Aby Saadia Hassouni y Otros.

Expediente 1292/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1292/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
13/09/2018

Partes del expediente

  • Abrahim Zaki Saadia Mussali
  • Daniel Liberman Sourasky y Otros.
  • Aby Saadia Hassouni y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ii)Toluca, Estado de México; trece de septiembre de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual remite diversas constancias suscritas por Enrique Monteagudo Gutiérrez, apoderado legal de la parte quejosa, por medio del cual solicita la suspensión provisional en el presente asunto; sin embargo, por auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, este juzgado se declaró incompetente para conocer del asunto y en auto de cuatro de septiembre el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, informó que aceptó la competencia del presente asunto. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones, remítanse las constancias originales al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    ii) Toluca, Estado de México; cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto oficio signado por el Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, a través del cual informa que dicho juzgado acepta la competencia, motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del ordinal 2°, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. En otro orden, el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En el libro de gobierno correspondiente, háganse las anotaciones respectivas. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  3. Principal

    II) (CITATORIO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Enrique Monteagudo Gutiérrez, apoderado legal de Daniel Liberman Sourasky, Aby Saadia Hassouni, Abrahim Zaki Saadia Mussali y Shirley Saadia Hassouni, personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la escritura pública número treinta y cinco mil noventa y uno, de diecisiete de julio de dos mil dieciocho que exhibe, contra actos de la Legislatura "LIX" del Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1292/2018-II. INCOMPETENCIA. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora, del estudio de la demanda de amparo y su escrito de desahogo, se evidencia que la parte quejosa reclama: La discusión, aprobación y expedición de la ley de ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Como actos de aplicación: La obligación de liquidar por concepto de impuestos de conjuntos Urbanos la cantidad de $129,717.00 (ciento veintinueve mil, seiscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.) y de $5´192,588.00 (cinco millones ciento noventa y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), como consecuencia de la autorización del permiso de conjunto urbano contenido en las publicaciones de fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete y dieciséis de enero del año en curso. La emisión de las órdenes y líneas de captura para el pago de impuestos de conjuntos urbanos DDU-2018006653 y DDU-2018006654. La emisión de pago y recepción de pago por la Tesorería del Municipio de Atizapán de Zaragoza, a efectos de satisfacer los alcances del acuerdo octavo del permiso del conjunto urbano publicados con fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete y dieciséis de enero del año en curso Las consecuencias de todo lo actuado. Lo anterior evidencia que los actos reclamados tienen ejecución precisamente en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ya que los actos precisados y sus consecuencias, derivan del permiso de conjunto urbano denominado "Residencial Club Hípico La Hacienda", ubicado en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, de lo que se advierte que lo el pago de los derechos realizado en ese municipio y los efectos del mismo, que se traducen en continuar con la construcción ya autorizada en Atizapán de Zaragoza se reflejan en dicho municipio, por lo que este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que como se señaló en los actos reclamados tuvieron y sus consecuencias, tendrán ejecución material en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Lo anterior, pues al tratarse de unos actos positivos (emisión de pago y pago de derechos), estos y sus efectos (construcción en el Municipio de Atizapán de Zaragoza), tienen ejecución material en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Ello pues el propósito del legislador fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa; por ello, estableció las referidas reglas de competencia para que el particular esté en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Sirve de apoyo la tesis 3a. XVIII/92. Publicada en la página 19, Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Marzo de 1992, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, con número de registro: 206851, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCION. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCION EN DONDE SE DA TAL EJECUCION. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto.". En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, En Turno, ya que dentro de su jurisdicción se ejecuta el acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, En Turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente vía fax. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a Abrahim Zaki Saadia Mussali. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene por autorizado en términos amplios a Rubén Cervantes Mares por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Medios electrónicos. Por ultimo acorde con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal celebrada en Sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de los métodos electrónicos en el cuaderno principal únicamente para las actuaciones realizadas por este Juzgado de Distrito. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    ii)Toluca, Estado de México; veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Enrique Monteagudo Gutiérrez, apoderado legal de Daniel Liberman Sourasky, Aby Saadia Hassouni, Abrahim Zaki Saadia Mussali y Shirley Saadia Hassouni, personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la escritura pública número treinta y cinco mil noventa y uno, de diecisiete de julio de dos mil dieciocho que exhibe, contra actos de la Legislatura "LIX" del Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1292/2018-II. INCOMPETENCIA. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora, del estudio de la demanda de amparo y su escrito de desahogo, se evidencia que la parte quejosa reclama: La discusión, aprobación y expedición de la ley de ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Como actos de aplicación: La obligación de liquidar por concepto de impuestos de conjuntos Urbanos la cantidad de $129,717.00 (ciento veintinueve mil, seiscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.) y de $5´192,588.00 (cinco millones ciento noventa y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), como consecuencia de la autorización del permiso de conjunto urbano contenido en las publicaciones de fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete y dieciséis de enero del año en curso. La emisión de las órdenes y líneas de captura para el pago de impuestos de conjuntos urbanos DDU-2018006653 y DDU-2018006654. La emisión de pago y recepción de pago por la Tesorería del Municipio de Atizapán de Zaragoza, a efectos de satisfacer los alcances del acuerdo octavo del permiso del conjunto urbano publicados con fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete y dieciséis de enero del año en curso Las consecuencias de todo lo actuado. Lo anterior evidencia que los actos reclamados tienen ejecución precisamente en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ya que los actos precisados y sus consecuencias, derivan del permiso de conjunto urbano denominado "Residencial Club Hípico La Hacienda", ubicado en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, de lo que se advierte que lo el pago de los derechos realizado en ese municipio y los efectos del mismo, que se traducen en continuar con la construcción ya autorizada en Atizapán de Zaragoza se reflejan en dicho municipio, por lo que este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que como se señaló en los actos reclamados tuvieron y sus consecuencias, tendrán ejecución material en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Lo anterior, pues al tratarse de unos actos positivos (emisión de pago y pago de derechos), estos y sus efectos (construcción en el Municipio de Atizapán de Zaragoza), tienen ejecución material en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Ello pues el propósito del legislador fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa; por ello, estableció las referidas reglas de competencia para que el particular esté en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Sirve de apoyo la tesis 3a. XVIII/92. Publicada en la página 19, Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Marzo de 1992, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, con número de registro: 206851, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCION. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCION EN DONDE SE DA TAL EJECUCION. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto.". En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, En Turno, ya que dentro de su jurisdicción se ejecuta el acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, En Turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente vía fax. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a Abrahim Zaki Saadia Mussali. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene por autorizado en términos amplios a Rubén Cervantes Mares por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Medios electrónicos. Por ultimo acorde con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal celebrada en Sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de los métodos electrónicos en el cuaderno principal únicamente para las actuaciones realizadas por este Juzgado de Distrito. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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