Abundio Burruel Fava

Expediente 190/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
190/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/03/2019

Partes del expediente

  • Abundio Burruel Fava

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO AUTO QUE DESECHO DE PLANO LA DEMANDA Y SE ORDENA ARCHIVO...

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO ABUNDIO BURRUEL FAVA, EL AUTO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, que en lo conducente dice: "Visto el escrito de cuenta, presentado a nombre de Abundio Burruel Fava, agréguese a los autos y téngase al quejoso dando cumplimiento a lo requerido mediante proveído de catorce de febrero del año en curso, manifestando al efecto que el acto reclamado, consistente en el auto de veintidós de enero del presente año, emitido en el expediente 248/2014/III, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, residente en esta ciudad. DESECHAMIENTO Del contenido del escrito inicial de demanda, así como de las copias certificadas que a la misma se acompañan, se advierte un motivo indudable y manifiesto de improcedencia que necesariamente lleva a desecharla, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en la inteligencia de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible que se forme una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Ilustra sobre el particular, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En ese contexto, analizadas la demanda, sus anexos y el escrito aclaratorio de la misma, se llega a la determinación que se actualiza de manera indudable y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV de la Ley de Amparo, que textualmente dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. . Del precepto citado en último término, se desprenden tres hipótesis para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados después de concluido el juicio, las cuales son: 1) Contra actos dictados después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia, es decir, que gocen de autonomía en relación con dicha ejecución. 2) Contra actos dictados después de concluido el juicio en ejecución de sentencia, en cuyo caso, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiendo entenderse, por "última resolución", aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. 3) Contra actos emitidos en los procedimientos de remate, en los que aplica una regla análoga a la contenida en el punto que antecede, pero precisando que para ese supuesto, la "última resolución" del procedimiento de remate, será aquélla que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Esto es, conforme a las anteriores reglas, la ilegalidad de las determinaciones intermedias emitidas en los procedimientos de ejecución o de remate, no pueden combatirse en el amparo indirecto de manera destacada o autónoma, por no tratarse de la "última resolución", ello no implica que los quejosos queden en estado de indefensión frente a esas determinaciones, pues pueden atacarse como violaciones procesales, al reclamarse esa "última resolución", es decir, el estudio de su legalidad sólo se encuentra postergado. De lo expuesto se sigue que, si el acto reclamado se emitió después de concluido el juicio, y no encuadra en alguna de las hipótesis que refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales es improcedente. Ahora, en el caso en particular el acto reclamado, según se advierte del escrito de demanda y de las copias certificadas exhibidas por el quejoso, lo constituye el acuerdo de veintidós de enero del año en curso, dictado en el juicio del servicio civil 248/2014-III, en el cual el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, residente en esta ciudad, entre otras cosas, determinó que resultaba infructuoso el recurso de revisión interpuesto por la parte demandada y dejó a salvo los derechos del actor para que continuara con la ejecución del juicio, de conformidad con los artículos 132, 133 y 134 de la Ley del Servicio Civil. En ese sentido, se advierte claramente que el acto que por esta vía se reclama es un acto intermedio dentro del procedimiento de ejecución del laudo, que indudablemente no constituye la última resolución del mismo, ya que en el acuerdo de nos ocupa, no se dio curso al medio de impugnación intentado por la parte demandada y se dijo al actor que puede proseguir con la ejecución de la sentencia. Por tanto, si el quejoso considera que tal resolución afecta sus derechos, estará en aptitud de controvertirla junto con el medio de defensa que promueva contra la última resolución que se llegue a dictar en ejecución, esto es, contra aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la referida resolución o se declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al mismo. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia I.6o.T. J/89, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 1482, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Laboral del rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto. Bajo ese tenor, la determinación reclamada no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, que como regla general está prevista en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en atención a que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Máxime, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia P./J. 108/2010, cuyo rubro es "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE", determinó que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. De modo que, aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes, acotando dicha posibilidad exclusivamente cuando los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Esto quiere decir, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; cosa que en la especie no acontece, puesto que auto reclamado no resulta ajeno a la cosa juzgada en el juicio de origen, ya que se realizó como consecuencia directa y necesaria de lo condenado. Lo anterior, con el fin de impedir que pretenda evitarse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo que es acorde a la jurisprudencia P./J./32/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, Novena Época, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. También surge aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que dispone: AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última. Se sostiene lo anterior, porque la determinación aquí impugnada, no decide sobre el debido cumplimiento del laudo dictado en el juicio de origen, sino por el contrario, es un acto previo emitido para lograr el cumplimiento del fallo que resolvió el fondo de la controversia. En tales circunstancias, será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de ejecución y se dicte la última resolución, cuando sea procedente la acción de amparo, en la cual se podrá combatir las violaciones que dentro de ese procedimiento considere el recurrente le hayan dejado sin defensa, puesto que el acto reclamado es intermedio en la etapa de ejecución del laudo, respecto del cual es improcedente la acción de amparo. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis 2a. VIII/98, sostenida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 230, del tomo VII, correspondiente a febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro y texto siguientes: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. En estas condiciones, es claro que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por ende, se desecha de plano la demanda presentada por Abundio Burruel Fava, conforme al artículo 113 de la legislación de amparo..."

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