Abundio Montalvo Peña
Expediente 710/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 710/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Abundio Montalvo Peña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
SE DECLARA QUE EL AUTO QUE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA CAUSÓ ESTADO. SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN CINCO AÑOS SIN QUE SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL NI OBREN DOCUMENTOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS DEBAN SER DEVUELTOS. EL INCIDENTE ORIGINAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN CINCO AÑOS. GLÓSESE AL CUADERNO PRINCIPAL. EL INCIDENTE DUPLICADO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN SEIS MESES. GLÓSESE AL MISMO COPIA DE ESTE ACUERDO.
- Principal
Razón. En veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con un oficio y anexo(s) registrado con el número de correspondencia interna 12036.- Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio y anexo(s) de cuenta que remite el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinte de septiembre del año en curso, y al efecto remite copia certificada del oficio 259101330110/IMPROCEDENCIA/066/2019, de tres de junio del año en curso, así como de la resolución para el otorgamiento de pensión de incapacidad permanente con folio 418567267100, expedida el veinticuatro de septiembre del año en curso. Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el presente sumario, así como de las allegadas al sumario por la autoridad oficiante, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza una causa de improcedencia. A efecto de evidenciar lo anterior, en principio se debe determinar con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, así como de las constancias allegadas al sumario, se advierte que el quejoso Abundio Montalvo Peña, comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: - El oficio 259101330110/IMPROCEDENCIA/066/2019 datado el tres de junio de dos mil diecinueve, por el que se le comunica la improcedencia del trámite de la solicitud de pensión por incapacidad permanente de fecha veintisiete de mayo del año en curso, "POR ENCONTRASE CONTROVERSIA LEGAL ANTE EL INSTITUTO CON EL JUICIO LABORAL 0234/2018", y como consecuencia de ello, la falta de pago de la pensión por incapacidad parcial permanente que le fue otorgada a partir del seis de abril de dos mil diecisiete. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]." En principio, debe destacarse que en torno a esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia, y en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. El criterio a que se hace alusión por su contenido, es la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así como la tesis 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, página 241, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Lo anterior es así, en razón que de las constancias que adjuntó el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a su oficio recibido el dieciocho de septiembre del año en curso, así como a la comunicación de cuenta, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones , se advierte lo siguiente: 1. El tres de julio de dos mil diecisiete, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional de la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, emitió la resolución número 17/487208 para el otorgamiento de pensión de incapacidad permanente parcial, a nombre del asegurado Abundio Montalvo Peña, aquí quejoso, con folio número 4185672671001, de la que se desprende que la misma se emitió con carácter de provisional y con una fecha de vencimiento del cinco de abril de dos mil diecinueve (foja 66). 2. Mediante oficio 259101330110/IMPROCEDENCIA/066/2019 datado el tres de junio de dos mil diecinueve -notificado al inconforme el diecinueve de junio del año en curso, según lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su ocurso de demanda-, se le comunicó al quejoso la improcedencia del trámite de la solicitud de pensión por incapacidad permanente de fecha veintisiete de mayo del año en curso, "POR ENCONTRASE CONTROVERSIA LEGAL ANTE EL INSTITUTO CON EL JUICIO LABORAL 0234/2018" (foja 77). 3. Mediante dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo ST 3, con número de folio 325190504, en el que aparece como fecha de integración del caso en Salud en el Trabajo el veinte de mayo de dos mil diecinueve, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Departamento de Salud en el Trabajo, dictaminó la pensión por incapacidad permanente con carácter de definitiva, con inicio a partir del seis de abril de dos mil diecinueve (foja 71). 4. El veintiocho de agosto del año en curso, el quejoso presentó solicitud de pensión por incapacidad permanente (definitiva) ante el Departamento de Pensiones de la Subdelegación Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual fue ingresada con el folio 19/5148148 (foja 68 a 70). 