Abundio Pérez Martínez
Expediente 817/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 817/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Abundio Pérez Martínez
Actuaciones
- Principal
....Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del treinta de agosto al tres de septiembre del dos mil veintiuno, transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de veinticinco de agosto del dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda con que se formó el presente expediente, no se presentó promoción alguna en que se haya hecho uso del recurso de queja a que se alude en el artículo 97 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 fracción I, inciso a) en relación con el 98 y 99 de la ley de materia y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes Tratamiento cuaderno principal ...En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Centro Archivístico Una vez transcurrido el plazo de tres años dese el tratamiento correspondiente de conformidad a lo dispuesto por el anotado Acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo ... Desechamiento Análisis de la demanda de amparo, que además revela un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda de amparo, acorde con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones III, inciso b), y V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, relacionados con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en virtud de que los actos reclamados en la presente instancia constitucional no son de imposible reparación. Así es, respecto de la admisión de pruebas ofertadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación contenida en la audiencia intermedia iniciada doce de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 31/2019 instruida contra el quejoso, por el delito de homicidio, por el Juez de Control con sede en Rioverde, San Luis Potosí y su ejecución atribuida al Administrador Judicial del Sistema de Gestión, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V, a contrario sensu, del precepto 107, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De la interpretación de los preceptos legales transcritos, a contrario sentido, se puede afirmar, que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente cuando el acto reclamado se emita dentro del juicio y no sea de imposible reparación al no afectar materialmente derechos sustantivos, sino que solo afecte cuestiones procesales o jurídicas que no necesariamente trasciendan en el sentido del fallo. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 14/2015, interpretó el contenido del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, en cuanto a los actos en el juicio que deben considerarse como de imposible reparación, y estableció que para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación", la fracción III, está dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; mientras que la fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Que con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Que de esta interpretación se deducen las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, verbigracia los emitidos por el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Que esto es así, porque tales criterios se generaron conforme a una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios constitucionales iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dichos criterios para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor; puesto que hacer extensivo el concepto de "actos de imposible reparación" o "de ejecución irreparable" a violaciones procesales o adjetivas, que no afecten en forma directa derechos sustantivos, resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva. Dicha contradicción de tesis dio origen a la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 15, libro 29, abril de 2016, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo.". De la ejecutoria reseñada y jurisprudencia transcrita se desprende que para que un acto de autoridad se pueda considerar de imposible reparación, debe contar con las siguientes cualidades: a. Que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo, y, b. Que tal derecho tenga la naturaleza de sustantivo, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Explicado lo anterior, se afirma que tales presupuestos no se actualizan en el presente caso, toda vez que el acto que aquí se reclama, fue dictado dentro del juicio, según lo prescribe el artículo 170 de la Ley de Amparo, dado que se emitió con posterioridad al auto de vinculación a proceso, relativo a la causa penal 31/2019, del índice del Juez de Control con sede en Rioverde, San Luis Potosí y otra autoridad, y, en el cual, se admitieron las pruebas ofertadas por el Agente del Ministerio Público, consistentes en los testimonios con cargo a los elementos policiales José Luis Morquecho Pañola, Alejandro Niño González y Carlos Alberto Gómez Hurtado. De ahí que, ello únicamente implica una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fin de la etapa correspondiente. Sin que obste a lo anterior, la existencia del criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la ejecutoria del amparo directo en revisión 669/2015, de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en la que se estableció que el procedimiento penal acusatorio y oral está dividido en una serie de momentos o etapas, que tienen una función específica que se suceden irreversiblemente una tras otra, y solamente superada una etapa se puede comenzar con la siguiente, sin la posibilidad de renovarlas o reabrirlas, con miras a asegurar su operatividad y proteger sus principios fundamentales, lo que encuentra sustento en el principio fundamental de continuidad del proceso. Lo anterior, pues la irreparabilidad de la ejecución de los actos en juicio, para efectos de procedencia del amparo indirecto, depende de la afectación material de derechos sustantivos de tales actos, no de la imposibilidad de analizar en amparo directo violaciones cometidas en etapas previas a la de juicio oral, pues las consideraciones que sustentan la jurisprudencia resultante no son actos en juicio, aunado a que del propio criterio emana la obligación de las partes en el procedimiento de hacer valer sus planteamientos en la etapa correspondiente, y el juicio de amparo es ajeno a ese procedimiento. En diverso aspecto, si bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018, de rubro: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL.", determinó que las violaciones cometidas en un procedimiento penal acusatorio no son susceptibles de analizarse en amparo directo cuando ocurren en etapas previas al juicio oral; lo cierto es, que, la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio tiene como presupuesto