Abundio Ibarra Hernandez

Expediente 239/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
239/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
08/06/2018

Partes del expediente

  • Abundio Ibarra Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo con fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con diecinueve minutos del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; asistido del Secretario Macario Oviedo González, con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 239/2018, promovido por Abundio Ibarra Hernández. Abierta la misma, el Secretario hace constar la inasistencia de las partes, por lo que realizado lo anterior procedió a hacer relación de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, entre las que se destacan por su importancia escrito inicial de demanda y certifica que las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional, Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal, todas con residencia en Puente de Ixtla, Morelos, así como el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, fueron omisos en rendir su informe justificado, no obstante de que se encontraban emplazadas al presente juicio con la anticipación debida, desde el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho; además, del requerimiento de constancias, quedaron debidamente notificadas el diecinueve de abril de este año. Al respecto, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Acto continuo, en el período probatorio; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que al efecto anexó el quejoso, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración al momento de resolver en el presente juicio de amparo. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se declara abierto el periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo cual se procede a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia, y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito del Decimoctavo Circuito tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 239/2018, de su índice. R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el nueve de febrero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, Abundio Ibarra Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS. B).- PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS. C).- SÍNDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS. D).- TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS. E).- MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De todas las autoridades responsables: PRIMERO.- El desacato e incumplimiento al laudo condenatorio de fecha 19 de enero del 2017, y su planilla de liquidación actualizada dentro del expediente laboral 01/863/13, radicado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO.- La afectación del acto sobre el suscrito y en su carácter de quejoso a la tutela judicial efectiva, consistente en el desacato a la decisión emitida en el laudo condenatorio de fecha 19 de enero del 2017 y su planilla de liquidación actualizada dentro del expediente laboral 01/863/13, radicado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en lo cual se impide al suscrito satisfacer su derecho del cual tiene en el laudo condenatorio, el cual reconoce y otorga a mi favor, lo cual vulnera el derecho humano que refiere el artículo 17, de la Constitución Federal, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 1, párrafo primero, 8, párrafo primero, y 25 en la plena ejecución de las sentencias y la tutela judicial efectiva por lo que hace a la concretización de la decisión jurisdiccional consagrado a favor de todos los gobernados, de ahí la relación de gobernante y gobernado actualizada y atribuida a las autoridades señaladas como responsables". Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. 2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. De la referida demanda tocó conocer a este juzgado de distrito, por auto de doce de febrero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se pidió a las autoridades responsables sus informe justificado, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y fijó día y hora para la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia administrativa llevado a cabo por una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La omisión del Presidente, Síndico, Tesorero y Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, de dar cumplimiento al laudo de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio laboral 01/863/13, promovido por el ahora quejoso contra el Ayuntamiento del municipio en cita. III. Existencia del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada, pues las autoridades responsables Presidente, Síndico, Tesorero y Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, fueron omisas en rendir su informe justificado, por lo que, acorde al artículo 117, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se presume su certeza; además de que no obran en autos constancias que desvirtúen dicha omisión. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. Como el quejoso impugnó en su demanda de amparo un acto de tracto sucesivo consistente en la omisión de dar cumplimiento a un laudo de un juicio laboral, no son aplicables los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, dado que estos se prolongan por el tiempo que subsista dicha omisión; de ahí que la demanda se considere presentada en tiempo. V. Improcedencia del juicio de amparo. Se actualiza la causal de improcedencia contra actos que no provengan de autoridades, prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 1 y fracción II del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo. Acorde al fundamento señalado, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino sólo aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad que suponga el ejercicio de facultades que otorguen privilegios sustentados en el orden público e interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación; de tal manera que resulta innegable que, en algunos supuestos, los entes de la administración pública actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios, conocidos comúnmente como relaciones de coordinación que son entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procesos jurisdiccionales. En el caso concreto, las autoridades responsables Presidente, Síndico, Tesorero y Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, no tiene tal carácter para efectos del juicio de amparo, en razón de que el acto omisivo que se le imputa es producto de una relación de coordinación que tiene el Ayuntamiento al que pertenece con el quejoso y actor del juicio laboral de origen, en el que ese Ayuntamiento tiene el carácter de demandado y fue condenado a pagar diversas prestaciones laborales. No representa obstáculo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 161652 y rubro "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)", dado que dicha jurisprudencia se sustenta en la excepción al principio de igualdad procesal, prevista en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles únicamente a favor de las dependencias de la administración pública federal o de las entidades federativas -y no de autoridades municipales-, al señalar que contra éstas no puede dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo