Abundia Marisela Rivera Rosales
Expediente 944/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Abundia Marisela Rivera Rosales
Actuaciones
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el diverso 98 de la ley de la materia, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ..; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual el actuario adscrito a este juzgado, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte quejosa el proveído de once de noviembre de la presente anualidad; en consecuencia, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA el auto aludido y éste. NOTIFÍQUESE. EL PROVEÍDO DE ONCE DE NOVIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD SEÑALA: "Vista la demanda que promueve ..., por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Primero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Al efecto, este órgano determina: SE DESECHA LA DEMANDA. I. El ordinal 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, pues conforme a su diverso artículo 62, las causales de son de estudio oficioso. II. Los actos reclamados son los ordenados en el expediente 1371/2021 del índice del Juzgado Décimo Primero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, consistentes en: El acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, que denegó a la perito del promovente, la aceptación y protesta del cargo conferido como experta en la pericial. La audiencia de dieciocho de octubre del año en curso, en que se asentaron erróneamente los datos del demandado ... al desahogar la prueba pericial en materia de grafoscopía. III. El juicio es improcedente, pues los actos reclamados no son de imposible reparación ya que no afectan material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme a la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En primer lugar, se hace necesario acudir al contenido del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y luego al mismo texto de la Ley de Amparo. Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; tema en que la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. Ahora, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la citada contradicción de tesis, décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, cuyo contenido es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del artículo sexto transitorio de la ley en cita. En el caso, los actos reclamados son determinaciones relativas al desahogo y recepción del resultado de la prueba pericial; sin embargo, dichos actos son de naturaleza meramente intraprocesal, pues solo envuelven cuestiones adjetivas, en tanto que su efecto se ciñe a un tema probatorio. Sirve de apoyo a lo anterior, orienta lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción P./J. 6/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 76, Abril de 1994, página 13, en materia común, cuyo rubro y texto es: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En este escenario, existe la posibilidad de que posteriormente el juez en el proceso dicte sentencia favorable a los intereses de la parte quejosa, destruyendo los efectos del acto reclamado en su persona; y en caso contrario, podrá preparar y combatir las violaciones procesales, conforme a las reglas previstas para ello; y exponerlas en el amparo que al efecto se promueva contra la resolución que concluya el asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, registro 185612, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Por lo expuesto, al demostrarse la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, incluso para la utilización de medios electrónicos; lo anterior en acorde a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto de quienes autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, sólo gozarán de las facultades amplias si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ..., contra actos del Juez Décimo Primero Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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