto, se aplicará una multa al titular de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 258 de la citada ley de la materia; asimismo, en su caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado competente, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro número 197560, de rubro: "APREMIO, MEDIDAS DE. LA PROCEDENCIA DE SU IMPOSICIÓN SE GENERA EN EL ACTO MISMO DE DESACATO A UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL." De igual forma, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 8, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y en términos del referido el numeral 192, cuarto párrafo, de la ley de la materia, requiérase al superior jerárquico de la autoridad directamente obligada al cumplimiento, a saber, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en igual término, lo conmine a cumplir con la ejecutoria de amparo, apercibida que en caso de no demostrar que dio dicha orden, se le impondrá una multa a su titular de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 258 de la citada Ley de Amparo e incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable directamente obligada al cumplimiento. Lo anterior encuentra apoyo, en lo que interesa, en la jurisprudencia de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro 2005830, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO." Atento a lo anterior, sin que sea óbice que el Secretario de Hacienda y Crédito Público no haya sido señalado como autoridad responsable; debido a que, todas las autoridades están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el citado artículo 197 de la Ley de Amparo. En tal virtud, dese de alta a la autoridad referida en el Sistema Integral de Expedientes dos punto cero (SISE 2.0), dentro de los parámetros relativos al presente asunto. Cabe precisar que el dictado de las medidas antes citadas tiene por objetivo que los juicios de amparo del conocimiento de este juzgado de Distrito, no queden paralizados; pues en caso de incumplimiento de alguno de los puntos antes requeridos, se provocaría un retardo o dilación en su cumplimiento, lo que atentaría contra el mandato constitucional de la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las autoridades conminadas en el presente proveído que aun cuando dejen de ocupar su cargo, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo en que estén al frente de él, de manera que podrán ser consignadas ante el Juez de Distrito que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, constitucional, aunque dejen de ser titulares obligados. NOTIFÍQUESE.
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