para garantizar alguna obligación a su cargo, porque coloca al ente oficial -federal y estatal- en un plano de desigualdad frente al particular, en el caso de no cumplir voluntariamente con las sentencias condenatorias que en su contra se dicten, pues en atención a su calidad de órgano del Estado, se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa. Sin embargo, dicho criterio no puede ser aplicado en el caso que se resuelve, dado que el juicio de origen se substanció conforme a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y el primero de los ordenamiento en mención no prevé dicha excepción para las autoridades municipales, por lo que sitúa a las demandadas, ya sean meros particulares o entes gubernamentales -municipales-, en un mismo plano de igualdad que su contraparte en el juicio; mientras que los artículos 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevén un procedimiento de ejecución forzosa en el que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje puede imponer multas y destituciones -esto es, el cumplimiento de un fallo no queda a la voluntad de la parte condenada independientemente de que sea un municipio-; lo que pone de manifiesto que la autoridad condenada (Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos integrado a su vez por su Presidente, Síndico, Tesorero) no actúa con el carácter de autoridad, sino que se asemeja a un particular sentenciado a cumplir un fallo obligatorio a través de los medios ordinarios instituidos en la ley, razón por la cual el Presidente, Síndico, Tesorero y Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, como integrante de ese Ayuntamiento no se le puede asignar el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, la lógica del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la jurisprudencia 2a./J. 85/2011 de la Segunda Sala, se complementa con la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), de la propia Segunda Sala que más adelante se cita, de cuya ejecutoria es posible advertir que basta con que a las autoridades demandadas de un juicio se les pueda imponer una medida de apremio para considerar que están en el mismo nivel que el actor -entre ambos existe una relación de coordinación-, de ahí que con mayor razón se actualiza dicha cuestión si a las autoridades de referencia se les puede imponer todo un procedimiento de ejecución en su contra que prevé medidas de apremio, como acontece en el caso. Tiene aplicación el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2007066 y rubro y texto siguiente: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor". En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia en estudio y con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia, se sobresee en el juicio de amparo. Así, con fundamento, además, en los artículos 73 al 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Abundio Ibarra Hernández. Notifíquese y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Así lo resuelve y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ante Macario Oviedo González, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con nueve minutos del día de hoy para la celebración de la audiencia constitucional, quedando encargado del Despacho el licenciado Mario Andrés Lesher González, en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien únicamente está facultado para practicar diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. En esas condiciones, con el objeto de no violentar las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, establecidas en el artículo 124 de la Legislación de la Materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan nuevamente las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, para su desahogo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis identificada con el número de registro 175438, que sostiene Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2112, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la novena época, la cual es del tenor siguiente: "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO EN AUSENCIA DEL JUZGADOR DE AMPARO. REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA CELEBRAR AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y DICTAR SENTENCIA EN CASOS NO URGENTES. De conformidad con lo previsto en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando un Juez de Distrito se ausente menos de quince días, el secretario respectivo practicará diligencias y dictará providencias de trámite, así como resoluciones de carácter urgente, y si la ausencia es mayor, sólo podrá resolver en definitiva si está autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal; consecuentemente, en ausencia de un juzgador de amparo, ya sea por lapso inferior o mayor a quince días, para celebrar audiencia constitucional y resolver en definitiva requerirá la aludida autorización, a menos que en el primer supuesto se trate de caso urgente. Lo anterior, porque las jurisprudencias P./J. 26/2003 del Pleno y 1a./J. 88/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DEL JUEZ DE DISTRITO. NO REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS CASOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUES LA PROPIA LEY LO FACULTA EXPRESAMENTE PARA HACERLO." y "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO CON MOTIVO DE LAS VACACIONES DEL TITULAR. NO PUEDE DICTAR SENTENCIA SI LA AUDIENCIA NO FUE PRESIDIDA POR ÉL, SINO POR EL JUEZ A QUIEN SUSTITUYE.", se refieren a la ausencia del titular con motivo de sus vacaciones y no a los casos que prevé el párrafo primero del numeral 43 de la invocada ley orgánica." Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos y como se advierte de los mismos que a la fecha las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional, Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal, todas con residencia en Puente de Ixtla, Morelos, así como el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, no han rendido su informe justificado, no obstante estar debidamente notificados desde el día diecinueve de febrero del año en curso, como así se acredita con los acuses de recibo que obran en autos, lo que en su oportunidad haría presumir cierto el acto que se les atribuye, acorde a lo previsto en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, requiérase a las autoridades responsables de referencia, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación, se sirvan remitir las copias certificadas de las constancias del acto reclamado que se les atribuye, a fin de que este Juzgado Federal, esté en aptitud de resolver el presente asunto. Esto es, copia certificada de las constancias con las que justifiquen la totalidad de las acciones que han realizada para cumplir el laudo dictado en el juicio de origen. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá a cada omisa una multa equivalente de cien a mil días, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su desahogo. Por último, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/211/2018, de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó la reubicación del Juez Benito Eliseo García Zamudio, a este juzgado de Distrito, a partir del uno de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.

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