que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, lo que ocurre cuando afectan materialmente derechos sustantivos; extremo que no se actualiza por el hecho de que el criterio jurisprudencial en cita acote el análisis de violaciones a derechos fundamentales en amparo directo a las acaecidas en el juicio oral, toda vez que las eventuales transgresiones en otra etapa del procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral, siguen siendo adjetivas no sustantivas. Además, de la ejecutoria emitida por la Primera Sala en el amparo directo en revisión 669/2015, se aprecia claramente el origen del criterio jurisprudencial en cita, a saber, una interpretación conforme con la Constitución del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo, de donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque solo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque esa interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con la porción normativa antes referida, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. De manera que si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Sin embargo, dicho criterio no implica establecer como regla de exclusión, que invariablemente proceda la acción constitucional en la vía indirecta contra actos acaecidos en etapas previas a juicio oral, en razón de que el juicio de amparo indirecto, también tiene reglas propias de procedencia, y una de ellas es, que tratándose de actos en juicio, sólo procede cuando sus efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte -artículo 107, fracción V de la ley de la materia-. De ahí que, si la actuación por la cual se duele el quejoso, trata sobre la admisión de diversos medios de prueba ofrecidos de por la fiscalía. Tal acto, se trata de situaciones que no afectan materialmente derechos sustantivos del quejoso, sino más bien de naturaleza adjetiva, dado que la violación que se llegare a cometer con la admisión de dichos medios de prueba, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del impetrante del amparo. De esta forma, ya que como se dijo, se trata de violaciones de derechos de naturaleza adjetiva por la manera en que se ofrecieron y admitieron los medios de prueba mencionados, en la causa penal de origen, entonces, al no actualizarse los supuestos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, se considera que los actos que se reclaman no causan un perjuicio irreparable a los demandantes de amparo, por lo que contra ellos no procede el amparo indirecto. Sirve igualmente, como sustento, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 30/2019, con número de registro 2019692, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES QUE TRASCIENDEN AL RESULTADO DEL FALLO. EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO VULNERA EL NUMERAL 107, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La constitucionalidad de una norma secundaria no depende de que su contenido esté previsto expresamente en la Constitución, sino de que respete los principios constitucionales. De ahí que el mero hecho de que el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal no establezca expresamente que la parte quejosa debe precisar en su demanda por qué la violación procesal trasciende al resultado del fallo, no convierte en inconstitucional el artículo 174 de la Ley de Amparo. De una interpretación teleológica, tanto del artículo 107, fracción III, inciso a), constitucional, como del artículo 174 de la Ley de Amparo, se advierte que el Constituyente fue claro en imponer a la parte quejosa la carga de invocar todas las violaciones procesales que estime hayan sido cometidas en el procedimiento de origen, y consideró que la suplencia de la queja por parte del Tribunal Colegiado del conocimiento sólo procede en las materias civil y administrativa en los casos previstos en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente. En otras palabras, cuando haya habido, en contra del recurrente, una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la propia Ley de Amparo. Lo anterior, se traduce en que los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la deficiencia de la queja cuando adviertan una violación clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa. Sólo en esos casos, no se exigirá al quejoso que haya hecho valer la violación de que se trate, ni que haya cumplido con los requisitos que establece la Ley de Amparo para el estudio de los conceptos de violación. Lo anterior es así, porque si el propio inciso a), de la fracción III, del artículo 107 constitucional, establece que en el amparo directo sólo se estudiarán las violaciones procesales 'que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo', y se parte de la base de que la suplencia de la queja sólo procede en los casos en que el Tribunal Colegiado advierta que hubo una violación evidente que dejó al quejoso sin defensa por afectar sus derechos fundamentales. Por demás, resulta razonable que la ley exija que la parte quejosa precise aquellas violaciones que no son evidentes, y que proporcione al tribunal de amparo todos los elementos que puedan ser necesarios para proceder a su estudio, incluyendo la precisión de por qué trascendieron al resultado del fallo.". En este contexto, tal y como se apuntó en párrafos precedentes, este juzgado de Distrito advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado, por el que se admitieron las pruebas ofertadas por el Agente del Ministerio Público, no constituyen actos de imposible reparación que afecten algún derecho sustantivo de la parte quejosa. En consecuencia, al actualizarse en el caso la causal de improcedencia al principio invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que promueve Abundio Pérez Martínez, contra actos del Juez de Control con sede en Rioverde, San Luis Potosí y otra autoridad. Uso de aparatos electrónicos Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Domicilio Toda vez que la parte quejosa no señala domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción III, de la Ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, los estrados de este Juzgado. Autorizados Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios a Carlos Francisco Castillo Torres, toda vez que tiene cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco y en términos restringidos de dicho numeral a Heracleo Escobar Bernal, por no contar con dicho requisito. Medios de contacto alterno Así mismo, ténganse al quejoso señalando en su escrito de cuenta correo electrónico y número telefónico, como medios de comunicación alterna. Notificaciones Asimismo, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles. Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese personalmente.
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