5. Posteriormente, el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional de la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, emitió la resolución 19/390435 relativa al otorgamiento de pensión de incapacidad permanente con el carácter de definitiva, a nombre del asegurado Abundio Montalvo Peña, aquí quejoso, con número de folio 418567267100 (foja 79). Cabe destacar que en dicha resolución se señala textualmente lo siguiente: ".se otorga la pensión de Incapacidad Permanente al asegurado a partir del día: 06/04/2017. [.] ESTA RESOLUCIÓN CANCELA A LA GENERADA CON FOLIO 17/487208 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017, POR CAMBIO DE TEMPORAL A DEFINITIVA EN BASE AL DICTAMEN FOLIO 325190504" De lo expuesto con antelación deviene inconcuso que el acto reclamado consistente en el oficio 259101330110/IMPROCEDENCIA/066/2019, de tres de junio de dos mil diecinueve, en el que se comunica al quejoso la improcedencia del trámite de la solicitud de pensión por incapacidad permanente, de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve "POR ENCONTRASE CONTROVERSIA LEGAL ANTE EL INSTITUTO CON EL JUICIO LABORAL 0234/2018", no puede surtir efectos legales o materiales. Se afirma lo anterior, pues en relación con la pensión de que gozaba el quejoso, su situación ahora se encuentra constreñida a la resolución 19/390435, emitida en atención a la solicitud de pensión por incapacidad permanente (definitiva) que formuló el veintiocho de agosto del año en curso, a través de la cual la Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional de la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con fecha veinticuatro de septiembre del año que transcurre, le otorgó la pensión de incapacidad permanente con carácter de definitiva, con número de folio 418567267100, en la cual se señala que es a partir del seis de abril de dos mil diecisiete, además de que se expresamente textualmente: "ESTA RESOLUCIÓN CANCELA A LA GENERADA CON FOLIO 17/487208 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2017, POR CAMBIO DE TEMPORAL A DEFINITIVA EN BASE AL DICTAMEN FOLIO 325190504" Consecuentemente, resulta evidente la improcedencia del juicio en su contra al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de la materia, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, derivado del sobreseimiento señalado en párrafos que anteceden, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del ocho de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe. *Miguel.- EN _____________________________ NOTIFIQUÉ LA ANTERIOR RESOLUCIÓN A LAS PARTES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO, POR MEDIO DE LISTA AUTORIZADA QUE SE FIJÓ EN LOS ESTRADOS A PRIMERA HORA DE DESPACHO. ART. 26 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE. ACTUARIO JUDICIAL SISE LIBROS
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio y anexo(s) de cuenta que remite el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de tres de septiembre del año en curso, y al efecto remite copia certificada de lo siguiente: (i) el dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo ST-3 número de folio 325170415; (ii) la resolución para el otorgamiento de pensión por incapacidad permanente parcial; (iii) la solicitud de pensión por incapacidad definitiva, ingresada con el folio 19/5148148; y (iv) el dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo ST 3, con número de folio 325190504; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo(s), dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, no obra el oficio 259101330110/IMPROCEDENCIA/066/2019, de tres de junio de dos mil diecinueve, en el que se comunica al quejoso la improcedencia del trámite y pago de la pensión por incapacidad parcial permanente, siendo ésta en la que se sustenta el acto reclamado; en consecuencia, requiérase a la Encargada del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remita a este órgano de control constitucional copia certificada de la referida constancia y de las que tuvo a la vista para la emisión de la misma, asimismo remita copia certificada de la resolución para el otorgamiento de pensión de incapacidad permanente que recayó al dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo ST 3, con número de folio 325190504, en el cual el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Departamento de Salud en el Trabajo, dictaminó la pensión por incapacidad definitiva, con inicio a partir del seis de abril de dos mil diecinueve. Apercibida que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional programada para las diez horas con treinta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación San Luis Potosí, mediante el cual solicita prórroga para remitir las constancias que le fueron requeridas en proveído de tres de septiembre del presente año, a la Encargada del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Oriente de dicho Instituto; en tal virtud, se acuerda de conformidad con lo solicitado y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le concede un término de tres días para que dé cumplimiento con lo requerido en el referido proveído, contado a partir del en que reciba el presente oficio. Apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita. Notifíquese.
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